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Sentencia AP-458-23 — Registro 18536

Resumen

con relación a la causa instruida contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Homicidio, señalando éste que referida Corte no tiene facultades para validar una norma procesal por sobre una norma constitucional, al denegar una caución para defenderse en libertad, ello en atención a que la norma primaria se encuentra por encima de la norma procesal, En consecuencia, al denegar las cauciones presentadas por recurrentes se constata la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del imputado, por todo ello la Sala es del criterio que la Amparo promovido debe ser Otorgado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(19): Que este Tribunal de Justicia Constitucional, mantiene el criterio vertido en el fallo constitucional con registro de expediente No. 966-2020, en relación a que uno de los elementos fundamentales que caracterizan el Estado de Derecho en los regímenes que poseen una constitución escrita es el principio de la Supremacía de la Constitución, según el cual esta última prima sobre cualquier otra norma jurídica o acto que emane del Estado. El principio de supremacía constitucional lo encontramos en el artículo 320 de la Constitución de la República que dispone: “En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera”. Frente a la ley suprema, aquella del órgano derivado instituido (el congreso) que la contradice no debe tener ninguna aplicación porque carece de valor. Disposiciones constitucionales que en el caso concreto se vinculan al precepto constitucional en su artículo 93 que dice: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la Ley” en relación con el artículo 64 constitucional, que establece: “No se aplicarán leyes Y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, a la vez relacionados con el artículo 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. De la supremacía de la Constitución, que literalmente dice: “En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y la ley”. En ese orden de ideas no existe justificación legal que permita contrariar un precepto constitucional aplicando una norma secundaria, lo contrario implica una resolución arbitraria contra derecho. CONSIDERANDO (20): Que, en el ámbito de aplicación del debido proceso, se encuentra el principio de legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. CONSIDERANDO (21): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (22): Que se vuelve imperativo reiterar que el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, vinculado al auto de prisión están las medidas cautelares, en el caso de autos, los recurrentes señalan que la resolución impugnada deniega la medida cautelar de otorgamiento de caución a favor del Estado. Analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle del Departamento de Choluteca, en la resolución impugnada que revocó el auto mediante el cual se sustituye la medida cautelar de prisión preventiva, a favor del señor SANTOS MARGARITO ALVAREZ RODRIGUEZ, ofreciendo para ello caución a favor de Estado, éste Alto Tribunal de Justicia Constitucional aprecia que la resolución dictada por el Ad-quem, no estimó los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalecen las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir primero la Constitución y luego la Ley. En consecuencia, al denegar las cauciones presentadas por los recurrentes se constata la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del imputado, por todo ello la Sala es del criterio que la Amparo promovido debe ser Otorgado. CONSIDERANDO (23): Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41.1 (Rango Constitucional)
  • Código Procesal Penal, art. 188 (Jerarquía Ordinaria)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41.1 (Rango Constitucional)
  • Código Procesal Penal, art. 188 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados Donatilo Herrera Aguilera y Ronal Nan Casco Reyes, a favor del señor Santos Margarito Alvarez Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023), que declaró CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa instruida contra el señor Santos Margarito Álvarez Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Wilson Alexander Carbajal. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos, 90, 92 y 93 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgo de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Santos Margarito Álvarez Rodríguez (alias Tito), a quien se le supone responsable del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Wilson Alexander Carbajal (alias Punta). (Folios 1 al 4 de los antecedentes de A-quo) 2)En fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la celebración de la audiencia de Revisión de Medida Cautelar, dictó resolución mediante la cual dispuso lo siguiente: “…PRIMERO: SUSTITUIR LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA, AL IMPUTADO SANTOS MARGARITO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, a quien se le supone responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio WILSON ALEXANDER CARBAJAL, POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, EN FECHA DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), POR OTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS CONSISTENTE EN: 1) ARRESTO DOMICILIARIO AL IMPUTADO SANTOS MARGARITO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA COLONIA VILLA DE JEREZ DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, FRENTE A RECABLÍN, CASA COLOR AMARILLA, CON VIGILANCIA POLICIAL. LIBRANDO OFICIO A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA A FIN DE QUE VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA; 2) LA CONSTITUCIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE CAUCIÓN HIPOTECARIA SOBRE BIEN INMUEBLE INSCRITO BAJO MATRICULA 1796755 ASIENTO 1 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, A FAVOR DE SANTOS MARTA ALVAREZ RODRIGUEZ COMO FIADORA CON IDENTIDAD 0601-1964-01790, Y VALORADA EN LA CANTIDAD DE UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS (L. 1,960,000.00), BAJO ASIENTO 1807188, MISMA QUE YA SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OBRA EN AUTOS; 3) LA CAUCIÓN DEPOSITARIA CONSISTENTES EN CHEQUE DE CAJA NÚMEROS 80815391, EMITIDOS POR BANCO ATLÁNTIDA POR LA CANTIDAD DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L 50,000.00), QUE DICHO CHEQUE, QUEDA EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO QUIEN DEBERÁ EMITIR RECIBO DEL MISMO. MEDIDAS QUE TENDRÁN UNA DURACIÓN MIENTRAS DURE EL PROCESO. QUE SE LE NOTIFIQUE LAS PRESENTES MEDIDAS, LEVANTANDO EL ACTA RESPECTIVA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. SEGUNDO: EN VISTA QUE EL IMPUTADO SANTOS MARGARITO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SE ENCUENTRA CUMPLIENDO LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA, SE ORDENA SE ENVÍE OFICIO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA NOTIFICANDO LO RESUELTO EN LA PRESENTE AUDIENCIA Y SE PROCEDA A SU LIBERACIÓN. TERCERO: MANDA QUE LA SECRETARIA ADJUNTA DEL DESPACHO PROCEDA A NOTIFICAR AL IMPUTADO SANTOS MARGARITO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, LO RESUELTO EN LA PRESENTE AUDIENCIA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES LEVANTANDO EL ACTA RESPECTIVA. CUARTO: SE LIBRE OFICIO A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA A EFECTO DE QUE BRINDE COLABORACIÓN CON EL FIN DE VERIFICAR Y VIGILAR ALEATORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DOMICILIARIO IMPUESTO AL IMPUTADO SANTOS MARGARITO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA COLONIA VILLA DE JEREZ DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, FRENTE A RECABLÍN, CASA COLOR AMARILLA. QUINTO: SE LIBRE OFICIO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA INFORMANDO LO RESUELTO EN LA PRESENTE AUDIENCIA, PARA QUE PROCEDA A LA LIBERACIÓN DEL IMPUTADO SANTOS MARGARITO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. SEXTO: SE SEÑALA DE OFICIO AUDIENCIA PRELIMINAR PARA EL DÍA JUEVES DOS (2) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) QUEDANDO LAS PARTES NOTIFICADAS EN ESTRADO, SIN PERJUICIO DE QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SEA RECURRIDA, YA QUE EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO EN CONTRA DEL IMPUTADO SANTOS MARGARITO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, POR SUPONERLO RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO WILSON ALEXANDER CARBAJAL, SE ENCUENTRA FIRME…” (Folios 150 al 154 de los antecedentes del A-quo 3) En fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, conociendo el recurso de apelación impetrado por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en contra de la resolución referida en el numeral que antecede, dictó sentencia mediante la cual falló: “..PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la causa penal incoada contra el señor SANTOS MARGARITO ALVAREZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de WILSON ALEXANDER CARBAJAL.- SEGUNDO: REVOCA la resolución impugnada, revocando las medidas cautelares impuestas y sustituyéndolas por la medida cautelar de Prisión Preventiva. TERCERO: Deja sin valor y efecto las cauciones consignadas en las diligencias de mérito. Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia con la Certificación del mismo para su debido cumplimiento.- Se resuelve hasta esta fecha por existir exceso de trabajo en esta instancia jurisdiccional que conoce de todas las materias.- NOTIFIQUESE” (Folios 173 al 176 de la pieza de los antecedentes del A-quo).4)Que en fecha doce de abril de dos mil veintitrés, comparecieron ante esta Sala, los Abogados DONATILO HERRERA AGUILERA Y RONAL NAN CASCO REYES, presentando recurso de amparo a favor del señor SANTOS MARGARITO ALVAREZ RODRIGUEZ, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, por considerar los peticionarios que a su representado se le han violentado los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 92 Y 93 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 5 de la pieza del Recurso).5)Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por los Abogados DONATILO HERRERA AGUILERA Y RONAL NAN CASCO REYES, en las condiciones antes indicadas, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que los recurrentes Abogado Donatilo Herrera Aguilera y Ronal Nan Casco Reyes, compareció en fecha doce (12) de Abril del dos mil veintitrés (2023), ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del señor Santos Margarito Álvarez Rodriguez, al considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle del Departamento de Choluteca, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), vulnera en perjuicio de su representado, los derechos de libertad personal, defensa, debido proceso , contenidos en los artículos 82, 90, 92 en relación con el 93 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (3): Que los derechos invocados como vulnerados por los recurrentes en Amparo, son inter alia los contenidos en los Artículos 82, 90, 92 en relación con el 93 de la Constitución de la República, el primero de ellos establece: “El derecho de Defensa es inviolable. Los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” el segundo indica: “Nadie puede ser juzgado, sino, por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” el tercero indica: “No podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena de haberse cometido a un crimen o simple delito que merezca la pena de Privación de la libertad y sin que resulte indicio racional de quién sea su autor. En la misma forma se hará la declaratoria de reo.” y el cuarto indica: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley. ”CONSIDERANDO (4): Que, en el escrito de interposición y formalización de la acción de Amparo, el recurrente sostiene que la resolución de la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en fecha diecisiete de Marzo del dos mil veintitrés, que violenta garantías y derechos personales constitucionales, enmarcados en la Constitución de la República de Honduras, convenios y tratados internacionales ratificados por Honduras y demás leyes procesales penales en el país, violentando la garantía constitucional de la libertad personal y carecer de fundamentación legal alguna y vulnerar declaraciones y derechos consignados en la Constitución de la República, en el artículo 93, ya que el artículo 184 del Código Procesal Penal por ser una ley adjetiva no puede estar sobre la norma constitucional. En atención al citado precepto constitucional, el recurrente argumenta que se violentan los derechos de defensa y debido proceso, así como las disposiciones contenidas en el artículo 92 y 93 constitucional. En relación al derecho de defensa, el peticionario sostiene que el derecho de defensa que se ejerce en un proceso, en donde se somete a una persona como imputada, tiene por base el interés público social y por límite los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, como lo es la libertad personal, en donde el Juez toma en consideración lo establecido en el artículo 93 constitucional, que señala una caución para defenderse en libertad, ello en atención a que la norma primaria se encuentra por encima de la norma procesal. CONSIDERANDO (5): Que, continuando con sus argumentos, el garantista dice que su representado recibió un trato discriminatorio, vulnerándose su derecho a ser tratado igualitariamente ante la ley, conculcando su derecho a un debido proceso. Considerando que se le ha violado el derecho de defensa, el derecho del debido proceso y así ser escuchado en libertad, ya que se le niegan el derecho a presentar caución o fianza, tal como lo establece el artículo 184 del Código Procesal Penal establece que “siempre que los riesgos a que se refiere el artículo 178 puedan ser evitados por la aplicación de otra medida menos gravosa para su libertad. En donde el Juez de oficio o a petición de parte podrá imponer al imputado en lugar de la Prisión Preventiva uno o más de las medidas comprendidas en los numerales 4,5,6,7,8,9, y 10 del artículo 173 del Código Procesal Penal, violentando también las garantías y derechos personales, libertades personales y constitucionales, así mismo violentando el principio de inocencia enmarcado en el artículo 92 de la Constitución de la República. Y es así que la Corte de Apelaciones desecha la resolución proferida en fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, que resolvió otorgar medidas cautelares como ser: 1- Arraigo domiciliario al Imputado Santos Margarito Álvarez Rodríguez, quién vivirá en la Colonia Villa Jerez de la Ciudad de Choluteca, casa color amarilla, frente al regimiento de Caballería blindada recablin de las fuerzas Armadas de Honduras, con el cuidado y vigilancia del señor Agustín Moisés Álvarez Rodríguez. 2- Caución hipotecaria sobre un bien inmueble inscrito bajo matrícula 1796755, asiento 1 en fecha 10 de Abril del dos mil diecinueve, a favor de Santos Martha Álvarez Rodríguez, quién es hermana del imputado y fiadora, con identidad 0601-1964-01790, valorada en la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.1,960,000.00),inscrita bajo el asiento 1807188, misma que se encuentra inscrita en el Instituto de la Propiedad a favor del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, tal como obra en el expediente de mérito. 3- Caución depositaria consistente en cheque de caja número 80815391, emitido por Banco Atlántida por la cantidad de CINCUENTA MIL LEPIRAS EXACTOS (LPS. 50,000.00), cuyo cheque queda en custodia de la Secretaría del Despacho y quién emitió un recibo del mismo. 4- Constancia de antecedentes Policiales la cual corre a folio 25 del expediente de mérito. 5- Así como la declaración del señor Agustín Moisés Álvarez Rodríguez(tío) como testigo de arraigo, quién declaró que vive en la Ciudad de Choluteca y que él se encargará de cuidar y vigilar al imputado SANTOS MARGARITO ALVAREZ RODRIGUEZ, así como de presentarlo al Juzgado cuando el señor Juez lo indique. Así como también la Constitución permite lo que establece el artículo 93 “Aún con Auto de Prisión, ninguna persona puede ser llevado a la cárcel ni detenida en ella, sí otorga caución suficiente de conformidad con la Ley. Por lo que el peticionario solicita se mantengan las medidas cautelares impuestas por el señor Juez A-quo en fecha veintidós (22) de Noviembre del dos mil veintiuno (2021) y sostiene que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle del departamento de Choluteca opera bajo un principio de subordinación a las leyes brindado por el Estado de Honduras, que le permite la administración de las leyes en base al principio de legalidad y de licitud de las pruebas, por lo que al emitir la resolución particular, carente de los hechos y antecedentes y de la motivación obligatoria y por límite los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, por lo que la referida Corte no tiene facultades para validar una norma procesal por sobre una norma constitucional. CONSIDERANDO (6): Que en la Motivación de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, bajo los argumentos siguientes: de que al momento en que dictó la sentencia revocando las medidas cautelares impuestas al imputado en Audiencia Inicial, al establecer que no era procedente la aplicación de dichas medidas y ordenando la aplicación de la medida cautelar de Prisión Preventiva bajo las circunstancias debidamente motivadas en dicha resolución y que han descrito ampliamente en el acápite quinto de dicha resolución, de lo que manifiesta el fiscal del Ministerio Público. Resultando que el Juez A-quo a los cincuenta y cuatro días de haberse impuesto al imputado la medida cautelar de prisión preventiva por resolución dictada por esta Corte, vuelve a imponer al imputado medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, sin que hayan desaparecidos los motivos o razones que tuvo la Corte para que se le dictara el imputado la medida cautelar de Prisión Preventiva, ya que la defensa lo que hizo fue presentar nuevamente la fianza a favor del imputado y un testigo de arraigo, aspectos que fueron valorados por la Corte, sin surgir nuevos acontecimientos en el proceso que hagan desaparecer las circunstancias por las cuales como se ha indicado. Por lo que el acápite quinto de la resolución de la Corte se basa en la resolución que había ordenado antes de fecha diecisiete (17) de Enero del dos mil veinte (2020), en donde revoca la resolución de fecha treinta (30) de abril del dos mil diecinueve (2019), en cuanto a la medida cautelar, donde consta la audiencia Inicial, imponiéndole a la vez medidas sustitutivas distintas a la de Prisión Preventiva y es así que la Corte ordena revocar las medidas sustitutivas y que se le imponga la medida de Prisión Preventiva porque la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal fue posterior a la fecha de la comisión del delito. Advierte la Corte en la resolución de fecha diecisiete de marzo del 2023 que la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal, nada tiene que ver con el caso de autos, ya que los hechos se suscitaron el treinta 30 de Noviembre del dos mil doce (2012), cuando existía prohibición de dictar una medida cautelar que no fuera la prisión preventiva en el caso del delito de HOMICIDIO, como está actualmente con la reforma del artículo 184; que sólo contiene esta prohibición para los delitos de Narcotráfico, Violación Especial, Tráfico de Armas o delitos relacionados con grupos criminales conocidos como maras y pandillas. Por lo que para seleccionar la medida en el caso de autos, lo que el órgano jurisdiccional debe considerar, sí se dan los presupuestos que señala el artículo 172 y 174 del Código Procesal Penal y lo que en su momento valoró la Corte de Apelaciones según en el Considerando Octavo al final fueron los artículos 178 y 179 del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República de Honduras inicia declarando en el artículo 1 que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene todas las aspiraciones a las que anhela todo persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo II lo relativo a los Derechos Individuales y específicamente el artículo 69 establece: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. ”CONSIDERANDO (8): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras.CONSIDERANDO (9): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 7 el derecho a la libertad personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En ese orden de ideas el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 literal 3) establece: “… La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo….”CONSIDERANDO (10): Que los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido temporalmente con arreglo a las leyes. Esta restricción al derecho a la libertad personal encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.CONSIDERANDO (11): Que la finalidad de las medidas cautelares personales es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Para que el órgano jurisdiccional pueda adoptar una medida cautelar limitativa de la libertad es preciso que: 1) Existan indicios suficientes para sostener razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un hecho tipificado como delito; 2) Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y 3) Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba. En ese orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 174 del Código Procesal Penal determina que el órgano jurisdiccional, al seleccionar la medida aplicable, deberá tener en cuenta su idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la pena que, en caso de condena, podría ser impuesta y las circunstancias personales del imputado. CONSIDERANDO (12): Que de la resolución que se recurre en amparo, la Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución de fecha diecisiete (17) de marzo del dos mil veintitrés (2023) de acuerdo a lo que se indica en los artículos 178 y 179 del Código Procesal Penal; sin desarrollar una motivación fundada y razonable de cada uno de los presupuestos; solamente lo hace en forma general mencionando los artículos 178 y 179; revisando la foliada en donde consta en el considerando Octavo al final de la Resolución; que fue lo que según valoró el Ad-quem. Siguiendo ese orden de ideas para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: 1) La falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar definitivamente el territorio nacional o para permanecer oculto; 2) La gravedad de la pena que pueda imponerse al imputado, como resultado del proceso; 3) La importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del imputado frente al mismo y, en particular su falta de voluntad reparadora; y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar, sí razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso. Asimismo, el artículo 180 de la norma procesal en comento, establece que para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado pueda realizar cualquiera de las acciones que señala el precepto, inter alia, el destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas existentes relacionadas con el delito; influir en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre lo que saben. CONSIDERANDO (13): Que de los derechos fundamentales instituidos en nuestra Constitución, la libertad personal, constituye uno de los bienes jurídicos tutelados de mayor importancia después de la vida; tan es así que una de las características para la aplicación de la medida cautelar de privación de la libertad es la excepcionalidad; para Armenta Deu, “La excepcionalidad significa que la ley procesal opta decididamente por la libertad provisional como regla general y primera opción que se debe acoger frente a la prisión provisional, en tanto concurran, claro está, los presupuestos legales al efecto…”; aunado a la excepcionalidad, otra característica que reviste mayor importancia para la adopción de la medida cautelar limitativa de la libertad personal es la proporcionalidad; la misma autora sostiene que: “La proporcionalidad exige que la norma restrictiva del derecho a la libertad de movimientos tenga un contenido proporcionado a los fines que con la prisión provisional se pretende alcanzar. Expresado, en otros términos, para privar de libertad a alguien debe exigirse un fin constitucionalmente legítimo. Así, junto a la necesidad e idoneidad de la medida se requiere que concurra la proporcionalidad strictu sensu, es decir, el juicio de ponderación entre intereses en juego, de manera que el sacrificio de la libertad de la persona resulte razonable en comparación con la importancia del fin de la medida.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (14): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “las medidas alternativas deben estar disponibles y que una medida restrictiva de la libertad solo se puede imponer cuando no sea posible el uso de medidas alternativas para mitigar sus fundamentos; asimismo, ha señalado que las autoridades debenconsiderar medidas alternativas para garantizar la comparecencia en el juicio”; asimismo la Corte ha referido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del “test de proporcionalidad”, es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima(compatible con la Convención Americana) idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Asimismo, ha establecido la Corte que “El artículo 8.2 por su parte, contiene el derecho a la presunción de inocencia, según el cual una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De esta garantía se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Asimismo, la Corte ha sostenido que la gravedad del delito que se le imputa no es, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva”.CONSIDERANDO (15): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.CONSIDERANDO (17): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERANDO (18): Que el Ad-quem procedió a revocar lo resuelto por el A-quo en cuanto a imponer la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, ante las medidas sustitutivas distintas de la Prisión Preventiva de las que le impuso el A-quo; con las medidas siguiente: 1- Caución Hipotecaria constituida a favor del Estado de Honduras, sobre un bien inmueble inscrito bajo matrícula 1796775, asiento uno (1) de fecha diez de abril del dos mil diecinueve, a nombre de SANTOS MARTA ALVAREZ RODRIGUEZ, como fiadora, identidad número 0601-1964-01790, valorada por la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXCATOS ( LPS. 1,960,000.00), bajo asiento número 1807188; 2- Caución sobre una Fianza depositaria a favor del Estado, consistente en un cheque de caja número 80815391, por la cantidad de CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 50,000.00) emitido por Banco Atlántida; ante el único argumento que ni el A-quo ni ese Tribunal pueden acceder a la petición de la defensa, en cuanto a que se sustituya la prisión preventiva y se imponga una medida cautelar como ser: arresto domiciliario en el domicilio del hermano de nombre AGUSTIN MOISES ALVAREZ RODRIGUEZ; en la colonia Villa de Jerez de la Ciudad de Choluteca, con las cauciones mencionadas anteriormente mientras dure el proceso, siendo estas menos gravosa, Y es por ello que por disposición expresa de la ley, aun y cuando se ofrezca caución, sea la misma depositaria, hipotecaria, prendaria o personal. En este punto es importante referir la medida cautelar de rendimiento de caución suficiente a favor del Estado, tiene su base y fundamento en la Constitución de la República en su artículo 93, que a la letra dice: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la ley”. Por su parte el Código Procesal Penal en su artículo 173 No. 10 dispone: “La constitución a favor del Estado por el propio imputado o por otra persona, de cualquiera de las garantías siguientes: Depósito de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza personal”. En ese orden de ideas, la aplicación de medidas cautelares como la caución por parte del imputado es legítima constitucionalmente, por otra parte, de acuerdo a lo establecido en la misma Constitución como en la Norma Procesal Penal, nada impide que pueda rendir esta caución una persona distinta al imputado. CONSIDERANDO (19): Que este Tribunal de Justicia Constitucional, mantiene el criterio vertido en el fallo constitucional con registro de expediente No. 966-2020, en relación a que uno de los elementos fundamentales que caracterizan el Estado de Derecho en los regímenes que poseen una constitución escrita es el principio de la Supremacía de la Constitución, según el cual esta última prima sobre cualquier otra norma jurídica o acto que emane del Estado. El principio de supremacía constitucional lo encontramos en el artículo 320 de la Constitución de la República que dispone: “En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera”. Frente a la ley suprema, aquella del órgano derivado instituido (el congreso) que la contradice no debe tener ninguna aplicación porque carece de valor. Disposiciones constitucionales que en el caso concreto se vinculan al precepto constitucional en su artículo 93 que dice: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la Ley” en relación con el artículo 64 constitucional, que establece: “No se aplicarán leyes Y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, a la vez relacionados con el artículo 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. De la supremacía de la Constitución, que literalmente dice: “En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y la ley”. En ese orden de ideas no existe justificación legal que permita contrariar un precepto constitucional aplicando una norma secundaria, lo contrario implica una resolución arbitraria contra derecho. CONSIDERANDO (20): Que, en el ámbito de aplicación del debido proceso, se encuentra el principio de legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. CONSIDERANDO (21): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (22): Que se vuelve imperativo reiterar que el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, vinculado al auto de prisión están las medidas cautelares, en el caso de autos, los recurrentes señalan que la resolución impugnada deniega la medida cautelar de otorgamiento de caución a favor del Estado. Analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle del Departamento de Choluteca, en la resolución impugnada que revocó el auto mediante el cual se sustituye la medida cautelar de prisión preventiva, a favor del señor SANTOS MARGARITO ALVAREZ RODRIGUEZ, ofreciendo para ello caución a favor de Estado, éste Alto Tribunal de Justicia Constitucional aprecia que la resolución dictada por el Ad-quem, no estimó los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalecen las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir primero la Constitución y luego la Ley. En consecuencia, al denegar las cauciones presentadas por los recurrentes se constata la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del imputado, por todo ello la Sala es del criterio que la Amparo promovido debe ser Otorgado. CONSIDERANDO (23): Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 320, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 13, 14, 141, 172, 174, 178, 179, 184 y 188 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 5, 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por los Abogados DONATILO HERRERA AGUILERA Y RONAL NAN CASCO REYES, a favor del señor SANTOS MARGARITO ALVAREZ RODRIGUEZ, contra la Resolución de fecha diecisiete (17) de Marzo del dos mil veintitrés (2023), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA; 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia, restituyendo los derechos conculcados al ciudadano SANTOS MARGARITO ALVAREZ RODRIGUEZ. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0458-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL