Sentencia AP-42-24 — Registro 19180
Resumen
En consulta la sentencia que deniega acción de amparo en relación a la inadmisión de elementos probatorios propuestos en juicio. Siendo confirmada al determinar que se ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba..." ..." Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 407 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 y 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA en su condición de representante procesal del señor ALEX ANIBAL PEREZ HERNANDEZ, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de octubre del año (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Departamento de Lempira, consecuentemente se REVOCA la medida cautelar de SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO que fue decretada por este tribunal de Alzada en resolución de fecha dos de noviembre del año 2023. SEGUNDO: por medio de la Secretaria de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente resolución. MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la sala de lo Constitucional la presente sentencia…” (Folios 17-20 del antecedente).3)Que en fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán que denegó la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del departamento de Lempira y consecuentemente revoca la medida cautelar de suspensión del acto reclamado decretada en resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye el auto mediante el cual el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, declaró sin lugar la admisión del medio de prueba pericial número uno consistente en la extracción de un audio de un teléfono celular de la querellada y número dos, consistente en la solicitud de la realización de una prueba toxicológica de sangre y orina para determinar que el señor Alex Aníbal Pérez Hernández no consume ningún tipo de droga, medios de prueba que fueron inadmitidos por el referido tribunal por considerar que no es el momento procesal oportuno para proponerlos y que debía haberlo solicitado con anterioridad; aun y cuando había sido notificado para la audiencia de proposición de pruebas; violentando el derecho material de defensa al dictar el juez de primera instancia una resolución que no es aplicable o contraviene la ley y disminuye los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en su resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro establece que la parte querellante, previo a promover la querella o previo a la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, tenia el derecho y estaba obligado a hacer uso de lo que establece la norma procesal en su artículo 417, referente a que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público, realizar las diligencias investigativas para obtener los elementos de prueba que posteriormente iba a proponer en la audiencia de proposición de medios de prueba; en este caso, la extradición de información de un aparato celular y prueba toxicológica; consecuentemente, de haberlo realizado en esta etapa, hubiese llegado a la audiencia de proposición de los medios de prueba con los resultados obtenidos en esas diligencias de investigación y proceder a proponerlos como medios de prueba pericial; por tanto, la Corte de Apelaciones estima que la respuesta del Tribunal de Sentencia referido es acertada y se encuentra apegada a derecho.CONSIDERANDO (6): Que para la referida Corte de Apelaciones, el planteamiento hecho por la representación de la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba no fue aprovechada para tal fin, ya que únicamente solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación, cuya finalidad era la práctica de una pericia de extracción de información de un aparato celular y prueba toxicológica, a lo cual dicho tribunal accedió, admitiendo dicha solicitud y ordenando que se hicieran los trámites legales para realizar dichos actos de investigación, resultando erróneo lo manifestado por el querellante al decir que le fueron inadmitidos los medios de prueba propuestos; ya que formalmente no propuso tales medios de prueba sino que propuso que se ordenaran actos de investigación, obteniendo respuesta favorable por parte del tribunal; por lo que, no existe violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva alegada por el amparista, resultando procedente denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2024. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA en su condición de representante procesal del señor ALEX ANIBAL PEREZ HERNANDEZ, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de octubre del año (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Departamento de Lempira, consecuentemente se REVOCA la medida cautelar de SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO que fue decretada por este tribunal de Alzada en resolución de fecha dos de noviembre del año 2023. SEGUNDO: por medio de la Secretaria de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente resolución. MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la sala de lo Constitucional la presente sentencia…” (Folios 17-20 del antecedente).3)Que en fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán que denegó la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del departamento de Lempira y consecuentemente revoca la medida cautelar de suspensión del acto reclamado decretada en resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye el auto mediante el cual el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, declaró sin lugar la admisión del medio de prueba pericial número uno consistente en la extracción de un audio de un teléfono celular de la querellada y número dos, consistente en la solicitud de la realización de una prueba toxicológica de sangre y orina para determinar que el señor Alex Aníbal Pérez Hernández no consume ningún tipo de droga, medios de prueba que fueron inadmitidos por el referido tribunal por considerar que no es el momento procesal oportuno para proponerlos y que debía haberlo solicitado con anterioridad; aun y cuando había sido notificado para la audiencia de proposición de pruebas; violentando el derecho material de defensa al dictar el juez de primera instancia una resolución que no es aplicable o contraviene la ley y disminuye los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en su resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro establece que la parte querellante, previo a promover la querella o previo a la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, tenia el derecho y estaba obligado a hacer uso de lo que establece la norma procesal en su artículo 417, referente a que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público, realizar las diligencias investigativas para obtener los elementos de prueba que posteriormente iba a proponer en la audiencia de proposición de medios de prueba; en este caso, la extradición de información de un aparato celular y prueba toxicológica; consecuentemente, de haberlo realizado en esta etapa, hubiese llegado a la audiencia de proposición de los medios de prueba con los resultados obtenidos en esas diligencias de investigación y proceder a proponerlos como medios de prueba pericial; por tanto, la Corte de Apelaciones estima que la respuesta del Tribunal de Sentencia referido es acertada y se encuentra apegada a derecho.CONSIDERANDO (6): Que para la referida Corte de Apelaciones, el planteamiento hecho por la representación de la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba no fue aprovechada para tal fin, ya que únicamente solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación, cuya finalidad era la práctica de una pericia de extracción de información de un aparato celular y prueba toxicológica, a lo cual dicho tribunal accedió, admitiendo dicha solicitud y ordenando que se hicieran los trámites legales para realizar dichos actos de investigación, resultando erróneo lo manifestado por el querellante al decir que le fueron inadmitidos los medios de prueba propuestos; ya que formalmente no propuso tales medios de prueba sino que propuso que se ordenaran actos de investigación, obteniendo respuesta favorable por parte del tribunal; por lo que, no existe violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva alegada por el amparista, resultando procedente denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA en su condición de representante procesal del señor ALEX ANIBAL PEREZ HERNANDEZ, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de octubre del año (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Departamento de Lempira, consecuentemente se REVOCA la medida cautelar de SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO que fue decretada por este tribunal de Alzada en resolución de fecha dos de noviembre del año 2023. SEGUNDO: por medio de la Secretaria de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente resolución. MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la sala de lo Constitucional la presente sentencia…” (Folios 17-20 del antecedente).3)Que en fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán que denegó la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del departamento de Lempira y consecuentemente revoca la medida cautelar de suspensión del acto reclamado decretada en resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye el auto mediante el cual el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, declaró sin lugar la admisión del medio de prueba pericial número uno consistente en la extracción de un audio de un teléfono celular de la querellada y número dos, consistente en la solicitud de la realización de una prueba toxicológica de sangre y orina para determinar que el señor Alex Aníbal Pérez Hernández no consume ningún tipo de droga, medios de prueba que fueron inadmitidos por el referido tribunal por considerar que no es el momento procesal oportuno para proponerlos y que debía haberlo solicitado con anterioridad; aun y cuando había sido notificado para la audiencia de proposición de pruebas; violentando el derecho material de defensa al dictar el juez de primera instancia una resolución que no es aplicable o contraviene la ley y disminuye los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en su resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro establece que la parte querellante, previo a promover la querella o previo a la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, tenia el derecho y estaba obligado a hacer uso de lo que establece la norma procesal en su artículo 417, referente a que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público, realizar las diligencias investigativas para obtener los elementos de prueba que posteriormente iba a proponer en la audiencia de proposición de medios de prueba; en este caso, la extradición de información de un aparato celular y prueba toxicológica; consecuentemente, de haberlo realizado en esta etapa, hubiese llegado a la audiencia de proposición de los medios de prueba con los resultados obtenidos en esas diligencias de investigación y proceder a proponerlos como medios de prueba pericial; por tanto, la Corte de Apelaciones estima que la respuesta del Tribunal de Sentencia referido es acertada y se encuentra apegada a derecho.CONSIDERANDO (6): Que para la referida Corte de Apelaciones, el planteamiento hecho por la representación de la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba no fue aprovechada para tal fin, ya que únicamente solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación, cuya finalidad era la práctica de una pericia de extracción de información de un aparato celular y prueba toxicológica, a lo cual dicho tribunal accedió, admitiendo dicha solicitud y ordenando que se hicieran los trámites legales para realizar dichos actos de investigación, resultando erróneo lo manifestado por el querellante al decir que le fueron inadmitidos los medios de prueba propuestos; ya que formalmente no propuso tales medios de prueba sino que propuso que se ordenaran actos de investigación, obteniendo respuesta favorable por parte del tribunal; por lo que, no existe violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva alegada por el amparista, resultando procedente denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA en su condición de representante procesal del señor ALEX ANIBAL PEREZ HERNANDEZ, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de octubre del año (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Departamento de Lempira, consecuentemente se REVOCA la medida cautelar de SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO que fue decretada por este tribunal de Alzada en resolución de fecha dos de noviembre del año 2023. SEGUNDO: por medio de la Secretaria de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente resolución. MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la sala de lo Constitucional la presente sentencia…” (Folios 17-20 del antecedente).3)Que en fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán que denegó la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del departamento de Lempira y consecuentemente revoca la medida cautelar de suspensión del acto reclamado decretada en resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye el auto mediante el cual el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, declaró sin lugar la admisión del medio de prueba pericial número uno consistente en la extracción de un audio de un teléfono celular de la querellada y número dos, consistente en la solicitud de la realización de una prueba toxicológica de sangre y orina para determinar que el señor Alex Aníbal Pérez Hernández no consume ningún tipo de droga, medios de prueba que fueron inadmitidos por el referido tribunal por considerar que no es el momento procesal oportuno para proponerlos y que debía haberlo solicitado con anterioridad; aun y cuando había sido notificado para la audiencia de proposición de pruebas; violentando el derecho material de defensa al dictar el juez de primera instancia una resolución que no es aplicable o contraviene la ley y disminuye los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en su resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro establece que la parte querellante, previo a promover la querella o previo a la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, tenia el derecho y estaba obligado a hacer uso de lo que establece la norma procesal en su artículo 417, referente a que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público, realizar las diligencias investigativas para obtener los elementos de prueba que posteriormente iba a proponer en la audiencia de proposición de medios de prueba; en este caso, la extradición de información de un aparato celular y prueba toxicológica; consecuentemente, de haberlo realizado en esta etapa, hubiese llegado a la audiencia de proposición de los medios de prueba con los resultados obtenidos en esas diligencias de investigación y proceder a proponerlos como medios de prueba pericial; por tanto, la Corte de Apelaciones estima que la respuesta del Tribunal de Sentencia referido es acertada y se encuentra apegada a derecho.CONSIDERANDO (6): Que para la referida Corte de Apelaciones, el planteamiento hecho por la representación de la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba no fue aprovechada para tal fin, ya que únicamente solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación, cuya finalidad era la práctica de una pericia de extracción de información de un aparato celular y prueba toxicológica, a lo cual dicho tribunal accedió, admitiendo dicha solicitud y ordenando que se hicieran los trámites legales para realizar dichos actos de investigación, resultando erróneo lo manifestado por el querellante al decir que le fueron inadmitidos los medios de prueba propuestos; ya que formalmente no propuso tales medios de prueba sino que propuso que se ordenaran actos de investigación, obteniendo respuesta favorable por parte del tribunal; por lo que, no existe violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva alegada por el amparista, resultando procedente denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2024. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA en su condición de representante procesal del señor ALEX ANIBAL PEREZ HERNANDEZ, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de octubre del año (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Departamento de Lempira, consecuentemente se REVOCA la medida cautelar de SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO que fue decretada por este tribunal de Alzada en resolución de fecha dos de noviembre del año 2023. SEGUNDO: por medio de la Secretaria de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente resolución. MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la sala de lo Constitucional la presente sentencia…” (Folios 17-20 del antecedente).3)Que en fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán que denegó la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del departamento de Lempira y consecuentemente revoca la medida cautelar de suspensión del acto reclamado decretada en resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye el auto mediante el cual el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, declaró sin lugar la admisión del medio de prueba pericial número uno consistente en la extracción de un audio de un teléfono celular de la querellada y número dos, consistente en la solicitud de la realización de una prueba toxicológica de sangre y orina para determinar que el señor Alex Aníbal Pérez Hernández no consume ningún tipo de droga, medios de prueba que fueron inadmitidos por el referido tribunal por considerar que no es el momento procesal oportuno para proponerlos y que debía haberlo solicitado con anterioridad; aun y cuando había sido notificado para la audiencia de proposición de pruebas; violentando el derecho material de defensa al dictar el juez de primera instancia una resolución que no es aplicable o contraviene la ley y disminuye los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en su resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro establece que la parte querellante, previo a promover la querella o previo a la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, tenia el derecho y estaba obligado a hacer uso de lo que establece la norma procesal en su artículo 417, referente a que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público, realizar las diligencias investigativas para obtener los elementos de prueba que posteriormente iba a proponer en la audiencia de proposición de medios de prueba; en este caso, la extradición de información de un aparato celular y prueba toxicológica; consecuentemente, de haberlo realizado en esta etapa, hubiese llegado a la audiencia de proposición de los medios de prueba con los resultados obtenidos en esas diligencias de investigación y proceder a proponerlos como medios de prueba pericial; por tanto, la Corte de Apelaciones estima que la respuesta del Tribunal de Sentencia referido es acertada y se encuentra apegada a derecho.CONSIDERANDO (6): Que para la referida Corte de Apelaciones, el planteamiento hecho por la representación de la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba no fue aprovechada para tal fin, ya que únicamente solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación, cuya finalidad era la práctica de una pericia de extracción de información de un aparato celular y prueba toxicológica, a lo cual dicho tribunal accedió, admitiendo dicha solicitud y ordenando que se hicieran los trámites legales para realizar dichos actos de investigación, resultando erróneo lo manifestado por el querellante al decir que le fueron inadmitidos los medios de prueba propuestos; ya que formalmente no propuso tales medios de prueba sino que propuso que se ordenaran actos de investigación, obteniendo respuesta favorable por parte del tribunal; por lo que, no existe violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva alegada por el amparista, resultando procedente denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA en su condición de representante procesal del señor ALEX ANIBAL PEREZ HERNANDEZ, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de octubre del año (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Departamento de Lempira, consecuentemente se REVOCA la medida cautelar de SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO que fue decretada por este tribunal de Alzada en resolución de fecha dos de noviembre del año 2023. SEGUNDO: por medio de la Secretaria de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente resolución. MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la sala de lo Constitucional la presente sentencia…” (Folios 17-20 del antecedente).3)Que en fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán que denegó la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del departamento de Lempira y consecuentemente revoca la medida cautelar de suspensión del acto reclamado decretada en resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye el auto mediante el cual el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, declaró sin lugar la admisión del medio de prueba pericial número uno consistente en la extracción de un audio de un teléfono celular de la querellada y número dos, consistente en la solicitud de la realización de una prueba toxicológica de sangre y orina para determinar que el señor Alex Aníbal Pérez Hernández no consume ningún tipo de droga, medios de prueba que fueron inadmitidos por el referido tribunal por considerar que no es el momento procesal oportuno para proponerlos y que debía haberlo solicitado con anterioridad; aun y cuando había sido notificado para la audiencia de proposición de pruebas; violentando el derecho material de defensa al dictar el juez de primera instancia una resolución que no es aplicable o contraviene la ley y disminuye los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en su resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro establece que la parte querellante, previo a promover la querella o previo a la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, tenia el derecho y estaba obligado a hacer uso de lo que establece la norma procesal en su artículo 417, referente a que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público, realizar las diligencias investigativas para obtener los elementos de prueba que posteriormente iba a proponer en la audiencia de proposición de medios de prueba; en este caso, la extradición de información de un aparato celular y prueba toxicológica; consecuentemente, de haberlo realizado en esta etapa, hubiese llegado a la audiencia de proposición de los medios de prueba con los resultados obtenidos en esas diligencias de investigación y proceder a proponerlos como medios de prueba pericial; por tanto, la Corte de Apelaciones estima que la respuesta del Tribunal de Sentencia referido es acertada y se encuentra apegada a derecho.CONSIDERANDO (6): Que para la referida Corte de Apelaciones, el planteamiento hecho por la representación de la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba no fue aprovechada para tal fin, ya que únicamente solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación, cuya finalidad era la práctica de una pericia de extracción de información de un aparato celular y prueba toxicológica, a lo cual dicho tribunal accedió, admitiendo dicha solicitud y ordenando que se hicieran los trámites legales para realizar dichos actos de investigación, resultando erróneo lo manifestado por el querellante al decir que le fueron inadmitidos los medios de prueba propuestos; ya que formalmente no propuso tales medios de prueba sino que propuso que se ordenaran actos de investigación, obteniendo respuesta favorable por parte del tribunal; por lo que, no existe violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva alegada por el amparista, resultando procedente denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA en su condición de representante procesal del señor ALEX ANIBAL PEREZ HERNANDEZ, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de octubre del año (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Departamento de Lempira, consecuentemente se REVOCA la medida cautelar de SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO que fue decretada por este tribunal de Alzada en resolución de fecha dos de noviembre del año 2023. SEGUNDO: por medio de la Secretaria de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente resolución. MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la sala de lo Constitucional la presente sentencia…” (Folios 17-20 del antecedente).3)Que en fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán que denegó la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del departamento de Lempira y consecuentemente revoca la medida cautelar de suspensión del acto reclamado decretada en resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye el auto mediante el cual el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, declaró sin lugar la admisión del medio de prueba pericial número uno consistente en la extracción de un audio de un teléfono celular de la querellada y número dos, consistente en la solicitud de la realización de una prueba toxicológica de sangre y orina para determinar que el señor Alex Aníbal Pérez Hernández no consume ningún tipo de droga, medios de prueba que fueron inadmitidos por el referido tribunal por considerar que no es el momento procesal oportuno para proponerlos y que debía haberlo solicitado con anterioridad; aun y cuando había sido notificado para la audiencia de proposición de pruebas; violentando el derecho material de defensa al dictar el juez de primera instancia una resolución que no es aplicable o contraviene la ley y disminuye los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en su resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro establece que la parte querellante, previo a promover la querella o previo a la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, tenia el derecho y estaba obligado a hacer uso de lo que establece la norma procesal en su artículo 417, referente a que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público, realizar las diligencias investigativas para obtener los elementos de prueba que posteriormente iba a proponer en la audiencia de proposición de medios de prueba; en este caso, la extradición de información de un aparato celular y prueba toxicológica; consecuentemente, de haberlo realizado en esta etapa, hubiese llegado a la audiencia de proposición de los medios de prueba con los resultados obtenidos en esas diligencias de investigación y proceder a proponerlos como medios de prueba pericial; por tanto, la Corte de Apelaciones estima que la respuesta del Tribunal de Sentencia referido es acertada y se encuentra apegada a derecho.CONSIDERANDO (6): Que para la referida Corte de Apelaciones, el planteamiento hecho por la representación de la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba no fue aprovechada para tal fin, ya que únicamente solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación, cuya finalidad era la práctica de una pericia de extracción de información de un aparato celular y prueba toxicológica, a lo cual dicho tribunal accedió, admitiendo dicha solicitud y ordenando que se hicieran los trámites legales para realizar dichos actos de investigación, resultando erróneo lo manifestado por el querellante al decir que le fueron inadmitidos los medios de prueba propuestos; ya que formalmente no propuso tales medios de prueba sino que propuso que se ordenaran actos de investigación, obteniendo respuesta favorable por parte del tribunal; por lo que, no existe violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva alegada por el amparista, resultando procedente denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández, contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA en su condición de representante procesal del señor ALEX ANIBAL PEREZ HERNANDEZ, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de octubre del año (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Departamento de Lempira, consecuentemente se REVOCA la medida cautelar de SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO que fue decretada por este tribunal de Alzada en resolución de fecha dos de noviembre del año 2023. SEGUNDO: por medio de la Secretaria de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente resolución. MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la sala de lo Constitucional la presente sentencia…” (Folios 17-20 del antecedente).3)Que en fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán que denegó la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del departamento de Lempira y consecuentemente revoca la medida cautelar de suspensión del acto reclamado decretada en resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye el auto mediante el cual el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, declaró sin lugar la admisión del medio de prueba pericial número uno consistente en la extracción de un audio de un teléfono celular de la querellada y número dos, consistente en la solicitud de la realización de una prueba toxicológica de sangre y orina para determinar que el señor Alex Aníbal Pérez Hernández no consume ningún tipo de droga, medios de prueba que fueron inadmitidos por el referido tribunal por considerar que no es el momento procesal oportuno para proponerlos y que debía haberlo solicitado con anterioridad; aun y cuando había sido notificado para la audiencia de proposición de pruebas; violentando el derecho material de defensa al dictar el juez de primera instancia una resolución que no es aplicable o contraviene la ley y disminuye los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en su resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro establece que la parte querellante, previo a promover la querella o previo a la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, tenia el derecho y estaba obligado a hacer uso de lo que establece la norma procesal en su artículo 417, referente a que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público, realizar las diligencias investigativas para obtener los elementos de prueba que posteriormente iba a proponer en la audiencia de proposición de medios de prueba; en este caso, la extradición de información de un aparato celular y prueba toxicológica; consecuentemente, de haberlo realizado en esta etapa, hubiese llegado a la audiencia de proposición de los medios de prueba con los resultados obtenidos en esas diligencias de investigación y proceder a proponerlos como medios de prueba pericial; por tanto, la Corte de Apelaciones estima que la respuesta del Tribunal de Sentencia referido es acertada y se encuentra apegada a derecho.CONSIDERANDO (6): Que para la referida Corte de Apelaciones, el planteamiento hecho por la representación de la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba no fue aprovechada para tal fin, ya que únicamente solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación, cuya finalidad era la práctica de una pericia de extracción de información de un aparato celular y prueba toxicológica, a lo cual dicho tribunal accedió, admitiendo dicha solicitud y ordenando que se hicieran los trámites legales para realizar dichos actos de investigación, resultando erróneo lo manifestado por el querellante al decir que le fueron inadmitidos los medios de prueba propuestos; ya que formalmente no propuso tales medios de prueba sino que propuso que se ordenaran actos de investigación, obteniendo respuesta favorable por parte del tribunal; por lo que, no existe violación al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva alegada por el amparista, resultando procedente denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, la parte querellante en la audiencia de proposición de medios de prueba solicitó al Tribunal de Sentencia que se ordenaran actos de investigación; y siendo que ya el artículo 407 del Código Procesal Penal establece literalmente que “Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado le solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para, oportunamente intentar la querella respectiva”; debiendo el hoy recurrente, previo a instar la querella intentada, acudir al Ministerio Público para que éste ordenara la realización de las diligencias investigativas correspondientes y una vez obtenidos los medios de prueba se presentaran en el transcurso del juicio. Situación que no aconteció en el presente caso, ya que ha quedado evidenciado que el querellante, propuso en la audiencia de proposición de medios de prueba que se practicaran actos de investigación, consistentes en la extracción de información de un aparato celular y una pericia toxicológica. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por el impetrante, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, puesto que ha quedado claramente establecido que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el recurrente debió proponer los mismos y no las diligencias investigativas tendientes a obtener tales medios de prueba. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo promovido por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, a favor del señor Alex Aníbal Pérez Hernández. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL