Sentencia AP-398-21 — Registro 18925
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgo los tres recursos de amparo contra las resoluciones emitidas por de los delitos de Secuestro Agravado, Lavado de Activos y Porte Ilegal de Arma de Fuego.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (4): La Sala de lo Constitucional señala que, en el presente caso, el Juez de instrucción, se ha alejado de su función de ser garante de la legalidad en el juicio, al declarar sin lugar la evacuación de las diligencias encaminadas a la producción de medios de prueba, en vulneración de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 199 del Código Procesal penal, aplicable en cuanto a los supuesto a analizar para declarar con lugar o no las diligencias de investigación a evacuar para la producción de un medio de prueba, así como en el análisis de valoración de los medios de prueba, dependiendo de la etapa que se esté evacuando. El Juez de instrucción, de manera errónea argumentó su decisión de declarar sin lugar la petición del Ministerio Público, señalando que ya no tenía jurisdicción, sin estimar los supuestos de pertinencia, proporcionalidad y utilidad de los mismos. Así las cosas, esta Sala coincide con los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo otorgando los recursos de amparo interpuestos, determinando la procedencia de confirmar la sentencia venida en consulta que otorga los tres amparos interpuestos contra las resoluciones que resolvió declarar sin lugar las tres solicitudes de evacuación de diligencias investigativas supra. CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (4): La Sala de lo Constitucional señala que, en el presente caso, el Juez de instrucción, se ha alejado de su función de ser garante de la legalidad en el juicio, al declarar sin lugar la evacuación de las diligencias encaminadas a la producción de medios de prueba, en vulneración de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 199 del Código Procesal penal, aplicable en cuanto a los supuesto a analizar para declarar con lugar o no las diligencias de investigación a evacuar para la producción de un medio de prueba, así como en el análisis de valoración de los medios de prueba, dependiendo de la etapa que se esté evacuando. El Juez de instrucción, de manera errónea argumentó su decisión de declarar sin lugar la petición del Ministerio Público, señalando que ya no tenía jurisdicción, sin estimar los supuestos de pertinencia, proporcionalidad y utilidad de los mismos. Así las cosas, esta Sala coincide con los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo otorgando los recursos de amparo interpuestos, determinando la procedencia de confirmar la sentencia venida en consulta que otorga los tres amparos interpuestos contra las resoluciones que resolvió declarar sin lugar las tres solicitudes de evacuación de diligencias investigativas supra. CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (4): La Sala de lo Constitucional señala que, en el presente caso, el Juez de instrucción, se ha alejado de su función de ser garante de la legalidad en el juicio, al declarar sin lugar la evacuación de las diligencias encaminadas a la producción de medios de prueba, en vulneración de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 199 del Código Procesal penal, aplicable en cuanto a los supuesto a analizar para declarar con lugar o no las diligencias de investigación a evacuar para la producción de un medio de prueba, así como en el análisis de valoración de los medios de prueba, dependiendo de la etapa que se esté evacuando. El Juez de instrucción, de manera errónea argumentó su decisión de declarar sin lugar la petición del Ministerio Público, señalando que ya no tenía jurisdicción, sin estimar los supuestos de pertinencia, proporcionalidad y utilidad de los mismos. Así las cosas, esta Sala coincide con los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo otorgando los recursos de amparo interpuestos, determinando la procedencia de confirmar la sentencia venida en consulta que otorga los tres amparos interpuestos contra las resoluciones que resolvió declarar sin lugar las tres solicitudes de evacuación de diligencias investigativas supra. CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, que otorgo los tres recurso de amparo promovidos por la Abogada Mey Lin Ivonne Zelaya Hernandez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, y dos resoluciones en fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores ERNESTO AMADOR GALINDO, GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ ESCOTO Y JOSUE ADONAY RIVERA PEREZ, por suponerlos responsables de los delitos de Secuestro Agravado, Lavado de Activos y Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de Mario Antonio Velasquez Galeas, La Seguridad Social y El Orden Público, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en el artículo 90,304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha uno de septiembre de dos mil veintitrés, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor los señores Ernesto Amador Galindo, Gustavo Adolfo Ordoñez Escoto Y Josue Adonay Rivera Perez, por suponerlos responsables de los delitos de Secuestro Agravado en perjuicio de Mario Antonio Velasquez Galeas, Lavado de Activos y Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de La Seguridad Social y El Orden Público, respectivamente. (Folios 1-7 del expediente del A-quo).2)En fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, emitió resolución declarando sin lugar por ahora la solicitud de enviar oficios solicitando vaciados telefónicos por considerar que ese Juzgado tiene suspendida la jurisdicción por la existencia de un Recurso de Apelación (Folios 59-65 vuelto del expediente del A-quo).3)En fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, emitió resolución declarando sin lugar por ahora la solicitud de juramentación de perito para la extracción y análisis de información contenida en dispositivo móviles y otros recolectados en allanamiento (Folios 59-65 vuelto del expediente del A-quo)4)En fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, emitió resolución declarando sin lugar por ahora la solicitud de juramentación de perito para video forense (Folios 59-65 vuelto del expediente del A-quo).5)En fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupcion, la Abogada Mey Lin Ivonne Zelaya Hernandez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución referida en los numerales que anteceden, argumentando la recurrente que dicha resolución le vulnera a su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-7 del antecedente) 6)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…OTORGAR los tres recursos de amparo interpuesto por la Abogada Mey Lin Ivonne Zelaya Hernandez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se instruye contra los señores ERNESTO AMADOR GALINDO, GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ ESCOTO Y OSUE ADONAY RIVERA PEREZ, por suponerlos responsable de los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de MARCO ANTONIO VELASQUEZ GALEAS y contra el señor ERNESTO AMADOR GALINDO, por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORDEN PUBLICO; la cual se ventila en el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, bajo el expediente número 0801-2023-00710.-…” (Folios 59-65 de la pieza del Ad-quem)7)Que en fecha cuatro de abril de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.CONSIDERANDO (2): De la lectura y análisis de los antecedentes que conforman el presente caso, esta Sala observa y manifiesta que se celebró audiencia inicial el seis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que el Ministerio Público, logró que se dictara auto de formal procesamiento contra los imputados. Los apoderados defensores, interpusieron recurso de apelación en fecha doce de septiembre de ese mismo año, dos mil veintitrés. En el decurso del juicio, dos días después de la interposición del recurso de apelación por parte de la defensa, el Ministerio Público presentó escritos solicitando: 1.- En fecha 14 de septiembre del dos mil veintitrés, se solicita enviar oficios a las compañías de telefonía CLARO Y TIGO, para vaciados telefónicos; 2.- En fecha 20 de septiembre del dos mil veintitrés, se solicita la juramentación de peritos especializados en videos forenses; 3.- En esa misma fecha del 20 de septiembre del dos mil veintitrés, se solicita la juramentación de peritos especializados para extracción y análisis de información contenidas en dispositivos móviles. Estas tres solicitudes de producción de pruebas presentadas dentro de los sesenta días que señala el artículo 300 del Código Procesal Penal, son elementos de pruebas deben evacuarse para ser presentados en un futuro juicio oral y público, y se trata de elementos de prueba que deben ser obtenidos bajo el control jurisdiccional, de lo contrario la defensa peticionara su nulidad. No obstante, fueron declarados sin lugar por el Juez de instrucción, aduciendo que el Juzgado tiene suspendida la jurisdicción por la interposición de recursos de apelación por parte de la defensa. De esta respuesta, el Ministerio Público interpuso recurso de amparo, señalando que se le ha vulnerado su derecho a la defensa y por ende el derecho a un debido proceso, así como el principio de legalidad encontrados en los artículos 304 y 321 constitucionales. CONSIDERANDO (3): Que el caso que se conoce en consulta es la sentencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que otorgo los tres recursos de amparo promovidos por la Abogada Mey Lin Ivonne Zelaya Hernandez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor de los señores ERNESTO AMADOR GALINDO, GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ ESCOTO Y JOSUE ADONAY RIVERA PEREZ, contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, una en fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, y dos en fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores ERNESTO AMADOR GALINDO, GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ ESCOTO Y JOSUE ADONAY RIVERA PEREZ, por suponerlos responsables de los delitos de Secuestro Agravado, Lavado de Activos y Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de Mario Antonio Velásquez Galeas, La Seguridad Social y El Orden Público. CONSIDERANDO (4): La Sala de lo Constitucional señala que, en el presente caso, el Juez de instrucción, se ha alejado de su función de ser garante de la legalidad en el juicio, al declarar sin lugar la evacuación de las diligencias encaminadas a la producción de medios de prueba, en vulneración de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 199 del Código Procesal penal, aplicable en cuanto a los supuesto a analizar para declarar con lugar o no las diligencias de investigación a evacuar para la producción de un medio de prueba, así como en el análisis de valoración de los medios de prueba, dependiendo de la etapa que se esté evacuando. El Juez de instrucción, de manera errónea argumentó su decisión de declarar sin lugar la petición del Ministerio Público, señalando que ya no tenía jurisdicción, sin estimar los supuestos de pertinencia, proporcionalidad y utilidad de los mismos. Así las cosas, esta Sala coincide con los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo otorgando los recursos de amparo interpuestos, determinando la procedencia de confirmar la sentencia venida en consulta que otorga los tres amparos interpuestos contra las resoluciones que resolvió declarar sin lugar las tres solicitudes de evacuación de diligencias investigativas supra. CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 141, 199 y 272 del Código Procesal Penal y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que otorgo los tres recurso de amparo promovidos por la Abogada Mey Lin Ivonne Zelaya Hernandez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor de los señores ERNESTO AMADOR GALINDO, GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ ESCOTO Y JOSUE ADONAY RIVERA PEREZ, contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, y dos resoluciones de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores ERNESTO AMADOR GALINDO, GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ ESCOTO Y JOSUE ADONAY RIVERA PEREZ, por suponerlos responsables de los delitos de Secuestro Agravado, Lavado de Activos y Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de Mario Antonio Velásquez Galeas, la seguridad social y el orden público, respectivamente, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redacto Magistrado Vallecillo Paredes. NOTIFIQUESE y CUMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0398-2024
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL