Sentencia AP-394-22 — Registro 17748
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público por el delito de homicidio . Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-Quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 59, 69, 82 90, 96, 304 y 305 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que, finalmente, ha afirmado el impetrante, que se ha comprometido con la referida resolución el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley sustantiva y adjetiva en materia penal; pues se violentan los derechos a la defensa y al estado de Inocencia que constitucionalmente acogen a la ciudadanía hondureña. Finalmente, expresa el recurrente, por considerarlo relevante, que, si bien el artículo 445 del Código Procesal Penal refiere a los delitos de mayor o menor gravedad, tal distinción no propiciaría distinciones restrictivas, como implícitamente arguye el Ad Quem; por lo que al adoptarse medidas restrictivas de libertad debe complementarse otra serie de presupuestos que el Tribunal valorará en su conjunto, en caso de concurrir; lo cual no acontece en el presente caso. - Por todo lo cual, solicita se dictar sentencia estimando el amparo formalizado a favor del señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, reestableciendo el orden constitucional quebrantado, por el Tribunal Ad Quem, en la resolución adoptada el 08 de febrero de 2022.CONSIDERANDO (19): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (20): De la lectura de la resolución que se impugna, se coligen falencias, tanto a la fundamentación jurídica de la revocatoria, la cual inobserva lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 174, 179 y 184 del Código Procesal Penal, que determina el órgano jurisdiccional habrá de disponer la medida aplicable, por auto motivado, en el que se justificará la concurrencia de los presupuestos legitimadores, invocando los indicios que resultaren de las investigaciones realizadas; es decir, teniendo en cuenta su necesidad, idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la pena que, en caso de condena, podría ser impuesta, así como las circunstancias personales del imputado; entre otros dispositivos legales que regulan las medidas cautelares en el proceso penal hondureño. Examinada que fue la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, se reduce ésta a criticar la motivación jurídica de inculpabilidad, plasmada por el Juzgado A Quo, en el auto de audiencia ad hoc; obviando determinar las razones por las cuales procedía a la modificación de las medidas cautelares impuestas, tales como la mención a las circunstancias impeditivas del peligro de fuga del imputado, o de la obstrucción del procedimiento penal, en su caso. Tal inobservancia es lesiva a la libertad personal y al debido proceso, pues son derechos, formalidades y garantías establecidas por Ley como presupuestos legitimadores para la intervención de los derechos fundamentales; incidiendo tal falencia, en la motivación adecuada de la medida cautelar a imponer, de resultar ésta necesaria, y de no existir otra medida menos lesiva, para la consecución del fin constitucionalmente legítimo. CONSIDERANDO (21): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que se han de tomar en cuenta en un proceso penal dotado de todas las garantías; las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por adolecer la argumentación jurídica expuesta, de una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto. De lo anterior se desprende una vulneración al debido proceso, motivo suficiente para sustentar la estimatoria del recurso de amparo interpuesto y conocido en esta vista para sentencia, el cual debe ser otorgado; consignando, en su caso, la imposición de una fianza que resulte proporcional suficiente y adecuada para los fines del proceso.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 174 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 179 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 184 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ALEXANDER LUNA ZUNIGA, a favor del señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓNN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; en relación la causa instruida contra el señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de SANTIAGO RAMOS GARCÍA. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-Quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 59, 69, 82 90, 96, 304 y 305 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Ministerio Público, a través de Agente de Tribunales Abogado MANUEL EDGARDO LOPEZ URQUIA, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de SANTIAGO RAMOS GARCIA. (Folios 01 y 02 de la primera pieza de antecedentes)2)Que en fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, celebró Audiencia Inicial, en la cual decretó Sobreseimiento Definitivo a favor WILMER ANTONIO RIVERA REYES. (Folios 43 al 58 de la primera pieza de antecedentes)3)Que, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución en fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual falló declarando HA LUGAR el Recurso interpuesto por el ente Fiscal y revocó la resolución apelada a fin de que se enmendara conforme a derecho. …” (Folio 105 al 114 de la primera pieza de antecedentes)4)Que en Audiencia Ad-Hoc, celebrada en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la cual resolvió entre otros: “decreta UN AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, por suponerlo responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO en perjuicio de SANTIAGO RAMOS GARCIA…”. Asimismo, resolvió lo siguiente: “…por tanto siendo que no se cumplen los requisitos ya establecidos en el artículo 178 en cuanto al peligro de fuga considera esta suscrita Juez PROCEDENTE IMPONER a favor del imputado por todo lo anteriormente expuesto la medida cautelar establecida en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal…”. (Folios 150 al 155 de la primera pieza de antecedentes)5)Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado TOMAS MATUTE GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y parte apelante, contra la resolución del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictada en Audiencia Ad-Hoc, celebrada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se decreta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de SANTIAGO RAMOS GARCIA y otorga medidas cautelares consistentes en la presentación periódica del imputado a firmar el libro de registro que se encuentra en el Juzgado de Paz de La Másica, departamento de Atlántida; se le prohíbe la salida del país sin previa autorización del Juez y se le prohíbe al imputado concurrir a los lugares frecuentados o a la casa de habitación de los familiares de la víctima. SEGUNDO: REVOCAR la resolución de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en cuanto al otorgamiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva concierne. (Folios 6 al 12 de la segunda pieza de antecedentes)6)Que en fecha dos de marzo de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado OSCAR ALEXANDER LUNA ZUNIGA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor WILMER ANTONIO RIVERA, contra la Sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, de la que se ha hecho relación en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 59, 69, 82 90, 96, 304 y 305 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 18 del presente Recurso)7) Que en fecha dos de noviembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 70 del Presente Recurso)CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. En el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la Ley. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente reclama como violatoria de los derechos constitucionales de su representado, señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, la sentencia pronunciada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil veintidós (2022), mediante la cual se declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto, por la Fiscalía del Ministerio Público, contra la decisión del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), de sustituir la Medida Cautelar de Prisión Preventiva por medidas cautelares menos gravosas, a favor del señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES; en la causa seguida en su contra, por imputársele el delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor SANTIAGO RAMOS GARCÍA.CONSIDERANDO (4): Que, motiva el fallo de Alzada, que procedía revocar la decisión del A-Quo de imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, con fundamento en el artículo 347, con relación a los artículos 354 y 358 del Código Procesal Penal, cuestionando la idoneidad de la motivación del A Quo, relativa al juicio de no haber culpabilidad, por parte del imputado, en el caso de la muerte a la víctima en la causa que nos ocupa, lo cual es improcedente; ya que el alcance del recurso de apelación dictado con anterioridad por esa Alzada, consistía en la revocatoria del sobreseimiento definitivo y ordenar el dictado de lo que en derecho corresponda; no así motivar de un juicio de culpabilidad, como en efecto hizo. Adicionalmente, motiva la Corte de Apelaciones, que no fue posible citar al imputado, por lo que se debió proceder a la citación por edictos, lográndose con dificultad contar con la presencia del imputado - en la audiencia ad hoc señalada -, hasta en fecha 03 de diciembre de dos mil veintiuno, después de efectuadas varias diligencias judiciales para lograr citarle. Todo lo cual, aunado a la gravedad del delito cuya comisión se le imputa, conlleva a la determinación de que la medida que le resulta aplicable, es la de prisión preventiva, a efecto de garantizar su presencia durante el proceso; lo cual determina la revocatoria de las medidas cautelares alternas a la prisión preventiva decretadas por el A Quo. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en amparo, Abogado OSCAR ALEXANDER LUNA ZUNIGA, manifestó en formalización de su recurso, que la resolución cuestionada en amparo es violatoria de las garantías constitucionales de la libertad, defensa, debido proceso y al estado de inocencia del beneficiario del recurso; así como a los principios de legalidad y objetividad que regulan la actuación del orden jurisdiccional. Refiere que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlantida, en su resolución de fecha ocho (8) de febrero de dos mil veintidós (2022), resolvió estimando un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público, contra la decisión del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), de dictar medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva a favor del señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, en aplicación de lo prescrito en el Decreto Legislativo No. 36-2020, en la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal; en vista a la consideración que le ameritan las circunstancias personales del señor RIVERA REYES, demostradas mediante medios probatorios idóneos, evacuados en Audiencia Ad – Hoc. Por todo ello, al desvalorar esta resolución la Corte Ad Quem, ha emitido una resolución en contraposición a la Constitución de la República, y en menoscabo de las declaraciones, derechos y garantías fundamentales, tales como la libertad ambulatoria; estimando, a la vez, agravios desposeídos de concordancia a los preceptos constitucionales para valorar la idoneidad de la medida cautelar aplicable, de conformidad a los preceptos constitucionales y legales citados; lo cual conlleva a la necesidad de formular el presente recurso de amparo, para su conocimiento por la honorable Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que, en sustento de su formalización, continúa expresado el Abogado OSCAR ALEXANDER LUNA ZUNIGA, que la resolución de apelaciones impugnada mantiene una postura institucional de mantener a las personas sometidas al proceso penal privadas de su libertad ambulatoria, aun cuando no concurran los aspectos que prevén los artículos 172, 178, 179, 180 y 184 del Código Procesal Penal. Puntualiza el recurrente, que, la decisión del Juzgado A Quo de aplicar medidas cautelares alternas a la prisión preventiva, tales como las contenidas en el artículo 173, numerales 6) y 7) del Código Procesal Penal, resulta consistente con la probanza de que la acción del imputado se debe a una causa de justificación, como es la legítima defensa; la cual se acreditó en la respectiva audiencia ad hoc, con la presencia del señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, quien se presentó voluntariamente a la secuela del proceso. No obstante, la resolución del Ad Quem versó únicamente sobre los fundamentos para imponer auto de formal procesamiento, no así sobre la procedencia de mantener las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salir del país; sobre las cuales no hubo pronunciamiento alguno, en contravención de la legalidad aplicable y al principio pro homine. CONSIDERANDO (7): Que, finalmente, ha afirmado el impetrante, que se ha comprometido con la referida resolución el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley sustantiva y adjetiva en materia penal; pues se violentan los derechos a la defensa y al estado de Inocencia que constitucionalmente acogen a la ciudadanía hondureña. Finalmente, expresa el recurrente, por considerarlo relevante, que, si bien el artículo 445 del Código Procesal Penal refiere a los delitos de mayor o menor gravedad, tal distinción no propiciaría distinciones restrictivas, como implícitamente arguye el Ad Quem; por lo que al adoptarse medidas restrictivas de libertad debe complementarse otra serie de presupuestos que el Tribunal valorará en su conjunto, en caso de concurrir; lo cual no acontece en el presente caso. - Por todo lo cual, solicita se dictar sentencia estimando el amparo formalizado a favor del señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, reestableciendo el orden constitucional quebrantado, por el Tribunal Ad Quem, en la resolución adoptada el 08 de febrero de 2022.CONSIDERANDO (8): Que la Constitución de la República de Honduras declara en el artículo 1: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene aspiraciones a las que anhela toda persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo II lo relativo a los Derechos Individuales y específicamente el artículo 69 establece: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (10): Que, por la garantía del debido proceso exige nuestra Constitución que para una condena, o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el cual comprende: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba, y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre ante órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; lo cual es relativo a la garantía de legalidad penal, cuando de determinar deberes y derechos se trata. Según jurisprudencia estable y pacífica de la Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso, es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional, dada su conformación como un valioso conglomerado de los derechos, garantías o formalidades establecidas por la ley; enunciadas de manera general y no exhaustiva o limitativa, en el texto de la presente sentencia. CONSIDERANDO (11): Que de conformidad a lo establecido en el artículo 172 del Código Procesal Penal, las medidas cautelares son un medio para asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de la fuente de prueba. De manera tal que se implementa mediando la acreditación de los supuestos legales para la aplicación de la medida y su revisión en el tiempo, sobre todo, dado el carácter de provisionalidad e instrumentalidad procesal que las caracteriza. CONSIDERANDO (12): Que, siempre en el mismo orden de ideas, la provisionalidad de las medidas cautelares obedece a que pueden siempre revocarse o reformarse, de oficio, o a petición de parte, cualquiera sea el estado del proceso, según prescribe el artículo 174, última parte, del Código Procesal Penal. Igualmente es importante señalar, que para tomar solamente en consideración la gravedad de la pena para decretar la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto resulte genéricamente indiciaria del riesgo de fuga; debe tomarse en cuenta que, en la medida que el razonamiento probatorio de la jurisdicción ordinaria acredite que éste pueda ser evitado, asiste a este la interpretación usual del artículo 184 reformado del Código Procesal Penal; el cual autoriza, como regla general, la aplicación de otras medidas menos gravosas, que no implican privación de la libertad ambulatoria. Acudir, de manera aislada, a la sola imputación de un delito categorizado como sancionado con pena grave, acorde la categorización dicotómica del artículo 445 del Código Procesal Penal, como criterio necesario y suficiente para el dictado de prisión preventiva; sería prácticamente el equivalente de otorgarle a la medida privativa de libertad que es la prisión preventiva, las características de una pena anticipada, con el consiguiente prejuzgamiento y desmedro del estado de inocencia; siendo la privación provisional de la libertad nada más que la ultima ratio para asegurar la factibilidad del proceso penal, entre otros de los fines que demarca el artículo 172 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (13): Que, de lo anterior, se sigue que la prisión preventiva sin juicio se justifica únicamente en cuanto sirva a los fines del proceso, de allí su excepcionalidad para los casos en que resulte estrictamente necesaria, en armonía con el debido proceso y el estado de inocencia, eje axiológico del proceso penal pro acusatorio, al cual propende el Código Procesal Penal hondureño. En ese mismo orden de ideas, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9 literal 3), establece: “… La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo….” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (14): Que los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme a la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional. No obstante, y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Civil (CPP), a través de la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son: La existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto, sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos éstos aplicables a las medidas cautelares, en general, así como a las medidas cautelares privativas de la libertad, en particular.CONSIDERANDO (15): Que la finalidad de las medidas cautelares personales es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Para que el órgano jurisdiccional pueda adoptar una medida cautelar limitativa de la libertad, es preciso que: 1) Existan indicios suficientes para sostener razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un hecho tipificado como delito; 2) Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y 3) Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba. CONSIDERANDO (16): Que el artículo 179 del Código Procesal Penal (CPP), por su parte, indica que, para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: 1) La falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar definitivamente el territorio nacional o para permanecer oculto; 2) La gravedad de la pena que pueda imponerse al imputado, como resultado del proceso; 3) La importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del imputado frente al mismo y, en particular su falta de voluntad reparadora; y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. Se configura en esta disposición procesal, cuáles deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado, y si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro (4) los elementos que se tendrán que valorar en su conjunto; como son su arraigo en el país, la lesividad al bien jurídico protegido y la valoración de la conducta del imputado durante las distintas etapas del proceso. CONSIDERANDO (17): Que de los derechos fundamentales instituidos y proclamados en nuestra Constitución, la libertad personal, constituye uno de los bienes jurídicos tutelados de mayor importancia, solo después de la vida; tan es así que una de las características para la aplicación de la medida cautelar de privación de la libertad, es la excepcionalidad. Doctrinariamente, concurre a este criterio, ARMENTA DEU, para quien: “La excepcionalidad significa que la ley procesal opta decididamente por la libertad provisional como regla general y primera opción que se debe acoger frente a la prisión provisional, en tanto concurran, claro está, los presupuestos legales al efecto…”. Aunado a la excepcionalidad, otra característica que reviste la mayor importancia, para la adopción de medidas cautelares limitativas de la libertad personal, es la proporcionalidad. La autora citada sostiene, en tal sentido, que: “La proporcionalidad exige que la norma restrictiva del derecho a la libertad de movimientos tenga un contenido proporcionado a los fines que con la prisión provisional se pretende alcanzar. Expresado en otros términos, para privar de libertad a alguien debe exigirse un fin constitucionalmente legítimo. Así, junto a la necesidad e idoneidad de la medida se requiere que concurra la proporcionalidad strictu sensu, es decir, el juicio de ponderación entre intereses en juego, de manera que el sacrificio de la libertad de la persona resulte razonable en comparación con la importancia del fin de la medida.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (18): Que abundando sobre el Thema decidendi, diversos Tratadistas señalan que las medidas cautelares de prisión y libertad provisional son modificables durante el curso del proceso, y deben ser revisadas; si cambian las circunstancias que dieron origen a su adopción. Sostienen pues, que la cautela no atiende solamente, a la pena a imponerse eventualmente, sino también a otros elementos subjetivos y objetivos, como el riesgo de fuga, de desaparición de pruebas, o el peligro de que se actué contra la víctima, así: “Las decisiones relativas a la adopción y mantenimiento de la prisión provisional han de expresarse a través de una resolución judicial motivada, motivación que ha de ser “suficiente y razonable”, entendiendo por tal no la que colma meramente las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que respeta el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la libertad del afectado, ponderando adecuadamente los intereses en juego –la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; la realización de la administración de la justicia penal, en atención a los fines que hemos reseñado por otro”. CONSIDERANDO (19): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (20): De la lectura de la resolución que se impugna, se coligen falencias, tanto a la fundamentación jurídica de la revocatoria, la cual inobserva lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 174, 179 y 184 del Código Procesal Penal, que determina el órgano jurisdiccional habrá de disponer la medida aplicable, por auto motivado, en el que se justificará la concurrencia de los presupuestos legitimadores, invocando los indicios que resultaren de las investigaciones realizadas; es decir, teniendo en cuenta su necesidad, idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la pena que, en caso de condena, podría ser impuesta, así como las circunstancias personales del imputado; entre otros dispositivos legales que regulan las medidas cautelares en el proceso penal hondureño. Examinada que fue la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, se reduce ésta a criticar la motivación jurídica de inculpabilidad, plasmada por el Juzgado A Quo, en el auto de audiencia ad hoc; obviando determinar las razones por las cuales procedía a la modificación de las medidas cautelares impuestas, tales como la mención a las circunstancias impeditivas del peligro de fuga del imputado, o de la obstrucción del procedimiento penal, en su caso. Tal inobservancia es lesiva a la libertad personal y al debido proceso, pues son derechos, formalidades y garantías establecidas por Ley como presupuestos legitimadores para la intervención de los derechos fundamentales; incidiendo tal falencia, en la motivación adecuada de la medida cautelar a imponer, de resultar ésta necesaria, y de no existir otra medida menos lesiva, para la consecución del fin constitucionalmente legítimo. CONSIDERANDO (21): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que se han de tomar en cuenta en un proceso penal dotado de todas las garantías; las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por adolecer la argumentación jurídica expuesta, de una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto. De lo anterior se desprende una vulneración al debido proceso, motivo suficiente para sustentar la estimatoria del recurso de amparo interpuesto y conocido en esta vista para sentencia, el cual debe ser otorgado; consignando, en su caso, la imposición de una fianza que resulte proporcional suficiente y adecuada para los fines del proceso. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 7, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 9, 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado OSCAR ALEXANDER LUNA ZUÑIGA, a favor del señor WILMER ANTONIO RIVERA REYES, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil veintidós (2022). 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0394-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.