Sentencia AP-355-23 — Registro 19115
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que por mayoría de votos resolvió sin lugar el recurso de apelación en relación a la Demanda por la vía de Apremio para la ejecución de sentencia firme condenatoria, respecto al pago de los daños materiales económicos (gastos ocasionados), al pago de la compensación y de la indemnización de los perjuicios causados, daños morales (psicológicos), promovida por la Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representada, los derechos de igualdad, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, contradicción y retroactividad de la ley penal, contenidos en los Artículos 60, 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar, es menester determinar si la decisión de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos contenidos en los artículos de la Constitución de la República que expone, entre ellos: Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; y lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral, ejecución y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que, es importante hacer énfasis en relación a que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar y salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 8 las garantías judiciales y de interés en el caso sub júdice los numerales 1 y 2.h que textualmente señalan: “Garantías judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … h. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior…”. En ese orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a recurrir el fallo es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”, que “procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. En ese sentido, “debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada”, esto es, antes de que sea obligatoria y “t[enga] que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto”. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al contenido del artículo 25 de la Convención, en cuanto a la protección judicial ésta ha señalado que el texto del artículo 25 “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”. -Subrayado y énfasis añadido.”
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que, es importante hacer énfasis en relación a que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar y salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 8 las garantías judiciales y de interés en el caso sub júdice los numerales 1 y 2.h que textualmente señalan: “Garantías judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … h. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior…”. En ese orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a recurrir el fallo es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”, que “procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. En ese sentido, “debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada”, esto es, antes de que sea obligatoria y “t[enga] que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto”. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al contenido del artículo 25 de la Convención, en cuanto a la protección judicial ésta ha señalado que el texto del artículo 25 “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”. -Subrayado y énfasis añadido.”
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. La Corte ha afirmado que, para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención. Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho”
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).”
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).”
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Que la resolución cuestionada por el recurrente y que fuere dictada por Mayoría de Votos, resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandada, consecuencia de ello confirma la resolución recurrida dictada por el A-quo que desestima los tres motivos de oposición a la Ejecución formulados por Inversiones del Valle de Sula, S.A. de C.V. (INVASULA), inter alia, el cumplimiento de la obligación, basada en el principio de Completa Satisfacción, amparado en el Artículo 763 numeral 4 del Código Procesal Civil. La resolución en comento en cuanto a declarar sin lugar el motivo ut supra, motiva: (Sic) “DECIMO PRIMERO: Esta Corte estima que en el apartado séptimo y octavo que antecede de esta resolución, se ha dado respuesta a lo que respecta a la primera parte del agravio referido, pues se deduce claramente que el escrito de desistimiento como tal no puede dar por acreditado el pago de la obligación como lo pretende el apelante, pues este (desistimiento) no es más que una actuación procesal que redunda en una facultad de las partes en el proceso judicial, igualmente se ha podido advertir que el ejecutante utiliza como fundamento jurídico se su petición el artículo 481 párrafo 1 del Código Procesal Civil que establece: “El demandante podrá desistir unilateralmente del proceso siempre que lo haga antes que el demandado sea emplazado para contestar la demanda en el juicio ordinario, o haya sido citado para la audiencia en el juicio abreviado, y también en cualquier momento cuando el demandado se encontrare en rebeldía.” Se desprende de los obrados de la causa y así lo establece la juez en el auto emitido de fecha 22 de septiembre de 2015, que el señor Novoa Álvarez, aún no había sido emplazado para que pueda objetar la resolución dictada en la que se ordena provisionalmente la restitución, reparación o indemnización. Lleva razón la Juez a criterio de esta Alzada, cuando establece en su resolución, “que acreditar documentalmente el pago implica presentar un documento que refleje expresamente que el mismo se realizó, no exige que el documento tenga el carácter de público, basta cualquier medio escrito en el que conste el pago, situación que en el tráfico jurídico se acredita con recibo u otro documento que acredite el cumplimiento de la obligación…”. En el presente caso, no se ha presentado hasta el momento, el documento público o privado (contrato de transacción, recibo, transferencia electrónica) que acredite el pago de la obligación por parte del señor Novoa. DECIMO SEGUNDO: … esta Corte recuerda que ya se ha dado respuesta a dichos alegatos en los apartados que anteceden, pues se ha dejado con meridiana claridad establecido que el desistimiento presentado oportunamente y supra mencionado, en manera alguna puede interpretarse como pago o cumplimiento de la obligación que reclama la parte actora, esto en razón de la motivación que se ha plasmado en los apartados referidos.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 763 numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “DECIMO TERCERO: … En tal sentido el principio de completa satisfacción del ejecutante es donde la actividad jurisdiccional pasa de su etapa de cognición a la realización frente al obligado de los actos que, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico, permiten a la parte ejecutante obtener la efectividad del derecho que la sentencia o titulo correspondiente le ha reconocido. Siguiendo esta línea, se colige que para tener por acreditado dicho principio, debe acreditarse que la obligación reclamada se ha extinguido, bien sea por que se cumplió con la prestación debida o porque ha operado cualquiera de los medios previstos para extinguir las obligaciones que vienen definidas ya en el artículo 1421 de nuestro Código Civil, en el presente caso, la parte recurrente alega que el desistimiento supone el pago de la obligación, circunstancia que no comparte este Tribunal (por mayoría como ya se dijo antes) por las razones previamente establecidas, agregando además que el pago no se presume, éste debe ser comprobado, desde luego por el deudor que pretende su liberación, que en el presente caso no es el señor Novoa, así las cosas, demostrar el pago que presume la parte ejecutada, resultaría imposible…” (Folios del 71-93fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem)”
Legislación citada
- Código Civil, art. 1421 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (21): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de protección de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (22): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (23): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que por Mayoría de Votos se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por los Abogados Saul Muñoz Orellana y José Manuel Pineda, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 1400, 1403, 1404, 1406 segundo y tercer párrafo del Código Civil y 743.2 del Código Procesal Civil, al realizar de forma aislada la interpretación del artículo 743 del CPC y no en forma armónica y congruente con la pretensión del recurrente en Amparo, inobservando la institución del Deudor Solidario y el Principio de Completa Satisfacción del Ejecutante, exigiéndole al ejecutado que presente el documento público en donde consta el acuerdo, donde se establece la completa satisfacción del ejecutante, cuando ello no es posible, en atención a que el acuerdo se supone fue realizado entre la ejecutante señora Marlen Paredes Castro y el Ejecutado Doctor Daniel Novoa Álvarez, en aplicación de argumentos excesivamente rigurosos; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 743.2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1400 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1403 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1404 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1406 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado BENJAMIN YOVANNI LAVAIRE FLORES, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVASULA), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMETO DE CORTÉS, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), que por mayoría de votos resolvió sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CON FUNCIÓN EN EL PROGRESO Y YORO, en fecha once (11) de febrero del año dos mil vendidos (2022), que desestima los tres motivos de oposición a la Ejecución, formulados por la parte ejecutada la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V. (INVASULA); en relación a la Demanda por la vía de Apremio para la ejecución de sentencia firme condenatoria, respecto al pago de los daños materiales económicos (gastos ocasionados), al pago de la compensación y de la indemnización de los perjuicios causados, daños morales (psicológicos), promovida por la señora MARLENE PAREDES CASTRO, en contra del señor JORGE DANIEL NOVOA ÁLVAREZ, en su condición personal y del señor Carlos Luciano Milla Bográn, en su condición de presidente del Consejo de Admiración y representación legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES DEL VALE DE SULA, S. A. DE C. V. (INVASULA). Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representada, los derechos de igualdad, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, contradicción y retroactividad de la ley penal, contenidos en los Artículos 60, 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno, compareció ante el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CON FUNCIONES EN EL PROGRESO Y YORO, el Abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ LAZO, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora MARLEN PAREDES CASTRO, solicitando Ejecución Forzosa de Título Judicial, contra la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V. (INVASULA), a través de su Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal el señor CARLOS LUCIANO MILLA BOGRAN. (Folios del 1667-1670 del Tomo VII de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha once (11) de febrero del dos mil veintidós (2022), el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CON FUNCIÓN EN EL PROGRESO Y YORO, dictó Auto, mediante el cual resolvió (Sic) “1. Se desestiman los tres motivos de oposición a la Ejecución formulados por la parte ejecutada INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A, DE C.V (INVASULA), por medio de sus apoderados judiciales. 2. Se condena en Costas a la parte Ejecutada. 3. Se desestima la oposición a las concretas actuaciones ejecutivas, formuladas por la parte ejecutada y en cuanto al bien inmueble sugerido, estando éste incluido en la declaración jurada, será en el auto de embargo en donde se decidirá sobre que bienes se decretará el mismo. 4. Se declara sin lugar la petición de la parte ejecutante en lo que concierne a la pretensión de Sanción por desobediencia a mandato judicial y conminación al ejecutado con multas coercitivas. 5. Continúese con la Ejecución. NOTIFÍQUESE…” (Folios del 1733-1736 del Tomo VII de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA y JOSE MANUEL PINEDA PAZ, en su condición de apoderados legales de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V., institución que opera el Hospital del Valle, comparecieron ante el citado Juzgado, en fecha veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, interponiendo recurso de apelación contra la resolución relacionada en el numeral que antecede. (Folios del 1772-1777 del Tomo VII de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Saul Muñoz Orellana y José Manuel Pineda Paz, dictó resolución en fecha diez (10) de marzo del dos mil veintitrés (2023), mediante la cual por Mayoría de Votos resuelve: (Sic) “PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por los Abogados SAUL MUÑOZ ORELLANA Y JOSE MANUEL PINEDA PAZ en su condición de Apoderados de la Parte Demandada Sociedad Mercantil denominada Inversiones del Valle de Sula S.A de C.V (INVASULA), contra la resolución de fecha once de febrero del año dos mil veintidós en el proceso de la DEMANDA POR LA VÍA DE APREMIO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA RESPECTO AL PAGO DE LOS DAÑOS MATERIALES (GASTOS OCASIONADOS), AL PAGO DE LA COMPENSACIÓN Y DE LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, DAÑOS MORALES (PSICOLÓGICOS) contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA INVERSIONES DEL VALLE DE SULA "INVASULA" A TRAVÉS DEL SR. CARLOS LUCIANO MILLA BOGRAN, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. SEGUNDO: Por MAYORIA DE ESTE TRIBUNAL. SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución recurrida, con el VOTO PARTICULAR CONCURRENTE de la Magistrada Marta Delia Merino. Y MANDA: Que mediante la Secretaría de este despacho judicial se notifique a las partes procesales en la presente causa…” (Folios del 71-93 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) Que en fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado BENJAMIN YOVANNI LAVAIRE FLORES, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES DEL VALLE DE SULA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVASULA), contra la resolución de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), relacionada en el acápite que antecede y dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por considerar que la misma es violatoria de los derechos de igualdad, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, contradicción y retroactividad de la ley penal, contenidos en los Artículos 60, 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República. (Folios del 1-11 de los autos) 6) Que en fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinticuatro, este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 42 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del escrito de interposición de la acción de Amparo, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de San Pedro Sula con Funciones en el Progreso y Yoro, el Abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ LAZO, en su condición de Representante Procesal de la señora MARLEN PAREDES CASTRO, solicitando Ejecución Forzosa de Título Judicial de sentencia definitiva de fecha 24 de marzo del año 2017, contra la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V. (INVASULA). CONSIDERANDO (3): Que en fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintitrés, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado BENJAMIN YOVANNI LAVAIRE FLORES, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVASULA), contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), que resolvió por Mayoría de Votos, declarar Sin Lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandada la Sociedad Mercantil denominada Inversiones del Valle de Sula S.A. de C.V. (INVASULA), contra la resolución emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con función en El Progreso y Yoro, en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintidós (2022), que resuelve desestimar los tres motivos de oposición a la Ejecución, formulados por la parte ejecutada Inversiones del Valle de Sula, S.A. de C.V.; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos a la Igualdad, Defensa, Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Contradicción y retroactividad de la Ley Penal, contenidos en los artículos 60, 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Sobre los argumentos expuestos por el recurrente en el escrito y formalización de la Acción de Amparo. En la exposición de argumentos, en la acción constitucional impetrada, el recurrente comienza realizando una cronología de los antecedentes del caso, entre ellos la sentencia condenatoria dictada contra el Doctor Jorge Daniel Novoa Álvarez, quien prestó sus servicios profesionales en el Hospital del Valle, operado por INVASULA, de la cual deriva la responsabilidad civil del condenado y la demanda de Apremio para la Ejecución de Sentencia firme condenatoria respecto al pago por daños materiales económicos (gastos ocasionados), compensación e indemnización de los perjuicios causados y daños morales (Psicológicos), demanda en la que se incluye solidariamente a Jorge Daniel Novoa Álvarez, como responsable principal y a INVASULA, que no ha sido parte en el proceso, como solidario -dice el garantista-. En la cronología de los antecedentes del caso, el recurrente dice que el 3 de diciembre del año 2021, INVASULA interpone Oposición a la Ejecución del Título Judicial, por los siguientes motivos a saber: 1. Falta de requisitos legales en el título, por no estar tasadas (del proceso inicial no del ejecutivo) las costas al momento de la Ejecución del Título. 2. Transacción entre las partes al haber Desistido en el proceso; y 3. Cumplimiento de la Obligación, basada en el principio de completa satisfacción, manifestado por el demandante en el expediente al momento en el que presento el Desistimiento de continuar en contra del condenado civilmente (principal) como responsable por resarcir los daños y perjuicios -Motivo este último que constituye el asunto central en el Amparo de mérito- CONSIDERANDO (5): Que el impetrante argumenta como vulnerados los derechos a la igualdad, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, contradicción y retroactividad de la ley penal; en relación al derecho a la igualdad dice el recurrente que la Corte de Apelaciones Penal, en la sentencia recurrida en Amparo, deja clara y evidente la violación de este derecho a INVASULA, toda vez que convalida con saña y sesgo el criterio del Juzgado de Ejecución que autoriza el Desistimiento del demandante por completa satisfacción del ejecutante, respecto del responsable directo, principal y penal, doctor Jorge Novoa Álvarez, pero insiste en la responsabilidad civil del solidario INVASULA, ya dejando fuera del proceso a quien corresponde en primera instancia seguirle y deducirle responsabilidad, olvidado que la correcta constitución del proceso requiere que, en caso de una demanda producida contra varios demandados solidarios, o todos participan o todos son liberados. Que, en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, el garantista manifiesta que se violenta este derecho toda vez que permite que al responsable principal (autor del delito), se le extraiga del proceso vía Desistimiento, fundado en la completa satisfacción del ejecutante, sin establecer la porción o cantidad pagada por el demandante principal y autor del delito y sin extender tal desistimiento a INVASULA, que es un solidario demandado juntamente con Jorge Novoa Álvarez. Esto también coarta el derecho a una sentencia de fondo justa y motivada, ya que como solidario, INVASULA tiene derecho a que se delimite la esfera de sus obligaciones y se identifique los pagos que ha de realizar, conjuntamente con los otros responsables solidarios; concluye el recurrente respecto a la vulneración de este derecho, que habiéndose desistido del principal, correspondía pues dictar desistimiento a favor de INVASULA, especialmente considerando que el desistimiento se da por completa satisfacción del ejecutante. En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa, el peticionario de Amparo en relación al pago de costas dice que esas costas deben tasarse primero e introducirse al proceso como un título autónomo de ejecución, esto porque las costas del proceso principal tienen un procedimiento sumario instruido por el Código Procesal Civil y este permite al condenado en costas oponerse, pedir dictámenes de la autoridad correspondiente (Colegio de Abogados) y termina en una resolución judicial que es recurrible en su propia vía. Todos estos derechos no le fueron respetados a INVASULA, ya que, sin verificarse todas estas oportunidades, se le pretende ejecutar costas de las que no se le ha notificado, de las que no se ha opuesto y que no han sido tramitadas por el proceso instruido por la ley adjetiva civil. Asimismo, el recurrente señala como elemento de suma importancia que INVASULA no participó en el proceso penal que resulta con la condena por el delito, condena impuesta únicamente al doctor Jorge Novoa Álvarez. Empero en la vía civil, posterior a la penal por Apremio, se introduce a INVASULA que, sin saber del proceso penal, se ve ahora en la necesidad de defenderse contra semejante petición de pago producto del proceso penal. Argumenta el garantista que también se vulnera el relacionado derecho, por la arbitraria valoración que hace la Corte de Apelaciones Penal, tanto de la prueba y de la ley material aplicable, toda vez que al revisar el escrito de Desistimiento, presentado a favor del condenado penalmente responsable directo y deudor principal, en el se invoca el artículo 743 del Código Procesal Civil sobre la Completa Satisfacción del Ejecutante, no se le da eficacia y aplicabilidad al referido artículo, invocado textualmente por la parte demandante-ejecutante respecto del principal, ya que el ut supra refiere que la completa satisfacción del ejecutante pone fin al proceso ejecutivo, por lo que es simple lógica jurídica que si ha operado la completa satisfacción del ejecutante respecto de una obligación dineraria, ha existido pago a alguna otra forma de arreglo directo entre las partes. En atención a la vulneración del derecho al debido proceso y contradicción, el recurrente define que el debido proceso es un derecho global, fragmentado en pequeñas unidades o derechos unitarios (cada uno con igual integración dentro de él) y entraña en esencia el fiel cumplimiento de todas las garantías, ritos y formalismos ordenados para la consecución del proceso. Si una parte de dicho proceso, si un rito, si un formalismo o más grave aún, si un derecho, resulta afectado, tergiversado o reprimido, el Debido Proceso ha sido violentado; se vulnera la tutela judicial efectiva a INVASULA, se vulnera el derecho a un juicio constituido correctamente dejando por fuera al Deudor Principal sin concederle a INVASULA ese mismo derecho, siendo ésta un Deudor Solidario y al no valorar con justicia y conforme a las reglas de lógica y sana critica la prueba que obra agregada al expediente; y para finalizar expone que un aspecto trascendental señalado en la audiencia oral programada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, es que el Código Penal vigente -principio de retroactividad de la norma penal- es más favorable para su representada (en cuanto a su regulación sobre el proceso penal de responsabilidad civil); que la norma derogada no establecía de manera exacta el tratamiento para el tercero que no participó del proceso penal y para efectos de responsabilidad civil, el Código Penal vigente, manda que para los terceros debe seguirse la responsabilidad civil subsidiaria, lo que significa que INVASULA no es solidario sino subsidiaria a la luz de la nueva ley penal. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), que en su parte dispositiva y por Mayoría de Votos falla: “PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por los Abogados SAUL MUÑOZ ORELLANA Y JOSE MANUEL PINEDA PAZ en su condición de Apoderados de la Parte Demandada Sociedad Mercantil denominada Inversiones del Valle de Sula S.A de C.V (INVASULA), contra la resolución de fecha once de febrero del año dos mil veintidós en el proceso de la DEMANDA POR LA VÍA DE APREMIO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA RESPECTO AL PAGO DE LOS DAÑOS MATERIALES (GASTOS OCASIONADOS), AL PAGO DE LA COMPENSACIÓN Y DE LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, DAÑOS MORALES (PSICOLÓGICOS) contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA INVERSIONES DEL VALLE DE SULA “INVASULA” A TRAVÉS DEL SR. CARLOS LUCIANO MILLA BOGRAN, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. SEGUNDO: Por MAYORIA DE ESTE TRIBUNAL. SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución recurrida, con el VOTO PARTICULAR CONCURRENTE de la Magistrada Marta Delia Merino…” (Folios del 71-93 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) CONSIDERANDO(7): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, vulnera o no los derechos de igualdad, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, contradicción y retroactividad de la ley penal contenidos en los artículos 60, 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa en cuanto a que en el escrito de Desistimiento, presentado a favor del condenado penalmente responsable directo y deudor principal, se invoca el artículo 743 del Código Procesal Civil sobre la Completa Satisfacción del Ejecutante; en esa idea el recurrente afirma que no se le da eficacia y aplicabilidad al referido artículo, invocado textualmente por la parte demandante-ejecutante respecto del principal, ya que el artículo citado refiere que la completa satisfacción del ejecutante pone fin al proceso ejecutivo, por lo que es simple lógica jurídica que si ha operado la completa satisfacción del ejecutante respecto de una obligación dineraria, ha existido pago a alguna otra forma de arreglo directo entre las partes. CONSIDERANDO (8): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar, es menester determinar si la decisión de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos contenidos en los artículos de la Constitución de la República que expone, entre ellos: Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; y lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral, ejecución y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que, es importante hacer énfasis en relación a que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar y salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 8 las garantías judiciales y de interés en el caso sub júdice los numerales 1 y 2.h que textualmente señalan: “Garantías judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … h. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior…”. En ese orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a recurrir el fallo es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”, que “procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. En ese sentido, “debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada”, esto es, antes de que sea obligatoria y “t[enga] que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto”. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al contenido del artículo 25 de la Convención, en cuanto a la protección judicial ésta ha señalado que el texto del artículo 25 “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”. -Subrayado y énfasis añadido- CONSIDERANDO (11): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. La Corte ha afirmado que, para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención. Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (12): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas). CONSIDERANDO (13): Que la resolución cuestionada por el recurrente y que fuere dictada por Mayoría de Votos, resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandada, consecuencia de ello confirma la resolución recurrida dictada por el A-quo que desestima los tres motivos de oposición a la Ejecución formulados por Inversiones del Valle de Sula, S.A. de C.V. (INVASULA), inter alia, el cumplimiento de la obligación, basada en el principio de Completa Satisfacción, amparado en el Artículo 763 numeral 4 del Código Procesal Civil. La resolución en comento en cuanto a declarar sin lugar el motivo ut supra, motiva: (Sic) “DECIMO PRIMERO: Esta Corte estima que en el apartado séptimo y octavo que antecede de esta resolución, se ha dado respuesta a lo que respecta a la primera parte del agravio referido, pues se deduce claramente que el escrito de desistimiento como tal no puede dar por acreditado el pago de la obligación como lo pretende el apelante, pues este (desistimiento) no es más que una actuación procesal que redunda en una facultad de las partes en el proceso judicial, igualmente se ha podido advertir que el ejecutante utiliza como fundamento jurídico se su petición el artículo 481 párrafo 1 del Código Procesal Civil que establece: “El demandante podrá desistir unilateralmente del proceso siempre que lo haga antes que el demandado sea emplazado para contestar la demanda en el juicio ordinario, o haya sido citado para la audiencia en el juicio abreviado, y también en cualquier momento cuando el demandado se encontrare en rebeldía.” Se desprende de los obrados de la causa y así lo establece la juez en el auto emitido de fecha 22 de septiembre de 2015, que el señor Novoa Álvarez, aún no había sido emplazado para que pueda objetar la resolución dictada en la que se ordena provisionalmente la restitución, reparación o indemnización. Lleva razón la Juez a criterio de esta Alzada, cuando establece en su resolución, “que acreditar documentalmente el pago implica presentar un documento que refleje expresamente que el mismo se realizó, no exige que el documento tenga el carácter de público, basta cualquier medio escrito en el que conste el pago, situación que en el tráfico jurídico se acredita con recibo u otro documento que acredite el cumplimiento de la obligación…”. En el presente caso, no se ha presentado hasta el momento, el documento público o privado (contrato de transacción, recibo, transferencia electrónica) que acredite el pago de la obligación por parte del señor Novoa. DECIMO SEGUNDO: … esta Corte recuerda que ya se ha dado respuesta a dichos alegatos en los apartados que anteceden, pues se ha dejado con meridiana claridad establecido que el desistimiento presentado oportunamente y supramencionado, en manera alguna puede interpretarse como pago o cumplimiento de la obligación que reclama la parte actora, esto en razón de la motivación que se ha plasmado en los apartados referidos. DECIMO TERCERO:… En tal sentido el principio de completa satisfacción del ejecutante es donde la actividad jurisdiccional pasa de su etapa de cognición a la realización frente al obligado de los actos que, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico, permiten a la parte ejecutante obtener la efectividad del derecho que la sentencia o titulo correspondiente le ha reconocido. Siguiendo esta línea, se colige que para tener por acreditado dicho principio, debe acreditarse que la obligación reclamada se ha extinguido, bien sea por que se cumplió con la prestación debida o porque ha operado cualquiera de los medios previstos para extinguir las obligaciones que vienen definidas ya en el artículo 1421 de nuestro Código Civil, en el presente caso, la parte recurrente alega que el desistimiento supone el pago de la obligación, circunstancia que no comparte este Tribunal (por mayoría como ya se dijo antes) por las razones previamente establecidas, agregando además que el pago no se presume, éste debe ser comprobado, desde luego por el deudor que pretende su liberación, que en el presente caso no es el señor Novoa, así las cosas, demostrar el pago que presume la parte ejecutada, resultaría imposible…” (Folios del 71-93fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) CONSIDERANDO (14): Que se muestra de importancia a efecto de dar respuesta a la presente acción constitucional de Amparo, la sentencia definitiva de la cual deriva la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial promovida por el Abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ LAZO, en su condición de Representante Procesal de la señora MARLEN PAREDES CASTRO, sentencia de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CON FUNCIÓN EN EL PROGRESO Y YORO, que en su parte dispositiva resuelve: “PRIMERO: Declarar sin lugar las objeciones interpuestas por la parte demandada. SEGUNDO: Declarar solidariamente responsables a la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, también conocida como “INVASULA”, operadora del Hospital del Valle, de los daños y perjuicios ocasionados a MARLEN PAREDES CASTRO, por el fallecimiento de la señora BERTHA LIDIA CASTRO BU, según lo ya expuesto. TERCERO: Condenar a la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, también conocida como “INVASULA”, operadora del Hospital del Valle, a pagar solidariamente la señora MARLEN PAREDES CASTRO, para reparar los daños y perjuicios que le fueron ocasionados por la muerte de su madre BERTHA LIDIA CASTRO BU, la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRS CON UN (01) centavo (L. 153,692.01), a título de daños materiales y al pago de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 42,288,647.74) por los perjuicios causados. CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada, la Sociedad Mercantil SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, también conocida como “INVASULA”, operadora del Hospital del Valle. QUINTO: Que la Secretaria del despacho proceda a NOTIFICAR personalmente la presente sentencia a los operadores judiciales de la parte demandante y parte demandada, quienes pueden hacer uso de los recursos respectivos en caso de no estar conforme con lo aquí resuelto. NOTIFIQUESE…” (Folios del 1538-1548 del Tomo VI de la pieza de antecedentes del A-quo) CONSIDERANDO (15): Que en relación a la solidaridad u obligaciones solidarias se refiere, las modalidades de las obligaciones derivadas de la multiplicidad de sujetos, y que presentan interés para el crédito, están esencialmente representadas por la solidaridad e indivisibilidad. Pero existen, además, las obligaciones alternativas y las facultativas, debidas a la pluralidad de objetos. Para Julien Bonnecase la solidaridad, tema fundamental en el caso sub júdice consiste esencialmente, en que una obligación se deba totalmente a cualquiera de varios acreedores o por cualquiera de varios deudores. En el primer caso se dice que hay solidaridad activa; en el segundo, solidaridad pasiva. En relación a la solidaridad pasiva el referido autor sostiene que los efectos de la solidaridad pasiva están dominados por un principio, que se enuncia de la forma siguiente: unidad de objeto y pluralidad de vínculos. La unidad de objeto significa que una misma cosa es debida en su totalidad por cualquiera de los deudores. En otros términos, a cualquiera de ellos puede exigírsele el pago de la cosa debida. Pluralidad de vínculos: si el objeto de la obligación es una sola cosa, puede deberse en virtud de vínculos que presenten entre si diferencias. Los codeudores solidarios pueden estar obligados, unos, pura y simplote, y los otros bajo ciertas modalidades: término o condición. Situación esta última que no ocurre en el caso bajo estudio, ello según el estudio de la sentencia de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CON FUNCIÓN EN EL PROGRESO Y YORO, de la cual deriva la demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial. En relación a los efectos de la solidaridad entre acreedores y deudores, el autor señala que el efecto principal de la solidaridad pasiva es la obligación por el total. La obligación principal que se deriva de la solidaridad pasiva consiste en el derecho que tiene el acreedor para demandar el monto total de la obligación, a cualquiera de los deudores o a todos, hasta obtener el pago total. CONSIDERANDO (16): Que el argumento fundamental del recurrente en atención a que se otorgue el Amparo promovido, alude a que en el escrito de Desistimiento, presentado a favor del condenado penalmente responsable directo y deudor principal, se invoca el artículo 743 del Código Procesal Civil sobre la Completa Satisfacción del Ejecutante; en esa idea el recurrente afirma que no se le da eficacia y aplicabilidad al referido artículo, invocado textualmente por la parte demandante-ejecutante respecto del principal, ya que el artículo citado refiere que la completa satisfacción del ejecutante pone fin al proceso ejecutivo, por lo que es simple lógica jurídica que si ha operado la completa satisfacción del ejecutante respecto de una obligación dineraria, ha existido pago a alguna otra forma de arreglo directo entre las partes. Siendo este el asunto fundamental identificado por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional y presentado como motivo de Oposición por la parte demandada-ejecutada, amparada en las disposiciones contenidas en el artículo 763 numeral 4, del Código Procesal Civil, que establece: “Pago o cumplimiento de la obligación, justificado documentalmente”; esta Sala de la foliada de los antecedentes que forman la pieza del A-quo, constata que a folio 1495 frente y vuelto, del Tomo VI, se encuentra escrito presentado por el Abogado Nelson Baudilio Lopez Lazo, en su condición de Apoderado Judicial de la señora Marlen Paredes Castro, intitulado “DESISTIMIENTO”, exponiendo que amparado en el principio de completa satisfacción del ejecutante (Art.743 del CPC), presenta en forma unilateral el Desistimiento del proceso incoado contra el señor JORGE DANIEL NOVOA ALVAREZ; que siguiendo esta idea, el artículo 743 del Código Procesal Civil establece: “PRINCIPIO DE COMPLETA SATISFACCIÓN DEL EJECUTANTE. 1. La ejecución forzosa se llevará a efecto en los propios términos que figure en la ejecutoria. El ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado en los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad del ejecutado, así como por cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecute. 2. Sólo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante”. CONSIDERANDO (17): Que, en ese orden de ideas, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador; asimismo el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Para el Doctor Presentación Quesada aplicando las reglas del artículo 19 del Código Civil, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, sostiene el autor que la Ley es un todo armónico; y entre sus distintas partes existe un verdadero enlace o conexión resultante del pensamiento que dominó al legislador en la emisión de la ley. Del contexto total de ella viene a resultar así la idea fundamental que puede aclarar el concepto del pasaje ambiguo u oscuro que se quiere interpretar. En el caso sub júdice no se puede interpretar aisladamente el precepto 743, fuera del contexto de la ley en su totalidad Código Procesal Civil, específicamente el Libro Sexto que desarrolla lo atinente a la Ejecución Forzosa. Como corolario de lo anterior podemos concluir que, el desistimiento presentado por la Parte Ejecutante se fundamenta en el principio de Completa Satisfacción del Ejecutante, el cual conlleva el fin a la ejecución, tal y como lo enuncia en forma meridianamente el artículo 743.2 del Código Procesal Civil; aunado a ello se observa a folio 1496 frente y vuelto de la pieza de antecedentes del A-quo, que éste en respuesta a lo peticionado por la Parte Ejecutante, mediante auto de fecha 22 de septiembre del año 2015, resuelve: (Sic) “PRIMERO: Tener por admitido el escrito presentado por el apoderado judicial de la señora MARLEN PAREDES CASTRO, agréguese el mismo a sus antecedentes. SEGUNDO: Téngase por desistido unilateralmente el proceso incoado en contra del señor JORGE DANIEL NOVOA ALVAREZ, quedando a salvo el derecho de la parte actara para promover un nuevo proceso sobre la misma pretensión”. CONSIDERANDO (18): Que este Tribunal de Justicia Constitucional, hace suyos los argumentos emitidos por la Magistrada en su Voto Particular Concurrente, por no compartir el criterio esgrimido por la Mayoría de los Magistrados integrantes de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en atención y citando el Artículo 1400 del Código Civil, en el caso de autos la solidaridad nace, según la ejecutante por ser el Doctor Novoa el médico que asistía a la señora Bertha Lidia Castro Bu y el Hospital del Valle, por ser la institución en donde estuvo hospitalizada la señora Castro Bu, razón por la cual el juzgado competente establecido la responsabilidad solidaria de ambos, es decir Insolidum y por tanto no se puede dividir dicha responsabilidad, aunque si se le puede reclamar en base a lo establecido en el Artículo 1403 del Código Civil a uno u otro de los dos, pero no dividir ni la una ni la otra, porque claramente así lo dispone el citado artículo 1400 párrafo segundo del Código Civil y además porque si es solidario no se puede determinar cuál parte le toca pagar a uno o a otro, ya que la ley no hace distinción en este caso y si no la hay no cabe hacerla y en el caso de autos el Apoderado Judicial de la señora Marlen Paredes Castro ejecutante, sustrae de la responsabilidad al Doctor Jorge Daniel Novoa, pues desiste a folio 1495, accediendo a tal petición la Juez A-quo, entiende esta Sala de lo Constitucional, al igual que lo hizo la Magistrada disidente, que al sustraer de esta responsabilidad al Doctor Novoa, quien según quedó demostrado en juicio fue el que le ocasionó la muerte a la señora Bertha Castro Bu, también lo hace con respecto a la Sociedad Mercantil Inversiones del Valle de Sula, S.A. de C.V. (INVASULA), pues dicha sociedad fue condenada por ser la operadora del Hospital del Valle, lugar donde se encontraba hospitalizada la señora castro Bu y siendo solidaria por ello, ambos responden del total de la obligación, pues el desistimiento es una de las formas anormales de terminar el proceso y asimismo del escrito que contiene dicho desistimiento se desprende que se fundamente en el artículo 743 numeral 2) del Código Procesal Civil, o sea en el Principio de la Completa Satisfacción del Ejecutante y según lo establecido en este precepto, es una forma de poner fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante. CONSIDERANDO (19): Que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes o interesados en determinado asunto, con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso. De la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por Mayoría de Votos de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a efecto de declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por los Abogados Saul Muñoz Orellana y José Manuel Pineda Paz y confirmar la resolución recurrida, dictada por el A-quo que desestima los tres motivos de oposición a la Ejecución formulados por la Parte Ejecutada Inversiones del Valle de Sula, S.A. de C.V. (INVASULA), se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente; se le niega a éste la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, ante un órgano jurisdiccional del Estado en igualdad de condiciones, ello en atención a exigírsele que presente el documento público en donde consta el acuerdo, donde se establece la completa satisfacción del ejecutante, cuando ello no es posible, en atención a que el acuerdo se supone fue realizado entre la ejecutante señora Marlen Paredes Castro y el Ejecutado Doctor Daniel Novoa Álvarez, entendiendo que si la Ejecutante presenta el desistimiento amparada en el Principio de Completa Satisfacción, se estima que se encuentra satisfecho en su derecho y por ello presenta el desistimiento. CONSIDERANDO (20): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en Amparo, al declarar por mayoría de Votos, Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por la Parte Ejecutada y con ello confirma la resolución dictada por el A-quo que desestima los tres motivos de Oposición a la Ejecución, inter alia el pago o cumplimiento de la obligación, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, pues se hacen requerimientos y se invocan preceptos legales sin el análisis de fondo correspondiente con el caso en concreto planteado; ejemplo de ello, la presentación del documento público en donde conste el acuerdo o completa satisfacción del ejecutante, negando con ello la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado; derecho garantizado en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a los Tribunales de Justicia a efecto de plantear peticiones y acciones, en protección a sus derechos fundamentales, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos constitucionales invocados por el recurrente en amparo. CONSIDERANDO (21): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de protección de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (22): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (23): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que por Mayoría de Votos se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por los Abogados Saul Muñoz Orellana y José Manuel Pineda, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 1400, 1403, 1404, 1406 segundo y tercer párrafo del Código Civil y 743.2 del Código Procesal Civil, al realizar de forma aislada la interpretación del artículo 743 del CPC y no en forma armónica y congruente con la pretensión del recurrente en Amparo, inobservando la institución del Deudor Solidario y el Principio de Completa Satisfacción del Ejecutante, exigiéndole al ejecutado que presente el documento público en donde consta el acuerdo, donde se establece la completa satisfacción del ejecutante, cuando ello no es posible, en atención a que el acuerdo se supone fue realizado entre la ejecutante señora Marlen Paredes Castro y el Ejecutado Doctor Daniel Novoa Álvarez, en aplicación de argumentos excesivamente rigurosos; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 13, 743.2) y 763.4) del Condigo Procesal Civil; 1400, 1403, 1404, 1406 segundo y tercer párrafo del Código Civil; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado BENJAMIN YOVANNI LAVAIRE FLORES, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA S.A. DE C.V. (INVASULA), contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintitrés (2023); 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados, observando las disposiciones contenidas en el Código Civil y Código Procesal Civil, respecto a la Institución del Deudor Solidario y el Principio de Completa Satisfacción del Ejecutante, evitando argumentos rigurosos y excesivos que suponen obstáculos de acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0355-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL