Sentencia AP-324-24 — Registro 19358
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación por del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio del orden público. La recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en vulnera el debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, pues la motivación del Ad-Quem no cumple con los requisitos de exhaustividad y suficiencia de las motivaciones, al establecer que la tramitación de la causa antes citada debe realizarse mediante la vía del procedimiento ordinario penal, sin basar su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de lo evacuado en la audiencia de adecuación del procedimiento expedito en flagrancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro; en relación a la causa instruida contra el señor VENANCIO MARTINEZ PINEDA por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, vulnera el debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, pues la motivación del Ad-Quem no cumple con los requisitos de exhaustividad y suficiencia de las motivaciones, al establecer que la tramitación de la causa antes citada debe realizarse mediante la vía del procedimiento ordinario penal, sin basar su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de lo evacuado en la audiencia de adecuación del procedimiento expedito en flagrancia. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es que tal como se plantean los hechos, no cabe dentro de los conceptos de la flagrancia que establece la norma procesal, sino se plantean reglas de excepción para el tratamiento del caso por la vía ordinaria como es la realización de medios de prueba difíciles para la disposición de la audiencia de debate, por lo que se ordena la tramitación de las diligencias mediante la vía del procedimiento ordinario penal. CONSIDERANDO: Que el artículo 440-A del Código Procesal Penal, establece que procede la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia: cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1) Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2) Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3) Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 46 y 296 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 61 del Código Penal; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.” Firmada y sellada WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALSe Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticinco, la certificación de la Resolución de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro. recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0324-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL