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Sentencia AP-318-23 — Registro 19532

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró no ha lugar el recurso de apelación con relación al procedimiento especial de Antejuicio instruido por las acciones como Juez de por suponerlo responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios. La Corte de Apelaciones declaró sin lugar la acción de antejuicio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que en la motivación externada por el Tribunal de Alzada en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación lo siguiente: “En relación a la vulneración del derecho de debido proceso denunciada, el recurrente presenta un agravio vacío de contenido, sin realizar una exposición del porque considera que la norma constitucional enumerada ha sido violada, sin determinar con claridad la infracción provocada por el A-quo; en relación al agravio que según la recurrente causa la resolución del a-quo en su numeral primero y segundo de la motivación fáctica y jurídica, este ad-quem se pronuncia en los siguientes términos: Del estudio de los antecedentes y del fallo recurrido, no se derivan datos o circunstancias en virtud de las cuales se pueda inferir un móvil de naturaleza dolosa en la conducta descrita en el cuadro fáctico expuesto por el Ministerio Público y atribuida al antejuiciado José Luis castellanos Castellanos, desprendiéndose que efectivamente en su condición de Juez del Juzgado de Ejecución dicto resolución en fecha 21 de enero del 2008 (F.173), en la cual describe, que la pena de reclusión impuesta al señor Santos Jesús Orellana Quintero por el delito de Robo, ha llegado a su cumplimiento, por lo que debe considerarse la presente causa extinguida, por ello, en su parte dispositiva resolvió entre otras cosas “…1.-Proceder a otorgarle la correspondiente Carta de Libertad Definitiva, al señor JORGE EMILIO AYALA VELASQUEZ Y SANTOS JESUS ORELLANA QUINTERO, por el delito de ROBO…” “…2.- Una vez establecido el lugar donde guarda reclusión el señor Orellana Quintero, procédase a realizar el correspondiente oficio de excarcelación, de igual forma extiéndasele la correspondiente Carta de Libertad Definitiva al referido condenado, quien vuelve al ejercicio de los derechos ciudadanos. CUMPLASE” Si bien es cierto, la orden de excarcelación no se ejecuta oportunamente, sino pasados 10 días, afectando según el recurrente, el derecho humano de la libertad individual del ciudadano Orellana Quintero y de la Administración Pública, tampoco es menos cierto, que durante ese lapso de tiempo, el antejuiciado José Luis castellanos Castellanos, realizó diligencias para la ubicación inmediata del señor Orellana Quintero, desde el día en que se llegó a su cumplimiento de pena, según constancia de fecha 30 de enero de 2008 (F.174), suscrita por el secretario por ley del Juzgado de Ejecución, haciendo constar, que en el centro penitenciario de la zona no se encontraba presidiario con los datos proporcionados, desconociendo donde estaría recluido, a pesar de las consultas mediante llamadas telefónicas a otros centros penitenciarios de la zona, sin embargo, hasta el 30 de enero 2008 el señor Francisco Cruz, secretario del centro penal, informó de manera oral que el señor Santos Jesús Orellana Quintero se encontraba recluido en Támara al ser miembro de la mara 18; procediéndose inmediatamente a remitir al señor Director de la penitenciaría Nacional de Támara, la orden de inmediata libertad (F.25), adjuntando la Carta de Libertad Definitiva a favor del señor Santos Jesús Orellana Quintero (F.26) ambas recibidas por la señora Transito Andino en su condición de secretaria ejecutiva de fecha 31 de enero de 2008, siendo las 02:50 p.m. Ante lo expuesto no se aprecia indicio racional para subsumir su conducta en un comportamiento intencional o doloso y por tanto en frontal oposición o con ánimo de vulnerar principios jurídicos fundamentales tal y como lo sostiene el ente acusador, menos el de provocar una omisión a su deber como Juez de Ejecución, pues claro esta, las diligencias pertinentes para la ubicación del señor Orellana Quintero, en los centros penitenciarios; a ello abona, la nota de fecha 18 de junio del 2014, dirigida a la abogada Maribel Soriano Ortiz, Secretaria Ejecutiva de la Penitenciaría Nacional de Támara, (F.21), suscrita por el Abogado José Luis Castellanos C., Juez de Ejecución de San Pedro Sula, informando que el día 17 de junio del 2014, se apersono ante la secretaría del Juzgado, el Abogado Rodolfo Rivas, en busca de la causa en contra de Santos Jesús Orellana Quintero, quien aún guardaba reclusión en Támara, a pesar de la gestión de excarcelamiento de fecha 31 de enero de 2008; lo que desencadeno en la nota de fecha 25 de junio de 2014, dirigida al Abogado Rene Díaz, Coordinador regional de la Fiscalía del Ministerio Publico (F.78) con recibido de misma fecha, en la cual, el Abogado José Luis Castellanos C. informa lo atinente a la nota antes descrita de fecha 17 de junio de 2014, para los efectos legales que se estimen pertinentes; ambas notas fueron adjuntadas por el representante del Ministerio Público al escrito de solicitud de antejuicio. Lo anterior refleja la diligencia por parte del señor Juez del Juzgado de Ejecución, al poner en conocimiento una arbitrariedad no atribuible a las responsabilidades que conlleva su cargo, sino a los representantes de los centros penitenciarios al no acatar disposiciones emanadas por los Juzgados de Ejecución, en este caso, la inmediata libertad del señor Santos Jesús Orellana Quintero que debió acaecer desde el 31 de enero de 2008. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal, no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa al antejuiciado, sean de suficiente merito, al no cumplirse los requisitos materiales exigidos en la ley, al considerar la inexistencia de un fundamento razonable en lo alegado por el recurrente, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal. DECISIÓN. NO Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico.” CONSIDERANDO (12): Que como corolario de lo anterior, y bajo el argumento del recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y principio de legalidad, esta Sala de lo Constitucional procede a dar respuesta a los argumentos de la recurrente: en relación a la vulneración del debido proceso, se observa que el recurrente tanto en el escrito de interposición de la garantía de amparo, como en la formalización del mismo, se limita a señalar que se ha quebrantado el derecho de debido proceso, sin desarrollar la vulneración de ese derecho; en ese sentido en el acápite segundo (F. 6 y 37 de la pieza del recurso) de los escritos referidos, la recurrente señala que no comparte el razonamiento externado por la Sala de lo Penal como Órgano de segunda instancia, al manifestar el Ad-quem que “del fallo recurrido no se derivan datos o circunstancias en virtud de los cuales se pueda inferir un móvil de naturaleza dolosa en la conducta descrita en el cuadro factico expuesto por el Ministerio Publico y atribuida al antejuiciado José Luis Castellanos Castellanos”; pues a criterio del recurrente quedo demostrado que el encausado omitió actos propios de las funciones que desempañaba. Tal y como esta Sala de lo Constitucional, ha dejado relacionado en múltiples sentencias, el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración del debido proceso, conclusión a la que se arriba en relación a que el Tribunal de segunda instancia en este caso ha dejado establecido los hechos y circunstancias que le sirven de sustento para declarar sin lugar el Recurso de Apelación.- En relación a la vulneración del principio de Legalidad, arguye la recurrente que el encausado al omitir en su posición de garante, al no velar como encargado del debido cumplimiento de control y ejecución de la pena por el cargo que ostentaba en ese momento, contraviene lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República. Aunado a la vasta explicación del Ad-quem en relación a este último alegato, el artículo 16 numeral 2 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, establece como una de las funciones del Director nacional, la de cumplir las decisiones judiciales en la etapa de ejecución de pena, Así el artículo 381 citado por el recurrente establece la competencia del Juez de Ejecución. En ese sentido, advierte la Sala de lo Constitucional que el Ad-quem a dictado resolución en base al principio de legalidad y ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en el Recurso de Apelación impetrado, por ello, en observancia al debido proceso y principio de legalidad que la recurrente aduce vulnerados, el Ad-quem ha procedido a declarar sin Lugar el Recurso de Apelación y por ende confirma la resolución del A-quo que declara Sin Lugar el procedimiento especial de Antejuicio regulado en el Código Procesal Penal. Este Alto Tribunal, analizada la resolución proferida por la Sala de lo Penal en fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil veintidós (2022), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido en base a la prueba aportada por el Ministerio Publico, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a desestimar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Franklin Ismael López Díaz y confirma la resolución impugnada. CONSIDERANDO (13): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que la resolución dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de segunda instancia, no vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, por lo que el amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, a favor del Estado de Honduras, debe ser denegado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, con relación al procedimiento especial de Antejuicio instruido contra el Abogado JOSÉ LUIS CASTELLANOS CASTELLANOS, por sus acciones como Juez de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al proceso incoado en su contra por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor SANTOS JESÚS ORELLANA QUINTERO. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representados, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado VÍCTOR MUÑOZ, presentando antejuicio contra el Abogado JOSÉ LUIS CASTELLANOS CASTELLANOS, en su condición de Juez de Ejecución de San Pedro Sula, por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y del señor SANTOS JESÚS ORELLANA QUINTERO. (Folios 1-17 del antecedente) 2) La Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…DECLARAR SIN LUGAR la presente acción de ANTEJUICIO interpuesta por la Fiscalía del Ministerio Público contra el abogado JOSE LUIS CASTELLANOS CASTELLANOS, en la condición que ostentó de Juez de Ejecución de esta ciudad, por el delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y SANTOS JESUS ORELLANA QUINTERO.- NOTIFIQUESE…” (Folios 95-103 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANKLIN ISMAEL LÓPEZ DÍAZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el recurso de apelación, interpuesto por el Abogado Franklin Ismael López Diaz, agente fiscal del Ministerio Público; en la solicitud de Antejuicio presentada contra el Abogado José Luis Castellanos Castellanos, por sus actuaciones como Juez del Juzgado de Ejecución de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. SEGUNDO: CONFIRMANDO lo resuelto por la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, como tribunal de primera instancia, en sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, mediante la cual declaró sin lugar la acción de Antejuicio promovido por el Ministerio Público, por actuaciones que realizaran el Abogado José Luis Castellanos Castellanos, como Juez del Juzgado de Ejecución de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por quien solicitaron autorización para presentar acción penal por suponerles responsable como autor de un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, en perjuicio de La Administración Pública y de Santos Jesús Orellana Quintero. TERCERO: Declara No HA LUGAR la solicitud de antejuicio presentada contra el Abogado José Luis Castellanos Castellanos, por sus actuaciones como Juez del Juzgado de Ejecución de la sección judicial de San Pedro Sula. Departamento de Cortes, por un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, en perjuicio de La Administración Pública y de Santos Jesús Orellana Quintero. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrada. Firma y Sello. Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario. Sala de lo Penal.” (Folios 131-141 vuelto del antecedente) 4) Que la recurrente, Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión adoptada por la Corte Suprema, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha siete de diciembre de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia dictada por unanimidad de votos en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, como órgano de segunda instancia en el ANTEJUICIO promovido por la FISCALIA ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, contra el Abogado JOSE LUIS CASTELLANOS CASTELLANOS, cuando fungía como Juez de Ejecución de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, resolución por la cual la Sala de lo Penal, RESUELVE: “PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado Franklin Ismael López Díaz, agente fiscal del Ministerio Publico; en la solicitud de Antejuicio presentada contra el Abogado José Luis Castellanos Castellanos, por sus actuaciones como Juez del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. SEGUNDO: CONFIRMANDO lo resuelto por la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, como tribunal de primera instancia, en sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciséis, mediante la cual declaró sin lugar la acción de Antejuicio promovido por el Ministerio Público, por actuaciones que realizara el Abogado José Luis Castellanos Castellanos, como Juez del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por quien solicitaron autorización para presentar acción penal por suponerles responsable como autor de un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, en perjuicio de La Administración Pública y de Santos Jesús Orellana Quintero. TERCERO: Declara NO HA LUGAR la solicitud de antejuicio presentada contra el Abogado José Luis Castellanos Castellanos, por sus actuaciones como Juez del Juzgado de Ejecución de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, en perjuicio de La Administración Pública y de Santos Jesús Orellana Quintero…” CONSIDERANDO (3): Que la recurrente Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREZ, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representado las garantías constitucionales de derecho al debido proceso y principio de Legalidad contenidas en los artículos 90 párrafos primero y 321 de la Constitución de la República; arguye la impetrante que la solicitud de Antejuicio presentada por el Ministerio Público se sustenta en las actuaciones realizadas por JOSE LUIS CASTELLANOS CASTELLANOS, en el ejercicio de su función jurisdiccional como Juez de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al retardar y ejecutar un acto propio de los deberes de su cargo, al no ordenar la liberación del señor Santos Jesús Orellana Quintero, quien fue condenado a una pena de ocho (8) años con nueve (9) meses de reclusión, pena que cumplía en fecha 21 de enero del 2008, según el cómputo realizado; provocando que dicho ciudadano estuviese detenido ilegalmente por el termino de 10 días, por no enviar la orden de libertad inmediata del condenado, hasta el 31 de enero del 2008. Arguye que no fue puesto en libertad esta fecha, estando recluido de manera ilegal hasta el 20 de junio del 2014, siendo al Juez de Ejecución que le corresponde la vigilancia y control de las penas. Continua argumentando que la Sala de lo Penal, en segunda instancia ha basado su decisión en que “no se derivan datos o circunstancias en virtud de las cuales se pueda inferir un móvil de naturaleza dolosa en la conducta atribuida al antejuiciado JOSE LUIS CASTELLANOS CASTELLANOS, desprendiéndose que efectivamente en su condición de Juez de Ejecución dictó resolución en fecha 21 de enero del 2008, en la cual describe que la pena de reclusión impuesta al señor Santos Jesús Orellana Quintero, por el delito de Robo, ha llegado a su cumplimiento.” Razonamiento que no comparte el Ministerio Publico, pues de las pruebas de cargo aportadas por el ente acusador, se acredita que las conductas omisivas por parte del encausado constituye un hecho relevante en materia penal, enmarcadas en el delito de Abuso de Autoridad regulado en el artículo 499 numeral 2 del Código Penal, pues quedo demostrado que el encausado omitió actos propios de las funciones que desempeñaba, al extender carta de libertad por el cumplimiento de una condena 10 días después de la fecha de su finalización y por omitir la observancia de la ley al no asegurarse que dicha orden de encarcelación se ejecutara, sino fue hasta mas de 5 años que decretaron dicha libertad, en consecuencia permitió la detención ilegal del señor Santos Jesús Orellana Quintero, en inobservancia del artículo 381 del Código Procesal Penal; vulnerando con ello el principio de legalidad, omitiendo el encausado en su posición de garante, velar por el cumplimiento de control y ejecución de las penas privativas de la libertad y en este caso la libertad del señor Santos Jesús Orellana Quintero, por el cargo que ostentaba en ese momento, es claro que tenía conocimiento que al actuar no conforme a la ley, era una infracción a la misma, contraviniendo lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Sala de lo Penal como órgano de segunda instancia, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas se deduce que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con el argumento de la Sala de lo Penal, razonamiento que no comparte el recurrente, pues argumenta que de la prueba de cargo aportada por el ente acusador, se acreditó que las conductas omisivas por parte del encausad constituyen un delito, enmarcado en el artículo 499.2 del Código Penal. CONSIDERANDO (5): Que como colorido de lo anterior se puede apreciar que la Solicitud de Antejuicio contra el señor José Luis Castellanos Castellanos, en ese entonces fungía como Juez del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, fue presentada por el Ministerio Publico ante la Corte de Apelaciones Penal de la San Pedro Sula, departamento de Cortes, quien conociendo en primera instancia del asunto, dictó sentencia de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciséis (2016), declarando SIN LUGAR el Antejuicio presentado por el Ministerio Publico; resolución que fue recurrida mediante el recurso de Apelación en fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciséis y del cual conoció la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal como órgano de segunda instancia, en cumplimiento al principio de legalidad contenido en el artículo 313.3 de la Constitución de la República, mediante sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), por unanimidad de votos, resuelve declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado Franklin Ismael López Díaz, agente fiscal del Ministerio Público y CONFIRMA lo resuelto por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, como Tribunal de primera instancia,, en sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis, mediante la cual declaró sin lugar la acción de Antejuicio promovido por el Ministerio Publico, por actuaciones que realizara el Abogado José Luis Castellanos Castellanos, como Juez de Ejecución de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes. CONSIDERANDO (6): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos la amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho de debido proceso y legalidad, consagrado en los artículos 90 y 321 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el derecho al debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República que señala por su orden: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”. CONSIDERANDO (8): Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir, para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la Constitución y la ley le permite y todo lo que no está autorizado les está vedado. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia material y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (10): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. CONSIDERANDO (11): Que en la motivación externada por el Tribunal de Alzada en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación lo siguiente: “En relación a la vulneración del derecho de debido proceso denunciada, el recurrente presenta un agravio vacío de contenido, sin realizar una exposición del porque considera que la norma constitucional enumerada ha sido violada, sin determinar con claridad la infracción provocada por el A-quo; en relación al agravio que según la recurrente causa la resolución del a-quo en su numeral primero y segundo de la motivación fáctica y jurídica, este ad-quem se pronuncia en los siguientes términos: Del estudio de los antecedentes y del fallo recurrido, no se derivan datos o circunstancias en virtud de las cuales se pueda inferir un móvil de naturaleza dolosa en la conducta descrita en el cuadro fáctico expuesto por el Ministerio Público y atribuida al antejuiciado José Luis castellanos Castellanos, desprendiéndose que efectivamente en su condición de Juez del Juzgado de Ejecución dicto resolución en fecha 21 de enero del 2008 (F.173), en la cual describe, que la pena de reclusión impuesta al señor Santos Jesús Orellana Quintero por el delito de Robo, ha llegado a su cumplimiento, por lo que debe considerarse la presente causa extinguida, por ello, en su parte dispositiva resolvió entre otras cosas “…1.-Proceder a otorgarle la correspondiente Carta de Libertad Definitiva, al señor JORGE EMILIO AYALA VELASQUEZ Y SANTOS JESUS ORELLANA QUINTERO, por el delito de ROBO…” “…2.- Una vez establecido el lugar donde guarda reclusión el señor Orellana Quintero, procédase a realizar el correspondiente oficio de excarcelación, de igual forma extiéndasele la correspondiente Carta de Libertad Definitiva al referido condenado, quien vuelve al ejercicio de los derechos ciudadanos. CUMPLASE” Si bien es cierto, la orden de excarcelación no se ejecuta oportunamente, sino pasados 10 días, afectando según el recurrente, el derecho humano de la libertad individual del ciudadano Orellana Quintero y de la Administración Pública, tampoco es menos cierto, que durante ese lapso de tiempo, el antejuiciado José Luis castellanos Castellanos, realizó diligencias para la ubicación inmediata del señor Orellana Quintero, desde el día en que se llegó a su cumplimiento de pena, según constancia de fecha 30 de enero de 2008 (F.174), suscrita por el secretario por ley del Juzgado de Ejecución, haciendo constar, que en el centro penitenciario de la zona no se encontraba presidiario con los datos proporcionados, desconociendo donde estaría recluido, a pesar de las consultas mediante llamadas telefónicas a otros centros penitenciarios de la zona, sin embargo, hasta el 30 de enero 2008 el señor Francisco Cruz, secretario del centro penal, informó de manera oral que el señor Santos Jesús Orellana Quintero se encontraba recluido en Támara al ser miembro de la mara 18; procediéndose inmediatamente a remitir al señor Director de la penitenciaría Nacional de Támara, la orden de inmediata libertad (F.25), adjuntando la Carta de Libertad Definitiva a favor del señor Santos Jesús Orellana Quintero (F.26) ambas recibidas por la señora Transito Andino en su condición de secretaria ejecutiva de fecha 31 de enero de 2008, siendo las 02:50 p.m. Ante lo expuesto no se aprecia indicio racional para subsumir su conducta en un comportamiento intencional o doloso y por tanto en frontal oposición o con ánimo de vulnerar principios jurídicos fundamentales tal y como lo sostiene el ente acusador, menos el de provocar una omisión a su deber como Juez de Ejecución, pues claro esta, las diligencias pertinentes para la ubicación del señor Orellana Quintero, en los centros penitenciarios; a ello abona, la nota de fecha 18 de junio del 2014, dirigida a la abogada Maribel Soriano Ortiz, Secretaria Ejecutiva de la Penitenciaría Nacional de Támara, (F.21), suscrita por el Abogado José Luis Castellanos C., Juez de Ejecución de San Pedro Sula, informando que el día 17 de junio del 2014, se apersono ante la secretaría del Juzgado, el Abogado Rodolfo Rivas, en busca de la causa en contra de Santos Jesús Orellana Quintero, quien aún guardaba reclusión en Támara, a pesar de la gestión de excarcelamiento de fecha 31 de enero de 2008; lo que desencadeno en la nota de fecha 25 de junio de 2014, dirigida al Abogado Rene Díaz, Coordinador regional de la Fiscalía del Ministerio Publico (F.78) con recibido de misma fecha, en la cual, el Abogado José Luis Castellanos C. informa lo atinente a la nota antes descrita de fecha 17 de junio de 2014, para los efectos legales que se estimen pertinentes; ambas notas fueron adjuntadas por el representante del Ministerio Público al escrito de solicitud de antejuicio. Lo anterior refleja la diligencia por parte del señor Juez del Juzgado de Ejecución, al poner en conocimiento una arbitrariedad no atribuible a las responsabilidades que conlleva su cargo, sino a los representantes de los centros penitenciarios al no acatar disposiciones emanadas por los Juzgados de Ejecución, en este caso, la inmediata libertad del señor Santos Jesús Orellana Quintero que debió acaecer desde el 31 de enero de 2008. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal, no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa al antejuiciado, sean de suficiente merito, al no cumplirse los requisitos materiales exigidos en la ley, al considerar la inexistencia de un fundamento razonable en lo alegado por el recurrente, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal. DECISIÓN. NO Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico.” CONSIDERANDO (12): Que como corolario de lo anterior, y bajo el argumento del recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y principio de legalidad, esta Sala de lo Constitucional procede a dar respuesta a los argumentos de la recurrente: en relación a la vulneración del debido proceso, se observa que el recurrente tanto en el escrito de interposición de la garantía de amparo, como en la formalización del mismo, se limita a señalar que se ha quebrantado el derecho de debido proceso, sin desarrollar la vulneración de ese derecho; en ese sentido en el acápite segundo (F. 6 y 37 de la pieza del recurso) de los escritos referidos, la recurrente señala que no comparte el razonamiento externado por la Sala de lo Penal como Órgano de segunda instancia, al manifestar el Ad-quem que “del fallo recurrido no se derivan datos o circunstancias en virtud de los cuales se pueda inferir un móvil de naturaleza dolosa en la conducta descrita en el cuadro factico expuesto por el Ministerio Publico y atribuida al antejuiciado José Luis Castellanos Castellanos”; pues a criterio del recurrente quedo demostrado que el encausado omitió actos propios de las funciones que desempañaba. Tal y como esta Sala de lo Constitucional, ha dejado relacionado en múltiples sentencias, el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración del debido proceso, conclusión a la que se arriba en relación a que el Tribunal de segunda instancia en este caso ha dejado establecido los hechos y circunstancias que le sirven de sustento para declarar sin lugar el Recurso de Apelación.- En relación a la vulneración del principio de Legalidad, arguye la recurrente que el encausado al omitir en su posición de garante, al no velar como encargado del debido cumplimiento de control y ejecución de la pena por el cargo que ostentaba en ese momento, contraviene lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República. Aunado a la vasta explicación del Ad-quem en relación a este último alegato, el artículo 16 numeral 2 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, establece como una de las funciones del Director nacional, la de cumplir las decisiones judiciales en la etapa de ejecución de pena, Así el artículo 381 citado por el recurrente establece la competencia del Juez de Ejecución. En ese sentido, advierte la Sala de lo Constitucional que el Ad-quem a dictado resolución en base al principio de legalidad y ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en el Recurso de Apelación impetrado, por ello, en observancia al debido proceso y principio de legalidad que la recurrente aduce vulnerados, el Ad-quem ha procedido a declarar sin Lugar el Recurso de Apelación y por ende confirma la resolución del A-quo que declara Sin Lugar el procedimiento especial de Antejuicio regulado en el Código Procesal Penal. Este Alto Tribunal, analizada la resolución proferida por la Sala de lo Penal en fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil veintidós (2022), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido en base a la prueba aportada por el Ministerio Publico, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a desestimar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Franklin Ismael López Díaz y confirma la resolución impugnada. CONSIDERANDO (13): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que la resolución dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de segunda instancia, no vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, por lo que el amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, a favor del Estado de Honduras, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 Nº 5)de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8.1 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), que resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la Representante del Ministerio Publico, consecuencia de ello, confirma la sentencia dictado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que resuelve DECLARAR SIN LUGAR la acción de ANTEJUICIO promovida por el Ministerio Publico contra el abogado JOSE LUIS CARTELLANOS CASTELLANOS. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso exponiendo que no comparte los argumentos esgrimidos por la Sala Constitucional, en tanto que de la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público, se acreditó que las conductas omisivas por parte del encausado constituye un hecho relevante en materia penal, los cuales se enmarcan en el delito de Abuso de Autoridad regulado en el artículo 499 numeral 2 del Código Penal, quedando demostrado que el encausado omitió actos propios de las funciones que desempeñaba, al extender una carta de libertad por el cumplimiento de una condena diez días después de la fecha de su finalización y por omitir la observancia de la ley al no asegurarse de que dicha orden de excarcelación se ejecutara, sino que fue hasta más de cinco años que decretaran su libertad, en consecuencia permitió la detención ilegal del señor SANTOS JESUS ORELLANA QUINTERO, en abierta inobservancia al artículo 381 del Código Procesal Penal. Advierte la Sala de lo Constitucional los mismos argumentos que los señalados en su escrito de interposición de la acción constitucional de Amparo de mérito. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho. CONSIDERANDO (5): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha catorce de junio del año dos mil veinticuatro, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; la recurrente arguye únicamente que no comparte los argumentos esgrimidos por la Sala de lo Constitucional, bajo los mismos argumentos realizados en el escrito de interposición y formalización del recurso de Amparo. Limitándose a agregar que el fallo hoy recurrido, al denegar el recurso de amparo inobserva los derechos constitucionales expuestos en el mismo. Lo cierto es, que este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en el considerando 12 señalado por la recurrente, los motivos y los fundamentos legales que sirven de sustento a la Sentencia que ahora se recurre. Reitera esta Sala de lo Constitucional que la resolución de la Sala de lo Penal como órgano de segunda instancia, no es violatoria del debido proceso y principio de legalidad, pues para denegar el Recurso de Apelación, el Ad-quem realizó un análisis detallado de la prueba incorporada al proceso, de la cual obtuvo la convicción de la resolución adoptada, observando con ello el debido proceso y el principio de legalidad contemplados en el artículo 90 y 321 constitucional. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por la recurrente en Amparo, no advirtiéndose ultraje a los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (6): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintidós (2022), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en favor del ESTADO DE HONDURAS, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha catorce de junio y reposición de fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-318-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL