Sentencia AP-298-24 — Registro 18857
Resumen
La Corte de Apelaciones otorgó acción de amparo a favor de recurrente, ordenó suspender el desalojo preventivo decretado por Juez de instancia que declaró sin lugar recurso de reposición en relación a la oposición al desalojo solicitada por la Defensa; Se argumentó que no se acreditó la propiedad y posesión de la tierra por parte de la EACI y para justificar su pretensión es la vía de lo civil, no así el proceso referente al delito de usurpación que se les imputa a los encausados; Dicha Corte concluyó que el Juzgado brindó una somera explicación para declarar sin lugar el recurso de reposición sin dar respuesta a todos los puntos relacionados en el mencionado recurso, se concluye que falta la motivación, parte fundamental del debido proceso y el principio de Tutela Judicial efectiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del debido proceso. La Sala Constitucional advierte que la resolución impugnada es carente de motivación y fundamentación jurídica, pues no basta el mero señalamiento de las normas legales, la resolución del órgano jurisdiccional debe reflejar un análisis que dé respuesta a las pretensiones de las partes. La resolución impugnada no muestra ese análisis, mucho menos muestra cual es el fundamento legal en que fundamenta su resolución, no muestra cual es la norma aplicable a ese hecho en concreto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras devenía en la obligación de motivar debidamente las razones por las cuales declara sin lugar lo peticionado y fundamentar jurídicamente, todo ello en base al debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso..."..."en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 317 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del debido proceso. La Sala Constitucional advierte que la resolución impugnada es carente de motivación y fundamentación jurídica, pues no basta el mero señalamiento de las normas legales, la resolución del órgano jurisdiccional debe reflejar un análisis que dé respuesta a las pretensiones de las partes. La resolución impugnada no muestra ese análisis, mucho menos muestra cual es el fundamento legal en que fundamenta su resolución, no muestra cual es la norma aplicable a ese hecho en concreto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras devenía en la obligación de motivar debidamente las razones por las cuales declara sin lugar lo peticionado y fundamentar jurídicamente, todo ello en base al debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso..."..."en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 317 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del debido proceso. La Sala Constitucional advierte que la resolución impugnada es carente de motivación y fundamentación jurídica, pues no basta el mero señalamiento de las normas legales, la resolución del órgano jurisdiccional debe reflejar un análisis que dé respuesta a las pretensiones de las partes. La resolución impugnada no muestra ese análisis, mucho menos muestra cual es el fundamento legal en que fundamenta su resolución, no muestra cual es la norma aplicable a ese hecho en concreto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras devenía en la obligación de motivar debidamente las razones por las cuales declara sin lugar lo peticionado y fundamentar jurídicamente, todo ello en base al debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso..."..."en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 317 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del debido proceso. La Sala Constitucional advierte que la resolución impugnada es carente de motivación y fundamentación jurídica, pues no basta el mero señalamiento de las normas legales, la resolución del órgano jurisdiccional debe reflejar un análisis que dé respuesta a las pretensiones de las partes. La resolución impugnada no muestra ese análisis, mucho menos muestra cual es el fundamento legal en que fundamenta su resolución, no muestra cual es la norma aplicable a ese hecho en concreto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras devenía en la obligación de motivar debidamente las razones por las cuales declara sin lugar lo peticionado y fundamentar jurídicamente, todo ello en base al debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso..."..."en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 317 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del debido proceso. La Sala Constitucional advierte que la resolución impugnada es carente de motivación y fundamentación jurídica, pues no basta el mero señalamiento de las normas legales, la resolución del órgano jurisdiccional debe reflejar un análisis que dé respuesta a las pretensiones de las partes. La resolución impugnada no muestra ese análisis, mucho menos muestra cual es el fundamento legal en que fundamenta su resolución, no muestra cual es la norma aplicable a ese hecho en concreto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras devenía en la obligación de motivar debidamente las razones por las cuales declara sin lugar lo peticionado y fundamentar jurídicamente, todo ello en base al debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso..."..."en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 317 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que OTORGÓ el recurso de amparo promovido por el Abogado VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN a favor de los señores ADÁN SÁNCHEZ AGUILERA y JOSÉ CARMEN SANTOS ORTEGA, contra la resolución de fecha veinte de noviembre del dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)En fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, el Abogado VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores ADÁN SÁNCHEZ AGUILERA y JOSÉ CARMEN SANTOS ORTEGA, contra la resolución de fecha veinte de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, tal como ha sido relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-6 del antecedente)2)La referida Corte, en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, dictó sentencia mediante la cual falló: “…ÚNICO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, a favor de los señores ADAN SÁNCHEZ AGUILERA y JOSÉ CARMEN SANTOS ORTEGA; ORDENANDO suspender el desalojo preventivo decretado por el Juez de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en la causa que se les instruye por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN AGRAVADA, en perjuicio de la empresa AGRÍCOLA SANTA INÉS S. A. (ASISA) Y MANDA ÚNICO: Que, junto con la certificación de este fallo, se remitan para la respectiva consulta, los antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; debiendo hacerse del conocimiento del Juez y del Amparista; procediéndose a devolver el Testimonio a la autoridad recurrida. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.” (Folios 202-210 del antecedente)3)Que en fecha trece de marzo de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, interpuesta por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, en su condición de Apoderado legal y defensor de los señores ADAN SANCHEZ AGUILERA y JOSE CARMEN SANTOS ORTEGA, contra las actuaciones realizadas por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en fecha veinte de noviembre del año dos mil veintitrés, que declaró sin lugar la oposición a la medida de desalojo, solicitada por el abogado de la Defensa, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra de los señores ADAN SANCHEZ AGUILERA, JOSE CARME SANTOS ORTEGA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN AGRAVADA en perjuicio de la Empresa AGRICOLA SANTA INEZ S. A. (ASISA).CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en fecha veinte de noviembre del año dos mil veintitrés, que declaró sin lugar la oposición al desalojo, solicitada por el abogado de la Defensa, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra de los señores ADAN SANCHEZ AGUILERA, JOSE CARMEN SANTOS ORTEGA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN AGRAVADA en perjuicio de la Empresa AGRICOLA SANTA INES S. A. (ASISA), argumentando dicho Tribunal, (SIC) “Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN, interpuesto, en virtud: Que en dicha judicatura no se acredito la propiedad y posesión de la tierra por parte de la EACI, ya que la única vía judicial para poder justificar su pretensión es la vía de lo civil, no así el proceso en el cual se conoció la existencia de participación del delito de USURPACION que se les imputa a los encausados en este proceso.”.CONSIDERANDO (3): Argumenta el pedidor que el Juzgado ha violentado derechos constitucionales como el debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República, al infringir los artículos 139 y 141 del Código Procesal Penal, pues la resolución que se recurre es contraria a lo que establecen las normas citadas sobre la motivación de las resoluciones, al carecer la resolución de motivación y fundamentación jurídica que respalde lo decidido en la resolución cuestionada. Arguye que en la presente causa se ha incorporado prueba que no fue valorada por el juzgado recurrido. Argumenta vulneración al debido proceso, pues el Juzgado recurrido sigue conociendo del proceso y ordena la realización del desalojo aún y cuando se han interpuesto recursos de apelación en contra de la resolución de audiencia inicial, en la cual se ha dictado sobreseimiento provisional a sus representados y siendo que uno de los motivos de apelación deviene sobre la titularidad de la tierra, el juzgado no puede seguir conociendo del asunto en base al artículo 354 ultimo párrafo del Código Procesal Penal, este artículo suspende la competencia del Juez para que siga conociendo la Corte de Apelaciones, sin embargo se pretende seguir conociendo sobre el asunto. Por último, argumenta que se ha vulnerado el derecho a la propiedad, al inobservar el reclamo que sus representados tienen sobre la tierra, pues la EACI tiene procesos civiles abiertos, al existir un remanente que ASISA a usurpado. Por ello y en base al artículo 224-A del Código Procesal Penal reformado mediante Decreto 93-2021 y siendo que la EACI cuenta con la posesión y derecho de propiedad sobre la tierra que se pretende desalojar, se planteo oportunamente oposición al desalojo preventivo ordenado arbitrariamente. CONSIDERANDO (4): Que el acto que se conoce en consulta es la Resolución de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro, proferida por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, mediante la cual Falla: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, a favor de los señora ADAN SANCHEZ AGUILERA y JOSE CARMEN SANTOS ORTEGA, ORDENANDO suspender el desalojo preventivo decretado por el Juez de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en la causa que se les instruye por suponerlos responsables del delito de USURPACION AGRAVADA, en perjuicio de la empresa AGRICOLA SANTA INES S. A. (ASISA). Argumenta el Ad-quem (SIC) “28. Como se puede notar, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción brindo una somera explicación sobre las razones por las cuales declaro sin lugar el recurso de reposición, argumentando que, en dicha judicatura no se había acreditado la propiedad y posesión de la tierra por parte de la EACI, ya que la única vía judicial para poder justificar su pretensión es la vía de lo civil; sin pronunciarse o dar respuesta a todos los puntos relacionados en el mencionado recurso. Este aspecto resulta importante destacarlo, habida cuenta de que, como se ha indicado, la motivación es parte fundamental del Debido Proceso y el principio de Tutea Judicial Efectiva. Ello es así, porque una adecuada motivación impide las decisiones arbitrarias de los órganos jurisdiccionales y permite que las partes procesales tengan claras las razones por las que se toma una decisión. 29. En ese sentido, el artículo 139 del Código Procesal Penal, impone la obligación de motivar las resoluciones de forma suficiente, es decir, no cualquier motivación, sino una fundada en razón; y, por su parte, el artículo 141 del Código Procesal Penal, en su tercer párrafo, señala con precisión que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución, lo que implica que la motivación debe realizarse atendiendo parámetros legales. 30. En el caso que nos ocupa tal exigencia fue obviada por el Juzgado, ya que al analizar la resolución emitida se ha podido constatar que dicho Juzgado no observo las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por la defensa de los procesados, en las que expone las razones por las cuales el Juzgado debe reponer la resolución en la que ordena el desalojo y no identifica los fundamentos de hecho y de derecho que asisten en su resolución, más que la invocación de los artículos 139, 352 y 353, que hacen alusión a los tipos de resoluciones que se emiten y a las resoluciones contra las que procede el recurso de reposición; sin hacer referencia alguna a la normativa relacionada por el recurrente que contiene los requisitos legales para ordenar el desalojo preventivo en relación a un posible delito de Usurpación y de la suspensión de dicho desalojo cuando el ocupante acredite plenamente el derecho de posesión sobre el bien usurpado, conforme a lo dispuesto en el artículo 224-A del Código Procesal Penal, en relación a lo cual, indicó haber presentado documentación atinente a que la EACI contaba con la posesión y el derecho de propiedad sobre la tierra que se pretende desalojar, sobre la cual el Juez no emitió pronunciamiento alguno. 31. De hecho, el Juzgado se limitó a indicar que no se había acreditado la propiedad por parte de la EACI, ya que la única vía judicial para poder justificar su pretensión es la vía de lo civil; resolución que es contradictoria puesto que, si bien es cierto, que la figura de Desalojo Preventivo, comprendida en el artículo 224-A del Código Procesal Penal, contenida en el Decreto 130-221, está íntimamente relacionado con el delito de Usurpación y la acreditación de la posesión o el derecho de propiedad u otro derecho real sobre el inmueble. 40. Sobre lo anterior, lleva razón el Amparista, puesto que el artículo 354 del código Procesal penal dispone que “la interposición del recurso no suspenderá la continuación del procedimiento, salvo en los casos en que por su propia naturaleza no pueda o no deba proseguirse.” Es decir, que la regla general es que el proceso continúe su marcha, siendo la excepción la suspensión del procedimiento únicamente en aquellos casos en que, por su propia naturaleza, no pueda o no deba proseguirse. 41. Y, efectivamente, cuando se ha decretado un Sobreseimiento Provisional a favor de los imputados por un delito de Usurpación y la Defensa a interpuesto un recurso de apelación que verse sobre el hecho de que no está plenamente acreditado el derecho a la propiedad, por tener los procesados documentos que también acreditan el derecho, por lo que hay un litigio pendiente de resolver por la vía civil, encontrándose además, pendientes de resolver otros recursos de apelación, que versan en el mismo sentido; no se puede proseguir con el curso de un desalojo porque este está íntimamente relacionado al delito de Usurpación y al derecho de propiedad que hay que acreditar para proseguir con el desalojo ordenado, cuyo fondo del asunto podría verse afectado con la resolución emitida en el recurso de apelación. 42. Por lo que, pretender seguir con el desalojo ordenado, bajo estas circunstancias, también vulnera el Debido Proceso, al no cumplirse con el mandato del artículo 354 del código Procesal Penal que ordena la no prosecución del proceso cuando penden recursos de apelación y, por su propia naturaleza no pueda proseguirse; encontrándose suspendida por ende, la competencia del Juez para seguir tramitando el desalojo ordenado, puesto que debe suspender el procedimiento en la tramitación de todas aquellas diligencias procesales que pueden verse afectadas como consecuencia de la resolución de los recursos de apelación, cuya resolución sobre el fondo del asunto compete a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, por ser el superior jerárquico del Juzgado que emitió la resolución recurrida. Lo anterior, sin menoscabo de tramitar otras diligencias contra otros imputados no habidos o que sean susceptibles de afectar derechos relacionados con el fondo del asunto cometido a recurso de apelación. ….”CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.CONSIDERANDO (6): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho al debido proceso, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (7): En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.CONSIDERANDO (8): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del debido proceso. La Sala Constitucional advierte que la resolución impugnada es carente de motivación y fundamentación jurídica, pues no basta el mero señalamiento de las normas legales, la resolución del órgano jurisdiccional debe reflejar un análisis que dé respuesta a las pretensiones de las partes. La resolución impugnada no muestra ese análisis, mucho menos muestra cual es el fundamento legal en que fundamenta su resolución, no muestra cual es la norma aplicable a ese hecho en concreto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras devenía en la obligación de motivar debidamente las razones por las cuales declara sin lugar lo peticionado y fundamentar jurídicamente, todo ello en base al debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso.CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141 y 317 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.-NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0298-2024
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL