Sentencia AP-294-24 — Registro 19686
Resumen
Alegatos de mera legalidad como causas de inadmisibilidad con relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable de la comisión del delito de Secuestro Agravado, estima la Sala Constitucional , que resolución impugnada contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que se exponen.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veinticuatro, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, ahora denominado JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra CHELSY BORDAS CAMPO, por suponerlo responsable de la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de JEIREL DAVID ARROLLO AGÜERO, NAIKE DAVID FAJARDO VILLALTA y EXEQUIEL ESTEBAN ARAYA OBANDO.CONSIDERANDO: Que la impetrante refiere que presenta la acción de mérito por estimar que el acto reclamado no es conforme a derecho, generando indefensión a los intereses de la sociedad, quebrantándose también el debido proceso y dejando impune la comisión del injusto penal cometido por el encausado, por estimar acredito la existencia del delito como el indicio racional de participación del acusado, por lo que a su criterio el pronunciamiento que denuncia, carente de motivación al no ceñirse en la ley por estimar que la Alzada realizó una interpretación personal, contraviniendo la ley al no valorar la prueba de cargo aportada en el verdadero sentido de la norma. CONSIDERANDO: Que la recurrente indica en su escrito de interposición que con el acto reclamado se han vulnerado entre otros los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 304 y 321 entre otros de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que los motivos en que la recurrente basa su recurso de amparo versan en alegatos propios de instancia como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, los que son susceptibles de la Garantía de Amparo cuando esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.CONSIDERANDO: Que aun cuando la recurrente ha señalado el quebrantamiento de derechos constitucionales específicos, esta Sala aprecia después del análisis de los argumentos expuestos, que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, advirtiendo que para emitir el fallo respectivo, el órgano jurisdiccional recurrido, resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por la Alzada contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veinticuatro; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación de la Resolución de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0294-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL