Sentencia AP-274-24 — Registro 18340
Resumen
En consulta la sentencia que concede acción de amparo, con relación a una solicitud de carácter urgente de una medida neutralizadora de los efectos del delito de usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que, del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha uno de marzo del año dos mil veinticuatro, resolviendo la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que; tal como fundamenta el fallo bajo revisión, la resolución judicial recurrida en amparo vulnera las garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente; procediendo la estimatoria de la garantía constitucional solicitada cuando las acciones u omisiones de sujetos de derecho público resulten claramente insuficientes o tardías para garantizar los derechos y libertades fundamentales, tal y como se desprende del presente caso. Resultando adecuado a parámetros constitucionales, confirmar la estimatoria del recurso de amparo venido en consulta, según ordena el cese inmediato de la medida neutralizadora decretada y sus efectos, en garantía al derecho de defensa y el debido proceso del agraviado..." …" Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada. En razón a ello, resulta lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria, ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha uno de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, que dio HA LUGAR la acción de Amparo, promovido por el Abogado FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA, en su condición de Apoderado Procesal de JOSE ARMANDO PINTO BOBADILLA, contra la resolución de fecha 04 de enero del dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras de Lepaera, Lempira, con relación a una solicitud de carácter urgente de una medida neutralizadora de los efectos del delito de USURPACION, presentada ante la Fiscalía por el señor RENAN AUGUSTO MOYA PINTO en contra del señor JOSE ARMANDO PINTO BOBADILLA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha ocho de diciembre de dos mil veintitrés, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Lepaera, Departamento de Lempira, la Abogada GRACIA MARIA ARDON VILLANUEVA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando Previo a concluir con las investigaciones por la denuncia Número 276-2023 interpuesta por el Abogado José Manuel Calix, representante legal de RENAN AUGUSTO MOYA PINTO, el delito de USURPACION en contra del señor JOSE ARMANDO PINTO BOBADILLA, solicitan Medida Neutralizadora del delito de usurpación, correspondiente al desalojo por el bien inmueble, se realice inspección judicial. (Folios 01-02 de los antecedentes)2)En fecha quince (15) de enero de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional del Municipio de Santa Rosa, Departamento de Copan, el Abogado FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE ARMANDO PINTO BOBADILLA, interponiendo Recurso de Amparo, contra la resolución de fecha 04 de enero del año dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempiras, argumentando que dicha resolución lesiona los preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 82, 103, 106 y 178 de la Constitución de la República, que establecen y garantizan el derecho de defensa y el derecho de propiedad. (Folios 1-2 del antecedente)3)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha uno de marzo de dos mil veinticuatro, dictó sentencia mediante la resolvió: “…HABER LUGAR a la acción de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA, en su condición de Apoderado Procesal de JOSE ARMANDO PINTO BOBADILLA, contra la Resolución de fecha cuatro (04) de enero (2024) dictada por el Juzgado de Letras de Lepaera Lempira. SEGUNDO: Se ordena que de inmediato cese la medida neutralizadora decretada y sus efectos. TERCERO: Que el asunto objeto de controversia proceda a resolverse en el ámbito de la jurisdicción civil, para lo cual las partes podrán hacer uso de las acciones legales que estimen pertinente. CUARTO: Que se remita en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional la presente resolución…” (Folios 15-19 de los antecedentes)4)Que en fecha siete de marzo de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme a la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a la persona agraviada en el goce de los derechos o garantías de la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.CONSIDERANDO (2): Que, la Acción de Amparo Penal venida en consulta, fue conocida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, según promovida por el Abogado FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA, en su condición de Apoderado Procesal del señor JOSE ARMANDO PINTO BOBADILLA, contra actuaciones realizadas por el Juzgado de Letras Seccional de Lepaera, Departamento de Lempira, desde el ocho de diciembre de dos mil veintitrés; y, particularmente, contra la resolución de audiencia de sustanciación que fuera dictada el cuatro de enero del año dos mil veinticuatro; mediante la cual se dio ha lugar a la solicitud de autorización, presentada con carácter urgente, por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, en conjunto al apoderado legal del señor RENAN AUGUSTO MOYA PINTO; referida a desplegar una medida neutralizadora de los efectos del delito de USURPACION. Procediendo, en consecuencia, la judicatura de instancia, a emitir la orden de desalojo preventivo inmediato en contra del agraviado, señor JOSE ARMANDO PINTO BOBADILLA, entre otros efectos.CONSIDERANDO (3): Que el recurrente, Abogado FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA, ha expuesto en la Acción de Amparo presentada a favor del señor JOSE ARMANDO PINTO BOBADILLA, que la susodicha resolución, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Lepaera, Departamento de Lempira, impidió se acreditara la propiedad y posesión de la tierra por parte del imputado, al no estar presente en el supuesto peritaje ordenado y; por lo tanto, no poder presentar como documentación la escritura pública, en defensa de sus derechos, resultando en el ilegítimo desalojo de su propiedad. Señala el abogado garantista, que la única vía judicial para poder justificar la pretensión de la parte actora es la vía de lo civil, no así en vía penal por el delito de USURPACION, que injustamente se le imputa a su representado; en virtud de disponer éste de escrituras públicas, registradas en el Instituto de la Propiedad (IP), con lo cual se acredita la inexistencia del delito imputado, y que; por lo consiguiente, no era la vía penal la conducente para resolver dicho conflicto. Asimismo, ha argumentado el pedidor que el Juzgado ha actuado sin ningún sustento legal, infringiendo los artículos 82, 89 y artículo 90, párrafo primero, con relación a los artículos 103, 106 y 178, todos de la Constitución de la República; por lo cual solicita amparo, con suspensión del acto reclamado. CONSIDERANDO (4): Que ha argumentado el Ad-Quem, en sustento la estimatoria del recurso, que al analizar la resolución emitida se ha podido constatar que el Juzgado A Quo inobservó las consideraciones de hecho y de derecho planteadas, infringiendo el derecho de defensa del procesado; al impedirle ejercitarlo efectivamente, soslayando la vigencia del principio de intervención mínima del derecho penal. Conforme a ello, la respuesta a los ataques más leves contra los bienes jurídicos protegidos, se encausaría en base a lo establecido en la legislación civil; según lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal, el cual transcribe. Expone, también, que entre las razones por las cuales la Jurisdicción debe reconsiderar la resolución en la que autoriza el desalojo preventivo solicitado, está la vulneración el Debido Proceso, al no cumplirse con lo preceptuado en el artículo 354 del código Procesal Penal; en integración de control convencional difuso, respecto a la efectividad del derecho a los recursos, según contenido en los artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en relación. Señala el Ad Quem, asimismo, que el proceder del Juzgado A Quo se ha efectuado sin hacer referencia alguna a la normativa relacionada por el recurrente que contiene los requisitos legales para ordenar el desalojo preventivo en relación a un posible delito de Usurpación y de la suspensión de dicho desalojo cuando el ocupante acredite plenamente el derecho de posesión sobre el bien usurpado, como reglaba la figura de Desalojo Preventivo, la reforma comprendida en el artículo 224-A del Código Procesal Penal, contenida en el Decreto 93-2021, está íntimamente relacionado con el delito de Usurpación y la acreditación de la posesión, o el derecho de propiedad u otro derecho real sobre el inmueble; debiendo precaver la judicatura la lesión inminente a los derechos cuando la titularidad dominical del inmueble es el objeto propio del contradictorio, con base a documentos públicos en defensa de sus derechos; tal y como ocurrió en el caso de marras, lo cual no pudo ser objeto de aportación de la pertinente prueba documental, en vista a que la diligencia de inspección judicial se llevó a cabo sin la presencia del procesado. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, el conocimiento de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta al supuesto de violación de los derechos fundamentales cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva; según contemplado en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la Ley en referencia. CONSIDERANDO (6): Que el thema decidendi concierne la vulneración del derecho de defensa y al debido proceso, según contenidos en los artículos 82 y 90, párrafo primero, de la Constitución de la República, que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; cuyo respeto, promoción y protección comporta el escrupuloso cumplimiento de una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso; entre los cuales, asegurar que éstas puedan intervenir en un plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, inter alia. CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha uno de marzo del año dos mil veinticuatro, resolviendo la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que; tal como fundamenta el fallo bajo revisión, la resolución judicial recurrida en amparo vulnera las garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente; procediendo la estimatoria de la garantía constitucional solicitada cuando las acciones u omisiones de sujetos de derecho público resulten claramente insuficientes o tardías para garantizar los derechos y libertades fundamentales, tal y como se desprende del presente caso. Resultando adecuado a parámetros constitucionales, confirmar la estimatoria del recurso de amparo venido en consulta, según ordena el cese inmediato de la medida neutralizadora decretada y sus efectos, en garantía al derecho de defensa y el debido proceso del agraviado.CONSIDERANDO (8): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada. En razón a ello, resulta lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria, ante este Alto Tribunal.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 4, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha uno de marzo del año dos mil veinticuatro. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0274-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL