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Sentencia AP-268-23 — Registro 18732

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó auto de formal procesamiento dictado por Juez de instancia e impuso medida cautelar de prisión preventiva contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Homicidio en perjuicio de víctima; La Corte de Apelaciones concluyó que se cumplen los elementos de tipo penal de Homicidio alegado por la Fiscalía, ya que la víctima perdió la vida por las heridas causadas por el procesado y así consta en la declaración del procesado, en sede judicial y administrativa, por lo que según la prueba aportada es suficiente para confirmar el auto de formal procesamiento; así como los presupuestos para imponer dicha medida cautelar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

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Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

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…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento..."..."la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala...Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados RENE ALTAMIRANO INTERIANO y MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO a favor del señor MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, con relación a la causa instruida contra el señor MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor DIDIER MOISES HERNANDEZ MURILLO. (Exp. No. 202-2022). Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representada, los Artículos 90 y 93 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1. En fecha quince de agosto de dos mil veintidós, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogado FREDDY SAMBRANO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de El Progreso, Departamento de Yoro, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de HOMICIDIO en perjuicio de DIDIER MOISES HERNANDEZ MURILLO. (Folios 01-05 de la primera pieza de los antecedentes).2.En fecha diecinueve de agosto del dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de lo Penal de El Progreso, Departamento de Yoro celebró audiencia inicial, donde se resolvió: “1) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA, a quien se le instruye proceso por suponerles responsables del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de DIDIER MOISES HERNANDEZ MURILLO. 2. Se impone la medida cautelar DE PRISION PREVENTIVA al imputado MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA. 3…” (Folio 13-16 de la primera pieza de los antecedentes).3.Conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de la que se hace referencia en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, emitió resolución en fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO en su condición de Defensor del señor MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA contra el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro en fecha Diecinueve (19) de Agosto del año dos mil veintidós (2022), por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de DIDIER MOISES HERNANDEZ MURILLO. SEGUNDO: CONFIRMAR el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO objeto de este recurso.”. (Folios 09 al 14 de la segunda pieza de antecedentes).4.La Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictó auto en el cual: “RESUELVE: Declarar NO HA LUGAR dicho recurso por falta de argumentación que establezca su desacuerdo con la resolución dictada a efecto de dar la respuesta que corresponda a la misma. Por tanto, se confirma la resolución recurrida en reposición.”. (Folio 17 de la segunda pieza de los antecedentes).5.Los Abogados RENE ALTAMIRANO INTERIANO y MAZ ENRIQUE DAVILA NOLASCO, en fecha seis de marzo de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA, contra la Resolución dictada en fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 90 y 93 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha uno de septiembre del año dos mil veintitrés, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 01 al 4 y 23 del presente Recurso).FUNDAMENTACION1.1.Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.-Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. II.Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. III.Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos de los garantistas denunciando violación a los derechos contenidos en los artículos 90 y 93 de la Constitución de la República. Los garantistas expresan que estiman quebrantado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional lo establecido en el artículo 93 también constitucional, en virtud de las siguientes razones: exponen que, el acusado inmediatamente después del hecho fue detenido como autor de la muerte del señor Didier Moisés Hernández Murillo, en el acto de la audiencia de imputado declaró que había realizado la acción en defensa propia, no se realizó ninguna actividad investigativa relacionada con su declaración, no obstante, durante la audiencia Inicial, el Ministerio Publico no presentó como medio de prueba la declaración ante relacionada, presentó otros medios de prueba entre ellos la declaración de un policía que lo capturó, quien expuso que el acusado le había manifestado que él había realizado el hecho en legítima defensa de su vida y que la escena estaba contaminada por la presencia de personas, el juez dictó auto de procesamiento fundamentándose en la declaración de imputado que no fue propuesta ni evacuada en la audiencia, así mismo denegó la fianza ofrecida por la defensa, para que el acusado se defienda en libertad, por lo cual, la defensa presentó recurso de Apelación argumentando dos motivos específicos: primero la infracción al artículo 294 del Código Procesal Penal por fundamentar la resolución en una prueba que no fue evacuada en la audiencia inicial, articulo que desarrolla el artículo 90 Constitucional, garantía del debido proceso, y segundo por la infracción al artículo 93 de la Constitución de la Republica al denegar la fianza que se ofreció para que el acusado se defienda en libertad. Agrega infracción al Debido Proceso, ya que tanto en la expresión de agravios, como durante la audiencia oral, han sostenido su impugnación que, la fiscalía estando obligada no propuso como prueba la declaración que el acusado rindió en la audiencia de declaración de imputado, esta declaración no se evacuo en dicha audiencia, pero el juez, asume una oficiosidad para la que no tiene facultades y fundamenta su resolución en la declaración del imputado, contraviniendo la norma adjetiva establecida en el artículo 294 del Código Procesal Penal. Dicen que esta violación se traduce en un perjuicio al acusado, pues si un juez utiliza una prueba que no fue evacuada durante la audiencia, la defensa, se vio impedida de incluir este medio probatorio en sus alegaciones y es hasta que el juez emite la resolución que tienen conocimiento de la inclusión de tal medio probatorio, lo que a su entender lesiona el derecho de defensa al no aplicar el debido proceso. Por otro lado, señalan que la resolución de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, es violatoria del debido proceso, pues no resuelve el conflicto de las partes, aunque se menciona el argumento de su impugnación, en su resolución hacen una nueva valoración de los medios de prueba para fundamentar que la resolución traída en apelación está bien hecha y denegar el recurso, contraviniendo el contenido del artículo 350 del Código Procesal Penal. Asimismo, apuntan que en relación al argumento de la denegación de la fianza que la defensa presentó para que el acusado se defienda en libertad, la resolución de la Corte de apelaciones no explica porque no se aplica el artículo 93 Constitucional referido al derecho de los ciudadanos a defenderse en libertad mediante el otorgamiento de caución o fianza, únicamente la resolución establece que existen indicios suficientes para suponer la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 178 del Código Procesal Penal, (indicios de participación del imputado, peligro de fuga y peligro de manipulación de las pruebas), y que por ello no se puede imponer otra medida diferente, no obstante, arguye que esta medida cautelar debe dictarse e forma excepcional y solo cuando no haya otra medida idónea y proporcional o cuando sea evidente el peligro de fuga o de obstrucción del proceso, situación que no ocurre en este caso. Resultando a su parecer contradictorio pues consta en el expediente, que el acusado espero a la policía en el lugar del hecho, esta circunstancia por sí misma, excluye el peligro de fuga y la posible intencionalidad de manipulación de prueba. Razón por la que consideran que el articulo 93 garantiza derechos como la presunción de inocencia, pues el estado debe tratar como inocente al ciudadano, pero privarlo de su libertad sin fundamento razonable implica tratarlo como culpable, no se defiende de igual forma al estar privado de libertad y esta medida cautelar lesiona otros derechos, por ejemplo, el derecho al trabajo y derechos de su familia como la manutención de sus hijos y otros. IV. Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Cortés decidió por unanimidad de votos, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO en su condición de Defensor del señor MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA contra el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro en fecha Diecinueve (19) de Agosto del año dos mil veintidós (2022), por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de DIDIER MOISES HERNANDEZ MURILLO. SEGUNDO: CONFIRMAR el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO objeto de este recurso. La corte de apelaciones en su motivación explica lo siguiente: PRIMERO: Que el presente proceso inicia en virtud de requerimiento presentado por el Ministerio Público contra el procesado MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA, imputándole que en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las cuatro con cuarenta minutos de la tarde (04:40 p.m.), en la Colonia Las Maravillas en el expendio de bebidas alcohólicas Galeano, calle principal de la ciudad de El Negrito, Yoro, después de una discusión, a través de una ventana disparó a menos en tres ocasiones contra Didier Hernández, quien se encontraba adentro, cayendo este al suelo, después del hecho quedándose en el lugar el señor Miguel Ángel Lemus Quijada, posteriormente llegaron los elementos de la policía, presentando las siguientes diligencias: a) Acta de Registro y de decomiso realizado a Miguel Ángel Lemus Quijada de una arma de fuego tipo revolver […](Folios 17-18); b) Acta de Levantamiento cadavérico del señor Didier Moisés Hernández Murillo […] (Folios 19-23); c) Álbum fotográfico del occiso y del lugar donde se encontraba, (Folios 24-28); d) Acta de pericia acreditativa de un arma de fuego tipo revolver del arma marca Taurus serie 0J344244 (Folios 29); e) Declaración rendida en sede Judicial del Agente de la Policía Rubén Darío Hernández Cruz […] (Folios 13 vuelto y 14). SEGUNDO: Esta Corte de Apelaciones vinculada al Principio de Personalidad del Recurso, luego de haber escuchado la expresión de los agravios de la Defensa del Procesado MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA, así como la contestación que a los mismos ha hecho el Ministerio Público, hemos procedido a realizar el estudio y análisis de las diligencias antes señaladas y se advierte lo siguiente: 1) Que en audiencia de declaración de imputado el procesado MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA, rindió su declaración en defensa estableciendo que: “Yo llegue a una cantina, pero sin saber que él estaba ahí, pero fui a pegar con él, él me dijo “yo mate a tu hermano y te voy a matar a vos”, dijo al arma él, tuve que ser mas listo yo, no sé si él me dispararía, solo mire que un muchacho salió que agarró el arma de él y agarro una moto y se fue, unos días antes, dos veces me había seguido con otro muchacho, para una propiedad que tenemos la naranjera a un lugar el cítricos, me siguió hasta cierta parte, dos veces me siguió sin saber quien era el, eso salió así, sin saber quien era él, al llegar ahí me conoció. […]. Esta declaración se acredita con el Acta de Levantamiento cadavérico y recolección de indicios, del que se desprende que el occiso Didier Moisés Hernández presenta dos heridas en pectoral izquierda, una herida en la parte frontal de la cara a la altura de la ceja izquierda y una herida en la espalda lado izquierdo, asimismo la inspección realizada en la Colonia Mercedes Murillo lugar donde fue trasladado el occiso, de la cual se desprende que se encontró una persona de sexo masculino cubierto de una toalla de color blanco sobre una cama multicolor y sabana de color rojo, constatándose la lesiones obtenidas de forma preliminar, asimismo la inspección realizada en el lugar de los hechos en el que se constato que en el establecimiento de bebidas alcohólicas se aprecia piso de concreto y sobre este pequeñas manchas obscuras supuesta sangre, también se encuentra en arma tipo revolver calibre 38 maraca Taurus que le fue decomisada al hoy procesado Lemus, diligencias de prueba que le sirven a esta Alzada para concluir que con estos se establecen los elementos de tipo penal de Homicidio alegado por la fiscalía, pues este se comete según el articulo 192 del Código Penal Vigente cuando […], como ocurre en el caso de autos que el ofendido Didier Moisés Hernández Murillo perdió la vida a consecuencia de las heridas ocasionadas por el procesado Lemus pues así lo establece esté en su declaración rendida en sede judicial y administrativa por lo que es procedente confirma auto de formal procesamiento distado por el delito de HOMICIDIO por el Juez de Garantías. TERCERO: De conformidad: al artículo 297 del Código Procesal Penal para decretar el auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, siendo que los elementos probatorios anteriormente detallados son suficientes para que den fundamentación al auto de prisión. CUARTO: En cuanto al agravio de la defensa que su representado le dio muerte al ofendido Hernández en virtud de una Legítima Defensa, al respecto esta Alzada estima que estas circunstancias el Juez de Letras debe considerarlas al momento de dictar la sentencia definitiva y no en este momento procesal, por lo que es procedente como lo hizo la Juez dictar el auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio. QUINTO: En cuanto a que la Juez de Letras no debió imponer la medida de prisión preventiva a su representado pues se presentó una garantía de doscientos mil lempiras (L. 200,000), al respecto esta Alzada haciendo una revisión de los presupuestos establecidos en el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales, necesarios para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, este Tribunal aprecia que existen indicios suficientes para suponer la concurrencia de los presupuestos señalados, pues así se acredita con las diligencias de prueba presentada por el Ministerio Público en este proceso y es por ello que no se puede imponer otra medida diferente a la prisión preventiva como lo hizo el Juez A-quo y también para la adopción de una medida cautelar han de concurrir los supuestos legitimadores fundamentales: a) La preexistencia de una imputación fundada en indicios suficientes de participación culpable de la persona imputada en un hecho delictivo. b) La peligrosidad que se refiere al riesgo de fuga o el de manipulación de las pruebas, no ha demostrado que han desaparecido los presupuestos que se tomaron en cuenta para imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que NO procede revocar la resolución recurrida como lo pretende la defensa, es por ello que no son de recibo los agravios expresados por la defensa. V.Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del debido proceso y del artículo 93 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias da respuesta a lo demandado por los recurrentes en la formalización del amparo de mérito, así: Los garantistas basan el amparo en la violación del derecho al debido proceso porque disiente de la valoración probatoria que hizo la corte de apelaciones, específicamente de la declaración del acusado Miguel Ángel Lemus Quijada, rendida en audiencia de declaración de imputado de fecha quince (15) de agosto de dos mil veintidós (2022), ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Yoro, (folio 9-11 de la primera pieza de los antecedentes), la cual aduce no fue propuesta, ni evacuada durante la audiencia inicial, sin embargo, fue valorada de oficio por el A-quo para fundamentar su resolución en contravención al articulo 294 del Código Procesal Penal. Al respecto, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en contra de juzgar la valoración probatoria que hacen las partes o los juzgadores de instancia, debido a que esto no es parte del ámbito de conocimiento que le permite la garantía de amparo, salvo excepciones muy limitadas que tienen que ver con la motivación. No obstante, en el presente caso el alegato de amparo es un evidente disenso de criterio, en relación con la valoración probatoria que realizó el tanto el Ad-quem como el A-quo, razón por la que no es de recibo. A pesar de ello, esta Sala considera oportuno aclarar a los recurrentes que la doctrina mayoritaria identifica a la declaración del acusado como el principal medio de defensa de fondo con el que cuenta para contradecir la imputación esgrimida por el fiscal en su contra, y exponer su posición sobre cómo sucedieron los hechos. Sin dudas, la declaración del acusado es un acto complejo de aportación fáctica que preeminentemente tiene una función defensiva, no obstante, ello no impide que el juzgador lo puede tener en cuenta para ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba actuados durante el juzgamiento. VI. De la misma manera, los censores cuestionan la denegatoria de la fianza que presentaron para que el acusado Miguel Ángel Lemus Quijada se defienda en libertad, señalando que la medida cautelar de prisión preventiva debe decretarse de manera excepcional y solo cuando no hay otra medida idónea y proporcional, por lo que son del parecer que tal situación violenta el artículo 93 de la Constitución de la República, que le garantiza derechos como la presunción de inocencia. En relación a ello, la Sala ha insistido en que, si bien el derecho a la caución está expresamente reconocido por nuestra Constitución, es la ley secundaria la que regula su naturaleza, su procedencia, y, en su caso, su aceptación por parte del juzgador, y esto es así porque es la propia máxima constitucional la que hace tal remisión, al indicar claramente que: “Artículo 93. Aún con [auto de formal procesamiento] ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley”. Siendo así, se ha sostenido que, en materia procesal penal, al estar prevista en la ley como una medida cautelar, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los mismos presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, pues está condicionada al cumplimiento de estos requisitos. No siendo este motivo de recibo para estimar el amparo porque es obvio que la corte de apelaciones observa al igual que el A-quo la declaración que rindió el acusado y que es parte de las actuaciones del proceso lo cual no impide que le pueda servir al juez para formarse convicción sobre la veracidad de los hechos imputados en el requerimiento acusatorio al contener información contrastable con otros medios de prueba. Es pues, lo concluido por la corte una valoración inductiva propia de la declaración del acusado, sumado a los demás elementos de prueba propuestos, admitidos y evacuados por las partes. De ahí que, permite a la Sala tener claridad que el presente amparo se funda en diferentes posiciones sobre la valoración que se hace de la prueba aportada en la audiencia inicial y la potestad de aceptación de caución por parte del A-quo, por lo que no resulta ser del campo de decisión de la Sala. VII. En referencia, a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, y el decreto del auto de formal procesamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional, que, en esta materia, la imposición de medidas cautelares es —en principio— una decisión propia de la jurisdicción penal, la cual aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la Sala ha concluido que el decreto de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto solamente puede ser susceptible de amparo, cuando se advierta ilegalidad o arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al observarse que la determinación del juzgador se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada para ese fin y en forma oportuna por las partes. Asimismo, se ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochablemente penal, se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones sobre los méritos existentes para decretar o no un auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, por lo que su alegato no es de recibo para esta Sala. VIII. Se hace necesario recordar una vez más, que los derechos fundamentales no son absolutos, ya que los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido temporalmente con arreglo a las leyes. Esta restricción al derecho a la libertad personal encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad. VIII.Sobre el argumento de que la infracción al artículo 93 Constitucional violenta la presunción de inocencia, es dable señalar que la presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos de los que Honduras forma parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11. De igual manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8 inciso 2. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme artículo 14 inciso 2, y, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 26. Partiendo de estos preceptos tenemos entonces que, mientras tanto una persona no sea declarada culpable por sentencia firme, todos los habitantes de este suelo gozamos de un "estado de inocencia", aun cuando se registre algún proceso en trámite y cualquiera sea su progreso, es decir, que se considera inocente desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el período de desarrollo de éste. Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la tramitación de este proceso y la denegatoria a la aceptación de la fianza, no implica que se vulnera el derecho de presumir inocente al imputado, en ningún momento se ha prejuzgado al procesado, sino que, se ha seguido el procedimiento establecido en la ley, en cada una de las etapas del proceso que se han evacuado. Por ello, esta Sala encuentra que el derecho del recurrente a ser considerado inocente se ha mantenido a lo largo del proceso. En virtud de todo lo cual, se estima procedente denegar la presente garantía de amparo. IX. Dicho lo anterior, esta Sala no aprecia vulneración alguna a los derechos constitucionales que se han invocado en el recurso de amparo que se conoce, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo la autoridad denunciada ha respetado las formalidades establecidas en la ley, estando la decisión resultante, enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, con lo cual se ha dado efectividad a las garantías constitucionales que se invocan como violadas. De la misma manera, se observa que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la sentencia una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho. X.En consecuencia, esta Sala no advierte, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra los derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo cual, al no observar vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado los derechos constitucionales invocados por el quejoso por parte del Tribunal de Alzada, el cual se ha limitado a aplicar la normativa vigente al caso sometido a su conocimiento, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 80, 82, 90, párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía de amparo invocada por los Abogados RENE ALTAMIRANO INTERIANO y MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, a favor del señor MIGUEL ANGEL LEMUS QUIJADA, contra la resolución de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de San Pedro Sula, Cortés; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0268-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL