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Sentencia AP-264-24 — Registro 18922

Resumen

Resolución impugnada la cual resuelve decretar sin lugar solicitud de extracción de muestras de sangre y orina para convalidación a procesado, por suponerlo responsable de la comisión del delito de Homicidio con imprudencia grave y conducción temeraria y no haber contado con un profesional del derecho para su defensa en la toma y extracción de dichas muestras practicadas en sede administrativa por parte de recurrente. Sala concluye que, si existió vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, por lo que amerita declarar con lugar su pretensión y que se tenga por convalidada la Extracción

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Del análisis anterior y en ese orden de ideas, Es a posteriori de la práctica de dichas diligencias de investigación preliminar, que la defensa técnica del acusado, tiene la oportunidad procesal de presentar alegaciones, objeciones, incidentes, nulidades, y presentar recursos y demás actos defensivos en contra de actuaciones preliminares de recolección de elementos de prueba, y si bien es cierto, es una facultad del juez convalidar o no la orden dada en sede fiscal sobre la extracción y recolección de muestra corporales, la misma debe ser analizada en todo su conjunto y en aplicación a la normas existentes conforme a las circunstancias del hecho. En consecuencia: Esta sala Constitucional en el caso subjudice no comparte el criterio plasmado por la Alzada, ya que como se dijo el medio de prueba es pericial y el mismo fue recolectado en la fase de investigación preliminar del proceso, conforme lo señala el artículo 107, 272 y 273 del código procesal penal, y se realizó siguiendo los lineamientos que corresponden al ente investigador; sin embargo al analizar la resolución emitida por el tribunal de alzada que deniega el recurso de amparo interpuesto, se ha podido colegir que el mismo no observo las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por la fiscalía, en las que el ente acusador expone las razones por las cuales el Juzgador debe admitir la enunciada prueba pericial; teniendo como resultado que al inadmitir indebidamente dicho medio de prueba el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado porque, en el seno de un proceso judicial una de las partes, el Ministerio Público, ha resultado impedida, de ejercer los medios necesarios suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos, por actos concretos de un órgano judicial; y si bien es cierto en la recolección de dicho medio de prueba practicado al acusado no ha tenido participación la defensa técnica, está de acuerdo al artículo 101 del código procesal penal su nombramiento es propia del imputado o del órgano jurisdiccional que conozca, y aun y cuando es un hecho notorio que se cuenta con la defensa pública para tal efecto, tal como lo indica el recurrente en esa ciudad (TELA) no se cuenta con centro integrado de justicia interinstitucional(CEIN), por lo que debido a la urgencia, necesidad, utilidad y confiabilidad en el hecho suscitado; este medio de prueba consistente en la extracción de sangre y orina realizada al imputado Celio Darío Chávez Diaz, y que no fue convalidado por el A-quo, se hizo en atención que al momento del hecho investigado los policías de la dirección de vialidad y transporte realizaron prueba de alcoholemia al referido imputado dando como resultado de ingesta de alcohol en la cantidad de 175.3 mg/100ml, resultando por ello útil, pertinente y necesario que se realizara prueba toxicológica, para confirmar o descartar tal situación; siendo la única forma rápida y científica para acreditar la existencia de alcohol en el cuerpo del imputado, en aras de asegurar resultados confiables y garantizar la eficiente investigación, se designó un perito forense(medico) de la ciudad de La ceiba, Atlántida, siendo que es un mandato que dicha diligencia de extracción se realice por personal del área de la salud debidamente acreditado. Debe señalarse de igual forma que la presencia del profesional del derecho, no hubiera alterado el resultado de la diligencia ordenada por el fiscal del Ministerio Público, en vista que no es personal de la salud y no hubiera intervenido directamente en la practica de la pericia, solamente haría acto de presencia aun sin designación realizada por el imputado investigado, por lo que su resultado no hubiera variado en vista que era una orden dictada por autoridad competente. por lo que esta Corte coincide con el impetrante en que no se cumplió, con los criterios legales para declarar inadmisible el medio de prueba señalando, en tal virtud fue indebidamente inadmitido; y por ende además de una vulneración al debido proceso, también existe una vulneración al derecho de defensa la no convalidación de este medio de prueba ya que deja al ente fiscal en total indefensión de no poder acreditar su tesis en relación al delito cometido, por lo que se generaría impunidad al respecto. CONSIDERANDO (9): La Sala señala, que la indefensión constitucional conlleva a una privación real, efectiva y actual que acarrea una limitación sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, provocando que el agraviado se vea imposibilitado para ejercer acciones o recursos, efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio.CONSIDERANDO (10): Que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. En tal sentido, siendo que la garantía constitucional al debido proceso legal comporta también el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello implica que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo.CONSIDERANDO (11): De lo anterior y analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, NO comportan una correlación con el deber de motivación, al no valorar las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por el Ministerio Público en sus argumentos; ya que si bien es cierto tal como lo dice la resolución, el derecho de defensa es inviolable y corresponde en todo caso al órgano jurisdiccional el nombramiento de defensa técnica artículo 14 y 15 de la norma procesal; en el caso en particular, se consideran violentados los derechos fundamentales invocados por el recurrente, en particular la garantía genérica del debido proceso, el derecho de defensa, en relación a la tutela judicial efectiva; en tal sentido la Sala concluye que si existió vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, por lo que amerita declarar con lugar su pretensión y que se tenga por convalidada la Extracción de muestra de sangre y orina a efecto de determinar la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo del señor CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ, lo anterior en cumplimiento del artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (13): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente revocar la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal; dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida en fecha catorce de febrero del dos mil veinticuatro, que denegó el amparo presentado y en su lugar de acuerdo a los argumentos establecidos procede su otorgamiento

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

Del análisis anterior y en ese orden de ideas, Es a posteriori de la práctica de dichas diligencias de investigación preliminar, que la defensa técnica del acusado, tiene la oportunidad procesal de presentar alegaciones, objeciones, incidentes, nulidades, y presentar recursos y demás actos defensivos en contra de actuaciones preliminares de recolección de elementos de prueba, y si bien es cierto, es una facultad del juez convalidar o no la orden dada en sede fiscal sobre la extracción y recolección de muestra corporales, la misma debe ser analizada en todo su conjunto y en aplicación a la normas existentes conforme a las circunstancias del hecho. En consecuencia: Esta sala Constitucional en el caso subjudice no comparte el criterio plasmado por la Alzada, ya que como se dijo el medio de prueba es pericial y el mismo fue recolectado en la fase de investigación preliminar del proceso, conforme lo señala el artículo 107, 272 y 273 del código procesal penal, y se realizó siguiendo los lineamientos que corresponden al ente investigador; sin embargo al analizar la resolución emitida por el tribunal de alzada que deniega el recurso de amparo interpuesto, se ha podido colegir que el mismo no observo las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por la fiscalía, en las que el ente acusador expone las razones por las cuales el Juzgador debe admitir la enunciada prueba pericial; teniendo como resultado que al inadmitir indebidamente dicho medio de prueba el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado porque, en el seno de un proceso judicial una de las partes, el Ministerio Público, ha resultado impedida, de ejercer los medios necesarios suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos, por actos concretos de un órgano judicial; y si bien es cierto en la recolección de dicho medio de prueba practicado al acusado no ha tenido participación la defensa técnica, está de acuerdo al artículo 101 del código procesal penal su nombramiento es propia del imputado o del órgano jurisdiccional que conozca, y aun y cuando es un hecho notorio que se cuenta con la defensa pública para tal efecto, tal como lo indica el recurrente en esa ciudad (TELA) no se cuenta con centro integrado de justicia interinstitucional(CEIN), por lo que debido a la urgencia, necesidad, utilidad y confiabilidad en el hecho suscitado; este medio de prueba consistente en la extracción de sangre y orina realizada al imputado Celio Darío Chávez Diaz, y que no fue convalidado por el A-quo, se hizo en atención que al momento del hecho investigado los policías de la dirección de vialidad y transporte realizaron prueba de alcoholemia al referido imputado dando como resultado de ingesta de alcohol en la cantidad de 175.3 mg/100ml, resultando por ello útil, pertinente y necesario que se realizara prueba toxicológica, para confirmar o descartar tal situación; siendo la única forma rápida y científica para acreditar la existencia de alcohol en el cuerpo del imputado, en aras de asegurar resultados confiables y garantizar la eficiente investigación, se designó un perito forense(medico) de la ciudad de La ceiba, Atlántida, siendo que es un mandato que dicha diligencia de extracción se realice por personal del área de la salud debidamente acreditado. Debe señalarse de igual forma que la presencia del profesional del derecho, no hubiera alterado el resultado de la diligencia ordenada por el fiscal del Ministerio Público, en vista que no es personal de la salud y no hubiera intervenido directamente en la practica de la pericia, solamente haría acto de presencia aun sin designación realizada por el imputado investigado, por lo que su resultado no hubiera variado en vista que era una orden dictada por autoridad competente. por lo que esta Corte coincide con el impetrante en que no se cumplió, con los criterios legales para declarar inadmisible el medio de prueba señalando, en tal virtud fue indebidamente inadmitido; y por ende además de una vulneración al debido proceso, también existe una vulneración al derecho de defensa la no convalidación de este medio de prueba ya que deja al ente fiscal en total indefensión de no poder acreditar su tesis en relación al delito cometido, por lo que se generaría impunidad al respecto. CONSIDERANDO (9): La Sala señala, que la indefensión constitucional conlleva a una privación real, efectiva y actual que acarrea una limitación sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, provocando que el agraviado se vea imposibilitado para ejercer acciones o recursos, efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio.CONSIDERANDO (10): Que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. En tal sentido, siendo que la garantía constitucional al debido proceso legal comporta también el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello implica que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo.CONSIDERANDO (11): De lo anterior y analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, NO comportan una correlación con el deber de motivación, al no valorar las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por el Ministerio Público en sus argumentos; ya que si bien es cierto tal como lo dice la resolución, el derecho de defensa es inviolable y corresponde en todo caso al órgano jurisdiccional el nombramiento de defensa técnica artículo 14 y 15 de la norma procesal; en el caso en particular, se consideran violentados los derechos fundamentales invocados por el recurrente, en particular la garantía genérica del debido proceso, el derecho de defensa, en relación a la tutela judicial efectiva; en tal sentido la Sala concluye que si existió vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, por lo que amerita declarar con lugar su pretensión y que se tenga por convalidada la Extracción de muestra de sangre y orina a efecto de determinar la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo del señor CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ, lo anterior en cumplimiento del artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (13): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente revocar la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal; dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida en fecha catorce de febrero del dos mil veinticuatro, que denegó el amparo presentado y en su lugar de acuerdo a los argumentos establecidos procede su otorgamiento

Sentencia

TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a lo cinco días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro.VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte Primera de Apelaciones, de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que denegó la acción Constitucional de Amparo, promovida por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha 02 de octubre del dos mil veintitrés emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ, por suponerlo responsable de la comisión a título de autor directo del delito de HOMICIDIO CON IMPRUDENCIA GRAVE Y CONDUCCION TEMERARIA, en perjuicio de RIGOBERTO MAIRENA GARCIA Y LA SEGURIDAD VIAL. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en el artículo 90, 82, y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha uno de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante el Juzgado de Letras Sección Judicial de Tela, Atlántida, el Abogado CRISTIAN FERNANDO ORTIZ, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ, por suponerlo responsable a título de autor directo del delito de HOMICIDIO CON IMPRUDENCIA GRAVE Y CONDUCCION TEMERARIA, en perjuicio de RIGOBERTO MAIRENA GARCIA Y LA SEGURIDAD VIAL. (Folios 19-21 de los antecedentes) 2)En fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo Acción Constitucional de Amparo, contra la resolución pronunciada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, argumentando que dicha resolución lesiona los preceptos Constitucionales en los artículos 90, 82 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-11 del antecedente)3) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…DENEGAR la acción de Amparo interpuesta presentada ante esta Corte de Apelaciones por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promovido contra la resolución de fecha dos de Octubre del año Dos Mil Veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela Atlántida en el expediente judicial 43-25, mediante la cual resuelve decretar sin lugar la solicitud de muestras de sangre para la convalidación de la realización de recolección y extracción de muestras de sangre y orina al procesado el señor CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ, a quien se le supone responsable de la comisión a título de autor directo del delito de HOMICIDIO CON IMPRUDENCIA GRAVE Y CONDUCCION TEMERARIA en perjuicio de RIGOBERTO MAIRENA GARCIA Y LA SEGURIDAD VIAL, por no haber contado con un profesional del derecho para su defensa en la toma y extracción de muestras de sangre y orina practicadas en sede administrativa por parte del Ministerio Público.-SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA para y ante la SALA DE LO CONSTITUCIONAL de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la presente Sentencia.- …” (Folios 32-33 de los antecedentes) 4) Que en fecha cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): La Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 Constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “Para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el Artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el Artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No.244-2003.CONSIDERANDO (3): Se conoce en consulta la sentencia de fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinticuatro (2024), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida , en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, Fiscal del Ministerio Público contra la resolución de fecha dos (2) de octubre del dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras seccional de Tela departamento de Atlántida en expediente número 4325-2023, que declaró sin lugar la solicitud de convalidación de extracción de muestra de sangre y orina del imputado, ordenada en sede fiscal, en etapa investigativa, al sustentar el órgano jurisdiccional que se había violentado el derecho de defensa, por no haber estado presente un profesional del derecho en la práctica de dicha diligencia, en la causa instruida contra CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CON IMPRUDENCIA GRAVE Y CONDUCCION TEMERARIA en perjuicio Rigoberto Mairena Garcia y la seguridad Vial.CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia, que la Corte de apelaciones de la Ceiba Atlántida, al denegar el recurso de amparo presentado contra dicha resolución de fecha 02/10/23 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela Atlántida, establece que pudo constatar en el expediente de mérito que al imputado señor Celio Darío Chávez Diaz, al momento de practicarle la extracción de muestras de sangre no se encontraba con la presencia de un defensor público o privado como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su numeral uno que establece: “ Como un derecho de toda persona detenida, el ser asistida por un profesional del derecho, el cual podrá ser designado por la misma persona por su cónyuge o compañero de hogar o por pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, asimismo el numeral 10 del mismo fundamento de derecho, es un derecho de la persona en mención, a estar presente con su defensor en todos los actos que impliquen elementos de prueba”; y como bien señala la Juez A-quo en su resolución motivada, donde deniega dicha convalidación por los argumentos descritos y por haber precisado que el señor fiscal paso desapercibido el hecho que para la practica de la ya mencionada diligencia de prueba, es requisito imprescindible que la persona detenida cuente con un profesional de derecho a los efectos de tutelar el derecho de defensa que le asiste a la persona antes mencionada; y de igual manera el Ministerio público no ha demostrado o acreditado la causa o motivo que le impidió notificar al defensor de turno para que este pudiera hacer acto de presencia a la diligencia que pretendió convalidar; igualmente señala que en concordancia con el fundamento de derecho que antecede, no se ha violentado el debido proceso ya que como bien se ha dejado establecido toda persona detenida sea la causa que sea, tiene derecho a ser asistido en todo momento por un profesional del derecho tal como lo establece el articulo 15 del código procesal penal que dice” Toda persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un profesional del derecho desde que es detenida como supuesto participe en un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración, hasta que la sentencia haya sido plenamente ejecutada, Si el imputado no designa defensor, la autoridad judicial solicitará de inmediato el nombramiento de uno de la defensa pública o, en su defecto lo nombrara ella misma, este derecho es irrenunciable. Su Violación producirá la nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del defensor del imputado; por lo que consideró que la resolución emitida por el A-quo es congruente y apegada a derecho; en consecuencia, declaró sin lugar y denegó el recurso de amparo presentado.CONSIDERANDO (5): En atención a lo anterior, y al examinar también los alegatos del recurrente( Ministerio Público) en relación a su solicitud de Convalidación de muestras de sangre y orina en relación al imputado; se observa que: El artículo 272 del Código Procesal Penal dispone que: “En la investigación de la verdad, la Policía Nacional, El Ministerio público u otra autoridad competente practicará todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia de un hecho punible y tomara en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes”. Para la determinación del delito es que las autoridades correspondientes tendrán que realizar todas las diligencias que sean pertinentes y además útiles; por lo anterior de acuerdo al modelo acusatorio la ley otorga al Ministerio Público la facultad de investigar los hechos delictivos y ejercitar en su caso la acción penal publica(artículos 92,272,273 del cpp), Así mismo el artículo 273 dispone que: “ Las dependencias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente a que se refiere el artículo anterior; al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso, para lo cual podrán: 1) Citar a cualquier persona que pueda aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración. A quienes no estén obligados a comparecer ante los tribunales, pero si a declarar, les recibirá la declaración en sus oficinas. Podrá así mismo, interrogar a las personas en su casa de habitación o en el sitio que considere más apropiado para el éxito de la investigación; 2) Practicar inspecciones oculares en archivos, registros contables, documentos o sitios que formen parte de oficinas públicas o de oficinas o locales privados abiertos al público;3) Realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina forense;y,4) Adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse. Para la realización de las actividades anteriores las señaladas dependencias no necesitaran autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. Las investigaciones de las mencionadas dependencias comprenderán no solo los cargos que se hagan al imputado, sino también los hechos que puedan servir para su defensa.CONSIDERANDO (6): Así entonces, señala el ordenamiento jurídico, que el fiscal en cumplimiento de sus atribuciones, y para la determinación de la verdad, podrá solicitar ante quien corresponda la practica de pericias sobre cualquier ciencia o arte, y que las misma sean rendidas o evacuadas ante un despacho. En el curso de la investigación y para conocer la verdad, será necesario y muchas veces hasta imprescindible, la practica de actuaciones que tienen que ver con los derechos de integridad física y la intimidad de las personas, y concretamente en cuanto a los derechos del imputado; El código procesal Penal, en el capítulo correspondiente al imputado, al establecer los derechos de este, hace referencia a que el órgano jurisdiccional, a petición de parte interesada, podrá ordenar que se practiquen a la persona imputada, exámenes corporales o extracciones de muestras de sangre que técnica y científicamente sean útiles, confiables y resulten proporcionados para la determinación de la verdad,(artículo 107,CPP) Los exámenes y extracciones en referencia solamente podrán acordarse cuando sean necesarios, útiles, confiables y resulten proporcionados para el fin que se persigue.Por regla general corresponde al juez del control de la etapa preparatoria, ordenar la practica de dichos exámenes, a petición de parte interesada, que puede ser el fiscal, o el acusador privado, e incluso el defensor del imputado que quiere conocer la verdad real o material de los hechos, en estos casos al igual que todos aquellos en que se encuentren en juego los derechos de las personas, deberá proceder el juez con extremo cuidado, dada la grave intromisión que la medida en referencia entraña en los derechos de aquellas.La norma señala, al Juez en el artículo 107 CPP los extremos que debe ponderar al momento de decidir la autorización o negación de una solicitud de tal naturaleza. En primer lugar, deberá tener presente que deberá hacerlo mediante resolución motivada y cuando se habla de motivación deberá entenderse que no se trata de un simple relación de los hechos o la transcripción de la solicitud que se le presente, sino que, como ya antes se ha dicho, una relación de los hechos sujetos a investigación, su relevancia frente al derecho fundamental a limitarse, caso contrario y de conformidad a lo que dispone el articulo 141 párrafo segundo del CPP estará viciado de nulidad; El juez al momento de decidir tendrá en cuenta que el examen o extracción de muestra sea de verdad necesario, es decir que sirva para determinar la verdad, que el resultado de la intervención genere para la acusación o para la defensa, pruebas que en determinado momento puedan hasta definir el asunto. No se justificaría el sacrificio de tan valioso derecho fundamental, si por ejemplo se pretende obtener la extracción de una muestra de sangre para determinar la participación del imputado en un hecho que puede ser probado por otras pruebas personales reales, que evidentemente demuestren la participación de aquel. La medida además de ser necesaria, deberá ser útil, y esto es importante, pues una medida puede ser necesaria, pero su resultado en la forma como se pretende practicar puede ser inútil; Deberá el juez también ponderar aspectos como la confiabilidad y la proporcionalidad del fin que se persigue, respecto al primer aspecto hay que tener presente que la práctica del examen implique que el potencial resultado del examen sea confiable, tanto que será practicado por expertos en la materia, de reconocida experiencia, y en laboratorios de mucha confiabilidad, por esta razón la propia ley procesal señala al juez que necesariamente las intervenciones deberán ser efectuadas por profesionales de la medicina, sanitarios, o técnicos en laboratorios o microbiólogos, según sea el caso. En cuanto a la proporcionalidad, implica que, entre la medida a practicar, el sacrificio al derecho fundamental limitado y los hechos sujetos a comprobación exista una cierta proporcionalidad. Por vía de ejemplo no habrá proporcionalidad si se pretende el examen de persona imputada para determinar su autoría en un delito donde dicho medio de prueba no es útil. Otro aspecto importante a tener en cuenta por el juez al momento de decidir, es que la medida resulte insustituible, que no se pueda demostrar los hechos por otra medida menos gravosa para los derechos del imputado. De acuerdo a lo que dispone el CPP puede el juez ordenar, aún contra la voluntad de la persona imputada que se practiquen aquellas intervenciones corporales, siempre que resulten imprescindible para la determinación de la verdad (artículo 107 párrafo tercero), incluso puede ordenar que se utilice la fuerza necesaria y proporcionada para lograr el objetivo; igualmente señala que tales intervenciones se practicaran sin que lastimen el pudor ni la intimidad del examinado; al igual que en otras diligencias limitativas de derechos fundamentales, el código procesal penal, otorga al fiscal la potestad de ordenar la práctica de exámenes corporales y extracción de muestras a los imputados, en casos de extrema urgencia que impidan obtener la autorización judicial, y la demora en su obtención vuelva inocua la medida. Corresponde al fiscal determinar, en primer lugar la medida, por regla general todas aquellas actuaciones que se tengan que practicar y al inicio de la investigación y mas propiamente en los primeros momentos después de haberse cometido un hecho punible, se podrán calificar de urgentes, no obstante la urgencia aquí se determinara en cuanto al tiempo mínimo necesario para que la diligencia se pueda practicar sin poner en riesgo el resultado de la misma, si la obtención de la autorización judicial se demora mas allá del tiempo necesario.- obviamente que la autorización del fiscal en estos casos de urgencia estará sometida a las exigencias del párrafo primero del articulo 107, es decir, igual el juez, deberá hacerlo mediante resolución debidamente motivada y razonada haciendo las precisiones que corresponda, Una vez autorizada la diligencia deberá dar cuenta de inmediato al juez competente exponiendo las razones, no solamente de la procedencia de la medida ordenada, sino también de la necesidad urgente de que aquella se haya practicado sin la correspondiente habilitación judicial; si bien es cierto el legislador al otorgar dicha facultades discrecionales y excepcionales a los fiscales, entiende que corresponde al juez la tutela efectiva de los derechos y libertades fundamentales, el fiscal a pesar de estar interesado en una investigación, persigue un fin social, no particular, por lo que solamente podrá actuar en casos de verdadera urgencia, con toda la objetividad que los principios de actuación y la ley orgánica le señalan. Por otra parte, queda siempre a criterio del juez determinar la procedencia o improcedencia de la medida adoptada, pudiendo convalidarla o anularla según sea el caso. CONSIDERANDO (7): En el presente caso del acusado Celio Darío Chávez Diaz , se observa que existe un auto motivado que ordena la extracción de muestras de sangre y orina del imputado y que obra a folio 34 pieza de amparo, donde el Ministerio público establece, la necesidad de dicho medio de prueba, pues señala entre otras cosas que el sábado treinta de septiembre del año 2023 a las nueve y cincuenta minutos de la noche(9:50 pm) se realizó el levantamiento cadavérico en la aldea siempre Viva, Esparta, Atlántida de una persona de sexo masculino que se identificó con el nombre de RIGOBERTO MAIRENA GARCIA; que según las investigaciones preliminares realizadas por agentes de la Policía de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte(DNVT) se aprecia que en el hecho, participaron dos vehículos, determinando la participación del número uno, el vehículo automotor conducido por el señor CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ y el participante numero dos el vehículo(bicicleta) conducido por el señor RIGOBERTO MAIRENA GARCIA, dentro de este informe investigativo se cuenta con la prueba de aliento de alcohol realizada por los agentes de tránsito, en cuyo resultado se puede apreciar la existencia de alcohol en cantidad de 175.3mg/100ml y siendo que el alcohol es una sustancia que con el paso de tiempo desparece del cuerpo y es obligación del investigador preservar todos los medios de prueba, sobre la base del articulo 198 y 199 del código procesal penal el Ministerio público en aras de sus atribuciones consideró necesario , pertinente e idóneo la realización de la práctica de pericia de extracción de muestras de sangre y orina a efecto de determinar la presencia de alcohol y drogas; estableciendo de forma clara en su motivación las razones de urgencia y utilidad de ordenar dicho medio de prueba de acuerdo al artículo 107 del código procesal penal, y solicitando posteriormente dentro del término de Ley su convalidación, misma que se puede apreciar que la juzgadora en la presente causa procedió a declarar no ha lugar la convalidación de extracción de muestras, basándose en una interpretación propia indicando básicamente que la extracción de muestras de sangre presentada por el Ministerio Público se hizo de forma unilateral, sin que la persona acusada haya tenido derecho de ser asistido por un defensor público de la ciudad de La Ceiba lugar donde se realizó la referido diligencia, violentando así el derecho de defensa que le asiste al acusado; criterio que fue compartido por la Alzada al denegar el amparo por la mismas razones. CONSIDERANDO (8): Del análisis anterior y en ese orden de ideas, Es a posteriori de la práctica de dichas diligencias de investigación preliminar, que la defensa técnica del acusado, tiene la oportunidad procesal de presentar alegaciones, objeciones, incidentes, nulidades, y presentar recursos y demás actos defensivos en contra de actuaciones preliminares de recolección de elementos de prueba, y si bien es cierto, es una facultad del juez convalidar o no la orden dada en sede fiscal sobre la extracción y recolección de muestra corporales, la misma debe ser analizada en todo su conjunto y en aplicación a la normas existentes conforme a las circunstancias del hecho. En consecuencia: Esta sala Constitucional en el caso subjudice no comparte el criterio plasmado por la Alzada, ya que como se dijo el medio de prueba es pericial y el mismo fue recolectado en la fase de investigación preliminar del proceso, conforme lo señala el artículo 107, 272 y 273 del código procesal penal, y se realizó siguiendo los lineamientos que corresponden al ente investigador; sin embargo al analizar la resolución emitida por el tribunal de alzada que deniega el recurso de amparo interpuesto, se ha podido colegir que el mismo no observo las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por la fiscalía, en las que el ente acusador expone las razones por las cuales el Juzgador debe admitir la enunciada prueba pericial; teniendo como resultado que al inadmitir indebidamente dicho medio de prueba el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado porque, en el seno de un proceso judicial una de las partes, el Ministerio Público, ha resultado impedida, de ejercer los medios necesarios suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos, por actos concretos de un órgano judicial; y si bien es cierto en la recolección de dicho medio de prueba practicado al acusado no ha tenido participación la defensa técnica, está de acuerdo al artículo 101 del código procesal penal su nombramiento es propia del imputado o del órgano jurisdiccional que conozca, y aun y cuando es un hecho notorio que se cuenta con la defensa pública para tal efecto, tal como lo indica el recurrente en esa ciudad (TELA) no se cuenta con centro integrado de justicia interinstitucional(CEIN), por lo que debido a la urgencia, necesidad, utilidad y confiabilidad en el hecho suscitado; este medio de prueba consistente en la extracción de sangre y orina realizada al imputado Celio Darío Chávez Diaz, y que no fue convalidado por el A-quo, se hizo en atención que al momento del hecho investigado los policías de la dirección de vialidad y transporte realizaron prueba de alcoholemia al referido imputado dando como resultado de ingesta de alcohol en la cantidad de 175.3 mg/100ml, resultando por ello útil, pertinente y necesario que se realizara prueba toxicológica, para confirmar o descartar tal situación; siendo la única forma rápida y científica para acreditar la existencia de alcohol en el cuerpo del imputado, en aras de asegurar resultados confiables y garantizar la eficiente investigación, se designó un perito forense(medico) de la ciudad de La ceiba, Atlántida, siendo que es un mandato que dicha diligencia de extracción se realice por personal del área de la salud debidamente acreditado. Debe señalarse de igual forma que la presencia del profesional del derecho, no hubiera alterado el resultado de la diligencia ordenada por el fiscal del Ministerio Público, en vista que no es personal de la salud y no hubiera intervenido directamente en la practica de la pericia, solamente haría acto de presencia aun sin designación realizada por el imputado investigado, por lo que su resultado no hubiera variado en vista que era una orden dictada por autoridad competente. por lo que esta Corte coincide con el impetrante en que no se cumplió, con los criterios legales para declarar inadmisible el medio de prueba señalando, en tal virtud fue indebidamente inadmitido; y por ende además de una vulneración al debido proceso, también existe una vulneración al derecho de defensa la no convalidación de este medio de prueba ya que deja al ente fiscal en total indefensión de no poder acreditar su tesis en relación al delito cometido, por lo que se generaría impunidad al respecto. CONSIDERANDO (9): La Sala señala, que la indefensión constitucional conlleva a una privación real, efectiva y actual que acarrea una limitación sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, provocando que el agraviado se vea imposibilitado para ejercer acciones o recursos, efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio.CONSIDERANDO (10): Que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. En tal sentido, siendo que la garantía constitucional al debido proceso legal comporta también el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello implica que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo.CONSIDERANDO (11): De lo anterior y analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, NO comportan una correlación con el deber de motivación, al no valorar las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por el Ministerio Público en sus argumentos; ya que si bien es cierto tal como lo dice la resolución, el derecho de defensa es inviolable y corresponde en todo caso al órgano jurisdiccional el nombramiento de defensa técnica artículo 14 y 15 de la norma procesal; en el caso en particular, se consideran violentados los derechos fundamentales invocados por el recurrente, en particular la garantía genérica del debido proceso, el derecho de defensa, en relación a la tutela judicial efectiva; en tal sentido la Sala concluye que si existió vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, por lo que amerita declarar con lugar su pretensión y que se tenga por convalidada la Extracción de muestra de sangre y orina a efecto de determinar la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo del señor CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ, lo anterior en cumplimiento del artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (13): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente revocar la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal; dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida en fecha catorce de febrero del dos mil veinticuatro, que denegó el amparo presentado y en su lugar de acuerdo a los argumentos establecidos procede su otorgamiento.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 69, 80, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:1.- REVOCANDO la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA de fecha catorce de febrero del dos mil veinticuatro. 2.- OTORGA el amparo presentado por el fiscal del Ministerio Público abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, contra la resolución de fecha dos de octubre del dos mil veintitrés (02/10/23) la cual se ventila en el juzgado de Letras de la sección Judicial de tela departamento de Atlántida bajo el expediente número 4325-2023. 3) se ordena que se tenga por convalidada la Extracción de muestra de sangre y orina a efecto de determinar la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo del señor CELIO DARIO CHAVEZ DIAZ. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. VALLECILLOPADILLAVILLELABUSTILLODUBÓN