Sentencia AP-222-24 — Registro 19531
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa instruida por delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso comercial, en perjuicio del orden público. Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el juzgado de instancia, que confirma el sobreseimiento es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…” CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…” CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de diciembre de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés; con relación a la causa instruida contra los señores DELMER RAMON VILLALOBOS ORTIZ y JUAN RAMON VILLALOBOS, por suponerlos responsables del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha siete de diciembre de dos mil veintitrés, que confirma el sobreseimiento definitivo decretado a favor de los señores DELMER RAMON VILLALOBOS ORTIZ y JUAN RAMON VILLALOBOS, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que la recurrente expone que el Ad-Quem aplicó erróneamente el Decreto 146-2022, desconociendo que el espíritu del derecho invocado, es legalizar la tenencia de armas de fuego durante un período de tiempo determinado, y al no existir la voluntad del sujeto activo para legitimar esa posesión se incurre en delito antes citado. Asimismo la prueba propuesta y evacuada en el desarrollo de la audiencia inicial, fue determinante para acreditar la acción típica y punible, por lo que no comparte lo resuelto por la alzada, de aplicar el Decreto 146-2022, pues el mismo no implica una derogatoria tacita temporal de la norma, teniendo la obligación de emitir su resolución en estricto apego de derecho, tomando en cuenta la norma, el hecho, la prueba allegada y el derecho a aplicar.CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es que en el caso de mérito es factible la aplicación del Decreto 146-2022, en relación a cómo sucedieron los hechos, pues con la prueba evacuada en audiencia inicial se sabe que las armas no están vinculadas a la una posible comisión de otros delitos, que los imputados no fueron detenidos en el momento en el cual se aprestaban a usar dichas armas para ir a cometer hechos delictivos, estas fueron encontradas a raíz de un allanamiento de morada autorizado por el Juez de Letras, y, si los imputados tenían o no la intensión de ir ese día a registrar dichas armas no se puede afirmar, pero tampoco se puede negar, en virtud de las condiciones bajo las cuales fueron detenidos.CONSIDERANDO: Que la ley dispone, que se dictará sobreseimiento definitivo: 1) cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y 3)….CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 296 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de diciembre de dos mil veintitrés, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la Resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0222-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL