Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-195-23 — Registro 17280

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de Amparo contra la resolución por los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 82 y 89 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO SEIS (6). El artículo 141 del Código Procesal Penal establece: “Motivación de las resoluciones judiciales. Las providencias se limitarán a determinar el contenido de lo mandado, sin más fundamento ni adiciones, aunque podrán ser sucintamente razonadas, sin sujeción a requisito alguno, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación……...la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. En el presente caso que nos ocupa, el Juez de garantías, ante la petición de la defensa de la presentación voluntaria de la encausada, señaló la fecha del 6 de febrero de 2023, para la declaración de imputada y ordena el levantamiento de las órdenes de captura y alertas migratorias para que surtan efecto hasta el 31 de enero de 2023, dejando únicamente un lapso de 6 días para que la acusada regrese al país, ya que se encuentra en el extranjero y aduce necesitar tiempo también para tramitar su pasaporte. Es evidente, que el tiempo concedido por el juez de garantías de seis días para la suspensión de la captura y alerta migratoria, no puede ser considerado razonable, considerando que la acusada se encuentra en el extranjero y necesita hacer las gestiones para la obtención de su pasaporte; aunado a lo anterior, lleva razón la Corte de Apelaciones, en que la resolución del juez de garantías adolece de motivación suficiente, ya que se limita únicamente a señalar el día que se librarían las contraordenes de captura y migratorias, y el señalamiento de la audiencia de declaración de imputada, sin expresar lo hechos y fundamentos en que se basa la resolución, y el razonamiento de valor para que el juez haya tomado la decisión de dar un plazo tan corto -6 días-, no existiendo una clara y precisa motivación por parte del juez, por lo que aunque ya los plazos mencionados han vencido, es correcto el razonamiento del Tribunal de apelaciones y si se ha vulnerado el derecho de defensa y debido proceso, al no haber una motivación lógica y suficiente por parte del juez, al momento de conceder un plazo que no se puede considerarse razonable. CONSIDERANDO (7). En consecuencia, de lo anterior, esta Sala considera que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional, razón por la cual, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticuatro. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que otorgó el recurso de Amparo promovido por la Abogada Alison Nicole Núñez Cruz, a favor de la señora María Suyapa Perdomo Paz, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora María Suyapa Perdomo Paz, por suponerla responsable de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 82 y 89 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha dieciocho de enero de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la Abogada Alison Nicole Núñez Cruz, interponiendo recurso de Amparo a favor de la señora María Suyapa Perdomo Paz, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora María Suyapa Perdomo Paz, por suponerla responsable de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 82 y 89 de la Constitución de la República. (Folios 1-10 del antecedente). 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de amparo interpuesto contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha siente (07) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) por la abogada Alison Nicole Núñez Cruz y el Abogado Javier Ernesto Gómez Díaz, a favor de la señora María Suyapa Perdomo Paz. SEGUNDO: Declarar violado el derecho de defensa y el debido proceso a la señora Maria Suyapa Perdomo Paz. TERCERO: Devolver los actos al estado en que estaban antes de la violación…” (Folios 93-96 del antecedente) 3) Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1). Que la acción de Amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de Amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que procede la acción de Amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún Órgano del Estado, en virtud de concesión de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO TRES (3): Que, en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de Amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5). Esta Sala, conociendo en consulta el presente recurso y haciendo un análisis exhaustivo de los antecedentes, se evidencia que la Corte de Apelaciones resolviendo el recurso de Amparo, motivó su decisión estableciendo que las resoluciones de fechas 7 y 12 de diciembre de 2022, se limitan a señalar la fecha en que se librarían las contraordenes de captura y alerta migratoria, considerando que es un tiempo prudencial el que se ha concedido para el levantamiento de las órdenes el 31 de enero de 2023 y la audiencia de declaración de imputado y la presentación de la acusada sería el 6 de febrero de 2023, sin que exista una explicación lógica o basamento fácticos y jurídicos para respaldar dicha decisión, declarando la existencia de violación al derecho de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO SEIS (6). El artículo 141 del Código Procesal Penal establece: “Motivación de las resoluciones judiciales. Las providencias se limitarán a determinar el contenido de lo mandado, sin más fundamento ni adiciones, aunque podrán ser sucintamente razonadas, sin sujeción a requisito alguno, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación……...la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. En el presente caso que nos ocupa, el Juez de garantías, ante la petición de la defensa de la presentación voluntaria de la encausada, señaló la fecha del 6 de febrero de 2023, para la declaración de imputada y ordena el levantamiento de las órdenes de captura y alertas migratorias para que surtan efecto hasta el 31 de enero de 2023, dejando únicamente un lapso de 6 días para que la acusada regrese al país, ya que se encuentra en el extranjero y aduce necesitar tiempo también para tramitar su pasaporte. Es evidente, que el tiempo concedido por el juez de garantías de seis días para la suspensión de la captura y alerta migratoria, no puede ser considerado razonable, considerando que la acusada se encuentra en el extranjero y necesita hacer las gestiones para la obtención de su pasaporte; aunado a lo anterior, lleva razón la Corte de Apelaciones, en que la resolución del juez de garantías adolece de motivación suficiente, ya que se limita únicamente a señalar el día que se librarían las contraordenes de captura y migratorias, y el señalamiento de la audiencia de declaración de imputada, sin expresar lo hechos y fundamentos en que se basa la resolución, y el razonamiento de valor para que el juez haya tomado la decisión de dar un plazo tan corto -6 días-, no existiendo una clara y precisa motivación por parte del juez, por lo que aunque ya los plazos mencionados han vencido, es correcto el razonamiento del Tribunal de apelaciones y si se ha vulnerado el derecho de defensa y debido proceso, al no haber una motivación lógica y suficiente por parte del juez, al momento de conceder un plazo que no se puede considerarse razonable. CONSIDERANDO (7). En consecuencia, de lo anterior, esta Sala considera que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional, razón por la cual, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos: 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, 141 del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintidós (2023), venida en consulta, dictada por Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, ahora denominada Corte de Apelaciones Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción, que falla denegando el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Alison Nicole Núñez Cruz, contra la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, ahora denominado Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción; en relación a la causa instruida contra la señora MARÍA SUYAPA PERDOMO PAZ, por suponerla responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, Certificación de la Sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0195-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.