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Sentencia AP-181-24 — Registro 18875

Resumen

Por suponerlos responsables del delito de Asesinato, Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa Inacabada en virtud de la inadmisión de una solicitud de actos de investigación varios y evacuación de prueba anticipada en cuanto a la inspección judicial como también la reconstrucción de los hechos, estos últimos como medios de prueba propuestas por la defensa en la etapa preparatoria del proceso, considerando la Sala Constitucional confirmar otorgamiento ya que es evidente que las pruebas parecen útiles, pertinentes, proporcionales y objetivamente confiables, conforme al análisis que mandan los artículos 199 y 272 del Código Procesal Penal tomando en consideración el propósito probatorio de cada uno de estos actos de investigación en relación a la tesis de la defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

5): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. El autor Jeremías Benthan señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. El autor Ricardo Levene, ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según R. significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. –CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. – CONSIDERANDO SIETE (7): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final –CONSIDERANDO OCHO (8): Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.CONSIDERANDO NUEVE (9): Del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que no comparte la decisión del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, ya que es evidente que las pruebas parecen útiles, pertinentes, proporcionales y objetivamente confiables, conforme al análisis que mandan los artículos 199 y 272 del Código Procesal Penal tomando en consideración el propósito probatorio de cada uno de estos actos de investigación en relación a la tesis de la defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso y el derecho a la defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta y que otorga el recurso de amparo

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

5): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. El autor Jeremías Benthan señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. El autor Ricardo Levene, ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según R. significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. –CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. – CONSIDERANDO SIETE (7): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final –CONSIDERANDO OCHO (8): Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.CONSIDERANDO NUEVE (9): Del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que no comparte la decisión del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, ya que es evidente que las pruebas parecen útiles, pertinentes, proporcionales y objetivamente confiables, conforme al análisis que mandan los artículos 199 y 272 del Código Procesal Penal tomando en consideración el propósito probatorio de cada uno de estos actos de investigación en relación a la tesis de la defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso y el derecho a la defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta y que otorga el recurso de amparo

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha siete (7) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Lucio Ferrera Salgado, a favor de los señores Franklin Calix y Arely Eleuteria Calix Zelaya, contra la resolución de fecha siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional de Criminalidad Organizada y Corrupción sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra señores Franklin Calix y Arely Eleuteria Calix Zelaya, por suponerlos responsables del delito de Asesinato, en perjuicio de los señores Encarnación García Guerrero, David Edilberto Zelaya Guardado, Dustin Michelle Arteaga Medina y Eny Masiel Martínez Gómez, asimismo, por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa Inacabada, en perjuicio de Testigo Protegido AX2-2023; y por el delito de Robo con Violencia e Intimidación, en perjuicio de la Secretaría de Seguridad. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, el Abogado Lucio Ferrera Salgado, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Franklin Calix y Arely Eleuteria Calix Zelaya, contra la resolución de fecha siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional de Criminalidad Organizada y Corrupción sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra señores Franklin Calix y Arely Eleuteria Calix Zelaya, por suponerlos responsables del delito de Asesinato, en perjuicio de los señores Encarnación García Guerrero, David Edilberto Zelaya Guardado, Dustin Michelle Arteaga Medina y Eny Masiel Martínez Gómez, asimismo, por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa Inacabada, en perjuicio de Testigo Protegido AX2-2023; y por el delito de Robo con Violencia e Intimidación, en perjuicio de la Secretaría de Seguridad. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, las garantías del Debido Proceso, Derecho a la Defensa y tutela Judicial Efectiva, derechos consagrados en los artículos 80, 90 y 94 de la Constitución de la República. En virtud de que declara sin lugar la admisión de una solicitud de actos de investigación varios y evacuación de prueba anticipada en cuanto a la inspección judicial como también la reconstrucción de los hechos, estos últimos como medios de prueba propuestas por la defensa en la etapa preparatoria del proceso (Folios 1-11 del antecedente).2)La referida Corte, en fecha siete (7) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), dictó sentencia mediante la cual falló: “…OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUCIO FERRERA SALGADO, quien actúa en su condición de defensor de los señores FRANKLIN CÁLIX y ARELY ELEUTERIA CÁLIX ZELAYA, a quienes se les instruye proceso por suponerles responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de ENCARNACIÓN GARCÍA GUERRERO, DAVID EDILBERTO ZELAYA GUARDADO, DUSTIN MICHELLE ARTEAGA MEDINA y ENY MASIEL MARTÍNEZ GÓMEZ, por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INCABADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX2-2023 y por el delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, en perjuicio de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD; la cual se ventila en el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, bajo el expediente número 30-2023. SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción que conoce la causa, que tenga por admitidas y realice la tramitación de las solicitudes realizadas por la defensa, en los términos dispuestos por esta Corte…” (Folios 129-137 del antecedente).3)Que en fecha catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. –CONSIDERANDO DOS (2): Se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha siete (7) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Lucio Ferrera Salgado, a favor de los señores Franklin Calix y Arely Eleuteria Calix Zelaya, contra la resolución de fecha siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional de Criminalidad Organizada y Corrupción sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra señores Franklin Calix y Arely Eleuteria Calix Zelaya, por suponerlos responsables del delito de Asesinato, en perjuicio de los señores Encarnación García Guerrero, David Edilberto Zelaya Guardado, Dustin Michelle Arteaga Medina y Eny Masiel Martínez Gómez, asimismo, por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa Inacabada, en perjuicio de Testigo Protegido AX2-2023; y por el delito de Robo con Violencia e Intimidación, en perjuicio de la Secretaría de Seguridad.CONSIDERANDO TRES (3): El reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, manifestando básicamente que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en fecha siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), es violatoria de lo dispuesto en Artículos 80, 90 y 94 de la Constitución de la República; en virtud de que se quebrantan los derechos y garantías del debido proceso, derecho de defensa y tutela judicial efectiva en perjuicio de los imputados, quienes podrían ver resuelta su situación legal en el término de treinta (30) días, tiempo que está previsto para concluir con el proceso; y, de esta manera tener una pronta y expedita aplicación de la justicia, no solo en beneficio del proceso sino también en el interés general de la sociedad que espera una respuesta ágil en el actuar de los encargados de impartir justicia. – CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto . –CONSIDERANDO CINCO (5): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. El autor Jeremías Benthan señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. El autor Ricardo Levene, ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según R. significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. –CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. – CONSIDERANDO SIETE (7): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final –CONSIDERANDO OCHO (8): Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.CONSIDERANDO NUEVE (9): Del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que no comparte la decisión del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, ya que es evidente que las pruebas parecen útiles, pertinentes, proporcionales y objetivamente confiables, conforme al análisis que mandan los artículos 199 y 272 del Código Procesal Penal tomando en consideración el propósito probatorio de cada uno de estos actos de investigación en relación a la tesis de la defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso y el derecho a la defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta y que otorga el recurso de amparo. – POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS , en aplicación de los Artículos : 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 41 numeral 1), 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha siete (7) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Lucio Ferrera Salgado, a favor de los señores Franklin Calix y Arely Eleuteria Calix Zelaya, contra la resolución de fecha siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional de Criminalidad Organizada y Corrupción sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho . - Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0181-2024

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL