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Sentencia AP-1799-22 — Registro 18680

Resumen

Se presenta amparo contra la sentencia que resolvió apelación interpuesta contra actuaciones del juzgado de letras, la que ha confirmado el auto donde se estableció la excepción de falta de acción, con relación a la causa instruida por supuesta responsabilidad en los delitos de Corte o Aprovechamiento Ilegal de producto o sub producto forestal agravado y Daños Agravados en Concurso Real, en perjuicio del medio ambiente del estado de honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que revisadas las actuaciones venidas en amparo, se desprende que el acto recurrido lo constituye la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento Cortes, de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), a través de la cual se confirmó el auto de primera instancia donde se estableció la excepción de falta de acción del representante legal de la parte demandada, en este sentido esta sala es del criterio en primer lugar, el recurrente no desarrolla ningún derecho Constitucional violado, sino que de la revisión del presente expediente se observa que alega circunstancias de mera legalidad lo cual es una causa de inadmisibilidad del presente amparo de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y en segundo lugar, resulta claro que en caso de las empresas privadas, tal y como lo dice el Código de Comercio comparecerán en cualquier proceso los que realmente la representen. En el caso de autos consta a folio del 141 al 150 de la pieza principal de autos que el representante legal de la empresa acusada Corporación Industrial de Sula, Sociedad Anónima es el señor HECTOR LUIS CASTRO UCLES, habiendo sido señalado como representante el señor RICARDO ITECH NENO, por lo tanto es claro que se ha accionado penalmente en contra de persona distinta como de manera correcto lo ha visualizado el A-Quo al haber declarado con lugar la excepción de falta de acción alegada y confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, llevando a esta Sala a determinar que no existe ninguna violación de los derechos constitucionales alegados por la recurrente en esta acción de amparo, siendo lo procedente denegarlo..."

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta..." …" Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Penal interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la causa instruida contra el Señor RICARDO ITECH NENO, por suponerlo responsable de los delitos de CORTE O APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO O SUB PRODUCTO FORESTAL AGRAVADO Y DAÑOS AGRAVADOS EN CONCURSO REAL, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES 1).- Que en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) la Fiscalía Especial del Medio Ambiente Regional del Ministerio Publico de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a través de su Agente Fiscal DIGNA HERNANDEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Puerto Cortés, departamento de Cortés, presentando requerimiento Fiscal contra el señor Señor RICARDO ITECH NENO, por suponerlo responsable de los delitos CORTE O APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO O SUB PRODUCTO FORESTAL AGRAVADO Y DAÑOS AGRAVADOS EN CONCURSO REAL, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS (FOLIOS DEL 01 y 08 DE LA PRIMERA PIEZA).2).- Que en Audiencia de Imputado de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno celebrada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, la Abogada LILIAN MURILLO, actuando en su condición de Defensora del señor RICARDO ITECH NENO, presentó la excepción por falta de acción al considerar que no debió promoverse la misma. En consecuencia el citado Juzgado resolvió: “Primero:… SEGUNDO: Por tanto Declara CON LUGAR la EXCEPCIÓN POR FALTA DE ACCIÓN cuando no debió promoverse o cuando no pueda perseguirse; establecida en el artículo 46 N. 2 y 46 de nuestra normativa procesal penal ya que es del criterio que el Ministerio Público no debió de interponer requerimiento fiscal en contra del señor RICARDO ITECH NENO, ya que en todo el procedimiento administrativo realizado por el Departamento Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortés, ha establecido que el responsable de dicha acción en donde se vio afectada el ecosistema es la Empresa CORPORACION INDUSTRIAL DE SULA S.A. DE C.V., dirigida por el señor HECTOR LUIS CASTRO UCLES, quien fue amonestado administrativamente,…”. (FOLIOS DEL 269 AL 275 DE LA PRIMERA PIEZA DE ANTECEDENTES).3).- Que conociendo de un recurso interpuesto contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en Audiencia celebrada en fechas treinta y uno (31) de agosto y treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dictó resolución en cual: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de abril del año en curso (2021) por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes Cortés. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución que declara HA LUGAR LA EXCEPCION POR FALTA DE ACCION dictada en el proceso instruido contra el acusado RICARDO ICTECH NENO por los delitos CORTE O APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS O SUB PRODUCTOS FORESTAL AGRAVADO Y DAÑOS AGRAVADOS EN CONCURSO REAL en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.” (FOLIOS 08 a 15 DE LA SEGUNDA PIEZA DE LOS ANTECEDENTES).4).- Que en fecha catorce (14) de diciembre de los dos mil vestidos (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta (30) de septiembre del dos mil veintidós, dictada POR la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al estimar que viola el Artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios del 01 AL 05 del Recurso de Amparo).5).- Que en fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el Recurso de Merito, asimismo, omite dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico) (Folios 23 del Recurso de Amparo).CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO TRES (3): Que la presente garantía Constitucional de Amparo es promovida por Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la causa instruida contra el Señor RICARDO ITECH NENO, por suponerlo responsable de los delitos de CORTE O APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO O SUB PRODUCTO FORESTAL AGRAVADO Y DAÑOS AGRAVADOS EN CONCURSO REAL, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, en vista que la decisión a la que arribo la alzada no guarda congruencia con lo vertido en audiencia; es así, que consta el testimonio número 495 de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024), que contiene la Constitución de Sociedad de Palma de Campanas S.A. de C.V., en la que no solo el encartado Ricardo Itech Neno figura como propietario de dicha Sociedad, entre las cuales se encuentra también como socio el señor Héctor Luis Castro, quien a su vez es el representante legal de COINSU, de tal manera que el contrato de Co-Inversión suscrito por la Empresa Palma de Campana S.A. y COINSU en fecha 05 de enero de 2015, denota el conocimiento de ambos en las actividades a desarrollar, ya que la propiedad donde se produjo la acción ilícita forma parte de los activos de la Sociedad Palma de Campanas S.A. de C.V., por lo tanto no se logra desvincular al encartado Ricardo Itech Neno de los hechos, al ser clara la intensión de descombrar la zona para plantar palma africana por ser este el giro de la empresa que ambos constituyeron, siendo de esta forma manifiesta su colusión en la acción reprochada; Asimismo y en referencia a la sanción administrativa aplicada a COINSU, tampoco lo desvincula al ser un proceso independiente a la responsabilidad penal por ende lo resuelto por el Tribunal de Alzada transgrede la garantía invocada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que mediante auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo, y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado (Ver folio 33 de la pieza de amparo).CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERANDO OCHO (8): Que revisadas las actuaciones venidas en amparo, se desprende que el acto recurrido lo constituye la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento Cortes, de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), a través de la cual se confirmó el auto de primera instancia donde se estableció la excepción de falta de acción del representante legal de la parte demandada, en este sentido esta sala es del criterio en primer lugar, el recurrente no desarrolla ningún derecho Constitucional violado, sino que de la revisión del presente expediente se observa que alega circunstancias de mera legalidad lo cual es una causa de inadmisibilidad del presente amparo de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y en segundo lugar, resulta claro que en caso de las empresas privadas, tal y como lo dice el Código de Comercio comparecerán en cualquier proceso los que realmente la representen. En el caso de autos consta a folio del 141 al 150 de la pieza principal de autos que el representante legal de la empresa acusada Corporación Industrial de Sula, Sociedad Anónima es el señor HECTOR LUIS CASTRO UCLES, habiendo sido señalado como representante el señor RICARDO ITECH NENO, por lo tanto es claro que se ha accionado penalmente en contra de persona distinta como de manera correcto lo ha visualizado el A-Quo al haber declarado con lugar la excepción de falta de acción alegada y confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, llevando a esta Sala a determinar que no existe ninguna violación de los derechos constitucionales alegados por la recurrente en esta acción de amparo, siendo lo procedente denegarlo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1799-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL