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Sentencia AP-1772-22 — Registro 17841

Resumen

Resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal por el delito de homicidio. Se revoca la medida cautelar de detención judicial impuesta en audiencia por lo que debe ser dejado en inmediata libertad al acusado, por lo que se ordena la secretaria del despacho libres los oficios respectivos al centro penal correspondiente y se otorgue carta de libertad provisional por ahora, otorgándole carta de libertad definitiva la imputado cuando la resolución se encuentre firme.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... “CONSIDERANDO (19): Que en tal sentido, se refuerza el deber de la instancia, en particular y de los actores jurídicos, en general, de dictar sobreseimiento cuando proceda, de conformidad a ley procesal y sólo dictar auto de formal procesamiento, en caso se compruebe la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos y exigencias de tipificación legal que enmarca la legalidad penal aplicable, así como la estimación del indicio racional mediando todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (20): Que, en el supuesto jurídico – penal anteriormente prescripto, es parte de la tutela judicial efectiva, asegurar que la resolución judicial acredite motivación suficiente; dando cuenta del por qué se tiene, o no, como concurrente el verbo o los verbos rectores que enmarcan la tipicidad penal mediante prueba directa, o indiciaria; siempre a la luz de la sana crítica y en compatibilidad con los valores y principios que informan la Constitución de la República, entre los cuales destaca, como queda expresado, el principio de legalidad en la administración. Lo anterior adquiere particulares contornos y alcances tratándose de derecho penal sustantivo, pues las exigencias de la dogmática jurídica lo reconducen hacia una tipología hermenéutica taxativa y estricta; proscribiendo así los usos analógicos y extensivos, en cuanto a posibilidad válida de inferencia lógico jurídica. CONSIDERANDO (21): Que lo anteriormente conceptualizado adquiere mayor relieve, dado que la motivación vertida por la Corte Ad Quem, respecto al delito atribuido al señor SATURNINO ZUNIGA GOMEZ, no se le comprobó que él haya sido la persona que participó en los hechos del caso concreto:“…ya que el encausado no violentó ninguna norma establecida a este respecto”; lo cual no ha sido contra argumentado eficientemente por la recurrente; en cuanto y en tanto, no establece precisamente cuál fue la participación del imputado así como a la comprobación de que haya participado en dicho delito. Y es así que la prueba de los hechos invocados por la acusación corresponde al Ministerio Público y, eventualmente, al acusador privado, ya que el imputado se encuentra constitucionalmente en estado de inocencia (no culpabilidad) durante la tramitación de todo el proceso.CONSIDERANDO (22): Que por todo lo anteriormente motivado, resulta procedente la desestimación de la presente garantía, a la luz del derecho constitucional invocado. - En virtud de lo cual, debe dictarse sentencia denegatoria al presente recurso promovido por la fiscalía del Ministerio Público, en sede de amparo constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los siete días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por La Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veintidós (2022), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación presentado contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua, del Departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintidós (2022); en la causa instruida contra el señor SATURNINO ZUNIGA GOMEZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor JOSE ARMANDO MARCIA LOPEZ. Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de de ANTECEDENTES 1)Que en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada ERNESTINA SALINAS AGUILAR, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores NERY CHAVER ZABALA y SATURNINO ZUNIGA GOMEZ, por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor JOSE ARMANDO MARCIA LOPEZ. (Folios 1 al 2 de la pieza de antecedentes del A-quo)2)Que en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintidós (2022); el Juzgado instructor “RESUELVE: 1) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a SATURNINO ZUNIGA GOMEZ por suponerlo responsable como autor del delito de HOMICIDIO en perjuicio de JOSE ARMANDO MARCIA LOPEZ, de conformidad al artículo 296 del Código Procesal Penal. 2) Se REVOCA la medida cautelar de detención judicial impuesta en audiencia de imputado SATURNINO ZUNIGA GOMEZ por lo que debe ser dejado en inmediata libertad, por lo que se ordena la secretaria del despacho libres los oficios respectivos al centro penal correspondiente y se otorgue carta de libertad provisional por ahora, otorgándole carta de libertad definitiva la imputado cuando la resolución se encuentre firme.” (Folio 35 de la pieza de antecedentes del A-quo).3)Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua FALLA:” PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por La Agente de Tribunales del Ministerio Público ABOGADA CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua del departamento de Comayagua, de fecha Treinta y uno (31) de Mayo del año Dos Mil Veintidós, mediante la cual se dicta un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del acusado SATURNINO ZUNIGA GOMEZ, por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio de JOSE ARMANDO MARCIA LOPEZ…” (Folios 5 al 8 de del Ad-quem).4)La recurrente Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veintidós (2022), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de de 5)Que en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de Comayagua, del departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno (31) de Octubre del dos mil veintidós (2022), mediante la cual falla en su parte dispositiva: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, el Recurso de apelación interpuesto por La Agente de Tribunales del Ministerio Público ABOGADA CLAUDIA CAROLINA OBANDO MONTOYA, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras penal de La Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua de fecha treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022), mediante el cual se dicta un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del acusado SATURNINO ZUNIGA GOMEZ, por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio de JOSE ARMANDO MARCIA LOPEZ.- SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN, de que se ha hecho mención en el acápite primero.CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del Recurso de Amparo promovido por la Fiscalía del Ministerio Público se invocó como infringido el artículo 90 de la Constitución de la República; estableciendo el primero y único, en lo referente al debido proceso: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; agravios constitucionales que estima causados la recurrente, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en vista a que el dictado de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de SATURNINO ZUNIGA GOMEZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de JOSE ARMANDO MARCIA LOPEZ, en el qué, el Ad-quem señala en su resolución, que el encartado no fue la persona que disparó en contra del señor JOSE ARMANDO MARIA LOPEZ, y el hecho que acompañara a la persona que disparó, no lo hace partícipe, ya que la responsabilidad es personalísima y en el caso de mérito se tiene individualizado, quién fue el que disparó el arma que le dio muerte a la víctima, excluyéndolo de toda participación, por lo que el Tribunal de Alzada se aparta del postulado que manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, quebrantando el debido proceso ya que arriba a una decisión que no guarda relación con lo probado en el proceso, por lo que el resultado del fallo no reviste congruencia, en vista que sí bien consta acreditado a través de la prueba anticipada del Testigo Protegido J y testigo protegido K que Nery fue la persona que disparó y causó la muerte al occiso, sin embargo omite el Tribunal de Alzada referir en su resolución lo aseverado por la testigo “K” que Nery (no habido) y el acusado cuando vieron a su papá, se bajaron del carro y quién portaba el arma en sus manos era Nery, pero el otro acompañante Saturnino le decía “mata a los tres refiriéndose a su papá, mamá y a ella, pero solo disparó contra su papá”, quién perdió la vida producto del disparo tal como se colige en el dictamen de autopsia. Y es así que el tribunal de alzada no observó los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales, que constituye el elemento eminentemente intelectual de la misma, ya que en el caso de autos, los argumentos plasmados que conllevaron a sobreseer definitivamente la causa, no resultan claros, legítimo y lógicos, al no contener una motivación congruente con lo probado en la audiencia. CONSIDERANDO (5) En ese mismo orden de ideas la resolución de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua del Departamento de Comayagua, según siguen manifestando la recurrente que dicha resolución de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veintidós que colige a folios 52 al 55 del expediente de antecedentes del A-quo; que vulneró el Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, al establecer el tribunal de alzada no observó los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales, que constituye el elemento eminentemente intelectual de la misma, ya que en el caso de autos, los argumentos plasmados que conllevaron a sobreseer definitivamente la causa, no resultan claros, legítimos y lógicos, al no contener una motivación congruente con lo probado en la audiencia. CONSIDERANDO (6): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión que al constatar la resolución recurrida con los elementos de prueba que fueron aportados y evacuados por el Ministerio Público y la defensa del imputado en la Audiencia Inicial, se logra establecer la muerte violenta por heridas de arma de fuego del señor JOSE ARMANDO MARCIA LOPEZ, hecho ocurrido el veintitrés de octubre del dos mil dieciséis, en donde mientras el ofendido transitaba por la calle principal de la Aldea Talnetes, del Municipio de San Gerónimo, Comayagua, y en eso se le acercó NERY CHAVER SABALA Y SATURNINO ZUNIGA, quienes bajaron de un vehículo y fue cuando NERY CHAVER ZABALA, le disparó con un arma de fuego que portaba, en la cual estos hechos fueron asentados con la declaración del Testigo protegido CLAVE “J” quién de forma categórica manifestó que él vio cuando NERY CHAVER, le disparó con un arma de fuego al fallecido JOSE ARMANDO MARCIA LOPEZ, también mencionó que Nery Chaver andaba en compañía de Saturnino Zuniga Gómez, que ambos bajaron de un vehículo; pero fue preciso al afirmar quién fue la persona que disparó, por lo tanto sí el procesado Saturnino Zúniga lo acompañaba, esto no lo hace partícipe, ya que la responsabilidad penal es personalísima y en este caso se tiene individualizado quién fue la persona que disparó el arma que le dio muerte a la víctima, por lo que en el caso de estudio la propia prueba aportada por el Ministerio Público ha dejado evidenciado la no participación del imputado, en virtud de que así se determina de la valoración conjunta y armónica de los medios de pruebas documentales, declaración del testigo protegido clave “J”, dictamen exhumación, acta de inspecciones oculares, que acreditan la muerte violenta de la víctima y a su vez que el acusado SATURNINO ZUNIGA GOMEZ, no tuvo participación en la ejecución del hecho criminal, por lo tanto concurren los requisitos para dictar auto de sobreseimiento definitivo regulados en el artículo 296 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (8): La Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (9): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda, en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.CONSIDERANDO (10): Que la Constitución de la República de Honduras inicia declarando en el artículo 1 que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene todas las aspiraciones a las que anhela todo persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo II lo relativo a los Derechos Individuales y específicamente el artículo 90 establece: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. CONSIDERANDO (11): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras.CONSIDERANDO (12): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 7 y 8 el derecho a la libertad personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En ese orden de ideas el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 literal 1 y 3 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención a prisión arbitrarias”. “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez o un funcionario u otro funcionario autorizado por la Ley para ejercer sus funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. CONSIDERANDO (13): Que los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. CONSIDERANDO (14): Que vista para fallo la presente sentencia, resulta procedente para la Sala de lo Constitucional analizar en el fondo la argumentación jurídica vertida por la recurrente, en aras de emitir una resolución justa, protectora de los derechos constitucionales ínsitos en el principio garantía del debido proceso; pues se encuentra suficientemente acreditada la legitimación institucional de la peticionaria, así como delimitado congruentemente el objeto de la presente garantía de amparo, interpuesta en favor de los intereses generales de la Sociedad. CONSIDERANDO (15): Que visto para resolución el presente caso, reitera esta Sala de lo Constitucional, lo dicho en anteriores ocasiones sobre el derecho garantía del Debido Proceso - en tanto derecho individual - el cual se encuentra establecido al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en virtud lo cual ha expresado ésta Sala, que el debido proceso se encuentra conformado por un valioso conglomerado de derechos, garantías o formalidades establecidas por la ley, entre los cuales el derecho que asiste a todos los ciudadanos y habitantes del país a ser juzgados por jueces y tribunales competentes, con observancia de las formalidades, derechos y garantías que establecen las leyes. Este precepto constitucional consagra, en lo concerniente al proceso penal, el derecho a un proceso justo, conglobante del respeto y garantía a todo el conjunto de derechos fundamentales, tales como son el derecho de defensa, estado de inocencia, contradicción y audiencia, derecho a un juez independiente e imparcial, a la notificación razonable y a la publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. CONSIDERANDO (16): Que, para esta Sala de lo Constitucional, tales principios y derechos enunciados en forma enunciativa y no limitativa en el amplio concepto del debido proceso, deben necesariamente concertarse en sociedad en conjunción y apego a un principio irrenunciable, como es el principio de legalidad, a través del cual se plasma preponderantemente el imperio del Derecho; derechos constitucionales invocados por parte recurrente. CONSIDERANDO (17): Que, la Corte de Apelaciones concernida deberá observar en el conocimiento y resolución del caso concreto el debido control de racionalidad y de sujeción a legalidad respecto al dictado de un sobreseimiento definitivo dictado en Audiencia Inicial, sobre todo teniendo en especial consideración los efectos de cosa juzgada material a favor del imputado, como se deduce del tenor del Código Procesal Penal y de congrua jurisprudencia emanada de esta alta Sala de Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (18): Que en tal sentido, se aprecia claramente esta línea jurisprudencial en el voto particular No. 266-2010 emitido por el Magistrado Carlos David Cálix Vallecillo en torno a la resolución del recurso de amparo interpuesto contra la sentencia del Tribunal Especial de Apelación de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010), el cual confirmare el sobreseimiento definitivo de la causa dictado por el juez natural a favor de los imputados ROMEO ORLANDO VASQUEZ VELASQUEZ, VENANCIO CERVANTES SUAZO, CARLOS ANTONIO CUELLAR CASTILLO, LUIS JAVIER PRINCE SUAZO, MIGUEL ANGEL GARCIA PADGETT Y JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y EXPATRIACIÓN DE UN NACIONAL HONDUREÑO, tipificados en los artículos 349 No. 2) y 333 No. 5) del Código Penal; en el cual, el referido Magistrado de Apelación Especial, pronunciara pertinentemente, in fine, el siguiente considerando jurídico: “OCTAVO: Las causas que delimitan el ámbito aplicativo del sobreseimiento definitivo, son hipótesis de radical y definitiva exclusión de la responsabilidad penal que hacen de las resoluciones que lo adoptan una suerte de sentencias de fondo absolutorias, con la única salvedad de que se dictan por los órganos judiciales anticipadamente al momento procesal en que suelen producirse aquellas. Es por ello, que los autos de sobreseimiento definitivo, una vez alcanzada su firmeza, son resoluciones que producen la totalidad de los efectos de la cosa juzgada material, y en particular el efecto negativo y excluyente resumido en la máxima latina “non bis in ídem”.CONSIDERANDO (19): Que en tal sentido, se refuerza el deber de la instancia, en particular y de los actores jurídicos, en general, de dictar sobreseimiento cuando proceda, de conformidad a ley procesal y sólo dictar auto de formal procesamiento, en caso se compruebe la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos y exigencias de tipificación legal que enmarca la legalidad penal aplicable, así como la estimación del indicio racional mediando todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (20): Que, en el supuesto jurídico – penal anteriormente prescripto, es parte de la tutela judicial efectiva, asegurar que la resolución judicial acredite motivación suficiente; dando cuenta del por qué se tiene, o no, como concurrente el verbo o los verbos rectores que enmarcan la tipicidad penal mediante prueba directa, o indiciaria; siempre a la luz de la sana crítica y en compatibilidad con los valores y principios que informan la Constitución de la República, entre los cuales destaca, como queda expresado, el principio de legalidad en la administración. Lo anterior adquiere particulares contornos y alcances tratándose de derecho penal sustantivo, pues las exigencias de la dogmática jurídica lo reconducen hacia una tipología hermenéutica taxativa y estricta; proscribiendo así los usos analógicos y extensivos, en cuanto a posibilidad válida de inferencia lógico jurídica. CONSIDERANDO (21): Que lo anteriormente conceptualizado adquiere mayor relieve, dado que la motivación vertida por la Corte Ad Quem, respecto al delito atribuido al señor SATURNINO ZUNIGA GOMEZ, no se le comprobó que él haya sido la persona que participó en los hechos del caso concreto:“…ya que el encausado no violentó ninguna norma establecida a este respecto”; lo cual no ha sido contra argumentado eficientemente por la recurrente; en cuanto y en tanto, no establece precisamente cuál fue la participación del imputado así como a la comprobación de que haya participado en dicho delito. Y es así que la prueba de los hechos invocados por la acusación corresponde al Ministerio Público y, eventualmente, al acusador privado, ya que el imputado se encuentra constitucionalmente en estado de inocencia (no culpabilidad) durante la tramitación de todo el proceso.CONSIDERANDO (22): Que por todo lo anteriormente motivado, resulta procedente la desestimación de la presente garantía, a la luz del derecho constitucional invocado. - En virtud de lo cual, debe dictarse sentencia denegatoria al presente recurso promovido por la fiscalía del Ministerio Público, en sede de amparo constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1772-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.