Sentencia AP-1752-22 — Registro 17835
Resumen
en relación a la causa instruida contra MENOR INFRACTOR, por suponerlo responsable de la comisión de la infracción penal de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, el cual ingreso al centro penal Jalteva acusado por la infracción de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de posesión acción en perjuicio de la salud del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
esta Sala encuentra que, en la resolución que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha inobservado el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 526 del Código Penal Decreto No. 130-2017 un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que el tipo penal de Quebrantamiento de Condena o Medida únicamente será punible cuando ese quebrantamiento se produzca en los procedimientos de violencia de género, excluyendo de esa sanción cualquier otro proceso por delitos distintos, cuando la norma penal sustantiva no realiza tal acepción. Aunado a ello la motivación externada por la Corte recurrida se muestra escasa, en cuento al argumento que le llevo a tal conclusión. Por tal razón, al confirmar la decisión del Juez A-quo que dicta sobreseimiento definitivo bajo el argumento que la acción del menor acusado no es típica de un procedimiento de violencia de género, ha desatendido la intención que tuvo el legislador al momento de incluir la figura penal de Quebrantamiento de Condena o Medida en el nuevo Código Penal, vulnerando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, ello en detrimento de los derechos y garantías que le asisten a la recurrente en Amparo.6.En consecuencia, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 526 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
esta Sala encuentra que, en la resolución que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha inobservado el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 526 del Código Penal Decreto No. 130-2017 un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que el tipo penal de Quebrantamiento de Condena o Medida únicamente será punible cuando ese quebrantamiento se produzca en los procedimientos de violencia de género, excluyendo de esa sanción cualquier otro proceso por delitos distintos, cuando la norma penal sustantiva no realiza tal acepción. Aunado a ello la motivación externada por la Corte recurrida se muestra escasa, en cuento al argumento que le llevo a tal conclusión. Por tal razón, al confirmar la decisión del Juez A-quo que dicta sobreseimiento definitivo bajo el argumento que la acción del menor acusado no es típica de un procedimiento de violencia de género, ha desatendido la intención que tuvo el legislador al momento de incluir la figura penal de Quebrantamiento de Condena o Medida en el nuevo Código Penal, vulnerando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, ello en detrimento de los derechos y garantías que le asisten a la recurrente en Amparo.6.En consecuencia, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 526 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintidós (2022), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022), que resuelve dictar Sobreseimiento Definitivo, en relación a la causa instruida contra el menor de edad MENOR INFRACTOR, por suponerlo responsable de la comisión de la infracción penal de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Estima la recurrente que el acto reclamado quebranta los derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a la defensa y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia del Departamento de Francisco Morazán, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada RAMONA DOLORES VALDERRAMOS, presentando Acusación en contra del menor de edad MENOR INFRACTOR, por suponerlo responsable de la infracción penal de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes del A-quo)2) En fecha tres de mayo del año dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia del Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia de Vinculación al proceso, dictando resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “Una vez escuchado el planteamiento por parte del Ministerio Publico y la Defensa este juzgado resuelve de la siguiente manera: el Ministerio Publico en esta audiencia está obligado a acreditar los extremos del artículo 230 del Código de la Niñez y la Adolescencia y peticionar conforme a derecho corresponda, la Defensa por su parte está obligada a defender y respaldar el estado de inocencia que enviste al niño en todo proceso acusatorio y el juez a resolver con la prueba únicamente propuesta y evacuada en audiencia, lo anterior según establece el artículo 294 del Código Procesal Penal; en la presente audiencia el Ministerio Publico propuso Medio de prueba documental y testifical asimismo verificando el secretario que el testigo propuesto no se encontraba en la sala, por otra parte, después de haber analizado el tipo penal por el cual está acusado el niño MENOR INFRACTOR según informe extendido por el Instituto Nacional para la Detención de Menores Infractores que corre a folio 32 donde se informa que el niño en efecto ingreso al centro penal Jalteva acusado por la infracción tráfico ilícito de drogas en la modalidad de posesión acción en perjuicio de la salud del estado de honduras; después de analizar los presupuestos que establece el artículo 526 del código penal establece: Quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años… La conducta cometida por el niño acusado previo a esta acusación no es típica del procedimiento de violencia de género, ante tal situación se dicta un Sobreseimiento Definitivo amparado en el artículo 230 del Código de la Niñez y la Adolescencia en relación al 296 literal 1)del Código Procesal Penal en virtud de que por la infracción que el Ministerio Publico está acusando al niño no es tipificada como delito según el nuevo Código Penal Vigente, numeral en relación a lo que relacionan los artículos 1. 2 y 12 referente al principio de legalidad entre otros del Código Penal vigente ante tal situación se dicta el sobreseimiento Definitivo, y se ordena se le restituyen todos los Derechos, que se le habían infringido al niño a razón de esta acusación: la acción cometida por el niño no se enmarca en el delito de Quebrantamiento de condena o medida de cautelar debido a que no está acusado exclusivamente en delitos de origen de violencia de género,…” (Folios del 54-57 de la pieza de antecedentes del A-quo)3)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada GINA CASTILLO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de junio del año dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. 2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios del 79-83 de la pieza de antecedentes del A-quo)4)Que la recurrente, Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional, en fecha dos de diciembre del año dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, quebranta los derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a la defensa y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la República.5)Que en fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, presentado por la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de Amparo. La Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando la violación a derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la República. La recurrente al presentar y formalizar la presente garantía constitucional de Amparo argumenta que la resolución recurrida no se ajusta a las garantías y requisitos que exige el debido proceso contenido en el articulo 90 constitucional, al no motivar de manera razonada su decisión, incumpliendo los requisitos de la debida motivación conforme lo establece el artículo 141 del Código Procesal Penal, en cuanto a la obligación de expresar los fundamentos de derecho en que se basa la resolución. Sostiene la peticionaria de Amparo que del contenido literal del Artículo 526 del Código Penal, se aprecia claramente en la redacción del precepto en mención la incorporación de comas (,) tras referirse a la condenas, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, la cual esta seguida de la frase “dictada en un procedimiento de violencia de género”, ya que en todas estas situaciones se puede apreciar que para la existencia del delito de quebranto se requiere: a) Un efectivo quebrantamiento de la orden o resolución de privación de libertad, condena o medida de seguridad; b) Un elemento subjetivo, constituido por la voluntad del sujeto de recuperar la libertad y de no respetar dicha orden que limita su derecho de no hacer algo; c) La existencia real de esa orden o resolución, emanada; por lo que la citada conducta lo que castiga es la desobediencia a la autoridad a cumplir con lo ordenado en una resolución o sentencia, tal como acontece en el caso en comento. Reitera la recurrente que el razonamiento externado por el Tribunal de Alzada denota falta de claridad e interpretación errónea del artículo 526 del Código Penal vigente, en un sentido distinto del que varadamente tiene, asignándole consecuencias que no resultan de su propia redacción conceptual, ya que de la literalidad de la norma se extrae que la conducta que reprocha el tipo penal es precisamente el quebrantamiento de los siguiente: a) Condena; b) Medida de seguridad; c) Medidas cautelares de detención judicial y la prisión preventiva recaídas en un proceso penal; B) Lo referente a cualquiera de las medidas cautelares contempladas en el articulo 6 numeral 3) de la Ley Contra la Violencia Domestica, que se hubiese dictada en un procedimiento de violencia de género; de cuyo contenido se extrae que la conducta que reprocha la norma penal procede contra aquellos que están obligados a cumplir las ordenes y resoluciones emanadas por la autoridad judicial correspondiente dentro de un proceso penal o en un procedimiento especial de violencia de género. Concluye la garantista que estima que la conducta reprochada al menor que se encontraba interno en el Centro Correccional de Jalteva, por la infracción penal de Tráfico de Drogas, es la constitutiva de la infracción penal del delito de Quebrantamiento de Condena o medida, contrario a lo razonado por el Ad-quem, en cuanto estima que el delito de Tráfico de Drogas, queda excluido del tipo penal de Quebrantamiento de Condena o medida, por lo que se aprecia que en el caso de mérito no se ha emitido una resolución de fondo jurídicamente fundada, negando con ello una tutela judicial efectiva, por haber omitido imponer lo dispuesto en el artículo 526 del Código Penal y de esta manera se ve quebrantado el debido proceso. -Lo subrayado es de la recurrente- CONSIDERANDO (3): Resumen de la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, objeto de la presente garantía constitucional de Amparo. El Tribunal Ad-quem mediante Auto de fecha uno (1) de junio del año dos mil veintidós (2022), por unanimidad de votos resuelve: (Sic) “1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. 2) CONFIRMAR la resolución apelada…” El Tribunal recurrido motiva inter alia lo siguiente: (Sic) “2.- … El bien jurídico tutelado en dicha norma es la administración de justicia y específicamente la autoridad de la justicia; es decir, sanciona aquellas conductas desarrolladas contraviniendo las órdenes judiciales o que lesionan el desempeño de la función del órgano jurisdiccional, sin embargo, limita estas sanciones a las causas incoadas en procedimientos de violencia de género. De acuerdo a los antecedentes, corre agregado a folio 22 nota de fecha 4 de marzo de 2022 emitida por Medardo Roberto Zelaya, Procurador legal de CPI-Jalteva, adscrito al INAMI, en la cual establece que al momento de los hechos el MENOR INFRACTOR se encontraba interno en el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva ubicado en la Aldea El Tablón, municipio de Cedros, Francisco Morazán por la infracción penal de Trafico de drogas en su modalidad de posesión. El artículo que antecede exige como elementos objetivos del tipo, que el sujeto activo quebrante (incumpla, violente) la condena, medida de seguridad, prisión preventiva o medida cautelar que le hubiere impuesto el juez; pero añade que será punible cuando ese quebrantamiento se produzca en los procedimientos de violencia de género. De acuerdo a la descripción del tipo contenido en el artículo 526 ya citado del Código Penal, se requiere que para considerar concurrente esa conducta ilícita, que la misma se produzca en las causas abiertas por violencia de género; cualquier otro proceso por delito distinto queda excluido del delito. En la foliada, como ya señalamos se acreditó que el menor se encontraba interno por la infracción penal de tráfico de drogas, es decir que la acción o conducta que hoy se persigue y se le imputa al menor en el expediente de mérito (quebrantamiento de condena o medida), no le es imputable pues de la descripción del tipo penal se desprende que su acción quedó totalmente excluida de ese contexto y de ser sancionada, pues no existe en ese título otra norma dentro de las que protegen el bien jurídico de administración de justicia que describa y sancione la infracción penal atribuida al MENOR INFRACTOR. En consecuencia, los agravios impetrados por el fiscal en cuanto a que se vincule al menor al proceso por Quebrantamiento de condena que se le ha incoado, no son de recibo por cuanto no aparece acreditado que concurran los elementos objetivos o descriptivos de dicha infracción penal, por tanto, a tenor del artículo 296 del Código Procesal Penal, al no haberse acreditado la existencia de tal infracción penal, no puede mas que dictarse a favor del MENOR INFRACTOR sobreseimiento definitivo tal como lo aprecio la juez…” CONSIDERANDO (4): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de las violaciones señaladas por la recurrente en Amparo. Para iniciar este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima oportuno conceptualizar el vocablo género, el que se define como el conjunto de características, roles actitudes, valores y símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer, impuestos dicotómicamente a cada sexo mediante el proceso de socialización y que hacen aparecer a los sexos como diametralmente opuestos por naturaleza. Ser hombre o mujer puede ser diferente de una cultura a otra o de una época histórica a otra, pero en todas las culturas se subordina a las mujeres. Es decir, ser mujer u hombre es una condición social y cultural construida históricamente. En la mayoría de nuestras sociedades, el deber ser de hombres y mujeres está predeterminado por su cultura. Esta definición se hace necesaria en atención al caso sub júdice, a fin de determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem vulnera los derechos y principios constitucionales enunciados por la recurrente en Amparo, en la interpretación que se hace del Artículo 526 del Código Penal el cual establece: “Quebrantamiento de Condena o Medida. Quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años. Cuando la pena que está cumpliendo el sujeto es privativa de libertad y utiliza para su fuga o evasión del lugar en que está recluido violencia o intimidación en las personas, o toma parte en motín, debe ser castigado con la pena del párrafo anterior aumentada en un tercio (1/3), sin perjuicio de las que pudieran corresponder por otros delitos. Se deben imponer las penas de los anteriores párrafos reducidas en dos tercios (2/3) si el prófugo se presenta ante una autoridad o en el lugar de la evasión antes de que transcurran quince (15) días desde la fuga”. CONSIDERANDO (5): Enunciado lo anterior, este Alto Tribunal advierte que el caso sub júdice se contrae a si el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida, tipificado en el artículo 526 del actual Código Penal, se limita a sancionar únicamente los procesos de violencia de género. Iniciaremos diciendo que, de acuerdo a nuestro Código Penal vigente, el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida es un delito contra la Autoridad de la Justicia, se encuentra desarrollado en el Título XXVIII referente a los delitos contra la Administración de Justicia y supone el quebrantamiento de condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar dictada en un procedimiento de violencia de género. El vocablo “Quebrantar” tiene varias acepciones y una de ellas según el Diccionario de la Lengua Española, significa “1. Romper, separar con violencia. Sin.: romper, quebrar, partir, fracturar. 2. Traspasar, violar una ley, palabra u obligación”. Así tenemos que en términos jurídicos Quebrantar significa: “Romper, transgredir, en sentido material o moral. // 2. respecto de una norma o mandato; transgredir por acción o por omisión”. En tanto Quebrantamiento de condena significa: “Conducta castigada en las legislaciones penales, consistente en evadir el cumplimiento de una pena privativa de la libertad que ha sido impuesta por sentencia. Sujeto activo de esta conducta es un individuo que ha sido sentenciado a una pena privativa de la libertad; para considerar que se ha incurrido en este es necesario en el individuo la intención de evadirse”. CONSIDERANDO (6): Que, el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida de reciente vigencia fue tipificado como delito con la entrada en vigor del actual Código Penal mediante Decreto 130-2017. Con este tipo penal el legislador procuró sancionar toda acción encaminada a evadir el cumplimiento de una condena o medida cautelar impuesta por la autoridad correspondiente en un proceso, siendo que con el castigo de esta conducta se pretende el cumplimiento a lo ordenado en una resolución que decreta la imposición de una pena o una medida cautelar. El ya derogado Código Penal Decreto 144-83 también sancionaba las acciones contra la Administración de Justicia, conductas que se encontraban desarrolladas en el Título XIII y se intitulaba “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, tipificando el delito de Evasión, el cual guarda analogía con el actual delito de Quebrantamiento de Condena o Medida; la conducta tipificada en el anterior Código Penal únicamente hacia referencia a la evasión de quien se encontraba “legalmente detenido o condenado” y la conducta que se sanciona en el Código Penal vigente hace referencia a condena y medidas cautelares. CONSIDERANDO (7): Que en consideración a la motivación para la creación de un nuevo Código Penal, el Congreso Nacional, establece como premisas para ello que las manifestaciones de la antropología criminal en los últimos treinta (30) años, ha pasado de una “cultura” del crimen común, hacia formas delictivas más complejas donde se vuelven mas severos los daños a las víctimas pero fundamentalmente mas perjudiciales a la sociedad, donde la criminalidad organizada ha llegado a plantear desafíos en la institucionalidad del Estado, simultáneamente se ha desplazado el perfil del delincuente, pasando de un delincuente individual que actuaba en la mayoría de los casos por móviles personales, de forma aislada e individual, hacia los delincuentes de elevado perfil intelectual que actúan en forma organizada y disponen de recursos técnicos y económicos; que la varias reformas al anterior Código Penal Decreto No. 144-1983, fueron motivadas por el mayor reproche social y la necesidad consecuente de incorporar nuevas figuras delictivas, ya que después de treinta años, este dejó de ser concordante con la realidad de la sociedad hondureña actual, sin que las múltiples reformas que sufrió el anterior Código Penal hayan podido alcanzar esta nueva realidad; siendo una realidad, el creciente número de denuncias por agresiones de violencia doméstica y las relativas a las relaciones familiares. CONSIDERANDO (8): Que la Doctrina distingue dos métodos tradicionales de interpretación de la ley a saber: a) El método Exegético; y, b) El método Dogmático. De acuerdo con el método exegético, la función del juez consiste en indagar en lo expresado por la norma, cuál ha sido la intención del legislador al dictarla; ello significa que se identifica la ley con la voluntad del legislador y que se atribuye a la labor interpretativa la misión de descubrir esa voluntad, revelándose de esta forma el sentido de la ley. Así entonces como se trataba para el intérprete de desentrañar la intención psicológica del autor de la norma, se suponía que la misma estaba adecuadamente reflejada en el texto redactado por éste, por lo que la interpretación de la ley debía realizarse en forma “literal” o “gramatical”, es decir, según el sentido de las palabras, individualmente y en su conexión sintáctica. Por el contrario, el método dogmático ofrecía perspectivas de enriquecimiento, porque al considerar a la ley desligada de su autor allanaba el camino para una interpretación progresista de la misma. En efecto si no era ya la intención del legislador la que le otorgaba a la norma su sentido, se podía pensar en otros factores como fuente del mismo. El método dogmático se interesó en un primer momento en la ratio legis de la norma, es decir, en sus fundamentos o en los principios en que descansaba, los cuales descubría a través de un estudio lógico y sistemático. Así tenemos que los elementos de un estudio lógico y sistemático que permiten el esclarecimiento de la norma cuando su sentido no surge de modo inmediato de la expresión literal, hacen referencia a que el elemento lógico alude no ya al sentido que se desprende de las palabras empleadas, sino propiamente a la intención del legislador que se infiere del texto en su conjunto y de sus relaciones con otras normas atinentes al mismo objeto de regulación o conectados con éste. El elemento sistemático esta emparentado con el elemento lógico y la diferencia que media entre ambos es mas de grado que de naturaleza. Según el elemento lógico el juez debe coordinar la norma por interpretar con otras disposiciones, mientras que mediante el elemento sistemático “la interpretación se hace no solamente sobre la base de una relación directa e inmediata entre normas próximas, sino que se refiere a conexiones mucho mas remotas y amplias hasta llegar a una interpretación que comprometa los principios en que descansa todo el ordenamiento jurídico como una unidad”. Esto significa que el orden jurídico constituye un todo orgánico y que es imposible comprender sus instituciones aisladamente, sin referencia a sus fundamentos. CONSIDERANDO (9): Que resulta evidente para esta Sala que, cuando entró en vigor el Código Penal en el año 2020, fue intención del legislador considerar al delito de Quebrantamiento de Condena o Medida como un delito cuyo bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia, si bien el nomen iuris ha cambiado en el nuevo Código Penal, se advierte que la intención del legislador ha sido desde la promulgación del anterior Código Penal Decreto No. 144-83, sancionar las conductas encaminadas a evadir una pena o evadirse la personada legalmente detenida, ello es así pues el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida, reprocha toda acción encaminada a evadir el cumplimiento de una pena, ya sea esta o no privativa de la libertad, así como el incumplimiento de medidas cautelares decretadas por autoridad competente. CONSIDERANDO (10): Que, siguiendo este orden de ideas, parte de las alegaciones del ente fiscal para fundar su acción de Aparo es que considera que el Tribunal de Alzada hizo una interpretación errónea de lo estipulado por el artículo 526 del Código Penal vigente, en atención a que el Tribunal recurrido argumenta en su resolución que el Artículo 526 del Código Penal sanciona aquellas conductas desarrolladas contraviniendo las órdenes judiciales o que lesionan el desempeño de la función del órgano jurisdiccional, sin embargo, -dice la Corte recurrida-, limita estas sanciones a las causas incoadas en procedimientos de violencia de género, en atención a ello la Alzada es del criterio que cualquier otro proceso por delito distinto queda excluido del delito de Quebrantamiento de Pena o Medida, es decir el Tribunal recurrido interpreta que la conducta que sanciona el artículo 526 del Código Penal es aplicable únicamente a quienes tienen procesos relacionados con delitos de violencia de género. CONSIDERANDO (11): Que, conforme a lo anterior y como bien argumenta el Ministerio Público, resulta evidente para esta Sala de lo Constitucional el error incurrido por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al momento de interpretar y aplicar lo establecido en el artículo 526 del Código Penal en el caso sub júdice. Este Tribunal de Justicia Constitucional estima que, si la intención del legislador hubiese sido que la sanción contenida en el artículo 526 del Código Penal es aplicable únicamente a los procesos por violencia de género, no se señalaría en forma separada en la norma sustantiva los supuestos a que debe aplicarse la misma; así tenemos y para mayor ilustración lo que dispone el primer párrafo del precepto citado: “Artículo 526. Quebrantamiento de Condena o Medida. Quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de dos (2) a cuatro (4) años…” En este orden de ideas, aplicando de manera literal lo establecido en el precepto supra indicado, el tipo penal castiga la acción de quebrantar: 1) Una condena; 2) Una medida de seguridad de internamiento; 3) La detención judicial; 4) La prisión preventiva; o, 4) Una medida cautelar dictada en un procedimiento de género. Estima este Alto Tribunal que, si bien la autoridad recurrida no advirtió de la literalidad de la norma, cuál era la intención del legislador, debió acudir a los elementos de interpretación lógico y sistemático para lograr el esclarecimiento de la norma, pues el orden jurídico como lo señala la doctrina ut supra, constituye un todo orgánico y es imposible comprender sus instituciones aisladamente. CONSIDERANDO (12): Que la motivación que realiza el Tribunal recurrido en cuanto a interpretar el contenido del artículo 526 del Código Penal se muestra insuficiente, pues no realiza una interpretación en atención a los elementos lógico y sistemático, para concluir que la norma solo castiga o sanciona aquellas conductas que contravienen órdenes judiciales, cuando ese quebrantamiento se produzca únicamente en los procedimientos de violencia de género; en consecuencia con la interpretación realizada por la Corte de Apelaciones, todas los demás conductas encaminadas a evadir penas y medidas cautelares, como por ejemplo en delitos de Asesinato, Robo, Tráfico de Drogas por citar algunos, no les es aplicable sanción alguna. Se hace importante en este punto referir que, si la confusión de la Alzada se produce con la inclusión de la letra “O” en la definición de los elementos que tipifican la conducta contenida en el artículo 526 del Código Penal, esta letra forma parte, junto con la a y la e, de las llamadas vocales abiertas, lo que resulta relevante en la configuración de diptongos, triptongos e hiatos, y en la acentuación gráfica de las palabras que los contienen. Así tenemos entonces que la conjunción “O” es una conjunción coordinante que tiene valor disyuntivo cuando expresa alternativa entre distintas opciones: ¿Prefieres ir al cine o al teatro? Otras veces expresa equivalencia denominativa: El colibrí o pájaro mosca es abundante en esta región. También se usa para coordinar los dos últimos elementos de una ejemplificación no exhaustiva, con un valor de adición semejante al de la conjunción y: Acudieron a la fiesta muchos famosos, como periodistas, actores o futbolistas; la conjunción o tiene por objeto señalar aquí que no se ha agotado la enumeración, que se han citado solo unos cuantos ejemplos de entre los varios posibles; sin este valor, no es admisible usar o en lugar de y: A menudo la disyuntiva que plantea esta conjunción no es excluyente, sino que expresa conjuntamente adición y alternativa: En este cajón puedes guardar carpetas o cuadernos (es decir, una u otra cosa, o ambas a la vez). En la mayoría de los casos resulta, pues, innecesario hacer explícitos ambos valores mediante la combinación y/o.CONSIDERANDO (13): Que, este Tribunal de Justicia Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada interpreta de forma incorrecta la ley, dándole un sentido que no tiene; el error estriba fundamentalmente en argumentar que de acuerdo a la descripción del tipo contenido en el artículo 526 del Código Penal, se requiere que para considerar concurrente esa conducta ilícita, que la misma se produzca en las causas abiertas por violencia de género, por ende interpreta la Corte recurrida: (Sic) “cualquier otro proceso por delito distinto queda excluido del delito”; tal interpretación denota el yerro en que incurre la Corte, pues la intención del legislador con la promulgación del nuevo Código Penal, es precisamente proteger a la víctima de todas las nuevas modalidades delictivas, transcurridos treinta años de la promulgación del anterior Código Penal, en esencia la intención del legislador es hacer frente a las nuevas modalidades delictivas y a los nuevos perfiles delincuenciales, siendo motivadas las nuevas figuras delictivas por el mayor reproche social, por ello es evidente como líneas arriba se dijo el incremento de denuncias por violencia de género. Como bien argumenta la recurrente, este nuevo tipo penal de Quebrantamiento de Condena abarca también al quebrantamiento de medidas cautelares que puedan imponerse en procesos de violencia doméstica, en aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica, no siendo en consecuencia la intención del legislador que el quebranto a penas y medidas cautelares impuestas en delitos de mayor reproche social como Asesinato, Parricidio, Tráfico de Drogas, Secuestro etc. no se sancionen. Por ello el uso que se hace de la conjunción “O”, en la redacción de la norma, tiene por objeto señalar como se ejemplifica en el acápite anterior, que no se ha agotado la enumeración, que se han citado solo unos cuantos ejemplos de entre los varios posibles.CONSIDERANDO (14): Que como corolario de lo anteriormente expuesto este Tribunal de Justicia Constitucional estima que:1.Si el legislador incluyó en el nuevo Código Penal una conducta que sanciona la contravención a ordenes o resoluciones que emanan de autoridad judicial con el nomen iuris de Quebrantamiento de Pena o Medida, la cual se encuentra desarrollada en el Título XXVIII del Código Penal, cuyo bien protegido es la Administración de Justicia, como lo fue cuando en su momento se encontraba vigente el anterior Código Penal el delito de Evasión, que sancionaba de igual forma la conducta de quien se evadiera hallándose legalmente detenido o condenado, denota cual ha sido la intención del legislador, el de sancionar a quienes pretendan incumplir órdenes y resoluciones emanadas de autoridad judicial, indistintamente del delito de que se trate y por el cual se haya condenado o se encuentre cumpliendo medida cautelar una persona. La interpretación que ha realizado la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán al artículo 526 del Código Penal, es contrario a la intención que tuvo nuestro legislador en atención a las motivaciones en la promulgación de la nueva ley penal sustantiva y lesiva al principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal.2.Que el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado. 3. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate.4.A su vez este Alto Tribunal ha declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico.5.En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la resolución que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha inobservado el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 526 del Código Penal Decreto No. 130-2017 un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que el tipo penal de Quebrantamiento de Condena o Medida únicamente será punible cuando ese quebrantamiento se produzca en los procedimientos de violencia de género, excluyendo de esa sanción cualquier otro proceso por delitos distintos, cuando la norma penal sustantiva no realiza tal acepción. Aunado a ello la motivación externada por la Corte recurrida se muestra escasa, en cuento al argumento que le llevo a tal conclusión. Por tal razón, al confirmar la decisión del Juez A-quo que dicta sobreseimiento definitivo bajo el argumento que la acción del menor acusado no es típica de un procedimiento de violencia de género, ha desatendido la intención que tuvo el legislador al momento de incluir la figura penal de Quebrantamiento de Condena o Medida en el nuevo Código Penal, vulnerando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, ello en detrimento de los derechos y garantías que le asisten a la recurrente en Amparo.6.En consecuencia, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 80, 90, 183 numeral 1), 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Acción Constitucional de Amparo promovida por la recurrente, Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintidós (2022), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la causa instruida contra el menor de edad MENOR INFRACTOR, por suponerlo responsable de la infracción penal de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA, en perjuicio de LA AUTORIDAD DE LA JUSTICIA, de la cual se ha hecho mérito, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan; Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1752-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.