Sentencia AP-1738-22 — Registro 18186
Resumen
Se interpuso Acción de Amparo Penal contra la resolución dictada que resolvió el Recurso de Apelación contra la resolución en el delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Si bien por disposición del artículo 615 párrafo segundo del Código Penal vigente, si de acuerdo con el actual código los hechos que están siendo juzgados o sobre los cuales no ha recaído sentencia, no constituyen delito, el órgano jurisdiccional dictará sobreseimiento definitivo, este supuesto cabe únicamente en los casos de total despenalización de la conducta, sin embargo, un estudio detenido de los autos, devela que se está ante un caso en donde solo se ha tenido un cambió de nombre del injusto penal y de la pena y cuyo examen con mayor detenimiento corresponde a la instancia penal para efectos de determinar cuál es más favorable aplicar; el artículo que originalmente orilló la persecución penal disponía: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario que: 3) Omita, rehusé, o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo”. El artículo 499 numeral 2) del nuevo código penal en vigencia dispone: “Comete el delito de abuso de autoridad y debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (3) a seis (6) años, el funcionario o empleado público, que ejecute algunas de las conductas siguientes: 2) Indebidamente omite, rehúsa o retarda cualquier acto propio de las funciones que desempeña…” Puntualmente, el accionante argumenta que no se ha despenalizado la conducta y que la misma ha pasado a ser regulada en el nuevo código penal, considerando esta sala que la conducta que dio origen al proceso, está comprendida en el nuevo código penal y quedarían algunas cuestiones que definitivamente corresponde únicamente a la instancia penal resolver en el fondo. Ese ejercicio intelectivo corresponde a un auténtico análisis de instancia para determinar qué ley debe aplicarse, pues para este Tribunal Constitucional, aparentemente no se trata de despenalización si no de una eventual decisión de aplicar o no una ley penal sustantiva en forma retroactiva si del estudio pudiera resultar favorable y eso solo se daría en la sentencia. CONSIDERANDO (9): Los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete los derechos de las partes y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. apreciando esta Sala de lo Constitucional que en el caso de marras, se ha vulnerado el derecho al debido proceso del accionante al separarse el Tribunal de Apelaciones de su obligación ineludible de circunscribirse a observar el principio de legalidad como elemento integrando del debido proceso y limitarle su derecho de continuar la persecución penal.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): En este punto del análisis, es necesario reflexionar sobre el denominado Principio de Legalidad que exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley; tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1 al establecer que: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. En ese sentido no representa mayor problema cuando se debe aplicar la ley a un hecho ocurrido bajo la vigencia de esta; el conflicto mayor puede tener lugar con la entrada en vigencia de una nueva ley que regule los mismos hechos que contemplaba la legislación anterior en forma distinta y es ahí cuando el juzgador debe realizar un ejercicio para determinar cuál de ellas es la más beneficiosa para el procesado o condenado. Ahora bien, es necesario esclarecer que la retroactividad de la ley penal solo está prohibida cuando es en perjuicio del imputado o condenado, permitiendo su aplicación retroactiva cuando esta le beneficie ya sea por despenalización de la conducta o por disminución de la pena, es decir, una vez planteado el conflicto de normas en el tiempo el juzgado ha de decidir si aplica la vigente cuando ocurrió el hecho (principio de legalidad), o excepcionalmente, aplicar la norma que al momento del juzgamiento resulta más benévola, que en este caso se tratará de un caso de retroactividad de ley penal más favorable, siendo precisamente el supuesto amparado en el texto constitucional cuando establece que “La ley penal no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Al examinar el caso de marras, sin duda nos encontramos ante unos hechos que cuando se produjeron tenían una sanción penal, pero con el devenir del tiempo, se produce un cambio en la ley penal sustantiva con la entrada en vigencia del nuevo código penal, cambio que puede resultar o bien despenalizando totalmente la conducta que originalmente era reprochada o bien puede tratarse de un cambió que agrava la conducta o de la atenuación de la pena de dicha conducta; y son precisamente estos supuestos los que ha de analizar el juzgador, apreciándose que únicamente expresó que la conducta había sido despenalizada sin entrar a examinar que ambos tipos penales (el del código derogado como el actual) contemplan los mismos verbos rectores que determinan una conducta era sancionada en la ley derogada con reclusión y en la ley vigente es sancionada con inhabilitación, por lo que es necesario continuar el proceso para determinar entre ellas cual es la norma más favorable al procesado.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 84 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): En este punto del análisis, es necesario reflexionar sobre el denominado Principio de Legalidad que exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley; tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1 al establecer que: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. En ese sentido no representa mayor problema cuando se debe aplicar la ley a un hecho ocurrido bajo la vigencia de esta; el conflicto mayor puede tener lugar con la entrada en vigencia de una nueva ley que regule los mismos hechos que contemplaba la legislación anterior en forma distinta y es ahí cuando el juzgador debe realizar un ejercicio para determinar cuál de ellas es la más beneficiosa para el procesado o condenado. Ahora bien, es necesario esclarecer que la retroactividad de la ley penal solo está prohibida cuando es en perjuicio del imputado o condenado, permitiendo su aplicación retroactiva cuando esta le beneficie ya sea por despenalización de la conducta o por disminución de la pena, es decir, una vez planteado el conflicto de normas en el tiempo el juzgado ha de decidir si aplica la vigente cuando ocurrió el hecho (principio de legalidad), o excepcionalmente, aplicar la norma que al momento del juzgamiento resulta más benévola, que en este caso se tratará de un caso de retroactividad de ley penal más favorable, siendo precisamente el supuesto amparado en el texto constitucional cuando establece que “La ley penal no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Al examinar el caso de marras, sin duda nos encontramos ante unos hechos que cuando se produjeron tenían una sanción penal, pero con el devenir del tiempo, se produce un cambio en la ley penal sustantiva con la entrada en vigencia del nuevo código penal, cambio que puede resultar o bien despenalizando totalmente la conducta que originalmente era reprochada o bien puede tratarse de un cambió que agrava la conducta o de la atenuación de la pena de dicha conducta; y son precisamente estos supuestos los que ha de analizar el juzgador, apreciándose que únicamente expresó que la conducta había sido despenalizada sin entrar a examinar que ambos tipos penales (el del código derogado como el actual) contemplan los mismos verbos rectores que determinan una conducta era sancionada en la ley derogada con reclusión y en la ley vigente es sancionada con inhabilitación, por lo que es necesario continuar el proceso para determinar entre ellas cual es la norma más favorable al procesado.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 84 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): En este punto del análisis, es necesario reflexionar sobre el denominado Principio de Legalidad que exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley; tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1 al establecer que: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. En ese sentido no representa mayor problema cuando se debe aplicar la ley a un hecho ocurrido bajo la vigencia de esta; el conflicto mayor puede tener lugar con la entrada en vigencia de una nueva ley que regule los mismos hechos que contemplaba la legislación anterior en forma distinta y es ahí cuando el juzgador debe realizar un ejercicio para determinar cuál de ellas es la más beneficiosa para el procesado o condenado. Ahora bien, es necesario esclarecer que la retroactividad de la ley penal solo está prohibida cuando es en perjuicio del imputado o condenado, permitiendo su aplicación retroactiva cuando esta le beneficie ya sea por despenalización de la conducta o por disminución de la pena, es decir, una vez planteado el conflicto de normas en el tiempo el juzgado ha de decidir si aplica la vigente cuando ocurrió el hecho (principio de legalidad), o excepcionalmente, aplicar la norma que al momento del juzgamiento resulta más benévola, que en este caso se tratará de un caso de retroactividad de ley penal más favorable, siendo precisamente el supuesto amparado en el texto constitucional cuando establece que “La ley penal no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Al examinar el caso de marras, sin duda nos encontramos ante unos hechos que cuando se produjeron tenían una sanción penal, pero con el devenir del tiempo, se produce un cambio en la ley penal sustantiva con la entrada en vigencia del nuevo código penal, cambio que puede resultar o bien despenalizando totalmente la conducta que originalmente era reprochada o bien puede tratarse de un cambió que agrava la conducta o de la atenuación de la pena de dicha conducta; y son precisamente estos supuestos los que ha de analizar el juzgador, apreciándose que únicamente expresó que la conducta había sido despenalizada sin entrar a examinar que ambos tipos penales (el del código derogado como el actual) contemplan los mismos verbos rectores que determinan una conducta era sancionada en la ley derogada con reclusión y en la ley vigente es sancionada con inhabilitación, por lo que es necesario continuar el proceso para determinar entre ellas cual es la norma más favorable al procesado.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 84 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo Penal interpuesta por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022), que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en la causa instruida contra el Señor RONALD ALEXIS COTTO SANCHEZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HODURAS. ANTECEDENTES 1)En fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022) el Ministerio Publico, a través de su agente Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, presentando requerimiento Fiscal contra el señor RONALD ALEXIS COTTO SANCHEZ por suponerlo responsable del delito VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS (FOLIOS DEL 01 AL 05 DE LA PRIMERA PIEZA) 2)Una vez efectuada la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022, dictó resolución en la cual resolvió: “Por lo que a criterio de esta Juzgadora se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de RONAL ALEXIS COTTO SANCHEZ, a quien se le supone responsable del delito de VIOLACIÓNDE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-con base en el artículo 96 de la Constitución de la República; 499 y 615 del Código Penal vigente y 296 del Código Procesal Penal que consiste en que NO EXISTEN FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DECRETAR AUTO DE PRISIÓN O DECLARATORIA DE REO.- ” (FOLIOS DEL 163 AL 165 DE LA PRIMERA PIEZA DE ANTECEDENTES. 3)En fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022), la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución referida en el numeral anterior, dictó sentencia en cual falló: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico.- SEGUNDO: CONFIRMA la resolución de fecha SIETE (07) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. (Folios 08 al 14 de la segunda pieza de antecedentes) 4)En fecha treinta (30) de noviembre de los dos mil vestidos (2022) compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, interponiendo Acción de Amparo a favor ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dictada por LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, alegando que dicha resolución vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 321 en relación al 304 de la Constitución de la República. (FOLIO DEL 01 AL 11 del Recurso de Amparo) 5)En fecha uno de agosto (01) de dos mil veintitrés (2023), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el Recurso de Merito, asimismo, omitió dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. (Folio 35 del Recurso de Amparo) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) La resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones que es objeto de esta acción constitucional, ha sido motivada principalmente en lo siguiente: PRIMERO: “Que este Tribunal Ad-Quem, al estudiar el asunto sometido a conocimiento por vía de Apelación, como un derecho que le asiste al impetrante cuyo tratamiento procesal lo encontramos claramente definido en el Articulado del 354 al 356 del Código Procesal Penal; y de igual forma como tratamiento bajo control convencional ya el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su numeral primero el que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces y Tribunales competentes; en tal sentido, la resolución apelada por el Ministerio Publico, mediante la cual la A-quo admitió la petición de retroactividad de la ley penal más favorable, misma que comparte este Ad-quem, si bien es cierto carece de motivación, sin embargo la resolución apelada se encuentra de conformidad a derecho, por las razones que abajo se detallan.- SEGUNDO: Que de conformidad al Artículo 96 de la Constitución de la Republica, "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" asimismo lo regula el artículo 615 del Código Penal vigente, donde se establece -como excepción a la regla de juzgar conforme a las normas penales que se derogan- los casos donde las disposiciones del nuevo código resultan más favorables tomadas en su conjunto; si bien es cierto, la ponderación sobre la retroactividad no puede llevarse a cabo por el A-quo con antelación a la sentencia, sin embargo, es procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, cuando el delito hubiese sido despenalizado; en el entendido, que el estudio del conflicto temporal de las normas sustantivas se realizará de conformidad al caso concreto y como se observa en la causa de primera instancia, el delito de violación a los deberes de los funcionarios por el cual se juzga al imputado, no se encuentra comprendido en el artículo 499 del Código Penal Vigente Decreto 130-2017, que regula lo relacionado con el delito de Abuso de Autoridad, por lo que se entiende que en la norma penal nueva se ha despenalizado el delito de violación de los deberes de los funcionarios; por consiguiente, la resolución de la A-quo, se encuentra ajustada a derecho por cuanto es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal por favorecer al imputado.- TERCERO: Que por las razones de hecho y de derecho plasmadas en la presente resolución, es procedente denegar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, confirmando la resolución apelada.” CONSIDERANDO (4): El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, expone básicamente lo siguiente: 1. El Ministerio Público encuentra que el razonamiento dogmático penal externado por la Corte de Apelaciones no evidencia la sumisión del Juzgador y tribunales al ordenamiento jurídico que mandan los artículos 304 y 321 constitucionales, en tanto reconoce al Poder Judicial el ejercicio de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, sino respondiendo a una adecuada interpretación del derecho. Destaca que el artículo 616 del Código Penal vigente establece que para determinar cuál será la ley más favorable se debe realizar una valoración que tome en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. El accionante en su formalización se da a la tarea de comparar la normativa derogada con el actual código penal para señalar que la voluntad del legislador no ha sido despenalizar la conducta residual que sancionaba al funcionario público que omitía el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, ya que los elementos objetivos del tipo penal se enmarcan en el tipo contenido en el artículo 499 numeral 2 del Código Penal vigente, acorde con los postulados constitucionales. 2. El accionante estima que el razonamiento de la corte de apelaciones violenta el debido proceso que contiene el principio de legalidad, sin los cuales no hay tutela judicial efectiva, al inobservar la formalidades, derechos y garantías que la ley establece, que busca confirmar la legalidad al impartir justicia mediante la correcta aplicación del derecho material aplicable al caso concreto. Resulta evidente que el tribunal de alzada al confirmar lo resuelto por el aquo, inobservó lo dispuesto en la norma sustantiva que le impone al juzgador el deber de valorar aquellas circunstancias correspondientes al concreto hecho sometido a su enjuiciamiento al momento de analizar la retroactividad de la ley penal más favorable, a efecto de descartar si de acuerdo con el presente código, los actos que se están juzgando se encuentran enmarcados en otro delito o falta contenidos en esta novísima normativa, tal como acontece en el caso de marras, al considerar que la conducta residual denominada VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, aunque bajo otra figura legal sigue siendo castigada y encuadrada bajo el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD contenida en el artículo 499 numeral 2 del nuevo texto punitivo, por ende, se aprecia que la norma sustantiva vigente no despenaliza la conducta atribuida al procesado y se encuentra enmarcada en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en su modalidad de comisión por omisión. 3. El razonamiento del Tribunal de alzada no resulta suficiente y coherente de los elementos probatorios ofertados por el ente acusador con los cuales se acreditó plena prueba de la comisión de un hecho penado por la ley, como ser el abuso de autoridad, el cual sanciona la omisión del acusado en lo referente a la revisión de los documentos de ingreso, egreso o traslado de los internos, así como de actualizar, registrar y anexar en los expedientes criminológicos la actividad conforme a los movimientos producidos conforme a la Ley del Sistema Penitenciario, su reglamento y el Manual del Consejo Interdisciplinario del Instituto Nacional Penitenciario, resaltando el hecho que en el oficio dirigido al Director de la Penitenciaria Nacional de El Porvenir, Atlántida de fecha 27 de mayo de 2019, pese a que se indicaba que el interno se le había decretado un sobreseimiento definitivo en la causa judicial No. 169-2019, no menos cierto es que, se indicaba claramente en dicho oficio que dicho ciudadano tenía otro proceso pendiente tal como se constata en las últimas tres líneas del oficio en referencia que estableció lo siguiente: “en el entendido de que el mismo se encuentra recluido en Penitenciaría Nacional de El Porvenir, Atlántida, por otro proceso bajo el expediente judicial número 140-2018”, de ahí que la omisión del acusado si se encuentra regulada. 4. El accionante considera que el sobreseimiento definitivo emitido por el tribunal de apelaciones, vulnera la tutela judicial efectiva ya que limitó la posibilidad al Ministerio Público de poder desarrollar su pretensión acusatoria dejando en impunidad un hecho que si se encuentra regulado dentro de la nueva norma sustantiva; asimismo, estima que la resolución impugnada vulnera el Principio de legalidad pues el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, imponiéndole al juez la obligación de emitir resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad; de igual manera expresó que el debido proceso se entiende como un conjunto de condiciones que deben de cumplirse para asegurar la adecuada defensa de las partes, cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, es decir, que el fallo llegue a concretarse y tutelar la pretensión o derecho amparado, que en este caso no se da, contraviniendo el artículo 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el Tribunal de Apelaciones no ha brindado argumentos suficientemente razonables y lógicos, para resolver en la forma que lo hizo; limitándose a expresar que, “si bien es cierto, la ponderación sobre la retroactividad no puede llevarse a cabo por el A-quo con antelación a la sentencia, sin embargo, es procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, cuando el delito hubiese sido despenalizado; en el entendido, que el estudio del conflicto temporal de las normas sustantivas se realizará de conformidad al caso concreto y como se observa en la causa de primera instancia, el delito de violación a los deberes de los funcionarios por el cual se juzga al imputado, no se encuentra comprendido en el artículo 499 del Código Penal Vigente Decreto 130-2017, que regula lo relacionado con el delito de Abuso de Autoridad, por lo que se entiende que en la norma penal nueva se ha despenalizado el delito de violación de los deberes de los funcionarios”; sin adentrarse en el contenido de ambos preceptos que deben ser confrontados, a pesar de que el apelante lo puso en autos del contenido concreto de ambas normas al señalarle que la ley sustantiva derogada sancionaba en el artículo 349 numeral 3 la conducta del funcionario o empleado público que omite, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, mientras que el nuevo código penal vigente en su artículo 499 numeral 2 dispone: Abuso de autoridad. Comete el delito de abuso de autoridad y debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (3) a seis (6) años, el funcionario o empleado público, que ejecute algunas de las conductas siguientes: 2) Indebidamente omite, rehúsa, o retarda cualquier acto propio de las funciones que desempeña…”, resultando de este simple ejercicio que no se percibe la intención del legislador de sacar del ámbito del derecho penal dicha conducta, en tanto que utiliza los mismos verbos rectores que la determinan, denominándola en la reforma como abuso de autoridad.CONSIDERANDO (6): En este punto del análisis, es necesario reflexionar sobre el denominado Principio de Legalidad que exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley; tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1 al establecer que: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. En ese sentido no representa mayor problema cuando se debe aplicar la ley a un hecho ocurrido bajo la vigencia de esta; el conflicto mayor puede tener lugar con la entrada en vigencia de una nueva ley que regule los mismos hechos que contemplaba la legislación anterior en forma distinta y es ahí cuando el juzgador debe realizar un ejercicio para determinar cuál de ellas es la más beneficiosa para el procesado o condenado. Ahora bien, es necesario esclarecer que la retroactividad de la ley penal solo está prohibida cuando es en perjuicio del imputado o condenado, permitiendo su aplicación retroactiva cuando esta le beneficie ya sea por despenalización de la conducta o por disminución de la pena, es decir, una vez planteado el conflicto de normas en el tiempo el juzgado ha de decidir si aplica la vigente cuando ocurrió el hecho (principio de legalidad), o excepcionalmente, aplicar la norma que al momento del juzgamiento resulta más benévola, que en este caso se tratará de un caso de retroactividad de ley penal más favorable, siendo precisamente el supuesto amparado en el texto constitucional cuando establece que “La ley penal no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Al examinar el caso de marras, sin duda nos encontramos ante unos hechos que cuando se produjeron tenían una sanción penal, pero con el devenir del tiempo, se produce un cambio en la ley penal sustantiva con la entrada en vigencia del nuevo código penal, cambio que puede resultar o bien despenalizando totalmente la conducta que originalmente era reprochada o bien puede tratarse de un cambió que agrava la conducta o de la atenuación de la pena de dicha conducta; y son precisamente estos supuestos los que ha de analizar el juzgador, apreciándose que únicamente expresó que la conducta había sido despenalizada sin entrar a examinar que ambos tipos penales (el del código derogado como el actual) contemplan los mismos verbos rectores que determinan una conducta era sancionada en la ley derogada con reclusión y en la ley vigente es sancionada con inhabilitación, por lo que es necesario continuar el proceso para determinar entre ellas cual es la norma más favorable al procesado. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO (8): Si bien por disposición del artículo 615 párrafo segundo del Código Penal vigente, si de acuerdo con el actual código los hechos que están siendo juzgados o sobre los cuales no ha recaído sentencia, no constituyen delito, el órgano jurisdiccional dictará sobreseimiento definitivo, este supuesto cabe únicamente en los casos de total despenalización de la conducta, sin embargo, un estudio detenido de los autos, devela que se está ante un caso en donde solo se ha tenido un cambió de nombre del injusto penal y de la pena y cuyo examen con mayor detenimiento corresponde a la instancia penal para efectos de determinar cuál es más favorable aplicar; el artículo que originalmente orilló la persecución penal disponía: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario que: 3) Omita, rehusé, o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo”. El artículo 499 numeral 2) del nuevo código penal en vigencia dispone: “Comete el delito de abuso de autoridad y debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (3) a seis (6) años, el funcionario o empleado público, que ejecute algunas de las conductas siguientes: 2) Indebidamente omite, rehúsa o retarda cualquier acto propio de las funciones que desempeña…” Puntualmente, el accionante argumenta que no se ha despenalizado la conducta y que la misma ha pasado a ser regulada en el nuevo código penal, considerando esta sala que la conducta que dio origen al proceso, está comprendida en el nuevo código penal y quedarían algunas cuestiones que definitivamente corresponde únicamente a la instancia penal resolver en el fondo. Ese ejercicio intelectivo corresponde a un auténtico análisis de instancia para determinar qué ley debe aplicarse, pues para este Tribunal Constitucional, aparentemente no se trata de despenalización si no de una eventual decisión de aplicar o no una ley penal sustantiva en forma retroactiva si del estudio pudiera resultar favorable y eso solo se daría en la sentencia. CONSIDERANDO (9): Los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete los derechos de las partes y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. apreciando esta Sala de lo Constitucional que en el caso de marras, se ha vulnerado el derecho al debido proceso del accionante al separarse el Tribunal de Apelaciones de su obligación ineludible de circunscribirse a observar el principio de legalidad como elemento integrando del debido proceso y limitarle su derecho de continuar la persecución penal.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 89, ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316, 321 y 324 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022), que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en la causa instruida contra el Señor RONALD ALEXIS COTTO SANCHEZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HODURAS. SEGUNDO: La resolución objeto de la acción de amparo, no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir el derecho al debido proceso. TERCERO: La Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, debe dejar sin valor ni efecto la resolución del recurso de apelación pronunciada en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, pronunciando la que en derecho corresponde. CUARTO: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida y que se continúe con el trámite procedente. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1738-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL