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Sentencia AP-1699-22 — Registro 17807

Resumen

Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente en causa contra imputados por suponerlo responsable del delito de Elaboración y Utilización de Pornografía Infantil en perjuicio de Niños y Niñas desconocidos; Se ordena al A-Quo continuar con los allanamientos de morada ya que el recurrente en su solicitud estableció el lugar de residencia de los sospechosos; Además, existen indicios suficientes tanto de la participación de éstos como su vinculación en la comisión del delito investigado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta esta Sala observa que los motivos invocados por el impetrante para recurrir en Amparo son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos – fundamentales señalados en la interposición del recurso por la amparista. Desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo con el control de convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales. Pues del estudio de la foliada esta Sala aprecia, que el A-Quo al declarar sin lugar lo peticionado por el Ministerio Publico no estimo lo estipulado en el artículo 99 de nuestra Constitución de la República, así como tampoco en el artículo 212 del Código Procesal Penal que señala los requisitos para practicar un allanamiento, relacionado con los artículos 63 y 65 del mismo cuerpo legal, pues en el caso subjudice el allanamiento solicitado por el ente acusador iba encaminado a la búsqueda de indicios o elementos probatorios ( dispositivos digitales, informáticos, análogos, celulares computadoras, Tablet etc…) que puedan contener material de abuso sexual infantil (pornografía infantil), y evitar con ellos la destrucción u ocultación de las pruebas o evidencias por parte de los sospechosos. Siguiendo ese orden de ideas, el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia venida en Consulta que OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto, por existir violación a las garantías invocadas por la amparista..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta esta Sala observa que los motivos invocados por el impetrante para recurrir en Amparo son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos – fundamentales señalados en la interposición del recurso por la amparista. Desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo con el control de convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales. Pues del estudio de la foliada esta Sala aprecia, que el A-Quo al declarar sin lugar lo peticionado por el Ministerio Publico no estimo lo estipulado en el artículo 99 de nuestra Constitución de la República, así como tampoco en el artículo 212 del Código Procesal Penal que señala los requisitos para practicar un allanamiento, relacionado con los artículos 63 y 65 del mismo cuerpo legal, pues en el caso subjudice el allanamiento solicitado por el ente acusador iba encaminado a la búsqueda de indicios o elementos probatorios ( dispositivos digitales, informáticos, análogos, celulares computadoras, Tablet etc…) que puedan contener material de abuso sexual infantil (pornografía infantil), y evitar con ellos la destrucción u ocultación de las pruebas o evidencias por parte de los sospechosos. Siguiendo ese orden de ideas, el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia venida en Consulta que OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto, por existir violación a las garantías invocadas por la amparista..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta dias del mes de enero del año dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SALATIEL RAMIREZ MARADIAGA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS ROMAN SANCHEZ IZAGUIRRE Y OSCAR EDUARDO AGUILAR ANDINO, por suponerlo responsable del delito de ELABORACION Y UTILIZACION DE PORNOGRAFIA INFANTIL, en perjuicio de NIÑOS Y NIÑAS DESCONOCIDOS. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha veintitrés (23) de septiembre febrero del año dos mil veintidós (2022), el Abogado SALATIEL RAMIREZ MARADIAGA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico compareció ante la Corte de Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor de LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Olancho; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha once(11) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, emitió su fallo en el cual “FALLO: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado SALATIEL RAMIREZ MARADIAGA, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, contra resolución dictada en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), por el Juzgado de Letras de la Sesión Judicial de Catacamas, departamento de Olancho, en la causa penal instruida contra CARLOS ROMAN SANCHEZ IZAGUIRRE y OSCAR EDUARDO AGUILAR ANDINO, a quienes se les supone responsable por la comisión del delito de ELABORAION Y UTILIZACION DE PORNOGRAFÍA INFANTIL, en perjuicio de NINOS Y NINAS DESCONOCIDAS, CONTINUAR CON EL ROCESO ORDENADO LOS ALLANAMIENTOS SOLICITADOS POR EL MINISTRRIO PUBLICO…” (Folios 59 al 62 de la pieza de Corte de Apelaciones)3) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil venidos (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Consulta la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SALATIEL RAMIREZ MARADIAGA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS ROMAN SANCHEZ IZAGUIRRE Y OSCAR EDUARDO AGUILAR ANDINO, por suponerlo responsable del delito de ELABORACION Y UTILIZACION DE PORNOGRAFIA INFANTIL, en perjuicio de NIÑOS Y NIÑAS DESCONOCIDOS. CONSIDERANDO (4): Que el Ad Quem, expone en su resolución en el numeral primero lo siguiente: “El articulo 63 del Codigo Procesal Penal establece que: “Autoridad Competente para conocer de Delitos Cometidos en Lugar Ignorado. Cuando se ignore el lugar en que se ha cometido un delito, será el órgano jurisdiccional competente para conocer de las causas según correspondan: 1…,2…,3. El del lugar de residencia o domicilio del inculpado.4. El que sea requerido por el representante del Ministerio Público para realizar actos urgentes…. Las cuestiones de competencia entre dos (2) órganos jurisdiccionales se decidirán reconociendo competencia a aquel que le correspondan según el orden establecido en los numerales anteriores…”, y en el presente caso de autos en la solicitud de allanamiento de Morada se ha establecido el lugar de residencia de los sospechosos. En relación al artículo 65 del Codigo Procesal Penal establece que: “Conocimiento a Prevención. Cuando según las leyes sean competentes para conocer de un mismo asunto dos (2) o más órganos jurisdiccionales ninguno de ellos podrá excusarse de intervenir aduciendo que otros pueden hacerlo; pero el que este conociendo a prevención excluiría a los demás”; extremos procesales que no fueron observados por el A- quo al momento de emitir las resoluciones que se impugna, existiendo indicios suficientes tanto de la participación de los sospechosos como de su vinculación en la comisión del delito investigado…” Por todo ello, el A-Quem falla OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO: (5) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta esta Sala observa que los motivos invocados por el impetrante para recurrir en Amparo son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos – fundamentales señalados en la interposición del recurso por la amparista. Desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo con el control de convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales. Pues del estudio de la foliada esta Sala aprecia, que el A-Quo al declarar sin lugar lo peticionado por el Ministerio Publico no estimo lo estipulado en el artículo 99 de nuestra Constitución de la República, así como tampoco en el artículo 212 del Código Procesal Penal que señala los requisitos para practicar un allanamiento, relacionado con los artículos 63 y 65 del mismo cuerpo legal, pues en el caso subjudice el allanamiento solicitado por el ente acusador iba encaminado a la búsqueda de indicios o elementos probatorios ( dispositivos digitales, informáticos, análogos, celulares computadoras, Tablet etc…) que puedan contener material de abuso sexual infantil (pornografía infantil), y evitar con ellos la destrucción u ocultación de las pruebas o evidencias por parte de los sospechosos. Siguiendo ese orden de ideas, el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia venida en Consulta que OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto, por existir violación a las garantías invocadas por la amparista. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 99, 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 50, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 212 del Código Procesal Penal; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SALATIEL RAMIREZ MARADIAGA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1699-2022.

ARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL