Sentencia AP-1691-22 — Registro 18184
Resumen
En segunda instancia se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación que reformar el auto de formal procesamiento confirma el sobreseimiento definitivo. El fiscal compareció ante la sala de lo Constitucional, interponiendo acción constitucional de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución por considerar que la misma es vulnera el derecho al debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que vista y analizada la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de agosto del año dos mil veintidós, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar Parcialmente con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirmar el Sobreseimiento Definitivo por el delito de Robo de Vehículo, que es el asunto fundamental en el cual centra su reproche el ente acusador, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución impugnada realiza una valoración inadecuada de la prueba, ya que no explica los medios de pruebas en que sustentó su decisión, las que se ser valoradas debieron concluir en la revocatoria de la resolución apelada; no obstante a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la impetrante cuestiona que la motivación externada por el Tribunal de Alzada responde a apreciaciones erróneas e incongruentes, premisa esta última que no es desarrollada por la peticionaria con argumentaciones que lleven a esta Sala a apreciar la forma errónea en que la Alzada ha procedido a analizar la norma aplicable al caso bajo estudio, por ello no basta con referir que la prueba no fue valorada en forma correcta y por ende la Alzada debido revocar la resolución apelada, es necesario establecer la vinculación del derecho constitucional que se considere vulnerado o amenazado, con su inobservancia en la resolución reprochada, en los postulados que rigen la observancia del debido proceso. Esta Sala estima que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo en cuanto al Sobreseimiento Definitivo por el delito de Robo de Vehículo. Se reitera que los argumentos expuestos en el escrito de Amparo y en la formalización del mismo, son cuestiones propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintidós (2022), que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial celebrada en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que decreta sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, por los delitos de Robo de Vehículo y Privación Injusta de la Libertad; en relación la causa instruida contra de los señores JOSUE ISAAC VASQUEZ PEREZ y NELSON JAVIER ALMENDAREZ PEREZ, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO CON INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE F-16 y TESTIGO PROTEGIDO CLAVE F-17 y EL ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO DE HONDURAS y contra JESUS EDGARDO SANCHEZ REYES, por suponerlo responsable del delito de ROBO CON INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE F-16 y TESTIGO PROTEGIDO CLAVE f-17. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem vulnera los derechos al debido proceso y el principio de legalidad, establecidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)Que el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales Abogado MARLON RAPALO, en fecha diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSUE ISAAC VASQUEZ PEREZ y NELSON JAVIER ALMENDAREZ PEREZ, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO CON INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE F-16 y TESTIGO PROTEGIDO CLAVE F-17 y EL ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO DE HONDURAS y contra JESUS EDGARDO SANCHEZ REYES, por suponerlo responsable del delito de ROBO CON INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE F-16 y TESTIGO PROTEGIDO CLAVE f-17. (Folios 1-2 de la copia de la pieza de antecedentes del A-quo) 2)Que en fecha veinte de agosto del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la celebración de la Audiencia Inicial dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: dictar en contra de JOSUE ISAAC VASQUEZ, NELSON JAVIER ALMENDARES y JESUS EDGARDO SANCHEZ auto de formal procesamiento por el delito de ROBO CON INTIMIDACION CONTINUADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio TESTIGOS PROTEGIDOS CLAVE F-16 Y F-17.- SEGUNDO: dictar auto de formal procesamiento en contra de JOSUE ISAAC VASQUEZ Y NELSON JAVIER ALMENDARES por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO en perjuicio del ORDEN PUBLICO DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: sobreseimiento definitivo a favor de JOSUE ISAAC VASQUEZ, NELSON JAVIER ALMENDARES Y JESUS EDGARDO SANCHEZ por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO F-17. CUARTO: sobreseimiento definitivo a favor de JOSUE ISAAC VASQUEZ, NELSON JAVIER ALMENDARES Y JESUS EDGARDO SANCHEZ por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE F-17. QUINTO: se declara sin lugar la agravante solicitada por el ministerio público en cuanto al delito de robo. SEXTO: imponer la medida cautelar de prisión preventiva y se declara sin lugar la medida sustitutiva por los apoderados defensores…” (Folios 22-23 de las copias de la pieza de antecedentes del A-quo) 3)Que el Abogado GLENN STEVE PINEDA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el citado Juzgado, interponiendo recurso de apelación contra la resolución dictada en Audiencia Inicial, de la que se ha hecho relación en el numeral que precede, por no estar conforme en atención al Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de los imputados, en los delitos de Privación Ilegal de la Libertad y Robo de Uso de Vehículo Automotor. (Folios del 90-93 de las copias de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en respuesta al recurso de apelación promovido por el Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia inicial, en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintidós (2022), por unanimidad de votos resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución judicial de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta Seccional Judicial, en la presente causa. SEGUNDO: REFORMAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado a los imputados JOSUE ISAAC VÁSQUEZ PÉREZ, NELSON JAVIER ALMENDAREZ PÉREZ Y JESÚS EDGARDO SÁNCHEZ REYES del delito de Robo con Intimidación Continuado en su Grado de Ejecucion de Tentativa Inacabada, al delito de ROBO CON INTIMIDACIÓN CONTINUADO Y AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA ACABADA, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS CON CLAVES F16 Y F17. TERECERO: CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO dictado a favor de los encausados JOSUÉ ISAAC VÁSQUEZ, NELSON JAVIER ALMENDARE Y JESÚS EDGARDO SÁNCHEZ por el delito de ROBO DE VEHICULO y por el delito de PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE F17…” (Folios del 9-17 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5)Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veintidos, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha once de agosto del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y que se deja relacionada en el acápite que anteceden, por considerar que la misma es vulnera el derecho al debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 1-10 de los autos) 6)Que en fecha quince de agosto del año dos mil veintitrés, este Alto Tribunal admitió y tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 43 de los autos). CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de Amparo. La Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando la violación a derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con la observancia del artículo 141 del Código Procesal Penal. La recurrente al interponer y formalizar la presente garantía constitucional de Amparo, expone que su reproche se centra en el sobreseimiento dictado por el delito de Robo de Vehículo, haciendo referencia a los argumentada por el Tribunal recurrido; sostiene la impetrante que del examen de la resolución, esa Representación Fiscal no comparte el razonamiento vertido por el Ad-quem, el cual causa un perjuicio al Ministerio Público, en particular a la sociedad en general, al realizar una valoración inadecuada de la prueba, resultando una incongruencia con el factum probatorio, ya que durante el desarrollo de la audiencia se evacuaron tanto medios de prueba documentales, como testificales, como la declaración del testigo protegido F-17. Estima la recurrente en Amparo que se aprecian los criterios subjetivos esgrimidos por la Alzada, ya que no explica los medios de prueba que sustentó su decisión, para concluir que la finalidad de los imputados no era la apropiación del vehículo. Reitera la garantista que la motivación de la resolución impugnada no se encuentra razonada ni fundada en derecho, ya que su razonamiento no deriva de las circunstancias acreditadas mediante los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial, las que se ser valoradas debieron concluir en la revocatoria de la resolución apelada, en orden de decretar el auto de formal procesamiento contra los encausados, al haberse acreditado los extremos requeridos en el artículo 92 de la Constitución de la República, al constar en autos la evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales sobre la probable participación del encausado en el mismo. Concluye la peticionaria que la motivación externada por el Tribunal de Alzada responde a apreciaciones erróneas e incongruentes que enervan la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, por lo que recurre en Amparo para que el Ad-quem dicte una resolución siguiendo los requisitos de fondo, congruencia y exhaustividad que exige el artículo 141 del Código Procesal Penal. Asimismo, se estima vulnerado el principio de legalidad, el cual establece que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa el derecho a aplicar.CONSIDERANDO (3): Resumen de la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula Departamento de Cortés, objeto de la presente garantía constitucional de Amparo. El Tribunal Ad-quem mediante Auto de fecha once (11) de agosto del año dos mil veintidós (2022), por unanimidad de votos resuelve: “DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, ASIMISMO CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de los encausados por el delito de Robo de Vehículo y por el delito de Privación Injusta de la Libertad”. En la motivación fáctica y jurídica, en el ordinal “TERCERO” la Alzada argumenta: (Sic) “TERCERO: Esta Corte al hacer un análisis exhaustivo de la motivación del Juez A-quo, considera que es correcta la aplicación del principio de consunción que realizó el juez, ya que la prueba incorporada nos arroja que la intencionalidad de los encausados siempre fué sustraer de la vivienda de la testigo F-16 objetos, como ser televisor plasma, computadora portátil, y pertenencias personales como set teléfonos celulares del testigo protegido F-17, y que para poder llevarse tales objetos (principalmente el televisor plasma) se subieron al vehículo del testigo f-17, para lo cual utilizaron el mismo referido testigo (victima) para que condujera el vehículo, tal como lo refiere el mismo testigo protegido al decir: “… posterior a ello me pidieron las llaves de mi carro y se la di, pero después me dijeron subite al carro deduje que era porque mi carro es mecánico y que ellos no podían conducirlo…”,considera esta Corte que los hechos ilícitos suscitados efectivamente se realizaron efectuando una pluralidad de acciones que ofendieron a las dos victimas (testigos protegidos f-17 y f-17) e infringieron el mismo precepto penal (delito de robo) en el patrimonio de dos testigos protegidos que fueron afectados incluido el robo de uso de vehículo; todas estas acciones deben incluirse en lo que constituye un robo continuado con intimidación en su grado de ejecución de tentativa, ya que ni del tv, celular y la billetera del testigo f-17 pudieron apropiarse para agotar la acción, por ello dicha tentativa es acabada no inacabada como lo señala el juez, ya la tentativa es acabada según el articulo 21 literal b del actual código penal: “la tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo”, así en el presente caso los encausados realizaron todos los actos que debían ejecutar para consumar el delito de robo, pero este accionar no logró consumarse debido al auxilio que pidió a la Policía el testigo protegido f-17 al ir conduciendo el mismo el vehículo con los objetos que los encausados habían sustraído, por lo cual lo obligaron a conducir en su vehículo, por tal razón esta Corte considera reformar la resolución por el delito robo en modalidad de tentativa acabada; y además esta de acuerdo con que el robo es continuado por la acción de robo con intimidación en su grado de ejecución de tentativa -como ya se dijo- en base al articulo 68 del nuevo código penal…” .CONSIDERANDO (4): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de las violaciones señaladas por el recurrente en Amparo. Que es importante para esta Sala de lo Constitucional lo establecido en el párrafo tercero del artículo 141, 198 y 202 todos ellos del Código Procesal Penal, en atención a los argumentos expuestos por la recurrente de vulneración al derecho al debido proceso y principio de legalidad; en su orden los preceptos apuntados señalan: “…La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido…”; artículo 198 “Finalidad de los Medios de Prueba. La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”; artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. CONSIDERANDO (5): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estima la recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no valorarse en conjunto y en forma armónica la prueba producida en audiencia inicial, para arribar el Ad-quem a la conclusión de revocar el Sobreseimiento Provisional dictado por el A-quo y ordenar el dictado de un Sobreseimiento Definitivo.CONSIDERANDO (6): Que el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado.CONSIDERANDO (7): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el debido proceso y el principio de legalidad, el artículo 202 supra relacionado del Código Procesal Penal, establece que la valoración de las pruebas se hará con arreglo a la sana crítica; conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; es importante reiterar que es criterio de este Alto Tribunal de Justicia, que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala de lo Constitucional, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. CONSIDERANDO(8): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice, en atención a la valoración de la prueba como uno de los argumentos expuestos por la recurrente en Amparo.CONSIDERANDO (9): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO (10): Que vista y analizada la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de agosto del año dos mil veintidós, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar Parcialmente con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirmar el Sobreseimiento Definitivo por el delito de Robo de Vehículo, que es el asunto fundamental en el cual centra su reproche el ente acusador, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución impugnada realiza una valoración inadecuada de la prueba, ya que no explica los medios de pruebas en que sustentó su decisión, las que se ser valoradas debieron concluir en la revocatoria de la resolución apelada; no obstante a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la impetrante cuestiona que la motivación externada por el Tribunal de Alzada responde a apreciaciones erróneas e incongruentes, premisa esta última que no es desarrollada por la peticionaria con argumentaciones que lleven a esta Sala a apreciar la forma errónea en que la Alzada ha procedido a analizar la norma aplicable al caso bajo estudio, por ello no basta con referir que la prueba no fue valorada en forma correcta y por ende la Alzada debido revocar la resolución apelada, es necesario establecer la vinculación del derecho constitucional que se considere vulnerado o amenazado, con su inobservancia en la resolución reprochada, en los postulados que rigen la observancia del debido proceso. Esta Sala estima que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo en cuanto al Sobreseimiento Definitivo por el delito de Robo de Vehículo. Se reitera que los argumentos expuestos en el escrito de Amparo y en la formalización del mismo, son cuestiones propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 141, 198 y 202 del Código Procesal Penal. FALLA: Denegando el amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARMENTO DE CORTÉS, en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÌQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1691-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL