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Sentencia AP-1675-23 — Registro 19130

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación el delito de portación ilegal de arma de fuego en perjuicio del orden público. La recurrente expone que la resolución dictada por el ad-quem en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64 y 183 de la Constitución de la República, al estimar que el juzgado de ejecución penal puede conocer de la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, pues si la ley permite que la modifique o revoque, también tiene facultades para otorgarla, además el artículo 60 del código procesal penal establece que los juzgados de ejecución tienen a su cargo la suspensión condicional del proceso, observándose que hay un pasaje oscuro en la manera de interpretación, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 18 del referido código, en el sentido de que los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretarán del modo que más favorezca a la persona imputada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DAISY ENID MILLA BENITEZ a favor del señor CARLOS ROBERTO MALDONADO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra una resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ; en relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ROBERTO MALDONADO por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente expone que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64 y 183 de la Constitución de la República, al estimar que el Juzgado de Ejecución Penal puede conocer de la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, pues si la Ley permite que la modifique o revoque, también tiene facultades para otorgarla, además el artículo 60 del Código Procesal Penal establece que los Juzgados de Ejecución tienen a su cargo la suspensión condicional del proceso, observándose que hay un pasaje oscuro en la manera de interpretación, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 18 del referido Código, en el sentido de que los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretarán del modo que más favorezca a la persona imputada. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es declarar no ha lugar el recurso de apelación y confirma la resolución apelada, pues ya el Código Procesal Penal en el artículo 382 plasma de manera cerrada las facultades específicas de los Juzgados de Ejecución; asimismo, el artículo 387 del referido Código, regula algunos incidentes post condena como ser los relacionados al cumplimiento y extinción de la pena, y la libertad condicional. En los casos de la suspensión del fallo, suspensión de ejecución de la pena y reemplazo de la pena, conocerá el órgano jurisdiccional competente; en el primer caso lo hará el juez que conoce del juicio o proceso, en los otros dos casos, establece de manera indeterminada el órgano jurisdiccional competente, sin embargo, señala los momentos procesales en los que se puede conocer dichos incidentes, para el caso el artículo 74 del Código Penal señala que podrá ser en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a la ejecución. Por lo anterior, se debe tener en cuenta el principio de la invariabilidad de las sentencias, la separación de juzgar y la de ejecutar lo juzgado, ya que el juez que juzga no puede ejecutar lo juzgado, para el caso una sentencia penal no puede ser trastocada por el Juez de Ejecución, como es el caso del incidente de suspensión de la pena, que implicaría trastocar una sentencia en cuanto al mandato de la disposición de la misma, por lo que a criterio de del Ad-Quem, la falta de competencia para conocer de la suspensión relacionada se encuentra ajustada a derecho, ya que la sentencia ya ha entrado a la fase de ejecución, por lo que la pretensión del recurrente no se ajusta a la norma contenida en el artículo 78 del Código Penal vigente. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 74 del Código Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DAISY ENID MILLA BENITEZ a favor del señor CARLOS ROBERTO MALDONADO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil veinticinco, certificación de la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1675-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL