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Sentencia AP-1672-22 — Registro 18183

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra actuaciones dictadas por Juzgado de Instancia que declaró sin lugar excepción de nulidad por infracción de normas de procedimiento, dictó auto de formal procesamiento contra imputado por suponerlo responsable del delito de Robo de Ganado Mayor en perjuicio de afectado, imponiéndole Medida Cautelar de Prisión Preventiva por el término de dos años; El Tribunal de Alzada de Oficio reformó el tipo penal y ordenó dictar Auto de Formal Procesamiento por el delito de AMENAZAS en perjuicio del afectado; en virtud de que la intención del imputado no fue con el ánimo de lucro, sino para hacerse pago de los daños que los semovientes ocasionaron a la motocicleta del imputado y dicha conducta se enmarca en el delito de Amenazas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el Ad-quem realiza una motivación clara y concreta del mismo en su resolución, limitándose a valorar y fundamentar los considerandos de la resolución del A-quo, haciendo las valoraciones correspondientes; los supuestos respectivos de la ley adjetiva, no olvidando el principio de imperio de la ley, según dispuesto en el artículo 303 y 323 constitucional, que nos ordena sumisión a la ley y a la justicia..."..."el Tribunal AD-QUEM valoró esos aspectos del recurso, ya que la detención de su representado fue un hecho aislado al tomar el semoviente (caballo)para hacerse un pago por el daño causado a su motocicleta, que se acreditó mediante los medios probatorio como ser las declaraciones testificales del Ministerio Público. Por lo que la Corte de Apelaciones dio respuesta al apelante en su sentencia, en cuanto a la valoración de la prueba y fundamentación en la sentencia, como se puede ver en el escrito de interposición de la apelación por el apelante..."..."se aprecia por la Sala de lo Constitucional que, tal como plantea la parte recurrente que la prueba no es suficiente para reformar el delito de HURTO DE GANADO MAYOR, al delito de AMENAZAS, que decreta la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, particularmente en la valoración de la prueba y la fundamentación Jurídica. Que la garantía del debido proceso que exige nuestra constitución; exhorta que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre un parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta..."..."las resoluciones judiciales en primer lugar han de estar motivadas y de acuerdo al artículo 141 del Código Procesal Penal estas deben expresar los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; es decir contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; Y en segundo término dicha motivación ha de estar fundada en derecho, carga que está cumplida no solo, con la mera emisión de una declaración de voluntad, sino, que debe ser consecuencia de una exégesis racional del razonamiento y no fruto de la arbitrariedad. Y para que se encuentren debidamente motivadas en su texto han de exteriorizar las razones (los motivos) que justifiquen o expliquen el signo de la decisión adoptada por los tribunales, sí favorable o adversa a un litigante o al otro; por lo que el fundamento del deber judicial de motivación y fundamentar radica en que ésta, desde el momento en que posibilita el conocimiento de las causas que justifican las decisiones de los tribunales, se erige en una garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de la actuación de los poderes públicos, los cuales, obviamente, sí no tuviesen que dar cuenta del porqué de sus conductas podrían fácilmente caer en la tentación de conducirse de dicha manera arbitraria o irrazonable; así mismo el requisito de la motivación de las decisiones judiciales encuentra su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo y de controlar la aplicación del Derecho realizada por aquéllos a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales..."..."con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada dio respuesta a los agravios expuestos por la Defensa y la Fiscalía, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación y reformando la resolución Impugnada de fecha dieciséis de Septiembre del dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos, y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta de la prueba válidamente allegada al proceso, bajo el tamiz de la sana critica; conditio sine qua non para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando fundadamente el derecho que es pertinente y específicamente aplicable al caso (“applicatio legis ad factum”); lo cual muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio denegar la garantía constitucional de amparo interpuesta por el fiscal abogado CRISTOPHER ELIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones para los efectos legales consiguientes..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CRISTOPHER ELIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO EMILIO CORDOVA, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra el señor (SIC)… “KEVIN” QUEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE GANADO MAYOR, en perjuicio del señor JULIO CESAR ESPINOZA MUÑOZ, Estima el recurrente que dicha sentencia es violatoria de los derechos estipulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020), la Abogada LIGIA YANIRA TABORA FLORES, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, presentando Requerimiento Fiscal, contra el señor (SIC)“KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA”, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE GANADO MAYOR, en perjuicio de JULIO CESAR ESPINOZA MUÑOZ.-(folio 01 al 03 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca RESUELVE: (SIC)……..”PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE NULIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS ESENCIALES DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS POR ÉSTE CÓDIGO, QUE IMPIDA QUE EL ACTO LOGRE LA FINALIDAD QUE PERSIGUE LA NORMA CORRESPONDIENTE, Y CON VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, CONSAGRADAS POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS CUALES HONDURAS FORMA PARTE Y DEMÁS LEYES, INTERPUESTA POR LA DEFENSA PRIVADA DEL IMPUTADO KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA. SEGUNDO: DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, EN CONTRA DEL IMPUTADO KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA, A QUIEN SE LE SUPONE RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO DE GANADO MAYOR EN PERJUICIO DEL SEÑOR JULIO CÉSAR ESPINOZA MUÑOZ. TERCERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO LA MEDIA CAUTELAR IMPUESTA EN AUDIENCIA DE DECLARACIÓN DE IMPUTADO, DE FECHA ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), Y EN SU DEFECTO SE LE IMPONE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS AL IMPUTADO KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA, A CUMPUR CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. SE LIBREN LOS RESPECTIVOS OFICIOS” (Folios 34 al 40 de la pieza de antecedentes del Juzgado).3) Que en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, dictó sentencia mediante la cual Falla: (SIC) “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO EMILIO CORDROVA, en su condición de supra indicada, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal instruida contra el señor KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA, de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE GANADO MAYOR, en perjuicio de JULIO CESAR ESPINOZA MUÑOZ.-SEGUNDO: DE OFICIO REFORMAR LA RESOLUCION IMPUGNADA dictada por la Juez de Primera Instancia en la audiencia inicial de fecha dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil veinte (2020).- TERCERO: DICTAR UN AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA por suponerlo responsable del delito de AMENAZAS en perjuicio de JULIO CESAR ESPINOZA MUÑOZ”. (Folios 10 al 16 de la pieza del Ad-quem)4)El recurrente abogado CRISTOPHER ELIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve (19) de Septiembre del año dos mil veintidós (2022) es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.(folios 1 al 6 de la pieza del recurso) 5)Que en fecha doce (12) de junio del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.CONSIDERANDO (3): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.CONSIDERANDO (4): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veintidós por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, mediante la cual RESOLVIÓ: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el abogado ROBERTO EMILIO CORDOVA, en su condición de supra indicada, contra la resolución de fecha dieciséis de Septiembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal instruida contra el señor KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA, de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE GANADO MAYOR, en perjuicio de JULIO CESAR ESPINOZA MUÑOZ.- SEGUNDO: DE OFICIO REFORMAR LA RESOLUCION IMPUGNADA dictada por la Juez de primera Instancia en la audiencia inicial de fecha dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil veinte (2020). TERCERO: DICTAR UN AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA por suponerlo responsable del delito de AMENAZAS, en perjuicio de JULIO CESAR ESPINOZA MUÑOZ.- Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia con la certificación del mismo para su debido cumplimiento. Sentencia la cual tuvo como fundamento de actuaciones el haberse infringido lo prescrito en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; los cuales desarrollan garantías constitucionales, trayendo como consecuencia el quebrantamiento del debido proceso que manda el artículo 90 constitucional en el que se produce la revocatoria indebida al auto de formal procesamiento y decretando un sobreseimiento definitivo, modificando el delito de ROBO DE GANADO MAYOR A AMENAZAS, realizado por el Ad-quem, considerando el Ministerio Público que la prueba de descargo no era suficiente para dictar un sobreseimiento definitivo ya que existían los fundamentos legales más que suficientes para mantener el auto de formal procesamiento.CONSIDERANDO (5): Que se impone analizar en sede constitucional el planteamiento del recurso de amparo formulado por el Abogado CRISTOPHER ELIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, a favor DEL ESTADO DE HONDURAS, consistente en que la resolución de alzada recurrida en amparo y que ha quedado descrita en el Considerando que antecede, resulta violatoria de los derechos al debido proceso y derecho de acceso a la justicia; según se sigue de lo prescrito en la Constitución de la República en sus artículos 82 y 90.CONSIDERANDO (6): Lo anterior se fundamenta, a juicio del garantista, en las consideraciones jurídicas a continuación resumidas; Que la sentencia recurrida es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, produciéndose precisamente la indebida revocatoria del auto de formal procesamiento, la reforma del auto de formal procesamiento con la modificación del delito de ROBO DE GANADO MAYOR Y AMENAZAS, por lo que la prueba de la defensa no resulta suficiente para que la Corte de Apelaciones haya reformado el auto de formal procesamiento, revocando el de ROBO DE GANADO MAYOR, existiendo los fundamentos legales más que suficientes para mantener dicho auto de formal procesamiento. “En cuanto a la presentación de la solicitud de la nulidad y el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público, en donde se ordena que no se notifique la resolución de la Honorable Corte de Apelaciones, ya que no se personó en tiempo y forma, así como la inadmisión del Recurso de Reposición la sala no se va pronunciar ya que no fueron recurridos dichas resoluciones; nada más se recurrió por parte del Ministerio Público, la resolución de fecha diecinueve de Septiembre del dos mil veintidós (2022)”. En este sentido, puntualiza el recurrente, que se considera violentado el debido proceso del imputado por no haber existido fundamentación de la prueba.CONSIDERANDO (7) Así mismo se revisó el expediente del A-quo, por la sala por el Ad-quem en donde menciona en su sentencia, en la parte de la fundamentación jurídica y motivación probatoria que en la prueba evacuada en audiencia inicial se observa que en la declaración del ofendido Julio Cesar Espinoza Muñoz manifestó lo siguiente: en el acápite quinto: Que ese día 10 de septiembre llegó a la casa a las cuatro y treinta de la tarde, cuando su esposa estaba llegando de poner la denuncia, porque porque al trabajador le habían quitado el caballo a la fuerza, a cambio de que le pagara la motocicleta ya que una vaca y un toro del ofendido le tiraron la moto al suelo. Y que la policía había llegado al día siguiente, como a eso de las ocho y media de la mañana, tocaron la puerta y recogieron el caballo, mismo que tiene un valor de seis mil lempiras exactos, propiedad del ofendido. Con la declaración del señor Nilcer Yorleni Corrales Centeno, quién es el trabajador del ofendido, manifestando el mismo que el día diez (10) de Septiembre como a eso de las cuatro y treinta (4:30 p.m.) minutos de la tarde, el señor Kevin Maradiaga estaba repellando la casa de Belkis, cuando la bestia le botó la moto, cuando el trabajador llevaba las vacas, en el cual este le dijo a Kevin Maradiaga que se bajara para arreglar el problema, pero no lo hizo. “Y que el trabajador del ofendido le dijo llévate el caballo que no es mío”. CONSIDERANDO 8: Y en ese mismo orden de ideas sigue manifestando la Corte de Apelaciones que al declarar el Alcalde Auxiliar el señor Pedro Joaquín Ávila Mendoza manifestó: “que en ese caso no hay robo”, ya que al detenido una vaca del ofendido le había golpeado la moto y que la bestia la dejó amarrada en la calle, que a Kevin Maradiaga lo fueron a traer a la casa a las ocho y que en ese momento el detenido estaba adentro de la casa cuando se le dio captura el día diez (10) de septiembre del año dos mil veinte a las 22:10 p.m. en horas de la noche en la aldea Las María del Centro, Concepción de María.CONSIDERANDO 9: Y en ese mismo orden la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en su acápite séptimo establece: Que habiendo analizado y evacuado la prueba en audiencia Inicial estima que sí bien es cierto ha quedado probado que el imputado tomó un semoviente propiedad del señor Julio Cesar Espinoza Muñoz, sin su consentimiento, la intencionalidad del acusado no fue con el ánimo de lucro, sino para hacerse pago de los daños que los semovientes le ocasionaron a su motocicleta. “El tipo penal de hurto preceptuado en el artículo 357 del Código Penal establece que: “Quién con ánimo de lucro para sí o para un tercero y sin consentimiento se apodera de una cosa mueble ajena cuyo valor excede de cinco mil lempiras debe ser castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. A la luz de la doctrina se entiende que el bien jurídico protegido en estos delitos es la propiedad y el elemento subjetivo penal de hurto exige que el sujeto activo se apropie de un bien mueble ajeno con el “ánimo de lucro”, que ampliamente interpretado incluye cualquier tipo de ventaja o beneficio patrimonial que el sujeto se proponga a conseguir mediante el apoderamiento de alguna cosa mueble ajena”. En el presente caso, como hemos podido observar, la acción del imputado es con ánimo de hacerse pago de los daños causados a la motocicleta eliminando el ánimo de lucro y aun cuando se considera que no es admitida la conducta de un sujeto que quiera hacerse pago con el bien del deudor. “Dicha conducta no se enmarca en el delito de hurto, ni en el delito de robo por lo que se ha mencionado anteriormente, ya que el ánimo de hacerse el pago de los daños causados a la motocicleta, elimina el ánimo de lucro, por lo que dicha conducta se enmarca en el delito de Amenazas, ya que su conducta indica apoderarse de un bien del deudor sí no paga y con ello causar un perjuicio en el patrimonio del deudor”. En el juicio quedó demostrado que el caballo que se llevó el señor Kevin Ariel Maradiaga Ávila, para su casa fue entregado por el señor Eliseo Baltazar y no fue llevado con violencia, intimidación o fuerza en las cosas, ni arrebatado con la intención de hurtar o robar. El Artículo 246 del Código Penal señala: “Quién amenaza a otro con causarle a él, o a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado, un mal en su persona, honor, intimidad o patrimonio debe ser castigado por el delito de amenazas”. CONSIDERANDO (10) En cuánto a la violación del derecho individual de la garantía genérica del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero, donde se establece que nadie podrá ser juzgado si no es por un juez o tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, dentro del cual está el derecho a obtener una respuesta a sus pretensiones, ya que el recurrente sostiene que la resolución impetrada el Ad-quem no debió de revocar el auto de formal procesamiento del delito de ROBO DE GANADO MAYOR, ya que la prueba presentada por la defensa no resulta suficiente como para que la Corte de Apelaciones reformara al delito de amenazas, ya que las pruebas de la defensa no eran suficientes para hacer una reforma al delito de Amenazas, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. Y en cuanto al artículo 82 se consagra que el derecho de defensa es inviolable, donde se encuentra íntimamente ligado al derecho de ser oído, que la tutela judicial efectiva se ha visto violentada por las razones fácticas y jurídicas siguientes: Que la actividad procesal defectuosa puede ser sancionada con la nulidad, que es un remedio o sanción procesal, pero para que ésta tenga efectividad es necesario no solo la observancia del Código, sino la existencia del perjuicio, lo que es denominado en doctrina como “Principio de Trascendencia”, lo cual conlleva al demandante de amparo a cuestionarse seriamente, la garantía del deber de motivar por no observar que la prueba no era suficiente, para reformar por el delito de Amenazas. Manifiesta el recurrente que la Corte Ad-Quem constituido como tribunal de alzada revocó la resolución del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca con toda la fundamentación a la luz de las pruebas evacuadas en la audiencia inicial. Y era aquí donde el Ad-quem tenía la obligación de realizar un control de constitucionalidad y legalidad en la resolución recaída en el señor KEVIN ARIEL MARADIAGA AVILA. Por lo que el Tribunal Ad-quem valoró los testimonios practicados y las demás pruebas documentales propuestas por las partes en Audiencia Inicial.CONSIDERANDO (11) Siguiendo ese orden de ideas el Ad-quem realiza una motivación clara y concreta del mismo en su resolución, limitándose a valorar y fundamentar los considerandos de la resolución del A-quo, haciendo las valoraciones correspondientes; los supuestos respectivos de la ley adjetiva, no olvidando el principio de imperio de la ley, según dispuesto en el artículo 303 y 323 constitucional, que nos ordena sumisión a la ley y a la justicia. CONSIDERANDO (12) Que el Tribunal AD-QUEM valoró esos aspectos del recurso, ya que la detención de su representado fue un hecho aislado al tomar el semoviente (caballo)para hacerse un pago por el daño causado a su motocicleta, que se acreditó mediante los medios probatorio como ser las declaraciones testificales del Ministerio Público. Por lo que la Corte de Apelaciones dio respuesta al apelante en su sentencia, en cuanto a la valoración de la prueba y fundamentación en la sentencia, como se puede ver en el escrito de interposición de la apelación por el apelante.CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga, que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el cual implica, inter alia: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y calificación judicial ajustada a los hechos imputados.CONSIDERANDO (14): Que la garantía del debido proceso lo cual conlleva observancia de la garantía de legalidad estricta, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate y ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional, garantizando, a la vez, los derechos de defensa y de estado de inocencia de los justiciables. Tal derecho de garantía muestra correlación indubitablemente, al principio acusatorio que se considera vulnerado con la resolución de la Corte de Apelaciones que reforma el auto de formal procesamiento del delito de HURTO DE GANADO MAYOR a AMENAZAS, Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha dieciséis (16) de Septiembre del dos mil veinte, al no dar respuesta al Ministerio Público de los agravios interpuestos en su escrito de contestación de agravios.CONSIDERANDO (15): Que se aprecia por la Sala de lo Constitucional que, tal como plantea la parte recurrente que la prueba no es suficiente para reformar el delito de HURTO DE GANADO MAYOR, al delito de AMENAZAS, que decreta la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, particularmente en la valoración de la prueba y la fundamentación Jurídica. Que la garantía del debido proceso que exige nuestra constitución; exhorta que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre un parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO (16) El artículo 90 de la Constitución de la República establece que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo a las reglas preestablecidas, cuyo resultado será será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1 en el que los Estados Partes tienen la obligación Internacional de respetar dichos principios. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la Sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de Justicia. CONSIDERANDO (17) Siguiendo el mismo orden de ideas las resoluciones judiciales en primer lugar han de estar motivadas y de acuerdo al artículo 141 del Código Procesal Penal estas deben expresar los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; es decir contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; Y en segundo término dicha motivación ha de estar fundada en derecho, carga que está cumplida no solo, con la mera emisión de una declaración de voluntad, sino, que debe ser consecuencia de una exégesis racional del razonamiento y no fruto de la arbitrariedad. Y para que se encuentren debidamente motivadas en su texto han de exteriorizar las razones (los motivos) que justifiquen o expliquen el signo de la decisión adoptada por los tribunales, sí favorable o adversa a un litigante o al otro; por lo que el fundamento del deber judicial de motivación y fundamentar radica en que ésta, desde el momento en que posibilita el conocimiento de las causas que justifican las decisiones de los tribunales, se erige en una garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de la actuación de los poderes públicos, los cuales, obviamente, sí no tuviesen que dar cuenta del porqué de sus conductas podrían fácilmente caer en la tentación de conducirse de dicha manera arbitraria o irrazonable; así mismo el requisito de la motivación de las decisiones judiciales encuentra su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo y de controlar la aplicación del Derecho realizada por aquéllos a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (18): Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada dio respuesta a los agravios expuestos por la Defensa y la Fiscalía, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación y reformando la resolución Impugnada de fecha dieciséis de Septiembre del dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos, y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta de la prueba válidamente allegada al proceso, bajo el tamiz de la sana critica; conditio sine qua non para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando fundadamente el derecho que es pertinente y específicamente aplicable al caso (“applicatio legis ad factum”); lo cual muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio denegar la garantía constitucional de amparo interpuesta por el fiscal abogado CRISTOPHER ELIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones para los efectos legales consiguientes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 68, 80, 82, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8, numeral 1), 9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 54, 56, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1672-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL