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Sentencia AP-1579-22 — Registro 18679

Resumen

Revocatoria de sentencia absolutoria en relación al procedimiento expedito de delitos en flagrancia instruida contra recurrente , por suponerlo responsable por de los delitos de Tráfico de Drogas y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio del Orden Público. siendo revocada sentencia absolutoria en virtud de declarar ha lugar recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, la Sala Constitucional es del criterio que no obstante el plan de la demanda de amparo, la formalización del recurso se limita a esgrimir aspectos parciales del cúmulo probatorio evacuado durante el proceso expedito para los delitos de flagrancia imputados; no logrando enervar la virtualidad del razonamiento probatorio, claro, preciso y coherente, que conllevó al dictado de sentencia condenatoria, por parte del Tribunal Ad Quem; el cual ha obrado conforme a lo prescrito en el marco constitucional, en el vigente Código Penal y en el Código Procesal Penal hondureño. - Por todo lo cual, procede dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de amparo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

): Que, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (8): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal sentido, los órganos jurisdiccionales en materia penal están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales. Conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les hubiere atribuido. CONSIDERANDO (9): Que el derecho constitucional invocado por la garantista, procura la aplicabilidad de los principios de legalidad penal, debido proceso e inviolabilidad del domicilio, a través del presente recurso de amparo. Procedió esta Sala a la vista de autos, a efecto establecer si el fallo proferido por el Ad-Quem se encuentra, o no, ajustado a las garantías constitucionales invocadas, en mejora del recurso, en virtud de los antecedentes procesales señalados. Coligiéndose del estudio realizado, en los antecedentes y en la resolución recurrida, que el concepto por el cual se alegan como violentados dichos derechos y garantías constitucionales, consiste en la mera discrepancia valorativa de la defensa técnica; respecto a los razonamientos plasmados en la sentencia efectuada por el Ad Quem, por la cual se revoca la absolución vertida por la instancia; sobre las bases de falencias en los procesos lógico - jurídicos de inferencia y justificación interna, definida correctamente en las premisas normativas y fáctica que la integran. CONSIDERANDO (10): Que no obstante el plan de la demanda de amparo, la formalización del recurso se limita a esgrimir aspectos parciales del cúmulo probatorio evacuado durante el proceso expedito para los delitos de flagrancia imputados; no logrando enervar la virtualidad del razonamiento probatorio, claro, preciso y coherente, que conllevó al dictado de sentencia condenatoria, por parte del Tribunal Ad Quem; el cual ha obrado conforme a lo prescrito en el marco constitucional, en el vigente Código Penal y en el Código Procesal Penal hondureño. - Por todo lo cual, procede dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de amparo

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

): Que, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (8): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal sentido, los órganos jurisdiccionales en materia penal están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales. Conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les hubiere atribuido. CONSIDERANDO (9): Que el derecho constitucional invocado por la garantista, procura la aplicabilidad de los principios de legalidad penal, debido proceso e inviolabilidad del domicilio, a través del presente recurso de amparo. Procedió esta Sala a la vista de autos, a efecto establecer si el fallo proferido por el Ad-Quem se encuentra, o no, ajustado a las garantías constitucionales invocadas, en mejora del recurso, en virtud de los antecedentes procesales señalados. Coligiéndose del estudio realizado, en los antecedentes y en la resolución recurrida, que el concepto por el cual se alegan como violentados dichos derechos y garantías constitucionales, consiste en la mera discrepancia valorativa de la defensa técnica; respecto a los razonamientos plasmados en la sentencia efectuada por el Ad Quem, por la cual se revoca la absolución vertida por la instancia; sobre las bases de falencias en los procesos lógico - jurídicos de inferencia y justificación interna, definida correctamente en las premisas normativas y fáctica que la integran. CONSIDERANDO (10): Que no obstante el plan de la demanda de amparo, la formalización del recurso se limita a esgrimir aspectos parciales del cúmulo probatorio evacuado durante el proceso expedito para los delitos de flagrancia imputados; no logrando enervar la virtualidad del razonamiento probatorio, claro, preciso y coherente, que conllevó al dictado de sentencia condenatoria, por parte del Tribunal Ad Quem; el cual ha obrado conforme a lo prescrito en el marco constitucional, en el vigente Código Penal y en el Código Procesal Penal hondureño. - Por todo lo cual, procede dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de amparo

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

): Que, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (8): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal sentido, los órganos jurisdiccionales en materia penal están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales. Conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les hubiere atribuido. CONSIDERANDO (9): Que el derecho constitucional invocado por la garantista, procura la aplicabilidad de los principios de legalidad penal, debido proceso e inviolabilidad del domicilio, a través del presente recurso de amparo. Procedió esta Sala a la vista de autos, a efecto establecer si el fallo proferido por el Ad-Quem se encuentra, o no, ajustado a las garantías constitucionales invocadas, en mejora del recurso, en virtud de los antecedentes procesales señalados. Coligiéndose del estudio realizado, en los antecedentes y en la resolución recurrida, que el concepto por el cual se alegan como violentados dichos derechos y garantías constitucionales, consiste en la mera discrepancia valorativa de la defensa técnica; respecto a los razonamientos plasmados en la sentencia efectuada por el Ad Quem, por la cual se revoca la absolución vertida por la instancia; sobre las bases de falencias en los procesos lógico - jurídicos de inferencia y justificación interna, definida correctamente en las premisas normativas y fáctica que la integran. CONSIDERANDO (10): Que no obstante el plan de la demanda de amparo, la formalización del recurso se limita a esgrimir aspectos parciales del cúmulo probatorio evacuado durante el proceso expedito para los delitos de flagrancia imputados; no logrando enervar la virtualidad del razonamiento probatorio, claro, preciso y coherente, que conllevó al dictado de sentencia condenatoria, por parte del Tribunal Ad Quem; el cual ha obrado conforme a lo prescrito en el marco constitucional, en el vigente Código Penal y en el Código Procesal Penal hondureño. - Por todo lo cual, procede dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de amparo

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Dinabel López Durón, a favor de José Daniel Ordoñez Aguilar, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor José Daniel Ordoñez Aguilar, por suponerlo responsable por de los delitos de Tráfico de Drogas y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio del Orden Público. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representadas, los derechos consagrados en los artículos 84, 90 y 100 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha catorce de marzo de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Sandra Geraldina Ramírez, presentando requerimiento fiscal en contra del señor José Daniel Ordoñez Aguilar, a quien se le supone responsable del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública; asimismo, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio del Orden Público. (Folios 1-3 del antecedente) 2)En fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: ABSOLVER A: JOSE DANIEL ORDOÑEZ AGUILAR, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por no haber prueba suficiente en qué fundamentar una condena en su contra por supuesto delito de TRAFICO DE DROGAS Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, perjuicio de LA SALUD PUBLICA Y EL ORDEN PUBLICO. SEGUNDO: No procede declarar la responsabilidad Civil. TERCERO: Declara la libertad Provisional de JOSE DANIEL ORDOÑEZ AGUILAR.- CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, y gastos ocasionados por el juicio, al Ministerio Público. Manda se notifique esta sentencia a las partes procesales…”. (Folios 74-81 vuelto del antecedente) 3)Que, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Elisa Patricia Amador Maradiaga, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, resolución mediante la cual dispuso: “…1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. 2) REVOCAR la sentencia apelada y que se dicte la correspondiente sentencia condenatoria contra Jose Daniel Ordoñez Aguilar en el procedimiento expedito para delitos flagrantes que se le ha incoado…”; lo cual tuvo basamento y motivación jurídica, en ejercicio de la posibilidad de revisar el fallo emitido por el Juzgado A Quo; en que éste se ha fundamentado en inexistentes contradicciones del cúmulo probatorio evacuado, durante el proceso expedito para los delitos de flagrancia; derivando de ello, ser de recibo los agravios impetrados por la Fiscalía. En consecuencia, procede, por parte del Juez A Quo, dictar sentencia condenatoria contra el imputado, a título de autor, por los delitos ya referidos; debiendo imponerle las penas que en derecho correspondan. (Ver: Folios 102-105 del antecedente) 4)Que la recurrente, Abogada Dinabel López Durón, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor José Daniel Ordoñez Aguilar, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representadas los derechos consagrados en los artículos 84, 90 y 100 de la Constitución de la República.5)Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente, Abogada DINABEL LÓPEZ DURÓN, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor JOSÉ DANIEL ORDOÑEZ AGUILAR, en la causa contra él seguida por suponerle responsable de los delitos de TRÁFICO DE DROGAS y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; formalizándose, el presente recurso, en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado por la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, también de la Defensa Pública; afirmando las garantistas que la resolución del Ad-Quem, sintéticamente relacionada en el Antecedente 3) de la presente sentencia, ha infringido lo dispuesto en los artículos 84, 90 y 100 de la Constitución de la República, los cuales se transcriben. CONSIDERANDO (4): Que, ha señalado la recurrente, en motivación de su recurso, la no conformidad del fallo recurrido con los derechos y garantías constitucionales del imputado; los cuales considera han sido transgredidos, al constar en el expediente de mérito que, al momento de su detención, no se acreditó que el ingreso a la vivienda de la señora SCARLETH JULIETTE VALLECILLO, se realizare de forma legal, no existiendo autorización judicial para tal allanamiento, o para proceder a su detención; aunado a lo cual, se suma las contradicciones de los agentes que lo detuvieron; en todo lo cual, el juez de primera instancia apreció falta de prueba en su contra, procediendo a dictar sentencia absolutoria a favor del encartado. Finalmente, establece la formalización de la garantía de amparo, que se ha infringido por el Tribunal de Alzada lo estipulado en los artículos 84, 90 y 100 de la Constitución de la República; al resolver ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocando la resolución absolutoria emitida con buen tino por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Por todo ello solicita se otorgue la garantía de amparo, brindando protección al derecho constitucional que asiste a su representado, a quien se le debe dictar sentencia absolutoria por los supuestos delitos a él imputados. CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, garantizando tanto el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional, como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras ha suscrito y ratificado, incorporándolo así en su derecho interno.CONSIDERANDO (6): Que el derecho al debido proceso que garantiza nuestra Constitución, se concatena pues a la práctica y ejercicio de un adecuado derecho de defensa durante todo el proceso, lo cual implicaría, el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes ante el órgano jurisdiccional predeterminado por ley, independiente e imparcial, con competencia material y formal para el conocimiento y resolución del caso; lo cual reafirma la garantía de legalidad en sentido estricto, sobre todo cuando de determinar deberes y derechos del imputado se trate. CONSIDERANDO (7): Que, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (8): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal sentido, los órganos jurisdiccionales en materia penal están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales. Conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les hubiere atribuido. CONSIDERANDO (9): Que el derecho constitucional invocado por la garantista, procura la aplicabilidad de los principios de legalidad penal, debido proceso e inviolabilidad del domicilio, a través del presente recurso de amparo. Procedió esta Sala a la vista de autos, a efecto establecer si el fallo proferido por el Ad-Quem se encuentra, o no, ajustado a las garantías constitucionales invocadas, en mejora del recurso, en virtud de los antecedentes procesales señalados. Coligiéndose del estudio realizado, en los antecedentes y en la resolución recurrida, que el concepto por el cual se alegan como violentados dichos derechos y garantías constitucionales, consiste en la mera discrepancia valorativa de la defensa técnica; respecto a los razonamientos plasmados en la sentencia efectuada por el Ad Quem, por la cual se revoca la absolución vertida por la instancia; sobre las bases de falencias en los procesos lógico - jurídicos de inferencia y justificación interna, definida correctamente en las premisas normativas y fáctica que la integran. CONSIDERANDO (10): Que no obstante el plan de la demanda de amparo, la formalización del recurso se limita a esgrimir aspectos parciales del cúmulo probatorio evacuado durante el proceso expedito para los delitos de flagrancia imputados; no logrando enervar la virtualidad del razonamiento probatorio, claro, preciso y coherente, que conllevó al dictado de sentencia condenatoria, por parte del Tribunal Ad Quem; el cual ha obrado conforme a lo prescrito en el marco constitucional, en el vigente Código Penal y en el Código Procesal Penal hondureño. - Por todo lo cual, procede dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de amparo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 82, 87, 90 párrafo primero, 96, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª reformado, 316 No. 1 reformado de la Constitución de la República y 321; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 N.º 2, 5 7 9 N.º 2, 41, 45, 63, y 121 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo promovida por la Abogada DINABEL LÓPEZ DURÓN, a favor del señor JOSÉ DANIEL ORDOÑEZ AGUILAR; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de marzo dos mil veintidós, que ha quedado debidamente relacionada. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1579-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL