Sentencia AP-1567-23 — Registro 18342
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia, que sobreseyó la Acción de amparo con relación a los delitos de abuso de autoridad y fraude, en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “TERCERO: El artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional sobre la Inadmisión de la acción, en su numeral 4 dispone "que es inadmisible el recurso de amparo: 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48.". El artículo 48 de la ley ajusten dispone "La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle.". Tomando en consideración las disposiciones antes indicadas, siendo que el recurrente ha presentado solicitud con la finalidad de que "se ordene al ente acusador realizar diligencias investigativas a través del nombramiento de perito para "comprobar que el Acta No. 19 de la Sesión de fecha 15 de Enero del 2010, no aparece la firma de mi poderdante DANIEL FLORES VELASQUEZ", lo procedente era haber promovido la acción de Amparo contra la resolución que le denegó su petición en la primera ocasión, resolución del doce de abril de dos mil veintidós y notificada al recurrente el veinte de abril siempre de dos mil veintidós, lo que a la fecha de interposición del Recurso de Amparo el 18 de septiembre de 2023, es extemporáneo. CUARTO: Conforme se ha dejado expuesto en aplicación del numeral y tal como prevé el párrafo último del artículo 46 de la ley Sobre Justicia Constitucional "El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad. (lo resaltado es nuestro). Siendo procedente por ello sobreseer el presente recurso de amparo. QUINTO: El artículo 80 de la Constitución de la República, referente al Derecho de Petición dispone que "Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal" y en su artículo 90 establece el derecho individual al Debido Proceso, que consiste en "que nadie puede ser juzgado, sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". En relación a disposiciones establecidas en el artículo número 8 no.1 de La Convención Americana de Derechos Humanos y 11 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, que los Jueces y Magistrados al emitir sus resoluciones deben apreciar de manera objetiva los hechos y circunstancias contenidas en el proceso. ”CONSIDERANDO (5): La decisión del tribunal de segunda instancia en la Acción de Amparo venida en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a concluir la Denegatoria de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del año dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que sobreseyó la Acción de amparo promovida por el Abogado Nabhan Siloe Paz Kaled, a favor de los señores Daniel Flores Velásquez, Juan Matamoros Torres, Héctor Danilo Olivares, Ángel María García Gálvez, Roberto Isaul Salinas Oliva y Cupertino Cruz Maldonado, contra la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra los señores Daniel Flores Velásquez, Juan Matamoros Torres, Héctor Danilo Olivares, Ángel Maria García Gálvez, Roberto Isaul Salinas Oliva y Cupertino Cruz Maldonado, por suponerlos responsables de tres delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1)En fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado Nabhan Siloe Paz Kaled, interponiendo Acción de Amparo a favor de los señores Daniel Flores Velásquez, Juan Matamoros Torres, Héctor Danilo Olivares, Ángel María García Gálvez, Roberto Isaul Salinas Oliva y Cupertino Cruz Maldonado, contra la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra los señores Daniel Flores Velásquez, Juan Matamoros Torres, Héctor Danilo Olivares, Ángel Maria García Gálvez, Roberto Isaul Salinas Oliva y Cupertino Cruz Maldonado, por suponerlos responsables de tres delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-10 del antecedente)2)La referida Corte, en fecha catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: SOBRESEER LAS PRESENTES DILIGENCIAS que contienen la Acción Constitucional de Amparo, presentada ante esta Corte Primera de Apelaciones por el Abogado NABHA SILOE PAZ KALED, a favor de los señores DANIEL FLORES VELASQUEZ, JUAN MATAMOROS TORRES, HECTOR DANILO OLIVARES, ANGEL MARIA GARCIA GALVEZ, ROBERTO ISAUL SALINAS OLIVA Y CUPERTINO CRUZ MALDONADO, contra la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida. SEGUNDO: REMITIR EN TRAMITE DE CONSULTA OBLIGATORIA, para y ante la SALA DE LO CONSTITUCIONAL de la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA la presente Sentencia. Y MANDA: Que, una vez notificadas las partes del presente fallo, la secretaria de cumplimiento a lo ordenado en el numeral segundo de la parte dispositiva de esta sentencia. NOTIFIQUESE.” (Folios 230-233 del antecedente)3)En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Esta Sala de lo Constitucional, siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, ha analizado el fallo de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictado por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Nabhan Siloe Paz Kaled, a favor de los señores Daniel Flores Velásquez, Juan Matamoros Torres, Héctor Danilo Olivares, Ángel María García Gálvez, Roberto Isaul Salinas Oliva y Cupertino Cruz Maldonado, contra la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra los señores Daniel Flores Velásquez, Juan Matamoros Torres, Héctor Danilo Olivares, Ángel Maria García Gálvez, Roberto Isaul Salinas Oliva y Cupertino Cruz Maldonado, por suponerlos responsables de tres delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.CONSIDERANDO (4): La decisión en la acción de amparo venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló la DENEGATORIA de dicha acción, fundamentó la motivación de su fallo en lo siguiente: (SIC) “PRIMERO: La Ley Sobre Justicia Constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, siendo una de ellas la garantía de amparo consignada en el artículo 183 de nuestra Constitución de La República. Desarrollada en el artículo número 41 de la ley secundaria ya mencionada, y refiere en consecuencia que toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de Amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que La Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y; 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por La Constitución. SEGUNDO: El recurrente interpone recurso de Amparo contra la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés mediante la cual la A-quo decide "... que analizándose que la misma se ha presentado por el abogado Siloe Paz por dos ocasiones y tres ocasiones por el abogado Daniel Flores y son idénticos y al cual mediante auto de fecha doce de abril del dos mil veintidós que obra a folio 564 y 565 esta suscrita se pronunció declarando sin lugar la petición de la defensa y se han expuesto los motivos del porqué de la decisión y que a la fecha la petición no ha variado por lo tanto la decisión es la misma...". Habiendo efectuado la revisión de las diligencias, se desprende que el recurrente comparece por primera vez ante el juzgado de letras seccional de Tela, Atlántida, en fecha ocho de abril de dos mil veintidós, solicitando se ordene al ente acusador realizar diligencias investigativas a través del nombramiento de perito para "comprobar que el Acta No. 19 de la Sesión de fecha 15 de Enero del 2010, no aparece la firma de mi poderdante DANIEL FLORES VELASQUEZ", la cual fue declarada sin lugar y luego en fecha catorce de junio de dos mil veintidós, comparece nuevamente el Abogado Paz Kaled, presentando solicitud con la misma finalidad, la cual la Juez declara sin lugar por encontrarse pendiente un recurso de apelación y es el seis de junio de dos mil veintitrés que comparece el profesional del derecho antes indicado solicitando resolución de lo peticionado, ante lo cual la A-quo le declara sin lugar por estimar que la petición no ha variado, lo cual es compartido por este tribunal de alzada, ya que aun y cuando para el recurrente no lo son, se estima que las solicitudes presentadas conllevan la misma finalidad, independientemente de si en el primer libelo consignó únicamente nombramiento de perito y en el segundo libelo precisa la especialidad del perito, puesto que lo relevante es para que o cual es la finalidad del peritaje. Mas importante aún es señalar que la primera vez que el defensor privado presentó la solicitud fue el ocho de abril de dos mil veintidós, siendo resuelta el doce de abril del año antes indicado y notificado al recurrente el veinte de abril de dos mil veintidós, es decir, que en todo caso el Amparo debía ser promovido contra tal resolución y no contra la dictada el diecinueve de junio del año en curso, por tratarse del mismo asunto, resultando así, que habiendo sido notificada la resolución el veinte de abril de 2022, la interposición del recurso que se resuelve, aun y cuando ha sido interpuesto contra una resolución dictada en el año que corre, versan sobre el mismo asunto, por lo tanto, al haber transcurrido más de dos meses para su interposición como dispone la ley, resulta extemporáneo. TERCERO: El artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional sobre la Inadmisión de la acción, en su numeral 4 dispone "que es inadmisible el recurso de amparo: 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48.". El artículo 48 de la ley ajusten dispone "La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle.". Tomando en consideración las disposiciones antes indicadas, siendo que el recurrente ha presentado solicitud con la finalidad de que "se ordene al ente acusador realizar diligencias investigativas a través del nombramiento de perito para "comprobar que el Acta No. 19 de la Sesión de fecha 15 de Enero del 2010, no aparece la firma de mi poderdante DANIEL FLORES VELASQUEZ", lo procedente era haber promovido la acción de Amparo contra la resolución que le denegó su petición en la primera ocasión, resolución del doce de abril de dos mil veintidós y notificada al recurrente el veinte de abril siempre de dos mil veintidós, lo que a la fecha de interposición del Recurso de Amparo el 18 de septiembre de 2023, es extemporáneo. CUARTO: Conforme se ha dejado expuesto en aplicación del numeral y tal como prevé el párrafo último del artículo 46 de la ley Sobre Justicia Constitucional "El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad. (lo resaltado es nuestro). Siendo procedente por ello sobreseer el presente recurso de amparo. QUINTO: El artículo 80 de la Constitución de la República, referente al Derecho de Petición dispone que "Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal" y en su artículo 90 establece el derecho individual al Debido Proceso, que consiste en "que nadie puede ser juzgado, sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". En relación a disposiciones establecidas en el artículo número 8 no.1 de La Convención Americana de Derechos Humanos y 11 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, que los Jueces y Magistrados al emitir sus resoluciones deben apreciar de manera objetiva los hechos y circunstancias contenidas en el proceso.”CONSIDERANDO (5): La decisión del tribunal de segunda instancia en la Acción de Amparo venida en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a concluir la Denegatoria de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183 preámbulo y número 1, 303, 304 y 321 de la Constitución de la Republica; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos; 1, 3 preámbulo y número 2, 4, 10 preámbulo y número 2 letra a), 41, 45, 46.9, 47, 48, 49.3, 51, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta que DENIEGA la acción de amparo interpuesto por el Abogado Nabhan Siloe Paz Kaled, a favor de los señores Daniel Flores Velásquez, Juan Matamoros Torres, Héctor Danilo Olivares, Ángel María García Gálvez, Roberto Isaul Salinas Oliva y Cupertino Cruz Maldonado, contra la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra los señores Daniel Flores Velásquez, Juan Matamoros Torres, Héctor Danilo Olivares, Ángel Maria García Gálvez, Roberto Isaul Salinas Oliva y Cupertino Cruz Maldonado, por suponerlos responsables de tres delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1567-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL