Sentencia AP-156-22 — Registro 17839
Resumen
La Sala Constitucional ha venido dictando jurisprudencia en materia de Maltrato Familiar en relación a la no procedencia de la homologación de conciliación para este tipo de delitos, por ser éste un delito de acción pública que debe ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, no requiriendo del consentimiento de la víctima para ejercitarse la acción penal pública que corresponda. La decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que, si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión lesiva del principio de legalidad, al derecho a un debido proceso legal y a una tutela judicial efectiva.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(26): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos.El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 se establece en que delitos procede la conciliación entre víctima e imputado. En ese sentido como ya se dijo líneas arriba, los delitos, que no están incluidos en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal se consideran de orden público y serán perseguibles por el Ministerio Público o a instancia de parte, por ello no procede la conciliación. I.Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que sí el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público, como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar, ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate.III.A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, pues la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del Juez de Letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
(26): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos.El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 se establece en que delitos procede la conciliación entre víctima e imputado. En ese sentido como ya se dijo líneas arriba, los delitos, que no están incluidos en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal se consideran de orden público y serán perseguibles por el Ministerio Público o a instancia de parte, por ello no procede la conciliación. I.Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que sí el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público, como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar, ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate.III.A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, pues la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del Juez de Letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, pues la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del Juez de Letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Penal interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN con relación a la causa instruida contra el Señor AGRESOR por suponerlo responsable del delito de MALTRATO FAMILIAR en perjuicio de la señora VÍCTIMA.ANTECEDENTES 1)Que en fecha siete (07) de enero de dos mil veintidós (2022) el Ministerio Publico, a través de su agente Fiscal el abogado MARVIN BENAVIDES, presentando requerimiento Fiscal contra el señor AGRESOR por suponerlo responsable del delito MALTRATO FAMILIAR en perjuicio de la señora VÍCTIMA. (Folios del 02 al 03 de la pieza de antecedentes).2)Que en fecha siete (07) de junio de dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia inicial en el que dictó resolviendo: (SIC)…“1) El Ministerio Público solicita se decrete un auto de formal procesamiento en contra de AGRESOR, por el delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VÍCTIMA, de acuerdo a lo que establece el artículo 289 incido 2,3 y 4 del Código Penal y 297 del Código Procesal Penal y que se impongan las medidas cautelares comprendidas en el artículo 173 numerales 6,7,8 y 9 del Código Procesal Penal. 2).- Por su parte la Defensa que no se acreditó el agravante que se decrete un sobreseimiento provisional por el delito de maltrato familiar. 3) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de AGRESORpor suponerlo responsable del delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO en perjuicio de VÍCTIMA, en base a los artículos 90 el artículo 289 párrafo primero numeral 2,3 y 4 del Código Penal y 297 del Código Procesal Penal”(Folio 8 de la pieza de antecedentes)3)Que en fecha dos (02) de mayo de dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán,dicto resolución en cual RESUELVE: (SIC)…..”1)HOMOLOGAR EL ACUERDO DE CONCILIACION, suscrito entre el encausado AGRESOR, y la ofendida VÍCTIMA tal como lo establece el artículo 45 del Código Procesal Penal .- 1) Que el imputado AGRESOR no se acerque a la casa de la ofendida y lugares que ella frecuente, que no le hable.- 2) Que no maltrate física, verbal psicológicamente a la señora VÍCTIMA 3) el periodo de prueba es de seis meses contados a partir de la fecha y sí incumple a dichas medida dará lugar a que sea revocado este beneficio. 4) Suspendida la medida impuestas en audiencia declaración de imputado se señala audiencia de revisión de acuerdo jueves dieciocho de febrero del dos mil veintiuno diez y media de la mañana.- Sirven de fundamento el artículo 45 del Código Procesal Penal y artículo 90 de la Constitución de la República”.(FOLIO 20 vuelto de la pieza de antecedentes)4)Que en fecha trece (13) de junio del dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: 1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- CONFIRMAR la resolución apelada. (Folios 41 al 43 de la pieza de antecedentes).5)Que en fecha veinte (20) de octubre de los dos mil veintidós (2022) compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha trece (13) de junio del dos mil veintidós (2022), dictada por LA CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (Folios 01 al 05 de la pieza del Recurso de Amparo)6)Que en fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil veintitrés (2023), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el Recurso de Amparo, se omite dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho con conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. (Folio 31 de la pieza del recurso de Amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO(3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de junio del dos mil veintidós (2022), mediante la cual falla en su parte dispositiva: “1) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2) CONFIRMAR la resolución apelada…”.CONSIDERANDO (4): Que, entre los antecedentes de hecho y de derecho de la resolución impugnada por la vía constitucional de amparo, el Ad-Quem, establece “…3.- A juicio de esta Corte, es visible el error en que incurrió el poder Legislativo al reformar mediante Decreto 130-2017 el Artículo 45 del Código Procesal Penal, lo cual produjo una marcada contradicción entre sus párrafos primero y ultimo; empero, no es dable a esta Alzada el dejar de fallar en el caso concreto que se conoce, alegando ambigüedad, oscuridad o contradicción en las disposiciones aplicables al mismo; habida cuenta que el artículo 18 del mismo ordenamiento penal adjetivo, contiene la solución, en cuanto expresa que los pasajes oscuros o contradictorios de la Ley Penal deben ser interpretados del modo que más favorezca a la persona imputada.- En consecuencia, es procedente aplicar al caso concreto el párrafo final del artículo 45 citado, por la señalada contradicción que favorece al encartado; y, además de lo expresado anteriormente, considerando que el límite máximo de la pena principal aplicable al delito de Maltrato Familiar es inferior a cinco (5) años de prisión. 4.- En correspondencia con lo expuesto anteriormente, es visto que en el subexamine concurren los presupuestos en el ordenamiento penal adjetivo establece para que pueda operar la figura de la conciliación; tales son: Que se trate de delitos relacionados con agresión doméstica, tal cual así se subsume el de Maltrato Familiar, cuya omisión se atribuye al encartado y que la conciliación haya sido solicitada en forma expresa por la víctima o sus apoderados; ergo, apareciendo en el caso de autos en el relato de la audiencia inicial, que la víctima señora VÍCTIMA, compañera de hogar del imputado AGRESOR, manifestó expresamente que deseaba conciliar con el imputado; dado esto, se viene en inequívoca conclusión que la conciliación concertada interpartes y homologada por el hoy A-quo, no adolece de ningún vicio de nulidad como el reclamado por el quejoso, ya que en las agresiones domésticas en que se subsume el delito de Maltrato Familiar, la iniciativa de conciliación fue ejercida por la propia víctima; por lo cual no son de recibo los agravios del apelante, pues no se ha infringido norma alguna del procedimiento.CONSIDERANDO (5): Que, en la formalización del presente recurso de amparo, comparece la recurrente, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, quien actúa en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor de los intereses generales de la Sociedad y del Estado de Honduras; reiterando el contenido de la acción de amparo interpuesta, en aras de que se le restituya al Estado de Honduras el goce de la garantía constitucional al debido proceso, que le fuera conculcado, mediando flagrante vulneración al principio de legalidad, según ha manifestado la recurrente. Sosteniendo que la violación al debido proceso se produce porque el razonamiento planteado por el Ad-quem confirmó la homologación de conciliación, al determinar que el párrafo ultimo del artículo 45 del Código Procesal Penal, quedó indemne, estableciendo que en los delitos de carácter sexual, en los cometidos por niños y en las agresiones domésticas, la iniciativa de conciliación corresponde exclusivamente a la víctima o de sus apoderados legales, como aconteció en la presente causa a iniciativa ejercida por la víctima. Ya que la violación al debido proceso se produce porque el razonamiento planteado entraña en una interpretación errónea e incongruente con lo estipulado en el artículo 45 del Código Procesal Penal, reformado en el artículo 633 del Código Penal Vigente, que señala: “En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre la victima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio, lo anterior concatenado con lo preceptuado en el artículo 26 del mismo cuerpo legal que dispone: ACCIONES PUBLICAS DEPENDIENTES DE INSTANCIA PARTICULAR. Los siguientes delitos sólo podrán ser perseguidos por el Ministerio Público a instancia de la victima: 1. Las Lesiones leves, las menos graves y las culposas……De los casos determinados en los numerales 1) y 2) se exceptúan los de violencia intrafamiliar, definidos en el código penal, que podrán ser perseguidos por el Ministerio Público sin que proceda instancia de la víctima. Por lo que de las normas trascritas se extrae que el delito de Maltrato Familiar, es un delito de orden público no dependiente de instancia particular, por tanto resulta improcedente la aplicación de la figura alterna de conciliación, por no estar comprendido en los delitos que pueden ser conciliados entre las partes, en lo cual se debe resaltar que la reforma del artículo 45 del Código Procesal Penal, otorga el beneficio de la conciliación a las agresiones domésticas, entendiendo como estas a las mera faltas o pleitos familiares, que no transcienden el espacio del maltrato familiar, que sí lesiona gravemente la convivencia familiar y entra en el campo de los delitos que no son objeto de conciliación.- Argumenta la pedidora que en la resolución que se recurre se ha inobservado lo establecido en el artículo 304 y 321 de la Constitución de la República, vulnerando el principio de legalidad que establece, que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, lo que le impone al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa el derecho a aplicar; si bien es cierto, el juez tiene la facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en este caso se aprecia una clara y evidente contravención a la ley.CONSIDERANDO (6): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (7): Que, vistos los antecedentes del caso, y sometido a estudio el múltiple agravio constitucional que propone la agente de tribunales del Ministerio Público, aprecia la Sala de lo Constitucional, la concurrencia de las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas, en motivación del amparo. CONSIDERANDO (8): Que, esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (9): Que, en el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber confirmado la decisión del A-Quo de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito que, según la recurrente, no admite ser conciliado por no cumplir con los requerimientos de ley para ese fin. CONSIDERANDO (10): Que, el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla.CONSIDERANDO (11): Que, podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. CONSIDERANDO (12): Que, en el caso del Poder Judicial, como encargado de cumplir y de hacer cumplir tanto el ordenamiento supremo del Estado como las leyes que lo conforman, la aplicación del principio de legalidad debe ser absoluta e irrestricta, vinculándose tanto con las normas sustantivas como con las adjetivas. La vigencia del principio de legalidad en la esfera de atribuciones y deberes de nuestros jueces conlleva a que todas sus actuaciones deben estar sustentadas y previstas en ley, debiendo existir además conformidad del resultado de esas actuaciones con la ley y con el ordenamiento supremo.CONSIDERANDO (13): Que, en el ámbito penal, el principio de legalidad adquiere fundamental relevancia, y lo encontramos postulado en nuestra ley penal, la cual invoca que nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no esté prevista como delito o falta, y que nadie puede ser castigado con una pena o medida de seguridad que no ha sido previamente establecida por la ley e impuesta por órgano jurisdiccional competente conforme a las leyes procesales. CONSIDERANDO (14): Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. CONSIDERANDO (15): Que, esta Sala asiente en que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado.CONSIDERANDO (16): Que, asentimos de igual manera que el principio de legalidad se enlaza ampliamente con el principio de taxatividad o de lex certa, en virtud del cual se plasma la exigencia de certeza o determinación de la ley, de donde nace la expresión nullum crimen sine lege stricta. Han sido reiteradas las valoraciones de esta Sala en lo concerniente al principio de taxatividad, especialmente en materia de recursos, el cual conlleva a que los recursos proceden solamente en los casos expresamente previstos por la ley, encontrándolo establecido en el artículo 347 del Código Procesal Penal.CONSIDERANDO (17): Dicho todo lo anterior, advertimos que la disputa en el asunto que nos ocupa se contrae a si el delito de Maltrato Familiar Agravado, tipificado en el artículo 289 numerales 2, 3 y 4 del actual Código Penal, admite o no ser objeto de conciliación. Diremos primeramente que, de acuerdo con nuestro Código Penal, el delito de Maltrato Familiar Agravado es un delito contra las relaciones familiares y supone el ejercicio de violencia física o psicológica sobre el cónyuge o persona con la que tenga una unión de hecho reconocida o la persona con la que se mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a las anteriores. También se castiga con este delito la violencia en contra de los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad sean estos parientes propios del hechor o de su cónyuge o conviviente.CONSIDERANDO (18): Que, en lo que respecta a la figura de la conciliación, como un medio para extinguir la acción penal, el artículo 45 del Código Procesal Penal establece que, en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio. A su vez, los artículos 26 y 27 delimitan cuales son los delitos dependientes de instancia particular y cuáles son los de acción privada. Los primeros podrán ser perseguidos por el Ministerio Público solo a instancia de la víctima, y los últimos solamente son delitos perseguibles por acción de la víctima. Se entiende que todos los demás delitos, es decir, todos los que no están incluidos en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal se consideran de orden público y serán perseguibles por el Ministerio Público de oficio o a instancia de parte interesada.CONSIDERANDO (19): Que, siendo de reciente vigencia, el delito de Maltrato Familiar, fue tipificado como delito hasta la entrada en vigor del actual Código Penal publicado mediante Decreto 130-2017. No se advierte que el legislador derogase ni modificase los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal para incorporar al delito de Maltrato Familiar como un delito dependiente de instancia particular o de orden privado, por lo que podemos afirmar que es un delito de orden público.CONSIDERANDO (20): Que, con este tipo penal el legislador procuró sancionar el ejercicio de violencia física o bien psicológica sobre los miembros de la familia, siendo que con el castigo de esta conducta se procura la protección de las relaciones familiares. El ya derogado Código Penal de 1985 también sancionaba—sí bien más severamente—las acciones de violencia contra la familia, tipificando el delito de violencia intrafamiliar, el cual, si bien ya derogado, guarda analogía con el actual delito de maltrato familiar, aunque resultaba mucho más amplio y exhaustivo en la descripción de las conductas a sancionar. CONSIDERANDO (21): Que resulta evidente para esta Sala que, cuando entró en vigor el Código Procesal Penal en el año 2002, fue intención del legislador de aquél entonces considerar al delito de violencia intrafamiliar como un delito de orden público perseguible de oficio por el Ministerio Público, al no incluirlo dentro de los delitos perseguibles solo a instancia de la víctima. Además, el Artículo 179-C del Código Penal de 1985, establecía expresamente que los delitos de violencia intrafamiliar serían de acción pública. CONSIDERANDO (22): Que, así entonces, advirtiéndose que la intención del legislador fue en todo momento considerar a los delitos sancionadores de la violencia contra la familia como de orden público y perseguibles de oficio por el Ministerio Público, es lógico asumir que esa misma previsión se tomó con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, pues el delito de maltrato familiar, fijamente dirigido a censurar la violencia contra la familia, como ya lo dijimos, no fue incluido por vía de reforma dentro de los delitos perseguibles a instancia de la víctima, o inclusive de índole privada, que describe el Código Procesal Penal.CONSIDERANDO (23): Que, siguiendo este orden de ideas, sabemos que las alegaciones del ente fiscal para fundar su acción de amparo es que considera que el Tribunal de Alzada hizo una interpretación errónea e incongruente de lo estipulado por el artículo 45 del Código Procesal Penal, por cuanto la Alzada ha dejado entrever en su sentencia que si bien se ha reformado el párrafo primero del artículo 45 del Código Procesal Penal, el legislador ha dejado vigente el último párrafo de dicho artículo que dice: “Lo obstante lo expuesto, en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en los agresiones domésticas, el órgano jurisdiccional no debe procurar la conciliación entre las partes, sino lo solicita en forma expresa la víctima o sus apoderados legales.” Lo cual constituye una contradicción con el párrafo primero del mismo artículo, por ello el caso debe ser resuelto en aplicación a los principios de NOT VIC CURIA y el principio contenido en el artículo 18 del código procesal penal que establece: “Que los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal, se interpretarán del modo que más favorezca a la persona imputada”. Así también establece el Tribunal de Alzada que en el presente caso la señora VÍCTIMA, manifiesta estar de acuerdo con la conciliación aceptando los términos, lo cual demuestra que se ha reintegrado y protegido la postura de la víctima en atención al principio de protección y reparación del daño causado.CONSIDERANDO (24): Que, dicho lo anterior, y como apunta el Ministerio Público con buen criterio, resulta evidente para esta Sala el error incurrido por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, al momento de interpretar y aplicar lo establecido en el artículo 45 del Código Procesal Penal al caso que nos ocupa.En primer lugar, esta Sala considera que, si la intención de nuestro legislador hubiese sido que en todos los delitos pudiera darse la conciliación entre imputado y víctima, no establecería la norma procesal ninguna restricción para ello, sin embargo, esto no es así.Citando de nueva cuenta el artículo 45 del Código Procesal:“Artículo 45. Conciliación. En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio”.Así entonces, aplicando de manera taxativa lo estipulado por la norma procedimental que citamos, la conciliación NO procede en los delitos de acción pública que sean perseguibles de oficio por el Ministerio Público, y solo cabe impulsarla: 1.En las faltas;2.En los delitos de acción privada;3.En los delitos de acción pública dependientes de instancia particular;Siempre y cuando la pena principal aplicable al delito cometido sea inferior a 5 años.CONSIDERANDO (25): Que, El maltrato familiar no está contemplado como delito privado ni como delito de acción pública dependiente de instancia particular, como tampoco lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar ya derogado por el artículo 289 del Código Penal vigente. El delito de maltrato familiar es un delito de acción pública que debe ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, no requiriendo del consentimiento de la víctima para ejercitarse la acción penal pública que corresponda.- Así entonces, al no ser una falta, ni un delito de orden privado, ni de instancia particular, resulta evidente para esta Sala que el delito de maltrato familiar no admite conciliación entre victima e imputado como lo dispone el artículo 45 del Código Procesal Penal. Pues la intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45.CONSIDERANDO (26): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos.El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 se establece en que delitos procede la conciliación entre víctima e imputado. En ese sentido como ya se dijo líneas arriba, los delitos, que no están incluidos en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal se consideran de orden público y serán perseguibles por el Ministerio Público o a instancia de parte, por ello no procede la conciliación. I.Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que sí el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público, como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar, ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate.III.A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, pues la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del Juez de Letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59 reformado, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 1), 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo promovida por la recurrente, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de Junio del dos mil veintidós (2022), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha dos (2) de mayo del dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor AGRESOR, por suponerlo responsable del delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VÍCTIMA, de la cual se ha hecho mérito, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan; Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILA CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1526-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.