Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1516-23 — Registro 18861

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra la resolución en relación a la causa instruida contra el delito de tráfico de drogas agravado y tenencia de armas de fuego prohibida, en perjuicio de la salud pública y el orden público.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (3): Que los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora para emitir su fallo, son los siguientes: “…Asimismo, el Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal tampoco observó las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por el señor Defensor, en las que expone las razones por las cuales el señor Juez debe admitir la solicitud planteada; teniendo como resultado que, al inadmitir indebidamente dicha solicitud de copia de un elemento de prueba, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado porque, en el seno de un proceso judicial, una de las partes, la Defensa, ha resultado impedida, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e Intereses legítimos, por actos concretos de un órgano judicial, que es el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por lo que esta Corte coincide con el impetrante, en que no se cumplió con los criterios legales para declarar inadmisible la solicitud de copia de los 75 audios que, en tal virtud, fue indebidamente declarada sin lugar; y, por ende, además de una vulneración al Debido Proceso, también existe una vulneración al Derecho de Defensa en tal rechazo. 30. En tal sentido, esta Corte de Apelaciones concluye que sí existe la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, que también se encuentran contenidas en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; por lo que amerita declarar con lugar su pretensión, otorgando el Amparo y ordenando al Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ahora denominado Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, que declare con lugar la solicitud efectuada por la Defensa y ordene extenderle al Defensor del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, COPIA INTEGRA DEL DVD QUE CONTIENE LOS SETENTA Y CINCO (75) AUDIOS PRODUCTO DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS, QUE FUERON REMITIDAS A ESE JUZGADO POR PARTE DEL JUZGADO DE GARANTÍA PENAL Y QUE SE TUVIERON POR RECIBIDOS EN FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (26/05/2023), efectuando para ello, todas las diligencias que fueren necesarias, a costa del peticionario. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 3) del artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que manda que en la parte dispositiva de la sentencia se debe efectuar la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución…”. CONSIDERANDO (4): Que con relación a las garantías normativas contenidas en la legislación ordinaria, específicamente en los artículos 41 numerales 1) y 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional y en los artículos 139 párrafo tercero y 141 del Código Procesal Penal, de donde se deduce que los jueces y tribunales en el proceso penal deben actuar con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico positivo, que para tales efectos ha instituido el legislador; observándose que el Tribunal requerido ha cumplido con la preceptiva legal supra citada, al motivar la resolución mediante la cual indica las razones jurídicas, por las cuales en efecto se debió haber declarado con lugar la solicitud de proporcionar a la defensa el medios de prueba propuesto y admitido al Ministerio Público, consistente en copia íntegra del DVD que contiene los setenta y cinco (75) audios producto de las escuchas telefónicas, que fueron remitidas a ese juzgado por parte del juzgado de garantía penal, limitándose el A-quo a indicar que la solicitud se haga ante el Ministerio Público, aun y cuando los medios de pruebas están en su poder y es el A-quo quien dirige el proceso, por tanto, dicha decisión es atribución del A-quo solamente, violentando de esta manera el derecho a la defensa y a un debido proceso comprometiendo así lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 139 del Código Procesal Penal, que señala entre otras disposiciones que los jueces dictarán las resoluciones judiciales de forma motivada cuando se trate de admisión o inadmisión de medios de prueba o de cualquier situación que implique limitación de derechos fundamentales. Así, esta Sala ha constatado que la resolución del Ad Quem, se pronunció en la debida forma sobre los medios de prueba que finalmente ordena sean proporcionados, sin llegar a pecar de valorar los mismos. CONSIDERANDO (5): Que de todo lo anterior resulta claro haberse comprobado la infracción al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso, prescritas los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; siendo en particular relevancia desde la perspectiva constitucional el que, en la sentencia el Ad-quem fundó su decisión mediante motivación congruente y de fondo. Esta Corte coincide y estima que se ha vulnerado por parte del Juez de Letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción las normas constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en consecuencia, y por todo ello, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia que OTORGA la acción de Amparo venido en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, a favor del señor Rodrigo Fernández Estévez, contra la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra el señor Rodrigo Fernández Estévez, por suponerlo responsable del delito de Tráfico de Drogas Agravado y Tenencia de Armas de Fuego Prohibida, en perjuicio de la Salud Pública y el Orden Público. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Rodrigo Fernández Estévez, contra la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra el señor Rodrigo Fernández Estévez, por suponerlo responsable del delito de Tráfico de Drogas Agravado y Tenencia de Armas de Fuego Prohibida, en perjuicio de la Salud Pública y el Orden Público, tal como ha sido relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-2 vuelto del antecedente) 2) La referida Corte, en fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARLON IVAN RODRÍGUEZ ESCALÓN, quien actúa en su condición de Defensor Privado del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, en la causa que se instruye por suponerlo responsable de los delitos de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA Y EL ORDEN PÚBLICO; la cual se ventila en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ahora denominado Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, bajo el expediente número 121-2021. SEGUNDO: ORDENAR al Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ahora denominado Juez de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que declare con lugar la solicitud efectuada por la Defensa y ordene extenderle al Defensor del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, COPIA INTEGRA DEL DVD QUE CONTIENE LOS SETENTA Y CINCO (75) AUDIOS PRODUCTO DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS, QUE FUERON REMITIDAS A ESE JUZGADO POR PARTE DEL JUZGADO DE GARANTÍA PENAL Y QUE SE TUVIERON POR RECIBIDOS EN FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (26/05/2023), efectuando para ello, todas las diligencias que fueren necesarias, a costa del peticionario. Y MANDA UNICO: Que, junto con la certificación de este fallo, se remitan para la respectiva consulta, los antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debiendo hacerse del conocimiento de las partes y de la autoridad recurrida. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.” (Folios 29-35 vuelto del antecedente) 3) Que en fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el caso que se conoce en consulta es la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, a favor del señor Rodrigo Fernández Estévez, contra la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra el señor Rodrigo Fernández Estévez, por suponerlo responsable del delito de Tráfico de Drogas Agravado y Tenencia de Armas de Fuego Prohibida, en perjuicio de la Salud Pública y el Orden Público. CONSIDERANDO (3): Que los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora para emitir su fallo, son los siguientes: “…Asimismo, el Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal tampoco observó las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por el señor Defensor, en las que expone las razones por las cuales el señor Juez debe admitir la solicitud planteada; teniendo como resultado que, al inadmitir indebidamente dicha solicitud de copia de un elemento de prueba, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado porque, en el seno de un proceso judicial, una de las partes, la Defensa, ha resultado impedida, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e Intereses legítimos, por actos concretos de un órgano judicial, que es el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por lo que esta Corte coincide con el impetrante, en que no se cumplió con los criterios legales para declarar inadmisible la solicitud de copia de los 75 audios que, en tal virtud, fue indebidamente declarada sin lugar; y, por ende, además de una vulneración al Debido Proceso, también existe una vulneración al Derecho de Defensa en tal rechazo. 30. En tal sentido, esta Corte de Apelaciones concluye que sí existe la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, que también se encuentran contenidas en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; por lo que amerita declarar con lugar su pretensión, otorgando el Amparo y ordenando al Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ahora denominado Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, que declare con lugar la solicitud efectuada por la Defensa y ordene extenderle al Defensor del señor RODRIGO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, COPIA INTEGRA DEL DVD QUE CONTIENE LOS SETENTA Y CINCO (75) AUDIOS PRODUCTO DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS, QUE FUERON REMITIDAS A ESE JUZGADO POR PARTE DEL JUZGADO DE GARANTÍA PENAL Y QUE SE TUVIERON POR RECIBIDOS EN FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (26/05/2023), efectuando para ello, todas las diligencias que fueren necesarias, a costa del peticionario. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 3) del artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que manda que en la parte dispositiva de la sentencia se debe efectuar la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución…”. CONSIDERANDO (4): Que con relación a las garantías normativas contenidas en la legislación ordinaria, específicamente en los artículos 41 numerales 1) y 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional y en los artículos 139 párrafo tercero y 141 del Código Procesal Penal, de donde se deduce que los jueces y tribunales en el proceso penal deben actuar con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico positivo, que para tales efectos ha instituido el legislador; observándose que el Tribunal requerido ha cumplido con la preceptiva legal supra citada, al motivar la resolución mediante la cual indica las razones jurídicas, por las cuales en efecto se debió haber declarado con lugar la solicitud de proporcionar a la defensa el medios de prueba propuesto y admitido al Ministerio Público, consistente en copia íntegra del DVD que contiene los setenta y cinco (75) audios producto de las escuchas telefónicas, que fueron remitidas a ese juzgado por parte del juzgado de garantía penal, limitándose el A-quo a indicar que la solicitud se haga ante el Ministerio Público, aun y cuando los medios de pruebas están en su poder y es el A-quo quien dirige el proceso, por tanto, dicha decisión es atribución del A-quo solamente, violentando de esta manera el derecho a la defensa y a un debido proceso comprometiendo así lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 139 del Código Procesal Penal, que señala entre otras disposiciones que los jueces dictarán las resoluciones judiciales de forma motivada cuando se trate de admisión o inadmisión de medios de prueba o de cualquier situación que implique limitación de derechos fundamentales. Así, esta Sala ha constatado que la resolución del Ad Quem, se pronunció en la debida forma sobre los medios de prueba que finalmente ordena sean proporcionados, sin llegar a pecar de valorar los mismos. CONSIDERANDO (5): Que de todo lo anterior resulta claro haberse comprobado la infracción al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso, prescritas los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; siendo en particular relevancia desde la perspectiva constitucional el que, en la sentencia el Ad-quem fundó su decisión mediante motivación congruente y de fondo. Esta Corte coincide y estima que se ha vulnerado por parte del Juez de Letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción las normas constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en consecuencia, y por todo ello, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia que OTORGA la acción de Amparo venido en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 141, 319 y 361 del Código Procesal Penal y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, a favor del señor Rodrigo Fernández Estévez, contra la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra el señor Rodrigo Fernández Estévez, por suponerlo responsable del delito de Tráfico de Drogas Agravado y Tenencia de Armas de Fuego Prohibida, en perjuicio de la Salud Pública y el Orden Público, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redacto Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1516-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

ECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL