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Sentencia AP-1491-22 — Registro 18735

Resumen

Corte de Apelaciones declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Tribunal de Sentencia que denegó solicitud de revocatoria de medida cautelar de prisión preventiva a favor de recurrente, por constar que existe una nueva fecha de cumplimiento de prisión preventiva; Dicha Corte considera que el término ampliado por la Sala Penal, se dio lugar, a la celebración del juicio oral, con lo que se cumplió la finalidad de asegurar la presencia del imputado durante el proceso; y cierto es que existieron demoras, pero resulta improcedente sustituir la medida cautelar impugnada, debiéndose estar a lo que resulte del juicio oral y público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

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Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

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Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

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Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

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Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. .."..."La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo..."

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Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Claudia Lorena Rodriguez Hernández, a favor del señor Howin Alexis Romero, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Howin Alexis Romero, por suponerlo responsable de los delitos Portación Ilegal de Armas Prohibidas y Tráfico, en perjuicio del Orden Público y la Salud del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Territorial con Competencia Nacional, el Agente Fiscal, Abogado Luis Alberto Irías, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Howin Alexis Romero, por suponerlo responsable de los delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Uso Prohibido, Tenencia Ilegal de Artefactos Explosivos de Uso Prohibido, Tenencia Ilegal de Munición Prohibida y Comercial y Trafico de Drogas, en perjuicio de la Seguridad Interior y de la Salud de la Población del Estado de Honduras, respectivamente. (Folios 1-6 del tomo I del antecedente) 2)En fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…este Tribunal considera que todo esto ha implicado un retraso para este expediente, en atención que efectivamente aquí hay una prisión preventiva que ha sido ampliada que está próxima a vencerse y que el Tribunal se ha visto en la necesidad de ir reprogramando el juicio. En tal virtud este Tribunal considera que a la fecha 6 de junio que estaba programada la audiencia de Juicio Oral y Público, a la cual la Defensa no se hizo presente al 27 de junio que hemos tenido que señalar audiencia existen 21 días de retrasos, 21 días que este Tribunal considera que deben de ser sumados posteriormente a la fecha 14 de junio del año 2022, la cual ubica una nueva fecha de cumplimiento de prisión preventiva para el día 3 de julio del año 2022. En consecuencia, de esto declaramos sin lugar la petición de la Defensa en cuanto a la revocación de la prisión preventiva…” (Folios 512-518 del tomo II del antecedente) 3)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Claudia Lorena Rodriguez Hernández, en su condición de apoderada legal del señor Howin Alexis Romero; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto.-2) CONFIRMA la resolución apelada.”; (Folios 17-18 vuelto del antecedente) 4)Que la recurrente, la Abogada Claudia Lorena Rodriguez Hernández, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor Howin Alexis Romero, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.5)Que en fecha doce de junio de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Claudia Lorena Rodriguez Hernández, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista para sentencia la garantía de amparo promovida por la Abogada Claudia Lorena Rodríguez Hernández, a favor del señor Howin Alexis Romero, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintidós de junio de dos mil veintidós; resolución jurisdiccional que DECLARA SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensora Privada, y deniega, en consecuencia, la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada. CONSIDERANDO (4): Que la sentencia de Apelaciones en referencia, según vista para estudio, expresa en su motivación fáctica y jurídica, que, al analizar los agravios expresados por la defensa técnica, impetrando la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, debe ésta desestimarse, confirmando la resolución apelada. Considerando que procedería confirmar lo resuelto por la instancia, relativo al mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, en virtud de proceder verosimilitud a derecho (fumus boni iuris); ya que, si bien transcurrió el término señalado por la ley adjetiva, computando el término ampliado por la Sala Penal, se dio lugar, efectivamente, a la celebración del juicio oral en fecha 27 de junio de 2022. Cumplimentándose así, la finalidad perseguida, como es la de asegurar la presencia del imputado durante el proceso. No siendo menos cierto que se dieron demoras, durante el tiempo que se alude; resultando sin embargo improcedente, sustituir la medida cautelar impugnada, debiéndose estar a lo que resulte del juicio oral y público. CONSIDERANDO (5): Que, en el escrito de formalización de amparo presentado por la recurrente, Abogada Claudia Lorena Rodríguez Hernández, a favor del señor Howin Alexis Romero, se discrepa de la preindicada resolución de la Corte de Apelaciones en mención, por la cual se declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, confirmando por ende, de forma infundada, en su parecer, la medida cautelar de prisión preventiva; lo que resultaría en violación al debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Aduce la amparista, que dicha resolución judicial ha quebrantado la preceptiva legal del artículo 181 numeral 6) del Código Procesal Penal, el cual establece que las dilaciones producidas por la defensa no se contaran en el cómputo de la prisión preventiva; siempre y cuando tales demoras se produzcan, por gestiones de la defensa que hubieren sido declaradas sin lugar y que, como consecuencia, haya causado pérdida de tiempo y demora para la culminación del proceso; lo cual no sería el caso, habiendo agravio a los derechos del imputado en la interpretación errónea de la preceptiva legal señalada, lo cual habría motivado la confirmación de la denegatoria al cambio de medida cautelar solicitado. CONSIDERANDO (6): Que, ha manifestado también la Letrada garantista, en su escrito de formalización, que, lo que procedería en el presente caso sería la estimatoria del recurso de amparo, en orden a reestablecer las garantías constitucionales y procesales violentadas al imputado, señor HOWIN ALEXIS ROMERO; según se ha fundamentado en el respectivo recurso de apelación, con resultados infructuosos para el restablecimiento del derecho constitucional quebrantado; por lo cual, solicita el otorgamiento de la garantía de amparo, contra la resolución antes descrita y circunstanciada, en los términos desarrollados en la presente formalización, por ser lo que corresponde en derecho.CONSIDERANDO (7): Que, por la garantía del debido proceso exige nuestra Constitución que para una condena, o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el cual comprende: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre ante órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; lo cual es correlativo a la garantía de legalidad penal, cuando de determinar deberes y derechos se trata. Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, cuya regularidad se ha verificado en el presente caso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 178, párrafo primero, con relación al artículo 372, párrafo primero, ambos del Código Procesal Penal; los cuales definen y atribuyen la competencia funcional para conocer y aplicar las reglas relativas a la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas a la misma. CONSIDERANDO (8): La Sala de lo Constitucional, que el derecho garantía al debido proceso se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, contenidas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación; en cuanto y en tanto los agravios expresados por la defensa, no muestran razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, dictada en apelación de la denegatoria a la sustitución de medidas cautelares. Cabe mencionar que ésta, esencialmente provisional y revisable, fue solicitada por la Defensa a favor del imputado, en la etapa de juicio oral y público, el cual es concluido con la emisión de la sentencia definitiva; susceptible de los recursos que le franquea la Ley, tal y como acontece en el presente caso. Vistos los antecedentes, concluye esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso, invocado como violentado. Por todo lo cual procede el dictado de sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 15, 16, 59, 60, 69, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, letra b); 41 numeral segundo; 42, 44, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticuatro. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ, a favor del señor HOWIN ALEXIS ROMERO, contra la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veinticuatro (2024) y por la cual se falla DENEGANDO LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE AMPARO, interpuesta por la recurrente a favor de señor HOWIN ALEXIS ROMERO; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco (05) de Agosto del dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintidós de Junio del dos mil veintidós, que resuelve: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto.- 2)Confirma la resolución apelada; contra la resolución del Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial nacional en Materia Penal de fecha veintidós de Junio del dos mil veintidós, en el que resuelve UNO: Se rechaza la reposición por los argumentos antes expuestos, atendiendo al hecho que esta defensa tuvo de conocimiento de manera alterna y no directa de lo acontecido en fecha diez (10) de Junio. DOS: Después de ser rechazada debemos de estimar que la nueva fecha de cumplimiento de la prisión es en fecha tres (03) de Julio del año dos mil veintidós (2022). TRES: Que la audiencia de Juicio está señalada para el día veintisiete (27) de Junio del dos mil veintidós (2022). CUATRO: Que en atención de la complejidad que ha venido mostrando la representación del imputado HOWIN ALEXIS ROMERO, queda siempre válido el nombramiento como defensoras públicas emergentes de las compañeras de la Defensa Pública que en su momento estuvieron presentes el día 10 de Junio pasado, para que en dado caso que el imputado HOWIN ALEXIS ROMERO, no tenga representación privada, en ese momento sean ellas entonces las que asuman el conocimiento sobre todo la abogada Yessica Durón, para que conozcan causa y referida audiencia. CONSIDERANDO (1): Que, el régimen de las impugnaciones debe regirse por la legalidad constitucional en un Estado de Derecho, en proscripción de la arbitrariedad judicial. De tal manera que no resulta admisible se concedan los recursos que franquea la Ley Sobre Justicia Constitucional, sobre la base de consideraciones carentes de contenido, o de alegaciones de mera legalidad. A este respecto ha establecido la Sala, con relación a los cauces procesales de la tutela judicial efectiva, que el derecho de petición no ha de conllevar, necesariamente, a la obtención de una decisión favorable al peticionario (a) sobre el fondo del asunto controvertido. CONSIDERANDO (2): Que, por todo ello, se concluye que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho por no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda. Señala, por su parte, el artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que, una vez solicitada la reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; deberá procederse sin más trámite, a denegar o enmendar el fallo, según correspondiere en derecho. CONSIDERANDO (3): Que las pretensiones expuestas por la abogada CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ, en su condición de apoderada legal del privado de Libertad antes mencionado, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veinticuatro (24) de Abril del dos mil veinticuatro (2024), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado Denegar el recurso de acción de amparo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; y con ello se explican los motivos legales que conllevan a denegar la acción constitucional de amparo de mérito en su considerando número siete (7). En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Y aunado a ello se han dado en la presente causa retrasos ocasionados por la Defensa, que se pueden ver en la Resolución del Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintidós (22) de Junio del dos mil veintidós (2022), por la cual se recurre en Recurso de Apelación, que obra a folio número 51 del Recurso; en el que el Tribunal delibera: Que después de haber escuchado los planteamientos de las partes, que esta es la tercera ocasión que se revisan los antecedentes en el que se ha confirmado que el imputado fue puesto a la orden del órgano jurisdiccional, en fecha veintinueve (29) DE Septiembre del dos mil diecinueve (2019); Y que obran en las diligencias algunos retrasos en los que incurrió la defensa que en aquel momento se encontraba representando al imputado, originando así un retraso de setenta y siete (77) días, en el que quedó establecido en la constancia del Tribunal firmada por la Secretaria que obra s folio trescientos setenta y siete (377) de los antecedentes, así como en la revisión de medidas realizada en fecha veintisiete (27) de Abril del dos mil veintidós (2022), que obra a folio 391 al 393 de los antecedentes; estableciéndose como nuevo cómputo de vencimiento de Prisión preventiva el catorce (14) de Junio del dos mil veintidós, contando también la ampliación de los seis (6) meses que resolviera la Sala Penal, quedando señalado fecha de juicio oral y público para el día 06 y 07 de Junio del 2022, en donde se nombraron defensoras públicas emergentes. Pero en ese espacio de tiempo el imputado nombró como apoderado legal al abogado NATAN CACERES ALVARADO, en fecha 06 de abril del 2022, presentando una revisión de medidas en la misma fecha, declarada sin lugar. Nuevamente el imputado confiere poder en fecha 31 de mayo del 2022, a la Abogada SANDRA ELIZABETH DE LEON HERNANDEZ, que obra a folio 414 de los antecedentes, ya con fecha señalada de juicio el 6 y 7 de Junio del 2022. Y es en fecha 03 de junio al ser citada para juicio oral y público, le manifiesta al receptor que ha sufrido una situación médica y que la incapacitada temporalmente hasta el 09 de Junio del 2022, incapacidad no presentada formalmente ante el tribunal ni certificada por el Colegio Médico de Honduras, estando ya programado el Juicio Oral y Público; Y para no hacer ninguna afectación a la defensa, se le reprogramó el juicio nuevamente para el 10 de Junio del 2022, en la cual tampoco compareció la defensa Privada del Imputado, por lo que remite la defensa vía whatsapp al receptor del despacho otro recetario en donde se especifica que la incapacidad se le amplía desde el 10 de junio al 17 de Junio del 2022,por lo que se ha mirado retasado el juicio según la foliada del 06 de Junio del 2022, al 27 de Junio que se realizó la programación de la nueva fecha de juicio existen 21 días de retraso provocado por la defensa del Imputado, ubicándose como nueva fecha de cumplimiento de prisión preventiva el 03 de Julio del dos mil veintidós (2022), señalándose fecha de juicio oral para el 27 de Junio del dos mil veintidós; por lo que dicha Prisión Preventiva no se encuentra vencida según lo que se observa en la foliada de los antecedentes de la revisión de medidas de fecha veintidós (22) de Junio del dos mil veintidós (2022). CONSIDERANDO (5): Y siendo que en la Motivación que hace la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en que resuelve que sí bien transcurrió el término señalado por la Ley Adjetiva, computando el termino ampliado por la Sala Penal, no es menos cierto que se dieron algunas demoras durante el transcurso del tiempo que se alude; En consecuencia bajo estos dos últimos parámetros no es procedente sustituir la medidas cautelar debiendo entonces esperar el resultado a la fecha del Juicio Oral y Público en fecha 27 de Junio del dos mil veintidós(2022). La Convención Americana de Derecho Humanos señala en su artículo 7.5 tres elementos que siempre deben observarse en la aplicación de la Prisión Preventiva : 1) Su Carácter especial o Excepcional; 2) la Justificación para su aplicación que debe estar basada en las circunstancias concretas de cada caso y 3) la prohibición que se prolongue excesivamente fuera de todo plazo razonable. Y en el caso concreto la defensa ocasionó los atrasos correspondientes a efecto del cumplimiento de la Prisión Preventiva. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por las Abogada CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ, a favor del señor HOWIN ALEXIS ROMERO, contra la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional, en fecha veinticuatro (24) de Abril del dos mil veinticuatro (2024). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro y la Resolución de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1491-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL