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Sentencia AP-1457-22 — Registro 18678

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación que revoca las medidas cautelares sustitutivas y ordena se imponga la prisión preventiva interpuesto contra la resolución por el delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): La Sala de lo Constitucional, ha revisado los antecedentes y analizado la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil dos recurrida y observa que, los Magistrados que dictaron la misma, omitieron realizar el análisis de rigor con relación a revocar las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y se limitaron a referirse de forma general a los presupuestos que constituyen requisitos indispensables para su determinación y al revocarlas, no realizaron un análisis individual, siendo fácilmente detectable la omisión pues no hacen referencia a la existencia de hechos nuevos protagonizados por cada una, que dieran pie a sospechar que no tienen la voluntad de someterse al proceso. La sentencia carece de la motivación necesaria que explique por qué de la determinación del cambio, siendo fundamental señalar una a una las razones por las cuales, a su criterio, debió ser impuesta la prisión preventiva. CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 178 del Código del Código Procesal Penal, para decretar la prisión preventiva, deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1) Peligro de fuga del imputado, 2) la posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, 3) riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva de la que hay sospecha que pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados, y 4) riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante. CONSIDERANDO (8): Que en el caso que ahora nos ocupa, el Tribunal Ad Quem ordena que se decrete la prisión preventiva contra las encausadas, sin razonar como se dijo, absolutamente nada sobre la gravedad de la pena que eventualmente pudiera imponérsele, su falta de arraigo en el país, el lugar donde cumple las medidas sustitutivas, si existe o no un racional y fundado peligro de fuga, y con ello la posibilidad de que las encartadas se sustraigan a la acción de la Justicia, así como también de que destruya o manipule las fuentes de prueba. CONSIDERANDO (9): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 179 del Código Procesal Penal, para determinar si existe peligro de fuga del imputado, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1) la falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar el territorio nacional o para permanecer oculto, 2) la gravedad de la pena que pudiera imponerse al encausado, como resultado del proceso, 3) la importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del procesado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora, y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. CONSIDERANDO (10): Que la imposición de la prisión preventiva, dispuesta por el Tribunal Ad Quem, vulnera por las razones antes apuntadas, la garantía del debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia, consagrados por la Constitución, toda vez que NO se han tenido en cuenta los presupuestos legitimadores previstos en el Código Procesal Penal para decretar esa medida cautelar que priva de la libertad, quedando a salvo de la Defensa su derecho a presentar con arreglo a Derecho, las pruebas que permitan preservar o mantener dicha presunción, y por lo tanto enervar la hipótesis acusatoria formulada por la Representación del Ministerio Público. Es por ello que, en atención a las razones antes expuestas, debe otorgarse el amparo interpuesto por el Quejoso.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): La Sala de lo Constitucional, ha revisado los antecedentes y analizado la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil dos recurrida y observa que, los Magistrados que dictaron la misma, omitieron realizar el análisis de rigor con relación a revocar las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y se limitaron a referirse de forma general a los presupuestos que constituyen requisitos indispensables para su determinación y al revocarlas, no realizaron un análisis individual, siendo fácilmente detectable la omisión pues no hacen referencia a la existencia de hechos nuevos protagonizados por cada una, que dieran pie a sospechar que no tienen la voluntad de someterse al proceso. La sentencia carece de la motivación necesaria que explique por qué de la determinación del cambio, siendo fundamental señalar una a una las razones por las cuales, a su criterio, debió ser impuesta la prisión preventiva. CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 178 del Código del Código Procesal Penal, para decretar la prisión preventiva, deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1) Peligro de fuga del imputado, 2) la posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, 3) riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva de la que hay sospecha que pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados, y 4) riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante. CONSIDERANDO (8): Que en el caso que ahora nos ocupa, el Tribunal Ad Quem ordena que se decrete la prisión preventiva contra las encausadas, sin razonar como se dijo, absolutamente nada sobre la gravedad de la pena que eventualmente pudiera imponérsele, su falta de arraigo en el país, el lugar donde cumple las medidas sustitutivas, si existe o no un racional y fundado peligro de fuga, y con ello la posibilidad de que las encartadas se sustraigan a la acción de la Justicia, así como también de que destruya o manipule las fuentes de prueba. CONSIDERANDO (9): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 179 del Código Procesal Penal, para determinar si existe peligro de fuga del imputado, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1) la falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar el territorio nacional o para permanecer oculto, 2) la gravedad de la pena que pudiera imponerse al encausado, como resultado del proceso, 3) la importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del procesado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora, y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. CONSIDERANDO (10): Que la imposición de la prisión preventiva, dispuesta por el Tribunal Ad Quem, vulnera por las razones antes apuntadas, la garantía del debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia, consagrados por la Constitución, toda vez que NO se han tenido en cuenta los presupuestos legitimadores previstos en el Código Procesal Penal para decretar esa medida cautelar que priva de la libertad, quedando a salvo de la Defensa su derecho a presentar con arreglo a Derecho, las pruebas que permitan preservar o mantener dicha presunción, y por lo tanto enervar la hipótesis acusatoria formulada por la Representación del Ministerio Público. Es por ello que, en atención a las razones antes expuestas, debe otorgarse el amparo interpuesto por el Quejoso.”

Legislación citada

Sentencia

CERIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Marcelino Vargas, a favor de las señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veinte de junio de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra las señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, por suponerlas responsables del delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representadas, los derechos consagrados en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)Conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados Ana Cristina Urrutia, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y de Isaac Romero Carpintero, en su condición de Acusador Privado, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic)“…En virtud de lo anteriormente expuesto, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos esta Corte de Apelaciones Penal resuelve: 1.- Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, Revoca las medidas cautelares sustitutivas y ordena se imponga la prisión preventiva a los señores Alex Alberto Moraes Girón, Carlos Luis Guevara Mondragón, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández. 2.- Declara sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por la Defensa del señor Marco Antonio Bográn Corrales. Confirma el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios y Fraude…” (Folios 767-780 del antecedente)2)Que el recurrente, Abogado José Marcelino Vargas, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de las señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representadas los derechos consagrados en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República.3)Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por el Abogado José Marcelino Vargas, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO:(1) Que la acción de Amparo es una garantía constitucional que puede ser interpuesta por cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (2): Que se conoce el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Marcelino Vargas, a favor de las señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veinte de junio de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra las señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, por suponerlas responsables del delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.CONSIDERANDO (3): Que en audiencia inicial del veinte de junio de dos mil veintidós, el Juez de Letras de lo Penal con competencia nacional en materia de corrupción, dictó auto de formal procesamiento en contra de las imputadas las señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, como cooperadoras necesarias en la supuesta comisión del delito de Fraude establecido en el decreto 183-2004, imponiendo a su favor las Medidas Sustitutivas distinta a la prisión preventiva, contempladas en el artículo 173 números 6, 7, 8, 9 y 10 del Código Procesal Penal, como ser la presentación periódica al Juzgado, la prohibición de salir del país, la prohibición de comunicarse con el ofendido, motivando el Juez los presupuestos legitimadores para la imposición de las mismas. CONSIDERANDO (4): Tanto el Ministerio Público como el acusador privado, interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, logrando que, con relación a las imputadas señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, se les revocara la determinación tomada en audiencia inicial de oír el juicio en libertad, mediante imposición de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por lo que en sentencia dictada por la Corte de Apelaciones se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Esta decisión, como quedó dicho, fue recurrida mediante la interposición del recurso de amparo. CONSIDERANDO (5): El impetrante sostiene que se le ha vulnerado a sus representadas, el derecho a la libertad, el estado de inocencia y el debido proceso, alegando que la privación de libertad es absolutamente excepcional, y que, en el caso de las imputadas, no ha existido una razón que haga cambiar la medida en su perjuicio, por tanto, concluye el impetrante, que si las señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales ha venido cumpliendo a cabalidad con las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, no hay cognición alguna para la revocación de las mismas.CONSIDERANDO (6): La Sala de lo Constitucional, ha revisado los antecedentes y analizado la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil dos recurrida y observa que, los Magistrados que dictaron la misma, omitieron realizar el análisis de rigor con relación a revocar las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y se limitaron a referirse de forma general a los presupuestos que constituyen requisitos indispensables para su determinación y al revocarlas, no realizaron un análisis individual, siendo fácilmente detectable la omisión pues no hacen referencia a la existencia de hechos nuevos protagonizados por cada una, que dieran pie a sospechar que no tienen la voluntad de someterse al proceso. La sentencia carece de la motivación necesaria que explique por qué de la determinación del cambio, siendo fundamental señalar una a una las razones por las cuales, a su criterio, debió ser impuesta la prisión preventiva.CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 178 del Código del Código Procesal Penal, para decretar la prisión preventiva, deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1) Peligro de fuga del imputado, 2) la posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, 3) riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva de la que hay sospecha que pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados, y 4) riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante. CONSIDERANDO (8): Que en el caso que ahora nos ocupa, el Tribunal Ad Quem ordena que se decrete la prisión preventiva contra las encausadas, sin razonar como se dijo, absolutamente nada sobre la gravedad de la pena que eventualmente pudiera imponérsele, su falta de arraigo en el país, el lugar donde cumple las medidas sustitutivas, si existe o no un racional y fundado peligro de fuga, y con ello la posibilidad de que las encartadas se sustraigan a la acción de la Justicia, así como también de que destruya o manipule las fuentes de prueba. CONSIDERANDO (9): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 179 del Código Procesal Penal, para determinar si existe peligro de fuga del imputado, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1) la falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar el territorio nacional o para permanecer oculto, 2) la gravedad de la pena que pudiera imponerse al encausado, como resultado del proceso, 3) la importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del procesado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora, y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. CONSIDERANDO (10): Que la imposición de la prisión preventiva, dispuesta por el Tribunal Ad Quem, vulnera por las razones antes apuntadas, la garantía del debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia, consagrados por la Constitución, toda vez que NO se han tenido en cuenta los presupuestos legitimadores previstos en el Código Procesal Penal para decretar esa medida cautelar que priva de la libertad, quedando a salvo de la Defensa su derecho a presentar con arreglo a Derecho, las pruebas que permitan preservar o mantener dicha presunción, y por lo tanto enervar la hipótesis acusatoria formulada por la Representación del Ministerio Público. Es por ello que, en atención a las razones antes expuestas, debe otorgarse el amparo interpuesto por el Quejoso.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República, 172, 173 No. 3), 174, 178 No. 1) y 2), 179 No. 1) y 2) y 180 del Código Procesal Penal, 1, 5 No. 3 y 32 de la Ley de Amparo, FALLA: 1.- OTORGANDO el Amparo interpuesto por el Abogado José Marcelino Vargas, a favor de las señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, 2.- Revocar la medida de prisión preventiva impuesta en contra de las procesadas señoras María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández Gonzales, a efecto de que oigan su juicio en libertad, con la imposición de las medidas sustitutivas que ya habían sido impuestas en primera instancia; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Vallecillo Paredes. - NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1457-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL