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Sentencia AP-1426-22 — Registro 17631

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, que dicta auto de formal procesamiento y desestima la excepción de extinción de la acción penal, por prescripción de la acción, peticionada por la Defensa. Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO(14): Que como bien lo indica la recurrente en Amparo, el derecho al debido proceso es un derecho fundamental, por ello todos los Juzgados y Tribunales de la República se encuentran obligados a cumplir lo que manda la Constitución de la República, con el fin que se cumpla con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, a efecto de asegurar el debido proceso; en consecuencia es de obligatorio cumplimiento lo establecido en los artículos 97.1 y 99 del Código Penal -Decreto 144-83-, ello porque, en el caso en estudio no se presentó actividad en el proceso por más de cuatro años, seis meses; como lo indica la Alzada, tal inactividad en el proceso se evidencia desde el año 2017, hasta el año 2021, que es precisamente cuando se hace efectiva la orden de captura en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). En atención a ello y de acuerdo al plazo establecido en el artículo 97.1 del Código Penal, la acción penal prescribió en el mes de octubre del año dos mil veintiunos y no en junio del año dos mil veintidós como concluye la Alzada y esto se advierte de la simple suma de años y meses que la ley establece como requisitos para la prescripción de la acción penal para el delito de Desobediencia. CONSIDERANDO (15): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de de , el debido proceso es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, la recurrente lo ha relacionado con el derecho a que se decrete la prescripción de la acción penal, por haber trascurrido el período de tiempo establecido en el artículo 97.1) del Código Penal para el delito de Desobediencia, por la inactividad en el proceso, haciendo prevalecer el respeto de las formalidades que la ley establece, como garantía del debido proceso constitucional. CONSIDERANDO (16): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesales, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (17):Que de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por de , es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho al debido proceso, invocado por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con observancia de las disposiciones contenidas en el artículo 97.1 del Código Penal -Decreto 144-83-, realice la suma de años y meses en forma correcta, correspondiente a cuatro años (4), seis (6) meses, para la prescripción de la acción penal para el delito de Desobediencia; suma de tiempo que debe realizar, desde la fecha en que se libró la orden de captura -04 de abril del 2017-, hasta la fecha en la que misma se hizo efectiva -16 de diciembre del año 2021- y de esta forma determinar que ha transcurrido el período de tiempo que exige la ley penal sustantiva para decretar la Prescripción de la Acción Penal, peticionada por la Defensa a favor del encausado señor Antonio Barahona.”

Legislación citada

  • Código Penal, art. 97. 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal, art. 99 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL En la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, treinta de enero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a favor del señor ANTONIO BARAHONA, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que dicta Auto de Formal Procesamiento y Desestima la Excepción de Extinción de la Acción Penal, por Prescripción de la Acción, peticionada por la Defensa, con relación a la causa instruida contra el señor ANTONIO BARAHONA, por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de de ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada GEA DAMIANA GARAY ALVARADO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal, contra el señor ANTONIO BARAHONA, por suponerlo responsable de la Comisión del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios del 2-5 de la pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en Audiencia Inicial RESOLVIÓ: (Sic) “I).- Dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra ANTONIO BARAHONA, quien se le supone responsable a título de autor directo del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA II) Ratificar las medidas cautelares impuestas en audiencia de Declaración de Imputado, como ser las tipificadas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal.” (Folio 57fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3)Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Defensa del imputado, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y que se relaciona en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), Resolvió: (Sic) “1) Declarando NO HA LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Abogada Francis Castro Delgado, en su condición de Defensora Pública.- 2) CONFIRMANDO la resolución apelada.” (Folios del 81-84fv de de antecedentes del A-quo)4) Que la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional, en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del señor ANTONIO BARAHONA, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de de (Folios del 1-5 de los autos) 5)Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. (Folio 45 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del Imputado, contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, que dicta Auto de Formal Procesamiento y desestima la Excepción por Extinción de la Acción Penal, promovida por la Defensa, en atención a la prescripción de la acción penal, confirmando la resolución, del A-quo; por considerar el Tribunal de Alzada inter alia en la motivación que: (Sic) “4.- El artículo 97 del Código Penal ya establece que la acción penal prescribe: 1) por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentada en la mitad, si fuera la de reclusión. Sin embargo, el término de prescripción no será, en ningún caso inferior a dos (2) años. 2… 3… 4… Sin perjuicio de lo que establece el artículo 325 de la Constitución de la República. Como se puede apreciar del texto sancionador, la prescripción de la acción penal es una de las causas por las cuales se extingue la responsabilidad penal, y para el Código Procesal Penal, la extinción de la responsabilidad penal es una de las causas que extinguen la acción penal la cual esta regulada en su artículo 42 numeral 1 en consonancia con la norma sustantiva. Basta decir que al concurrir una causa que extingue la acción penal, el cauce procesal para enervar el procedimiento será la excepción por esta causa, lo que conllevaría, además, el dictado de un sobreseimiento definitivo; lo que no acontece en el caso de autos y como pretensión del sensor, al hacer el computo respectivo al haberse interpuesto la acción penal 09 de diciembre de 2015, se libró orden de captura el 04 de abril de 2017 y habido el imputado 16 de diciembre de 2021 de acuerdo a la pena a imponérsele es decir, reclusión de uno (1) a tres (3) años no han transcurrido los cuatro años seis meses, puesto que no ha habido acción desde 2017 al 2021 cuando fue habido es decir, le prescribiría hasta el 16 de junio del 2022 (4 años 6 meses). Por lo que la excepción alegada en su momento procesal por la Defensa, no es de recibo…” (Ver folio 84 de la pieza de antecedentes del A-quo) CONSIDERANDO (4): Que en la exposición de la acción de Amparo promovida, la recurrente argumenta la vulneración de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, indicando que se presentó en Audiencia Inicial una excepción por Falta de Acción, basándose en lo establecido en el artículo 46 numeral 3 del Código Procesal Penal por extinción de la acción penal, relacionado con lo establecido en el artículo 42 numeral 1) de dicha normativa, relacionado con lo establecido en los artículos 96 al 104 del Código Penal (Decreto 144-83), donde se establece lo relacionado a la extinción de la responsabilidad penal y sus efectos, expresando así las reglas en relación a la Prescripción de la Acción Penal, donde nos indica el artículo 97 que la acción penal prescribe según el numeral 1) por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentada en la mitad, si fuere la reclusión. CONSIDERANDO (5): Continúa exponiendo la pedidora de Amparo que en el caso de autos el delito por el cual el Ministerio Público presenta Requerimiento Fiscal es el delito de Desobediencia cuya pena oscila de uno a tres años (Art. 346 del Código Penal), es decir que la acción penal prescribe en el caso del delito que nos ocupa a los cuatro años seis meses (4 años a 6 meses), aunado a lo anterior el artículo 99 del Código Penal establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie el procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia. En el presente caso al hacer el cómputo desde que el proceso se paralizó el 04 de abril del 2017 (Con la orden de captura) hasta el momento que su representado es habido en fecha 16 de diciembre del 2021, han trascurrido ya mas de 4 años, 6 meses. es decir que el día que su representado fue detenido -dice la recurrente- por la autoridad, fue después de haber transcurrido mas de 4 años, 6 meses desde el momento en que el proceso se paralizó, sin practicarse ninguna nueva actuación de ningún tipo. CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.CONSIDERANDO (7): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.; en el caso sub júdice la recurrente relaciona la vulneración de los derechos a la Defensa y Debido Proceso, ante la inobservancia de las actuaciones establecidas en la Ley y el cumplimiento a cabalidad de las formas, ritos y solemnidades. CONSIDERANDO (8): Que el asunto fundamental, por el que se recurre la resolución de fecha diez de febrero del año dos mil veintidós, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, es en relación a las disposiciones contenidas en los artículos 97.1) y 99 del Código Penal, preceptos sustantivos que desarrollan el tema de la prescripción de la acción penal y la interrupción de la prescripción de la acción penal; es así, que importa a la recurrente en Amparo, que este Alto Tribunal revise el acto emitido, a efecto de determinar si ha transcurrido el tiempo que señala el Artículo 97 del Código Penal, en inactividad la acusa, a efecto de decretar la prescripción de la acción penal y con ello el Sobreseimiento Definitivo del proceso, que es específicamente lo que peticiona la Defensa en el Recurso de Apelación promovido y que le fuera declarado sin lugar por el Tribunal de Alzada, pues el recurso de apelación confirma la resolución emitida por el A-quo que decreta Auto de Formal Procesamiento en contra del encausado.CONSIDERANDO (9): Que el delito que se acusa es el de Desobediencia, contenido en el precepto 346 de la ley sustantiva penal, vigente al momento de presentación del Requerimiento Fiscal, acción que lleva aparejada una pena mínima de reclusión por el plazo de un (1) año y una pena máxima de reclusión de tres (3) años. De la lectura del relacionado precepto, en concordancia con el 97 de la misma normativa, se requiere que el proceso haya permanecido en inactividad por un período de cuatro (4) años, seis (6) meses, pues el máximo de la pena para el delito de Desobediencia es de tres años y aumentado este en la mitad es un año, seis meses, lo que suma cuatro años, seis meses, tiempo necesario en el cual el proceso debe permanecer en inactividad para decretar la prescripción de la acción penal. CONSIDERANDO (10): Que el Tribunal de Alzada ha procedido a realizar en detalle los diferentes momentos en los cuales el proceso ha permanecido inactivo, observando esta Sala de lo Constitucional que el proceso inicio en el año dos mil quince, presentando actividad en el año dos mil dieciséis; se solicita se libre orden de captura en el año 2017, librándose la misma en fecha 04 de abril del año 2017; y desde la fecha en que se libró la orden de captura, transcurrieron más de cuatro años, seis meses sin registrar ninguna actividad el proceso, según se desprende de la foliada de la pieza de antecedentes del A-quo y lo motivada por la Alzada.CONSIDERANDO (11): Que en relación a las Garantías Judiciales que deben observarse en un proceso y reconociendo que el Plazo Razonable no es un concepto de sencilla definición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho de acceso a la justicia “debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable”, ya que una demora prolongada o “[l]a falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”. Conforme lo precisa la jueza Medina Quiroga en su voto disidente a la sentencia en el Caso López Álvarez vs. Honduras, los procesos a que dan origen las acciones que interpone una persona “no son recursos rápidos y simples que deban resolverse en días y sin mayor trámite. Por el contrario, el plazo que se da al Estado para concluir los procesos se contará probablemente no en días ni en meses, sino que a menudo en años, ya que se requiere un tiempo considerable para que se resuelva en un juicio un asunto de fondo, ya sea de carácter penal o civil, porque hay que darles a las partes la posibilidad, inter alia, de buscar pruebas, presentarlas a juicio, objetar las del contrario y hay que darle al tribunal la posibilidad de ponderar todo esto con cuidado. De ahí que el plazo debe ser ‘razonable’, lo que significa que no puede ser demasiado largo, pero tampoco demasiado corto”. Asimismo, la Corte ha expresado que, en materia penal, “este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito”, por ejemplo, en la fecha de aprehensión del individuo o, en caso de que ello no procesa, a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso. Así, el principio de “plazo razonable” tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida prontamente”.-El subrayado es añadido CONSIDERANDO (12): Que en ese orden de ideas y de la relación de los tiempos en que el proceso se ha mantenido inactivo, la Alzada hace mención a: (Sic) “… al hacer el computo respectivo al haberse interpuesto la acción penal el 09 de diciembre de 2015, se libró orden de captura el 04 de abril de 2017 y habido el imputado 16 de diciembre de 2021 de acuerdo a la pena a imponérsele es decir, reclusión de uno (1) a tres (3) años no han trascurrido los cuatro años seis, puesto que no ha habido acción desde 2017 al 2021 cuando fue habido es decir, le prescribiría hasta el 16 de junio del 2022 (4 años 6 meses)…” –El subrayado es añadido. Ver folio 84 de la pieza del A-quo-.CONSIDERANDO (13): Que el precepto 99 de la ley sustantiva penal, que aduce la recurrente en amparo, ha sido inobservado por el Tribunal de Alzada, indica que la prescripción de la acción se interrumpe desde que se inicie procedimiento contra el culpable, en el caso específico desde el momento en que se presentó el requerimiento fiscal, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia; circunstancia que se suscitó en el caso sub júdice, cuando el proceso se paralizó y se mantuvo inactivo por más de cuatro años, seis meses, desde que se libró la orden de captura el 04 de abril del año 2017, como argumenta la Alzada en la resolución recurrida.CONSIDERANDO(14): Que como bien lo indica la recurrente en Amparo, el derecho al debido proceso es un derecho fundamental, por ello todos los Juzgados y Tribunales de la República se encuentran obligados a cumplir lo que manda la Constitución de la República, con el fin que se cumpla con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, a efecto de asegurar el debido proceso; en consecuencia es de obligatorio cumplimiento lo establecido en los artículos 97.1 y 99 del Código Penal -Decreto 144-83-, ello porque, en el caso en estudio no se presentó actividad en el proceso por más de cuatro años, seis meses; como lo indica la Alzada, tal inactividad en el proceso se evidencia desde el año 2017, hasta el año 2021, que es precisamente cuando se hace efectiva la orden de captura en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). En atención a ello y de acuerdo al plazo establecido en el artículo 97.1 del Código Penal, la acción penal prescribió en el mes de octubre del año dos mil veintiuno y no en junio del año dos mil veintidós como concluye la Alzada y esto se advierte de la simple suma de años y meses que la ley establece como requisitos para la prescripción de la acción penal para el delito de Desobediencia.CONSIDERANDO (15): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de de , el debido proceso es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, la recurrente lo ha relacionado con el derecho a que se decrete la prescripción de la acción penal, por haber trascurrido el período de tiempo establecido en el artículo 97.1) del Código Penal para el delito de Desobediencia, por la inactividad en el proceso, haciendo prevalecer el respeto de las formalidades que la ley establece, como garantía del debido proceso constitucional. CONSIDERANDO (16): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (17):Que de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por de , es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho al debido proceso, invocado por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con observancia de las disposiciones contenidas en el artículo 97.1 del Código Penal -Decreto 144-83-, realice la suma de años y meses en forma correcta, correspondiente a cuatro años (4), seis (6) meses, para la prescripción de la acción penal para el delito de Desobediencia; suma de tiempo que debe realizar, desde la fecha en que se libró la orden de captura -04 de abril del 2017-, hasta la fecha en la que misma se hizo efectiva -16 de diciembre del año 2021- y de esta forma determinar que ha transcurrido el período de tiempo que exige la ley penal sustantiva para decretar la Prescripción de la Acción Penal, peticionada por la Defensa a favor del encausado señor Antonio Barahona.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de , en aplicación de los artículos 1, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de de ; 10 Convención Americana de Derechos Humano de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de sobre Derechos Humanos; 97.1 y 99 del Código Penal, Decreto 144-83; 42.1 y 46.3 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de Justicia Constitucional. FALLA: 1.- OTORGANDO de AMPARO interpuesta por la abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a favor del señor ANTONIO BARAHONA, contra de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), emitida por APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por contravenir el Derecho al Debido Proceso constitucional. 2.- Que el Tribunal recurrido la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, proceda a dictar nuevamente resolución, ante el otorgamiento de la garantía de Amparo promovida, observando las consideraciones de hecho y derecho relacionadas en el presente libelo, en atención a que trascurrió más de cuatro (4) años, seis (6) meses, que es el período de tiempo que exige la ley penal sustantiva, a efecto de decretar la Prescripción de la Acción Penal para el delito de Desobediencia. Y MANDA: 1.- Que se notifique la presente sentencia a la recurrente en Amparo; 2.- Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1426-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALI

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.