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Sentencia AP-1398-22 — Registro 17757

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras; con relación a la causa instruida por delitos relacionados con posesión ilegal de armas, indumentaria militar y municiones.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos..." …" Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, treinta de enero de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, a favor de los Intereses Generales de la Sociedad, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio de dos mil veintidós, que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores José Edilberto Mendoza Padilla, Milton Joel Padilla Martínez, José Saul Santos López y Fausto de Jesús Padilla Santos. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, la Agente Fiscal, Abogada Flor Domínguez, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores José Edilberto Mendoza Padilla, Milton Joel Padilla Martínez, José Saul Santos López y Fausto de Jesús Padilla Santos, por suponerlos responsables de los delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Permitido, Tenencia Ilegal de Municiones y Armas de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio del Orden Público, asimismo, del delito de Uso Indebido de Equipo Militar, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras. (Folios 1-2 vuelto del antecedente). 2).- En fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Juticalpa, departamento de Olancho, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor MILTON JOEL PADILLA MARTINEZ por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y PERMITIDO en perjuicio DEL ORDEN PUBLICO con la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA; así mismo DECRETA: SOBRESIMIENTO DEIFINITIVO en perjuicio de MILTON JOEL PADILLA MARTINEZ por el delito de POSESION INDEBIDA DE EQUIPO MILITAR en perjuicio DE LA FE PUBLICA DECRETO: contra JOSE EDILBERTO MENDOZA PADILLA, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ Y FAUSTO DE JESUS PADILLA SANTOS por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO Y USO PROHIBIDO en perjuicio DEL ORDEN PUBLICO SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO Y USO PROHIBIDO en perjuicio DEL ORDEN PUBLICO Y SOBRESEMIENTO DEFINITIVO contra los señores JOSE EDILBERTO MENDOZA PADILLA, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ Y FAUSTO DE JESUS PADILLA SANTOS por el delito de POSESION INDEBIDA DE EQUIPO MILITAR en perjuicio DE LA FE PUBLICA DECRETO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el delito de TENENCIA DE MUNICIONES a los señores JOSE EDILBERTO MENDOZA PADILLA, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ Y FAUSTO DE JESUS PADILLA SANTOS Y MILTON JOEL PADILLA MARTINEZ, en perjuicio de LA FE PUBLICA Y EL ORDEN PBLICO resolución que estará debidamente motivada, Y siendo las tres y media de la tarde se da por cerrada la presente audiencia firmando todos los comparecientes ante la suscrita Juez y secretaria que dan fe.” (Folios 78-93 del antecedente). 3).- Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Luis Godoy, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “….1.- DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUIS GODOY, Fiscal del Ministerio Público, contra las resoluciones de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, siendo lo correcto veintitrés de junio del dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Olancho. 2.- REVOCAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, a favor de los encausados MILTON JOEL PADILLA MARTINEZ, JOSE EDILBERTO MENDOZA PADILLA, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ y FAUSTO DE JESUS PADILLA SANTOS en la causa que se les sigue por los delitos de POSESION INDEBIDA DE EQUIPO MILITAR en perjuicio de la FE PUBLICA. 3.- CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de los imputados MILTON JOEL PADILLA MARTINEZ, JOSE EDILBERTO MENDOZA PADILLA, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ y FAUSTO DE JESUS PADILLA SANTOS en la causa que se les sigue por el delito de TENENCIA DE MUNICIONES en perjuicio del ORDEN PUBLICO. 4.- REVOCAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, a favor de los encausados, JOSE EDILBERTO MENDOZA PADILLA, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ y FAUSTO DE JESUS PADILLA SANTOS en la causa que se les sigue por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y PERMITIDO en perjuicio del ORDEN PUBLICO. 5.- ORDENAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los encausados MILTON JOEL PADILLA MARTINEZ, JOSE EDILBERTO MENDOZA PADILLA, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ y FAUSTO DE JESUS PADILLA SANTOS en la causa que se les sigue por el delito de POSESION INDEBIDA DE EQUIPO MILITAR en perjuicio de la FE PUBLICA. 6.- ORDENAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los imputados JOSE EDILBERTO MENDOZA PADILLA, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ y FAUSTO DE JESUS PADILLA SANTOS en la causa que se les sigue por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y PERMITIDO en perjuicio del ORDEN PUBLICO. 7.- QUE SE SEÑALEN MEDIDAS CAUTELARES. MANDAMOS Que se notifique la presente resolución a las partes de oficio, personalmente este mismo día o a más tardar al día siguiente hábil y de no ser así por medio de cédula y una vez firme se devuelvan los mismos al Juzgado de origen para los efectos legales correspondientes. Hasta esta fecha se resuelve por exceso de trabajo. NOTIFIQUESE.” (Folios 140-150 del expediente del Ad-quem). 4).- Que la recurrente, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de los Intereses Generales de la Sociedad, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5).- Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sandra Lorena Zuniga, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, a favor de los Intereses Generales de la Sociedad, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio de dos mil veintidós, que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores José Edilberto Mendoza Padilla, Milton Joel Padilla Martínez, José Saul Santos López y Fausto de Jesús Padilla Santos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio del debido proceso, con respecto al delito de tenencia ilegal de municiones, en vista que el Ad-Quem estimo que procede el sobreseimiento definitivo por dicho delito, al no haberse incorporado el elemento probatorio dictamen pericial que estableciera el tipo de munición encontrada, como las características, lo que impidió acreditar si las municiones son de uso prohibido, razonamiento que es contradictorio al no explicar de manera suficiente las circunstancias tomadas en cuenta para adoptar su decisión y con ello inobservar el deber de motivación reconocido en la Constitución de la República e instrumentos Internacionales, el cual está desarrollado en el artículo 141 del Código Procesal Penal. De lo antes descrito se visualiza que contrario a lo afirmado por la alzada, el dictamen de balística describe de manera específica el tipo de munición decomisada, determinándose de esa manera la motivación contradictoria por parte del Ad-Quem, al haber arribado a una conclusión distinta a la que le ofrece el dictamen pericial en referencia, el cual se detalla de manera clara, el tipo de munición y el arma a la que pertenecen, por lo que procede revocar el sobreseimiento definitivo y ordenar el auto de formal procesamiento, al estar acreditada la concurrencia del delito y la participación de los acusados a quienes se les decomiso dicha evidencia, por ende la decisión adoptada por el Ad-Quem carece de sustento y se desvincula del catálogo probatorio. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional (folio 64 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y dado los argumentos del recurrente en amparo, se desprende que en resumen el principal razonamiento para sostener su amparo es el contenido en el artículo 141 del Código Procesal Penal con respecto a la motivación de las resoluciones, es decir que según la recurrente el hecho de que el Tribunal inferior que ha dictado la sentencia no haya valorado un dictamen pericial, es motivo suficiente para entender que la resolución venida en amparo carece de la motivación suficiente, en ese sentido el artículo 141 del Código Procesal Penal claramente establece cual es el contenido de toda resolución judicial incluso el de las sentencias, es por esa razón que el párrafo tercero de ese artículo señala lo siguiente: La motivación expresara los hechos y los fundamentos de derecho que se basa la resolución y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. Dicho lo anterior, lo que señala el párrafo tercero del artículo 141 del Código Procesal Penal es una mera referencia al contenido de las sentencias, en ese sentido comparando el contenido del artículo antes señalado al contenido de la sentencia venida en amparo, se desprende sobre todo en la motivación jurídica que ha realizado el tribunal inferior, que en el numeral quinto (5) claramente establece en su párrafo final que en cuanto a la tenencia de municiones no se encuentra acreditado mediante el dictamen pericial correspondiente el tipo de municiones encontradas ni sus características respectivas, por lo que no se puede determinar si se trata de municiones de uso prohibido, es decir, el tribunal inferior haciendo uso precisamente de su facultad de motivación de la sentencia, señala que no hay una pericia establecida, o sea una opinión imparcial de un experto en la materia que refiera que el tipo de municiones encontradas sean de aquellas de uso prohibido, en ese sentido lo único que existe es un dictamen de balística circunstancia que es ajena a lo que exige el Código Procesal Penal en ese sentido, donde se reitera, que lo requerido para tal finalidad, es el dictamen pericial que dicho sea de paso tampoco esta Sala ha encontrado que obre en el presente caso de autos, por lo tanto el criterio de esta Sala es que no ha existido violación al debido proceso ni a los derechos Constitucionales alegados por la recurrente, debiéndose por tanto, denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 9.2, 41, 42 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 141 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: DENEGAR la presente acción de Amparo interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución dictada por la Corte de Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central de fecha nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1398-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.