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Sentencia AP-1358-23 — Registro 19187

Resumen

Confirmatoria de inadmisibilidad de acción de amparo interpuesta, contra requerimiento Fiscal emitido contra impetrante por suponerla responsable del delito de Asociación para delinquir ,considerando la Sala Constitucional en ningún momento se establece fecha de alguna resolución o mandato contra el cual se reclama; la interposición extemporánea y alegatos de mera legalidad como causal de inadmisibilidad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Habiéndose analizado las presentes diligencias por la Corte de Apelaciones de Penal de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, establece que al presentar un requerimiento fiscal el señor Fiscal del Ministerio Público, provocó la actividad Jurisdiccional del Juzgado de Letras de Villanueva, Departamento de Cortés, dando inicio a un proceso penal, celebrándose audiencia de Declaración de Imputado el catorce (14) de Agosto del dos mil veintitrés (2023), considerando el Tribunal que es un asunto de mera legalidad, entendiendo por este según lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia (AP- 946-2017),en donde todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos. Y es así que el recurrente califica de violatorio a sus garantías y derechos constitucionales, en el caso de serlo así, ya se tendría como consumado de modo irreparable, pues la restitución de las cosas al estado anterior a la supuesta violación de derechos, es materialmente imposible, debido a que el proceso penal se inició y en el mismo se han realizado actuaciones procesales con valor y eficacia jurídica, cuyos resultados y efectos sólo pudieran revertirse a través del procedimiento ordinario, mediante el agotamiento de sus etapas o bien los recursos correspondientes. Y es así también que la Corte Advierte que desde el veintiocho 28 de febrero del dos mil veintitrés, momento de la presentación del requerimiento fiscal antes relacionado, al veintiuno (21) de agosto del dos mil veintitrés (2023) que se presentó la acción de amparo que nos ocupa ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya estaba vencido el tiempo de los dos meses para interponer el Recurso de Amparo, por la interposición del Requerimiento Fiscal en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil veintitrés (2023), ya se había superado ese periodo de tiempo que se establece en el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para el ejercicio de la Acción de amparo, mismo que consiste en dos (2) meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que se considere perjudicial o que pueda perjudicar; así las cosas, se concluye que la recurrente no interpuso la presente acción de amparo en el plazo establecido por la Ley. CONSIDERANDO (5): Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, como lo establece el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto a la inadmisibilidad de la Acción de Amparo recayendo en los numerales 1, 4 y 5, por no haberse presentado en tiempo y forma dicho recurso o se en el plazo de dos meses, sino, que hasta seis (6) meses después de la presentación del requerimiento fiscal, así como también sobre lo que establece el artículo 49 numeral 3, de la misma Ley, en donde en el escrito de interposición establece la recurrente solamente la fecha de presentación del requerimiento; en ningún momento establece fecha de alguna resolución o mandato contra el cual se reclama; Y es así que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y consonancia con el derecho, a garantizar que los procedimientos judiciales se realicen conforme a derecho, considerando en toda circunstancia el respeto de los derechos de las partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en ponderación a la impartición de justicia pronta y cumplida; finalidad del debido proceso cumplido, de conformidad a lo establecido en los artículos 90 la Constitución de la República, con relación al artículo 46,47, 48 y 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que, del examen de las diligencias se aprecia que, tal como fundamenta el fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de Octubre del dos mil veintitrés (2023, que la resolución judicial recurrida en amparo, no vulnera las garantías y derechos constitucionales invocadas por la recurrente; por lo cual resulta adecuado a parámetros constitucionales La Inadmisibilidad de la ejercitada Acción de Amparo; resultando procedente, a la vez, confirmar la resolución venida en consulta..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(4): Habiéndose analizado las presentes diligencias por la Corte de Apelaciones de Penal de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, establece que al presentar un requerimiento fiscal el señor Fiscal del Ministerio Público, provocó la actividad Jurisdiccional del Juzgado de Letras de Villanueva, Departamento de Cortés, dando inicio a un proceso penal, celebrándose audiencia de Declaración de Imputado el catorce (14) de Agosto del dos mil veintitrés (2023), considerando el Tribunal que es un asunto de mera legalidad, entendiendo por este según lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia (AP- 946-2017),en donde todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos. Y es así que el recurrente califica de violatorio a sus garantías y derechos constitucionales, en el caso de serlo así, ya se tendría como consumado de modo irreparable, pues la restitución de las cosas al estado anterior a la supuesta violación de derechos, es materialmente imposible, debido a que el proceso penal se inició y en el mismo se han realizado actuaciones procesales con valor y eficacia jurídica, cuyos resultados y efectos sólo pudieran revertirse a través del procedimiento ordinario, mediante el agotamiento de sus etapas o bien los recursos correspondientes. Y es así también que la Corte Advierte que desde el veintiocho 28 de febrero del dos mil veintitrés, momento de la presentación del requerimiento fiscal antes relacionado, al veintiuno (21) de agosto del dos mil veintitrés (2023) que se presentó la acción de amparo que nos ocupa ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya estaba vencido el tiempo de los dos meses para interponer el Recurso de Amparo, por la interposición del Requerimiento Fiscal en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil veintitrés (2023), ya se había superado ese periodo de tiempo que se establece en el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para el ejercicio de la Acción de amparo, mismo que consiste en dos (2) meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que se considere perjudicial o que pueda perjudicar; así las cosas, se concluye que la recurrente no interpuso la presente acción de amparo en el plazo establecido por la Ley. CONSIDERANDO (5): Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, como lo establece el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto a la inadmisibilidad de la Acción de Amparo recayendo en los numerales 1, 4 y 5, por no haberse presentado en tiempo y forma dicho recurso o se en el plazo de dos meses, sino, que hasta seis (6) meses después de la presentación del requerimiento fiscal, así como también sobre lo que establece el artículo 49 numeral 3, de la misma Ley, en donde en el escrito de interposición establece la recurrente solamente la fecha de presentación del requerimiento; en ningún momento establece fecha de alguna resolución o mandato contra el cual se reclama; Y es así que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y consonancia con el derecho, a garantizar que los procedimientos judiciales se realicen conforme a derecho, considerando en toda circunstancia el respeto de los derechos de las partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en ponderación a la impartición de justicia pronta y cumplida; finalidad del debido proceso cumplido, de conformidad a lo establecido en los artículos 90 la Constitución de la República, con relación al artículo 46,47, 48 y 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que, del examen de las diligencias se aprecia que, tal como fundamenta el fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de Octubre del dos mil veintitrés (2023, que la resolución judicial recurrida en amparo, no vulnera las garantías y derechos constitucionales invocadas por la recurrente; por lo cual resulta adecuado a parámetros constitucionales La Inadmisibilidad de la ejercitada Acción de Amparo; resultando procedente, a la vez, confirmar la resolución venida en consulta.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(4): Habiéndose analizado las presentes diligencias por la Corte de Apelaciones de Penal de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, establece que al presentar un requerimiento fiscal el señor Fiscal del Ministerio Público, provocó la actividad Jurisdiccional del Juzgado de Letras de Villanueva, Departamento de Cortés, dando inicio a un proceso penal, celebrándose audiencia de Declaración de Imputado el catorce (14) de Agosto del dos mil veintitrés (2023), considerando el Tribunal que es un asunto de mera legalidad, entendiendo por este según lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia (AP- 946-2017),en donde todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos. Y es así que el recurrente califica de violatorio a sus garantías y derechos constitucionales, en el caso de serlo así, ya se tendría como consumado de modo irreparable, pues la restitución de las cosas al estado anterior a la supuesta violación de derechos, es materialmente imposible, debido a que el proceso penal se inició y en el mismo se han realizado actuaciones procesales con valor y eficacia jurídica, cuyos resultados y efectos sólo pudieran revertirse a través del procedimiento ordinario, mediante el agotamiento de sus etapas o bien los recursos correspondientes. Y es así también que la Corte Advierte que desde el veintiocho 28 de febrero del dos mil veintitrés, momento de la presentación del requerimiento fiscal antes relacionado, al veintiuno (21) de agosto del dos mil veintitrés (2023) que se presentó la acción de amparo que nos ocupa ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya estaba vencido el tiempo de los dos meses para interponer el Recurso de Amparo, por la interposición del Requerimiento Fiscal en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil veintitrés (2023), ya se había superado ese periodo de tiempo que se establece en el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para el ejercicio de la Acción de amparo, mismo que consiste en dos (2) meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que se considere perjudicial o que pueda perjudicar; así las cosas, se concluye que la recurrente no interpuso la presente acción de amparo en el plazo establecido por la Ley. CONSIDERANDO (5): Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, como lo establece el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto a la inadmisibilidad de la Acción de Amparo recayendo en los numerales 1, 4 y 5, por no haberse presentado en tiempo y forma dicho recurso o se en el plazo de dos meses, sino, que hasta seis (6) meses después de la presentación del requerimiento fiscal, así como también sobre lo que establece el artículo 49 numeral 3, de la misma Ley, en donde en el escrito de interposición establece la recurrente solamente la fecha de presentación del requerimiento; en ningún momento establece fecha de alguna resolución o mandato contra el cual se reclama; Y es así que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y consonancia con el derecho, a garantizar que los procedimientos judiciales se realicen conforme a derecho, considerando en toda circunstancia el respeto de los derechos de las partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en ponderación a la impartición de justicia pronta y cumplida; finalidad del debido proceso cumplido, de conformidad a lo establecido en los artículos 90 la Constitución de la República, con relación al artículo 46,47, 48 y 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que, del examen de las diligencias se aprecia que, tal como fundamenta el fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de Octubre del dos mil veintitrés (2023, que la resolución judicial recurrida en amparo, no vulnera las garantías y derechos constitucionales invocadas por la recurrente; por lo cual resulta adecuado a parámetros constitucionales La Inadmisibilidad de la ejercitada Acción de Amparo; resultando procedente, a la vez, confirmar la resolución venida en consulta.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023), que declaró INADMISIBLE el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MAYRA YAQUELIN BETANCO VASQUEZ a favor de SI MISMA, contra un requerimiento fiscal, presentado en fecha veintiocho de febrero del dos mil veintitrés (2023), en el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, contra la señora MAYRA YAQUELIN BETANCO VASQUEZ, por suponerla responsable del delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR en perjuicio de OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 59, 63, 64, 70, 80, 82 y 127 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil veintitrés (2023), la abogada MAYRA YAQUELIN BETANCO VASQUEZ, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMA contra el Requerimiento Fiscal, presentado en su contra en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil veintitrés (2023), como lo hace constar la recurrente en su primer considerando del escrito de acción de amparo, ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 59, 63, 64, 70, 80, 82 y 127 de la Constitución de la República. (Folios 3 y 4 de la pieza de antecedentes) 2)Que en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023), la Sala de lo Constitucional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por ser este el Tribunal competente. Dichas diligencias fueron recibidas por la citada Corte de Apelaciones en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). (Folios 18 al 23 de la pieza de los antecedentes)3)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió resolución en fecha once (11) de octubre del dos mil veintitrés (2023) mediante la cual: “…RESUELVE: Declarar inadmisible la Acción de Amparo ejercitada por la Abogada MAYRA YAQUELIN BETANCO VASQUEZ, en su condición personal y a favor de SI MISMA, por suponerla responsable del delito de Asociación para Delinquir en perjuicio de otros Derechos Fundamentales, en la causa identificada con expediente número 42-2023-J1 del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por parte del Agente Fiscal abogado MOISES RAFAEL GALDAMEZ MATUTE”. (Folio 24 al 27 de la pieza de los antecedentes)4)Que en fecha veinte (20) de octubre del dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías de la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que, se conoce en consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha once (11) de Octubre del dos mil veintitrés (2023), que declaró Inadmisible la acción de amparo interpuesta por la abogada MAYRA YAQUELIN BETANCO VASQUEZ, en su condición personal y a favor de SI MISMA, contra la Presentación del Requerimiento Fiscal en fecha veintiocho (28) de Febrero del dos mil veintitrés (2023) en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Villanueva. Departamento de Cortés, contra un acto realizado por el Abogado MOISES RAFAEL GALDAMEZ MATUTE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, consistente en la presentación del requerimiento Fiscal promovido en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), en contra de la Recurrente, por suponerla responsable del delito de Asociación para Delinquir, en perjuicio de Otros Derechos Fundamentales, señalando la recurrente que la acusación se dirige contra su persona, mencionando hechos y situaciones que no le corresponden a ella, ni mucho menos a quién representa, que no se ha asociado con nadie para cometer delitos de esa naturaleza; y que el requerimiento fue presentado por la única y sencilla razón de ser la Apoderada de la Empresa Asociativa Campesinos de Producción el Ocote, que atiende un litigio de tierras, causa que se encuentra en la fase de etapa preparatoria, declarando LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE AMPARO.CONSIDERANDO (4): Habiéndose analizado las presentes diligencias por la Corte de Apelaciones de Penal de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, establece que al presentar un requerimiento fiscal el señor Fiscal del Ministerio Público, provocó la actividad Jurisdiccional del Juzgado de Letras de Villanueva, Departamento de Cortés, dando inicio a un proceso penal, celebrándose audiencia de Declaración de Imputado el catorce (14) de Agosto del dos mil veintitrés (2023), considerando el Tribunal que es un asunto de mera legalidad, entendiendo por este según lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia (AP- 946-2017),en donde todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos. Y es así que el recurrente califica de violatorio a sus garantías y derechos constitucionales, en el caso de serlo así, ya se tendría como consumado de modo irreparable, pues la restitución de las cosas al estado anterior a la supuesta violación de derechos, es materialmente imposible, debido a que el proceso penal se inició y en el mismo se han realizado actuaciones procesales con valor y eficacia jurídica, cuyos resultados y efectos sólo pudieran revertirse a través del procedimiento ordinario, mediante el agotamiento de sus etapas o bien los recursos correspondientes. Y es así también que la Corte Advierte que desde el veintiocho 28 de febrero del dos mil veintitrés, momento de la presentación del requerimiento fiscal antes relacionado, al veintiuno (21) de agosto del dos mil veintitrés (2023) que se presentó la acción de amparo que nos ocupa ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya estaba vencido el tiempo de los dos meses para interponer el Recurso de Amparo, por la interposición del Requerimiento Fiscal en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil veintitrés (2023), ya se había superado ese periodo de tiempo que se establece en el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para el ejercicio de la Acción de amparo, mismo que consiste en dos (2) meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que se considere perjudicial o que pueda perjudicar; así las cosas, se concluye que la recurrente no interpuso la presente acción de amparo en el plazo establecido por la Ley. CONSIDERANDO (5): Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, como lo establece el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto a la inadmisibilidad de la Acción de Amparo recayendo en los numerales 1, 4 y 5, por no haberse presentado en tiempo y forma dicho recurso o se en el plazo de dos meses, sino, que hasta seis (6) meses después de la presentación del requerimiento fiscal, así como también sobre lo que establece el artículo 49 numeral 3, de la misma Ley, en donde en el escrito de interposición establece la recurrente solamente la fecha de presentación del requerimiento; en ningún momento establece fecha de alguna resolución o mandato contra el cual se reclama; Y es así que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y consonancia con el derecho, a garantizar que los procedimientos judiciales se realicen conforme a derecho, considerando en toda circunstancia el respeto de los derechos de las partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en ponderación a la impartición de justicia pronta y cumplida; finalidad del debido proceso cumplido, de conformidad a lo establecido en los artículos 90 la Constitución de la República, con relación al artículo 46,47, 48 y 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que, del examen de las diligencias se aprecia que, tal como fundamenta el fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de Octubre del dos mil veintitrés (2023, que la resolución judicial recurrida en amparo, no vulnera las garantías y derechos constitucionales invocadas por la recurrente; por lo cual resulta adecuado a parámetros constitucionales La Inadmisibilidad de la ejercitada Acción de Amparo; resultando procedente, a la vez, confirmar la resolución venida en consulta.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 69, 80, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46,47,48 49, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de Octubre del dos mil veintitrés (2023), anteriormente descrita y circunstanciada. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1358-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL