Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1356-23 — Registro 19016

Resumen

Se interpone amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación, la recurrente indica que al dársele credibilidad a la declaración rendida en sede administrativa quebranta lo preceptuado en el artículo 88 constitucional, referente a que solo hará prueba aquella rendida ante juez competente, motivo por el cual estima se vulneró el principio de legalidad y debido proceso de su representado, asimismo se quebrantó el derecho de defensa al ser esta la principal prueba de cargo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que los alegatos de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..." …" Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento, sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; por lo que estima esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticuatro. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJÍA, a favor de ROGER ENRIQUE LANZAS GONZALES, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra ROGER ENRIQUE LANZAS GONZALES, a quien se le supone responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de JENNIFER ALEJANDRA GALDAMEZ HERNANDEZ. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente indica que al dársele credibilidad a la declaración rendida en sede administrativa quebranta lo preceptuado en el artículo 88 constitucional, referente a que solo hará prueba aquella rendida ante juez competente, motivo por el cual estima se vulneró el principio de legalidad y debido proceso de su representado, asimismo se quebrantó el derecho de defensa al ser esta la principal prueba de cargo, no obstante, no existe indicio racional suficiente de participación de su mandante motivo por el que pide se respete el derecho a la presunción de inocencia de este, ante la insuficiencia probatoria de la participación de imputado en los hechos por los que se le acusa, señala además que la prueba del ente acusador no estuvo sujeta al control jurisdiccional por lo que la misma no debe ser considerada nula, igualmente señala ser de la opinión que al basarse el Ministerio Público en hechos especulativos y habiéndose presentado voluntariamente el recurrente al Juzgado, corresponde aplicar en dicho caso una medida cautelar distinta a la privativa a la libertad. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como vulnerados los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes y en especial del acto reclamado se observa que el Ad-quem analizó los alegatos que fueron entablados a favor del imputado y valoró las pruebas que fueron evacuadas, exteriorizado la Alzada los motivos por los que no atendió a los diferentes argumentos que ahora la recurrente expone ante esta Sala, advirtiéndose que, la resolución denunciada fue emitida respetando las garantías constitucionales y normas esenciales del procedimiento que se tildan como quebrantadas. CONSIDERANDO: Que conforme se desprende de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, estableciendo con cuál de los medios de prueba evacuados, logró determinar la concurrencia de cada uno de los elementos de la tipificación legal por el que se acusa al imputado, en igual manera en cuanto a los indicios racionales de la participación de este en el mismo, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó el Ad-quem denunciado, así mismo referente a porque mantuvo el auto de formal procedimiento y porque no resultan suficientes l. CONSIDERANDO: Que aun cuando se desprende de la propia exposición de la recurrente los motivos que la llevaron a interponer la presente acción constitucional, esta Sala no ha podido concretizar la existencia real de la afectación que señala, al no ser posible determinar de los alegatos el perjuicio que le ocasiona la resolución contra la cual recurre, al existir una respuesta concreta sobre los mismos por la autoridad competente, por lo que no se advierte la vulneración a los derechos constitucionales que se señalan como quebrantados al apreciar que la misma fue pronunciada acatando las garantías que se señalan como quebrantadas. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de la recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la recurrente o su representado, y siendo que, no obstante, se invocan como violados derechos específicos, a través del acto que impugna, se aprecia ante la no determinación del agravio, que procede sobreseer la acción de amparo intentada. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento, sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; por lo que estima esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJÍA, a favor de ROGER ENRIQUE LANZAS GONZALES, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veintitrés; al existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. WAGNER VALLECILLO PAREDES. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., uno de agosto del año dos mil veinticuatro. VISTO: el escrito de reposición presentado por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJÍA, en contra de lo resuelto por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinticuatro, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de ROGER ENRIQUE LANZAS GONZALES, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra ROGER ENRIQUE LANZAS GONZALES, a quien se le supone responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de JENNIFER ALEJANDRA GALDAMEZ HERNANDEZ. CONSIDERANDO: Que la recurrente, en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinticuatro, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra el sobreseimiento que emitiera este Alto Tribunal en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinticuatro, por estimar que de forma injustificada a desatendido los alegatos entablados y que a su entender corresponden ser conocidos por esta Sala. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la accionante, en el recurso de reposición no son de recibo en razón a que el pronunciamiento vertido por este Alto Tribunal en el auto impugnado que corre agregado en autos establece la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional por la cual se denegó la garantía de ampro. CONSIDERANDO: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que para resolver una acción de amparo, a la Sala le basta con la exposición de motivos relacionados por el recurrente en su solicitud si procede o no la admisión, y procediendo la admisión o previo a la misma puede realizar el estudio de los antecedentes, para determinar si procede o no la vista, por cuanto el planteamiento de violación alegada no es de recibo en virtud de lo ya relacionado. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de amparo es de garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas al estado anterior de la infracción, siempre que sea posible; en tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 45, 46, 49 numeral 5), 50, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJÍA, en contra de lo resuelto por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinticuatro, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de ROGER ENRIQUE LANZAS GONZALES, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veintitrés, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación de la resolución de fecha diez de abril y reposición de fecha uno de agosto de dos mil veinticuatro, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1356-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL