Sentencia AP-1299-23 — Registro 18615
Resumen
En consulta la sentencia que otorgo un recurso de amparo contra la resolución del juzgador inferior, en relación a la inadmisión dos actas de reconocimiento fotográfico propuestas por el Ministerio Publico en la audiencia de proposición de prueba en la causa instruida por supuesta delito de Asesinato.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" … Conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el derecho de defensa y debido proceso, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 82 y 90 constitucional, en relación al artículo 198 del Código Procesal Penal, que establece la finalidad de los medios de prueba, señalando que “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”, en relación con el artículo 199 que dispone: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables.”. En ese sentido el artículo 253 del mismo Código Procesal Penal que regula el reconocimiento de personas en rueda, en su último párrafo señala: “Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros.”. Del examen de la resolución impugnada en esta vía constitucional de Amparo, se advierte que el A-quo fundamenta su fallo en que el reconocimiento fotográfico se debe realizar con control jurisdiccional para que tenga valor probatorio, asimismo que dicho medio de prueba es desproporcional. Sobre este argumento advierte la Sala de lo Constitucional que, como bien lo señala el Tribunal de Alzada, consta en el expediente judicial, la declaración de los testigos protegidos identificados con la clave M-05 y M-07 tomada al amparo de lo que establece el artículo 277 del Código Procesal Penal como prueba anticipada, declaración que se llevo a cabo en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en presencia de la Juez supernumeraria de ese Despacho, el fiscal del Ministerio Publico y la Defensora pública. Observando esta Sala que, en audiencia de prueba anticipada, a petición del agente fiscal, a los testigos en referencia se le puso a la vista los álbunes fotográficos, mismos que obran a folios del 68 al 70 y 77 al 79 de la causa, para el reconocimiento del encausado, mediante soporte fotográfico. Advierte esta Sala, que el álbum fotográfico que fue puesto a la vista de los testigos en audiencia de prueba anticipada, son los medios de prueba que han sido propuestos por parte del Ministerio Público, mismos que han sido inadmitidos por el A-quo. De lo anterior se colige que, en este caso en concreto, la prueba denominada reconocimiento fotográfico, no es prueba independiente en la causa, sino forma parte de la declaración rendida como prueba anticipada de los testigos identificados con la clave M-05 y M-07, los cuales fueron sometidos al contradictorio, evacuados con control jurisdiccional por el Juez competente en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en consecuencia no se puede fraccionar la declaración de los testigos en referencia, pues como ya se indicó, la prueba de reconocimiento fotográfico, forma parte de la prueba anticipada evacuada bajo las formalidades señalados en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, propuesto por el Ministerio Publico, bajo el argumento que dicho reconocimiento es prueba rendida en sede administrativa, sin control jurisdiccional. Criterio errado y contrario a lo que consta en el expediente de mérito a folios ochenta y dos (82) al ochenta y cuatro (84). Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 198, 199, 253, 256 y 277 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras debe admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico que ha sido propuesto por el Ministerio Publico, todo ello para garantizar el derecho de defensa y debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82,92,316.1 Y 321 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFCACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTA: AP-1299-23 dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, que otorgo un recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de Agente Fiscal, en favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en relación a la causa instruida contra el señor CARLOS EDUARDO GOMEZ FERRERA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de MIRNA TERESA SUAZO MARTINEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de agosto de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada ELADIA MALDONADO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, interponiendo recurso de Amparo, contra la resolución de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, por estimar la recurrente que la misma es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 03 de la pieza de antecedentes) 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó sentencia en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual falló: “OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Publico a favor de LA PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra LA RESOLUCION DICTADA EN AUDIENCIA DE PROPOSICION DE MEDIOS DE PRUEBAS CELEBRADA EN FECHA DOS (02) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), por el TRIBUNAL DE SENTENCIA (SALA CUARTA) DE ESTA SECCION JUDICIAL, en el proceso que se sigue contra CARLOS EDUARDO GOMEZ FERRERA, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de MIRNA TERESA SUAZO MARTINEZ, en consecuencia el TRIBUNAL DE SENTENCIA (SALA CUARTA) DE ESTA SECCION JUDICIAL, debe admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico.- Y MANDA:… ”. (Folios 46 al 51 de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra las actuaciones realizadas por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, que inadmite dos actas de reconocimiento fotográfico como medios de prueba propuestas por el Ministerio Publico en la audiencia de proposición de prueba realizada en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra del señor Carlos Eduardo Gómez Ferrera, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la señora Mirna Teresa Suazo Martínez. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, que inadmite dos actas de reconocimiento fotográfico como medios de prueba propuestas por el Ministerio Publico en la audiencia de proposición de prueba realizada en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra del señor Carlos Eduardo Gómez Ferrera, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la señora Mirna Teresa Suazo Martínez argumentando dicho Tribunal, (SIC) “SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA OBJECION DE LA DEFENSA, en relación al RECONOCMIENTO FOTOGRAFICO, por considerar que los reconocimientos se deben realizar con control jurisdiccional para que tengan valor probatorio y por otro lado, serían desproporcionales, ya que tendría la oportunidad de realizar el reconocimiento físico en la audiencia.- Resolviendo el recurso de Reposición interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución que antecede el A-quo RESUELVE: SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO, ya que este Tribunal es de firme criterio que los reconocimientos deben realizarse a través de los procedimientos ya establecidos en la ley, si bien es cierto hay libertad probatoria pero la libertad tiene que estar limitada por la legalidad y la legitimidad del acto, los reconocimientos se tienen que hacer siempre con control jurisdiccional y con la presencia de la defensa, este reconocimiento que usted esta proponiendo forma parte de la declaración de los testigos, pero es una declaración administrativa, es una ampliación de la declaración administrativa, ya esto es bastante conocido que las declaraciones administrativas no tienen carácter probatorio perse y no pueden ser introducidas al acto del juicio oral y público para enervar el estado de inocencia del acusado, entonces entendemos que es una extensión de la declaración rendida únicamente ante un policía que le expone una serie de improntas fotografías para que reconozca, esto es un acto meramente de investigación, es útil para el proceso de investigación, para el proceso de instrucción, para el autoconvencimiento de la policía de que el imputado muy probablemente es responsable de los hechos y continuar una línea investigativa a partir de este punto, entonces si es relevante e importante y tiene que seguirlo haciendo, no estamos diciendo que se trata de prueba prohibida o ilícita, estamos diciendo que no puede tener peso probatorio para que sea evacuada en el acto del juicio oral y público, este es el criterio del Tribunal y la práctica de esta Sala.”. CONSIDERANDO (3): Argumenta la recurrente que el Tribunal de Sentencia ha violentado derechos constitucionales como el principio de legalidad, libertad probatoria, derecho de defensa y debido proceso, consecuentemente la tutela judicial efectiva consagrado en los artículos 82, 90, 303, 304, 321, 323 de la Constitución de la República. Arguye que se ha vulnerado el derecho de defensa, al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, con ello se mengua el derecho a probar y respaldar el hecho delictivo, se limita el derecho de defensa de toda una sociedad; se violenta el principio de libertad probatoria, ya que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias y que tales hechos y circunstancias podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de probatorio; que se ha violentado el debido proceso al hacer una interpretación errónea de los artículos 253 y 277 del Código Procesal Penal, pues es competencia del Órgano jurisdiccional el control de las diligencias preliminares o prejudiciales que impliquen con posterioridad medios de prueba que sirvan para el esclarecimiento de los hechos que constituyen un posible delito, por lo que la resolución emitida por el a-quo es violatoria del debido proceso establecido en el artículo 90 y principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional, pues la interpretación hecha por el Tribunal de sentencias implica el quebrantamiento al derecho a ser juzgado con los derechos y garantías que la ley establece, al establecer que el medio de prueba Reconocimiento Fotográfico es un medio de prueba administrativo. Alega el recurrente que el medio de prueba señalado si tuvo control jurisdiccional, pues se evacuo en la audiencia de prueba anticipada de los testigos identificados como M-05 y M-07, el cual fue ratificado por dichos testigos, quienes señalaron a los sujetos que observaron disparar en contra de la ofendida, asimismo arguye que este medio de prueba no es desproporcional, ya que no hay otro medio de prueba análogo al mismo. CONSIDERANDO (4): Que el acto que se conoce en consulta es la Resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual Falla: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Publico, a favor de LA PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, ordenando al Tribunal de Sentencia admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Público. Argumenta el Ad-quem (SIC) “CONSIDERANDO (07). Que, en el mismo orden de ideas, la proporcionalidad de la prueba es, ante todo, un instrumento de control del ejercicio del derecho a la prueba, entendido este como el derecho a presentar todas las pruebas relevantes (Taruffo, 2008), mismo que nace del principio del debido proceso que consagran las garantías fundamentales para la tutela de los derechos por vía judicial; pues dicho derecho a la prueba pudiera ejercitarse sin prudencia, sin reflexión, ni razones válidas, lesionado el derecho de la parte contraria y/o generando una actividad probatoria innecesaria e inútil a los fines del proceso. De ahí que el legislador otorgo al Juez la facultad de control y restricción, de manera que pueda inadmitir aquella prueba que no se ajuste a las exigencias del artículo 199 del Código Procesal Penal, como en el caso de que la considere desproporcional. En el caso que nos ocupa, es de tener en cuenta que el reconocimiento fotográfico es un método de identificación derivado del reconocimiento en rueda, según se desprende del penúltimo párrafo del artículo 253 Código Procesal Penal, acto de investigación que se realiza utilizando fotografías u otros registros, cuando el imputado no pueda estar presente, sin que constituya una prueba en sí misma, que adquiera tal calidad a través de la introducción del acta o documento que da cuenta de su practica como si se tratara de un medio de prueba documental, sino que comporta actos de investigación cuyo resultado puede ser parte del testimonio cuando en el juicio el declarante alude a la existencia de dicha actividad investigativa, a los logros obtenidos a través de la misma o a la forma como se efectuó, atestaciones que habrán de ser valoradas íntegramente con el testimonio de quien efectúa el reconocimiento y en conjunto, con los otros medios de convicción. Desde esa perspectiva, esta Alzada considera, que el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico es proporcional y que además fue practicado bajo el control jurisdiccional en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), ya que en la evacuación de la prueba testifical consistente en la declaración de los testigos protegidos con clave M-05 y M-07, bajo la modalidad de prueba anticipada (folios 57 al 60 y 82 al 84 de la causa), estuvo presente la jueza penal, el agente fiscal y la abogada Carmen Alejandra Madrid, en su condición de defensora pública como contralor del acto, de manera que los testigos protegidos antes mencionados rindieron su testimonio bajo el control jurisdiccional, momento procesal en el que, a petición del agente fiscal, a los testigos en referencia se les puso a la vista los álbunes fotográficos contentivos de seis fotografías de personas con similares características, mismas que obran a folios del 68 al 70 y 77 al 79 de la causa, para el reconocimiento mediante soporte fotográfico, de los supuestos responsables del delito que se imputa a los encausados; de manera que el medio de prueba antes aludido, tiene el carácter de prueba anticipada, como si se tratara de un medio documental, consecuentemente puede ser incorporado al debate mediante su lectura en el acto del juicio, tal y como lo dispone el artículo 311 precitado, generando los efectos jurídicos pertinentes. CONSIDERANDO (08): Que la Constitución de la República reconoce el derecho de defensa en su artículo 82, mediante el cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etcétera), no queden en estado de indefensión. El derecho de defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso contenida en el artículo 90 de la Carta Magna, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón del cual toda persona tiene derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos garantías que la ley establece. Desde ese contexto normativo, es visto que el Ministerio publico ha tenido la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Sentencia y realizar los actos conducentes como ente acusador, ejercitando sus derechos en el proceso, particularmente el derecho a la prueba, de manera que ha hecho valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional, articulando las pruebas en que funda su petición, entre ellas, el reconocimiento fotográfico practicado bajo el control jurisdiccional, pues al recibirse los testimonios de los testigos protegidos con clave M-05 y M-07, bajo la modalidad de prueba anticipada (folios 57 al 60 y 82 al 84 de la causa), como ya se dejo establecido anteriormente, la práctica de dicho elemento probatorio se realizó en audiencia bajo la dirección y control de la jueza penal, con la participación del agente fiscal y la abogada Carmen Alejandra Madrid, en su condición de defensora pública como controladora del acto, de manera que, yerra el tribunal de sentencia (Sala Cuarta) al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico que obra a folios del 68 al 70, 77 al 79 y 82 al 84, pues el mismo es proporcional y realizado bajo el control jurisdiccional que exige la normativa procesal; de manera que la decisión judicial que se impugna mediante la acción de amparo, no es congruente con el artículo 199 del Código Procesal Penal y vulnera el derecho de defensa y a la vez el debido proceso, pues se reitera, al haberse practicado dicho reconocimiento en la etapa preparatoria, en presencia del juez, del fiscal y de la defensora publica como controladora del acto, este cumple con las exigencias legales para ser admitido e incorporado mediante lectura en la audiencia de juicio, al tenor de lo que dispone el artículo 256 del Código Procesal Penal; por consiguiente, esta Corte de Apelaciones concluye, que la resolución judicial proferida por el Tribunal de Sentencia (Sala Cuarta), de inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, limita el ejercicio del derecho a la prueba, respecto a admitir dicho medio de prueba, mismo que para el Ministerio Publico es relevante, junto con el resto del acervo probatorio propuesto en tiempo oportuno.”. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, el artículo 82 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “El derecho de defensa es inviolable.…”; el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (7): En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el derecho de defensa y debido proceso, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 82 y 90 constitucional, en relación al artículo 198 del Código Procesal Penal, que establece la finalidad de los medios de prueba, señalando que “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”, en relación con el artículo 199 que dispone: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables.”. En ese sentido el artículo 253 del mismo Código Procesal Penal que regula el reconocimiento de personas en rueda, en su último párrafo señala: “Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros.”. Del examen de la resolución impugnada en esta vía constitucional de Amparo, se advierte que el A-quo fundamenta su fallo en que el reconocimiento fotográfico se debe realizar con control jurisdiccional para que tenga valor probatorio, asimismo que dicho medio de prueba es desproporcional. Sobre este argumento advierte la Sala de lo Constitucional que, como bien lo señala el Tribunal de Alzada, consta en el expediente judicial, la declaración de los testigos protegidos identificados con la clave M-05 y M-07 tomada al amparo de lo que establece el artículo 277 del Código Procesal Penal como prueba anticipada, declaración que se llevo a cabo en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en presencia de la Juez supernumeraria de ese Despacho, el fiscal del Ministerio Publico y la Defensora pública. Observando esta Sala que, en audiencia de prueba anticipada, a petición del agente fiscal, a los testigos en referencia se le puso a la vista los álbunes fotográficos, mismos que obran a folios del 68 al 70 y 77 al 79 de la causa, para el reconocimiento del encausado, mediante soporte fotográfico. Advierte esta Sala, que el álbum fotográfico que fue puesto a la vista de los testigos en audiencia de prueba anticipada, son los medios de prueba que han sido propuestos por parte del Ministerio Público, mismos que han sido inadmitidos por el A-quo. De lo anterior se colige que, en este caso en concreto, la prueba denominada reconocimiento fotográfico, no es prueba independiente en la causa, sino forma parte de la declaración rendida como prueba anticipada de los testigos identificados con la clave M-05 y M-07, los cuales fueron sometidos al contradictorio, evacuados con control jurisdiccional por el Juez competente en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en consecuencia no se puede fraccionar la declaración de los testigos en referencia, pues como ya se indicó, la prueba de reconocimiento fotográfico, forma parte de la prueba anticipada evacuada bajo las formalidades señalados en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, propuesto por el Ministerio Publico, bajo el argumento que dicho reconocimiento es prueba rendida en sede administrativa, sin control jurisdiccional. Criterio errado y contrario a lo que consta en el expediente de mérito a folios ochenta y dos (82) al ochenta y cuatro (84). Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 198, 199, 253, 256 y 277 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras debe admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico que ha sido propuesto por el Ministerio Publico, todo ello para garantizar el derecho de defensa y debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 198, 199, 139, 141, 253, 256, 277 y 311 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1299-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CERTIFCACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, que otorgo un recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de Agente Fiscal, en favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en relación a la causa instruida contra el señor CARLOS EDUARDO GOMEZ FERRERA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de MIRNA TERESA SUAZO MARTINEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de agosto de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada ELADIA MALDONADO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, interponiendo recurso de Amparo, contra la resolución de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, por estimar la recurrente que la misma es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 03 de la pieza de antecedentes) 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó sentencia en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual falló: “OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Publico a favor de LA PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra LA RESOLUCION DICTADA EN AUDIENCIA DE PROPOSICION DE MEDIOS DE PRUEBAS CELEBRADA EN FECHA DOS (02) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), por el TRIBUNAL DE SENTENCIA (SALA CUARTA) DE ESTA SECCION JUDICIAL, en el proceso que se sigue contra CARLOS EDUARDO GOMEZ FERRERA, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de MIRNA TERESA SUAZO MARTINEZ, en consecuencia el TRIBUNAL DE SENTENCIA (SALA CUARTA) DE ESTA SECCION JUDICIAL, debe admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico.- Y MANDA:… ”. (Folios 46 al 51 de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra las actuaciones realizadas por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, que inadmite dos actas de reconocimiento fotográfico como medios de prueba propuestas por el Ministerio Publico en la audiencia de proposición de prueba realizada en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra del señor Carlos Eduardo Gómez Ferrera, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la señora Mirna Teresa Suazo Martínez. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, que inadmite dos actas de reconocimiento fotográfico como medios de prueba propuestas por el Ministerio Publico en la audiencia de proposición de prueba realizada en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra del señor Carlos Eduardo Gómez Ferrera, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la señora Mirna Teresa Suazo Martínez argumentando dicho Tribunal, (SIC) “SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA OBJECION DE LA DEFENSA, en relación al RECONOCMIENTO FOTOGRAFICO, por considerar que los reconocimientos se deben realizar con control jurisdiccional para que tengan valor probatorio y por otro lado, serían desproporcionales, ya que tendría la oportunidad de realizar el reconocimiento físico en la audiencia.- Resolviendo el recurso de Reposición interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución que antecede el A-quo RESUELVE: SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO, ya que este Tribunal es de firme criterio que los reconocimientos deben realizarse a través de los procedimientos ya establecidos en la ley, si bien es cierto hay libertad probatoria pero la libertad tiene que estar limitada por la legalidad y la legitimidad del acto, los reconocimientos se tienen que hacer siempre con control jurisdiccional y con la presencia de la defensa, este reconocimiento que usted esta proponiendo forma parte de la declaración de los testigos, pero es una declaración administrativa, es una ampliación de la declaración administrativa, ya esto es bastante conocido que las declaraciones administrativas no tienen carácter probatorio perse y no pueden ser introducidas al acto del juicio oral y público para enervar el estado de inocencia del acusado, entonces entendemos que es una extensión de la declaración rendida únicamente ante un policía que le expone una serie de improntas fotografías para que reconozca, esto es un acto meramente de investigación, es útil para el proceso de investigación, para el proceso de instrucción, para el autoconvencimiento de la policía de que el imputado muy probablemente es responsable de los hechos y continuar una línea investigativa a partir de este punto, entonces si es relevante e importante y tiene que seguirlo haciendo, no estamos diciendo que se trata de prueba prohibida o ilícita, estamos diciendo que no puede tener peso probatorio para que sea evacuada en el acto del juicio oral y público, este es el criterio del Tribunal y la práctica de esta Sala.”. CONSIDERANDO (3): Argumenta la recurrente que el Tribunal de Sentencia ha violentado derechos constitucionales como el principio de legalidad, libertad probatoria, derecho de defensa y debido proceso, consecuentemente la tutela judicial efectiva consagrado en los artículos 82, 90, 303, 304, 321, 323 de la Constitución de la República. Arguye que se ha vulnerado el derecho de defensa, al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, con ello se mengua el derecho a probar y respaldar el hecho delictivo, se limita el derecho de defensa de toda una sociedad; se violenta el principio de libertad probatoria, ya que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias y que tales hechos y circunstancias podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de probatorio; que se ha violentado el debido proceso al hacer una interpretación errónea de los artículos 253 y 277 del Código Procesal Penal, pues es competencia del Órgano jurisdiccional el control de las diligencias preliminares o prejudiciales que impliquen con posterioridad medios de prueba que sirvan para el esclarecimiento de los hechos que constituyen un posible delito, por lo que la resolución emitida por el a-quo es violatoria del debido proceso establecido en el artículo 90 y principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional, pues la interpretación hecha por el Tribunal de sentencias implica el quebrantamiento al derecho a ser juzgado con los derechos y garantías que la ley establece, al establecer que el medio de prueba Reconocimiento Fotográfico es un medio de prueba administrativo. Alega el recurrente que el medio de prueba señalado si tuvo control jurisdiccional, pues se evacuo en la audiencia de prueba anticipada de los testigos identificados como M-05 y M-07, el cual fue ratificado por dichos testigos, quienes señalaron a los sujetos que observaron disparar en contra de la ofendida, asimismo arguye que este medio de prueba no es desproporcional, ya que no hay otro medio de prueba análogo al mismo. CONSIDERANDO (4): Que el acto que se conoce en consulta es la Resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual Falla: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Publico, a favor de LA PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, ordenando al Tribunal de Sentencia admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Público. Argumenta el Ad-quem (SIC) “CONSIDERANDO (07). Que, en el mismo orden de ideas, la proporcionalidad de la prueba es, ante todo, un instrumento de control del ejercicio del derecho a la prueba, entendido este como el derecho a presentar todas las pruebas relevantes (Taruffo, 2008), mismo que nace del principio del debido proceso que consagran las garantías fundamentales para la tutela de los derechos por vía judicial; pues dicho derecho a la prueba pudiera ejercitarse sin prudencia, sin reflexión, ni razones válidas, lesionado el derecho de la parte contraria y/o generando una actividad probatoria innecesaria e inútil a los fines del proceso. De ahí que el legislador otorgo al Juez la facultad de control y restricción, de manera que pueda inadmitir aquella prueba que no se ajuste a las exigencias del artículo 199 del Código Procesal Penal, como en el caso de que la considere desproporcional. En el caso que nos ocupa, es de tener en cuenta que el reconocimiento fotográfico es un método de identificación derivado del reconocimiento en rueda, según se desprende del penúltimo párrafo del artículo 253 Código Procesal Penal, acto de investigación que se realiza utilizando fotografías u otros registros, cuando el imputado no pueda estar presente, sin que constituya una prueba en sí misma, que adquiera tal calidad a través de la introducción del acta o documento que da cuenta de su practica como si se tratara de un medio de prueba documental, sino que comporta actos de investigación cuyo resultado puede ser parte del testimonio cuando en el juicio el declarante alude a la existencia de dicha actividad investigativa, a los logros obtenidos a través de la misma o a la forma como se efectuó, atestaciones que habrán de ser valoradas íntegramente con el testimonio de quien efectúa el reconocimiento y en conjunto, con los otros medios de convicción. Desde esa perspectiva, esta Alzada considera, que el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico es proporcional y que además fue practicado bajo el control jurisdiccional en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), ya que en la evacuación de la prueba testifical consistente en la declaración de los testigos protegidos con clave M-05 y M-07, bajo la modalidad de prueba anticipada (folios 57 al 60 y 82 al 84 de la causa), estuvo presente la jueza penal, el agente fiscal y la abogada Carmen Alejandra Madrid, en su condición de defensora pública como contralor del acto, de manera que los testigos protegidos antes mencionados rindieron su testimonio bajo el control jurisdiccional, momento procesal en el que, a petición del agente fiscal, a los testigos en referencia se les puso a la vista los álbunes fotográficos contentivos de seis fotografías de personas con similares características, mismas que obran a folios del 68 al 70 y 77 al 79 de la causa, para el reconocimiento mediante soporte fotográfico, de los supuestos responsables del delito que se imputa a los encausados; de manera que el medio de prueba antes aludido, tiene el carácter de prueba anticipada, como si se tratara de un medio documental, consecuentemente puede ser incorporado al debate mediante su lectura en el acto del juicio, tal y como lo dispone el artículo 311 precitado, generando los efectos jurídicos pertinentes. CONSIDERANDO (08): Que la Constitución de la República reconoce el derecho de defensa en su artículo 82, mediante el cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etcétera), no queden en estado de indefensión. El derecho de defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso contenida en el artículo 90 de la Carta Magna, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón del cual toda persona tiene derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos garantías que la ley establece. Desde ese contexto normativo, es visto que el Ministerio publico ha tenido la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Sentencia y realizar los actos conducentes como ente acusador, ejercitando sus derechos en el proceso, particularmente el derecho a la prueba, de manera que ha hecho valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional, articulando las pruebas en que funda su petición, entre ellas, el reconocimiento fotográfico practicado bajo el control jurisdiccional, pues al recibirse los testimonios de los testigos protegidos con clave M-05 y M-07, bajo la modalidad de prueba anticipada (folios 57 al 60 y 82 al 84 de la causa), como ya se dejo establecido anteriormente, la práctica de dicho elemento probatorio se realizó en audiencia bajo la dirección y control de la jueza penal, con la participación del agente fiscal y la abogada Carmen Alejandra Madrid, en su condición de defensora pública como controladora del acto, de manera que, yerra el tribunal de sentencia (Sala Cuarta) al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico que obra a folios del 68 al 70, 77 al 79 y 82 al 84, pues el mismo es proporcional y realizado bajo el control jurisdiccional que exige la normativa procesal; de manera que la decisión judicial que se impugna mediante la acción de amparo, no es congruente con el artículo 199 del Código Procesal Penal y vulnera el derecho de defensa y a la vez el debido proceso, pues se reitera, al haberse practicado dicho reconocimiento en la etapa preparatoria, en presencia del juez, del fiscal y de la defensora publica como controladora del acto, este cumple con las exigencias legales para ser admitido e incorporado mediante lectura en la audiencia de juicio, al tenor de lo que dispone el artículo 256 del Código Procesal Penal; por consiguiente, esta Corte de Apelaciones concluye, que la resolución judicial proferida por el Tribunal de Sentencia (Sala Cuarta), de inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, limita el ejercicio del derecho a la prueba, respecto a admitir dicho medio de prueba, mismo que para el Ministerio Publico es relevante, junto con el resto del acervo probatorio propuesto en tiempo oportuno.”. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, el artículo 82 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “El derecho de defensa es inviolable.…”; el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (7): En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el derecho de defensa y debido proceso, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 82 y 90 constitucional, en relación al artículo 198 del Código Procesal Penal, que establece la finalidad de los medios de prueba, señalando que “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”, en relación con el artículo 199 que dispone: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables.”. En ese sentido el artículo 253 del mismo Código Procesal Penal que regula el reconocimiento de personas en rueda, en su último párrafo señala: “Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros.”. Del examen de la resolución impugnada en esta vía constitucional de Amparo, se advierte que el A-quo fundamenta su fallo en que el reconocimiento fotográfico se debe realizar con control jurisdiccional para que tenga valor probatorio, asimismo que dicho medio de prueba es desproporcional. Sobre este argumento advierte la Sala de lo Constitucional que, como bien lo señala el Tribunal de Alzada, consta en el expediente judicial, la declaración de los testigos protegidos identificados con la clave M-05 y M-07 tomada al amparo de lo que establece el artículo 277 del Código Procesal Penal como prueba anticipada, declaración que se llevo a cabo en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en presencia de la Juez supernumeraria de ese Despacho, el fiscal del Ministerio Publico y la Defensora pública. Observando esta Sala que, en audiencia de prueba anticipada, a petición del agente fiscal, a los testigos en referencia se le puso a la vista los álbunes fotográficos, mismos que obran a folios del 68 al 70 y 77 al 79 de la causa, para el reconocimiento del encausado, mediante soporte fotográfico. Advierte esta Sala, que el álbum fotográfico que fue puesto a la vista de los testigos en audiencia de prueba anticipada, son los medios de prueba que han sido propuestos por parte del Ministerio Público, mismos que han sido inadmitidos por el A-quo. De lo anterior se colige que, en este caso en concreto, la prueba denominada reconocimiento fotográfico, no es prueba independiente en la causa, sino forma parte de la declaración rendida como prueba anticipada de los testigos identificados con la clave M-05 y M-07, los cuales fueron sometidos al contradictorio, evacuados con control jurisdiccional por el Juez competente en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en consecuencia no se puede fraccionar la declaración de los testigos en referencia, pues como ya se indicó, la prueba de reconocimiento fotográfico, forma parte de la prueba anticipada evacuada bajo las formalidades señalados en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, propuesto por el Ministerio Publico, bajo el argumento que dicho reconocimiento es prueba rendida en sede administrativa, sin control jurisdiccional. Criterio errado y contrario a lo que consta en el expediente de mérito a folios ochenta y dos (82) al ochenta y cuatro (84). Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 198, 199, 253, 256 y 277 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras debe admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico que ha sido propuesto por el Ministerio Publico, todo ello para garantizar el derecho de defensa y debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 198, 199, 139, 141, 253, 256, 277 y 311 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1299-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, que otorgo un recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de Agente Fiscal, en favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en relación a la causa instruida contra el señor CARLOS EDUARDO GOMEZ FERRERA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de MIRNA TERESA SUAZO MARTINEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de agosto de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada ELADIA MALDONADO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, interponiendo recurso de Amparo, contra la resolución de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, por estimar la recurrente que la misma es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 03 de la pieza de antecedentes) 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó sentencia en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual falló: “OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Publico a favor de LA PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra LA RESOLUCION DICTADA EN AUDIENCIA DE PROPOSICION DE MEDIOS DE PRUEBAS CELEBRADA EN FECHA DOS (02) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), por el TRIBUNAL DE SENTENCIA (SALA CUARTA) DE ESTA SECCION JUDICIAL, en el proceso que se sigue contra CARLOS EDUARDO GOMEZ FERRERA, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de MIRNA TERESA SUAZO MARTINEZ, en consecuencia el TRIBUNAL DE SENTENCIA (SALA CUARTA) DE ESTA SECCION JUDICIAL, debe admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico.- Y MANDA:… ”. (Folios 46 al 51 de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra las actuaciones realizadas por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, que inadmite dos actas de reconocimiento fotográfico como medios de prueba propuestas por el Ministerio Publico en la audiencia de proposición de prueba realizada en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra del señor Carlos Eduardo Gómez Ferrera, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la señora Mirna Teresa Suazo Martínez. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, que inadmite dos actas de reconocimiento fotográfico como medios de prueba propuestas por el Ministerio Publico en la audiencia de proposición de prueba realizada en fecha dos de agosto del dos mil veintitrés, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra del señor Carlos Eduardo Gómez Ferrera, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la señora Mirna Teresa Suazo Martínez argumentando dicho Tribunal, (SIC) “SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA OBJECION DE LA DEFENSA, en relación al RECONOCMIENTO FOTOGRAFICO, por considerar que los reconocimientos se deben realizar con control jurisdiccional para que tengan valor probatorio y por otro lado, serían desproporcionales, ya que tendría la oportunidad de realizar el reconocimiento físico en la audiencia.- Resolviendo el recurso de Reposición interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución que antecede el A-quo RESUELVE: SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO, ya que este Tribunal es de firme criterio que los reconocimientos deben realizarse a través de los procedimientos ya establecidos en la ley, si bien es cierto hay libertad probatoria pero la libertad tiene que estar limitada por la legalidad y la legitimidad del acto, los reconocimientos se tienen que hacer siempre con control jurisdiccional y con la presencia de la defensa, este reconocimiento que usted esta proponiendo forma parte de la declaración de los testigos, pero es una declaración administrativa, es una ampliación de la declaración administrativa, ya esto es bastante conocido que las declaraciones administrativas no tienen carácter probatorio perse y no pueden ser introducidas al acto del juicio oral y público para enervar el estado de inocencia del acusado, entonces entendemos que es una extensión de la declaración rendida únicamente ante un policía que le expone una serie de improntas fotografías para que reconozca, esto es un acto meramente de investigación, es útil para el proceso de investigación, para el proceso de instrucción, para el autoconvencimiento de la policía de que el imputado muy probablemente es responsable de los hechos y continuar una línea investigativa a partir de este punto, entonces si es relevante e importante y tiene que seguirlo haciendo, no estamos diciendo que se trata de prueba prohibida o ilícita, estamos diciendo que no puede tener peso probatorio para que sea evacuada en el acto del juicio oral y público, este es el criterio del Tribunal y la práctica de esta Sala.”. CONSIDERANDO (3): Argumenta la recurrente que el Tribunal de Sentencia ha violentado derechos constitucionales como el principio de legalidad, libertad probatoria, derecho de defensa y debido proceso, consecuentemente la tutela judicial efectiva consagrado en los artículos 82, 90, 303, 304, 321, 323 de la Constitución de la República. Arguye que se ha vulnerado el derecho de defensa, al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, con ello se mengua el derecho a probar y respaldar el hecho delictivo, se limita el derecho de defensa de toda una sociedad; se violenta el principio de libertad probatoria, ya que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias y que tales hechos y circunstancias podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de probatorio; que se ha violentado el debido proceso al hacer una interpretación errónea de los artículos 253 y 277 del Código Procesal Penal, pues es competencia del Órgano jurisdiccional el control de las diligencias preliminares o prejudiciales que impliquen con posterioridad medios de prueba que sirvan para el esclarecimiento de los hechos que constituyen un posible delito, por lo que la resolución emitida por el a-quo es violatoria del debido proceso establecido en el artículo 90 y principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional, pues la interpretación hecha por el Tribunal de sentencias implica el quebrantamiento al derecho a ser juzgado con los derechos y garantías que la ley establece, al establecer que el medio de prueba Reconocimiento Fotográfico es un medio de prueba administrativo. Alega el recurrente que el medio de prueba señalado si tuvo control jurisdiccional, pues se evacuo en la audiencia de prueba anticipada de los testigos identificados como M-05 y M-07, el cual fue ratificado por dichos testigos, quienes señalaron a los sujetos que observaron disparar en contra de la ofendida, asimismo arguye que este medio de prueba no es desproporcional, ya que no hay otro medio de prueba análogo al mismo. CONSIDERANDO (4): Que el acto que se conoce en consulta es la Resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual Falla: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por la Abogada ELADIA MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Publico, a favor de LA PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, ordenando al Tribunal de Sentencia admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Público. Argumenta el Ad-quem (SIC) “CONSIDERANDO (07). Que, en el mismo orden de ideas, la proporcionalidad de la prueba es, ante todo, un instrumento de control del ejercicio del derecho a la prueba, entendido este como el derecho a presentar todas las pruebas relevantes (Taruffo, 2008), mismo que nace del principio del debido proceso que consagran las garantías fundamentales para la tutela de los derechos por vía judicial; pues dicho derecho a la prueba pudiera ejercitarse sin prudencia, sin reflexión, ni razones válidas, lesionado el derecho de la parte contraria y/o generando una actividad probatoria innecesaria e inútil a los fines del proceso. De ahí que el legislador otorgo al Juez la facultad de control y restricción, de manera que pueda inadmitir aquella prueba que no se ajuste a las exigencias del artículo 199 del Código Procesal Penal, como en el caso de que la considere desproporcional. En el caso que nos ocupa, es de tener en cuenta que el reconocimiento fotográfico es un método de identificación derivado del reconocimiento en rueda, según se desprende del penúltimo párrafo del artículo 253 Código Procesal Penal, acto de investigación que se realiza utilizando fotografías u otros registros, cuando el imputado no pueda estar presente, sin que constituya una prueba en sí misma, que adquiera tal calidad a través de la introducción del acta o documento que da cuenta de su practica como si se tratara de un medio de prueba documental, sino que comporta actos de investigación cuyo resultado puede ser parte del testimonio cuando en el juicio el declarante alude a la existencia de dicha actividad investigativa, a los logros obtenidos a través de la misma o a la forma como se efectuó, atestaciones que habrán de ser valoradas íntegramente con el testimonio de quien efectúa el reconocimiento y en conjunto, con los otros medios de convicción. Desde esa perspectiva, esta Alzada considera, que el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico es proporcional y que además fue practicado bajo el control jurisdiccional en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), ya que en la evacuación de la prueba testifical consistente en la declaración de los testigos protegidos con clave M-05 y M-07, bajo la modalidad de prueba anticipada (folios 57 al 60 y 82 al 84 de la causa), estuvo presente la jueza penal, el agente fiscal y la abogada Carmen Alejandra Madrid, en su condición de defensora pública como contralor del acto, de manera que los testigos protegidos antes mencionados rindieron su testimonio bajo el control jurisdiccional, momento procesal en el que, a petición del agente fiscal, a los testigos en referencia se les puso a la vista los álbunes fotográficos contentivos de seis fotografías de personas con similares características, mismas que obran a folios del 68 al 70 y 77 al 79 de la causa, para el reconocimiento mediante soporte fotográfico, de los supuestos responsables del delito que se imputa a los encausados; de manera que el medio de prueba antes aludido, tiene el carácter de prueba anticipada, como si se tratara de un medio documental, consecuentemente puede ser incorporado al debate mediante su lectura en el acto del juicio, tal y como lo dispone el artículo 311 precitado, generando los efectos jurídicos pertinentes. CONSIDERANDO (08): Que la Constitución de la República reconoce el derecho de defensa en su artículo 82, mediante el cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etcétera), no queden en estado de indefensión. El derecho de defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso contenida en el artículo 90 de la Carta Magna, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón del cual toda persona tiene derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos garantías que la ley establece. Desde ese contexto normativo, es visto que el Ministerio publico ha tenido la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Sentencia y realizar los actos conducentes como ente acusador, ejercitando sus derechos en el proceso, particularmente el derecho a la prueba, de manera que ha hecho valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional, articulando las pruebas en que funda su petición, entre ellas, el reconocimiento fotográfico practicado bajo el control jurisdiccional, pues al recibirse los testimonios de los testigos protegidos con clave M-05 y M-07, bajo la modalidad de prueba anticipada (folios 57 al 60 y 82 al 84 de la causa), como ya se dejo establecido anteriormente, la práctica de dicho elemento probatorio se realizó en audiencia bajo la dirección y control de la jueza penal, con la participación del agente fiscal y la abogada Carmen Alejandra Madrid, en su condición de defensora pública como controladora del acto, de manera que, yerra el tribunal de sentencia (Sala Cuarta) al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico propuesto por el Ministerio Publico que obra a folios del 68 al 70, 77 al 79 y 82 al 84, pues el mismo es proporcional y realizado bajo el control jurisdiccional que exige la normativa procesal; de manera que la decisión judicial que se impugna mediante la acción de amparo, no es congruente con el artículo 199 del Código Procesal Penal y vulnera el derecho de defensa y a la vez el debido proceso, pues se reitera, al haberse practicado dicho reconocimiento en la etapa preparatoria, en presencia del juez, del fiscal y de la defensora publica como controladora del acto, este cumple con las exigencias legales para ser admitido e incorporado mediante lectura en la audiencia de juicio, al tenor de lo que dispone el artículo 256 del Código Procesal Penal; por consiguiente, esta Corte de Apelaciones concluye, que la resolución judicial proferida por el Tribunal de Sentencia (Sala Cuarta), de inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, limita el ejercicio del derecho a la prueba, respecto a admitir dicho medio de prueba, mismo que para el Ministerio Publico es relevante, junto con el resto del acervo probatorio propuesto en tiempo oportuno.”. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, el artículo 82 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “El derecho de defensa es inviolable.…”; el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (7): En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el derecho de defensa y debido proceso, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 82 y 90 constitucional, en relación al artículo 198 del Código Procesal Penal, que establece la finalidad de los medios de prueba, señalando que “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”, en relación con el artículo 199 que dispone: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables.”. En ese sentido el artículo 253 del mismo Código Procesal Penal que regula el reconocimiento de personas en rueda, en su último párrafo señala: “Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros.”. Del examen de la resolución impugnada en esta vía constitucional de Amparo, se advierte que el A-quo fundamenta su fallo en que el reconocimiento fotográfico se debe realizar con control jurisdiccional para que tenga valor probatorio, asimismo que dicho medio de prueba es desproporcional. Sobre este argumento advierte la Sala de lo Constitucional que, como bien lo señala el Tribunal de Alzada, consta en el expediente judicial, la declaración de los testigos protegidos identificados con la clave M-05 y M-07 tomada al amparo de lo que establece el artículo 277 del Código Procesal Penal como prueba anticipada, declaración que se llevo a cabo en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en presencia de la Juez supernumeraria de ese Despacho, el fiscal del Ministerio Publico y la Defensora pública. Observando esta Sala que, en audiencia de prueba anticipada, a petición del agente fiscal, a los testigos en referencia se le puso a la vista los álbunes fotográficos, mismos que obran a folios del 68 al 70 y 77 al 79 de la causa, para el reconocimiento del encausado, mediante soporte fotográfico. Advierte esta Sala, que el álbum fotográfico que fue puesto a la vista de los testigos en audiencia de prueba anticipada, son los medios de prueba que han sido propuestos por parte del Ministerio Público, mismos que han sido inadmitidos por el A-quo. De lo anterior se colige que, en este caso en concreto, la prueba denominada reconocimiento fotográfico, no es prueba independiente en la causa, sino forma parte de la declaración rendida como prueba anticipada de los testigos identificados con la clave M-05 y M-07, los cuales fueron sometidos al contradictorio, evacuados con control jurisdiccional por el Juez competente en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en consecuencia no se puede fraccionar la declaración de los testigos en referencia, pues como ya se indicó, la prueba de reconocimiento fotográfico, forma parte de la prueba anticipada evacuada bajo las formalidades señalados en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, al inadmitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico, propuesto por el Ministerio Publico, bajo el argumento que dicho reconocimiento es prueba rendida en sede administrativa, sin control jurisdiccional. Criterio errado y contrario a lo que consta en el expediente de mérito a folios ochenta y dos (82) al ochenta y cuatro (84). Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 198, 199, 253, 256 y 277 del Código Procesal Penal, el referido Juzgado de Letras debe admitir el medio de prueba reconocimiento fotográfico que ha sido propuesto por el Ministerio Publico, todo ello para garantizar el derecho de defensa y debido proceso y en apego al principio de legalidad, principios que deben imperar en todo proceso. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 198, 199, 139, 141, 253, 256, 277 y 311 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1299-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL