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Sentencia AP-1293-23 — Registro 19186

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que denegó el recurso de amparo, los delitos de usurpación, coacción y manifestación ilícita, en perjuicio del Estado de Honduras y el patronato pro mejoramiento de la comunidad de San Rafael del municipio de Arizona.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (7): Que, para la referida Corte Primera de Apelaciones, el órgano jurisdiccional recurrido no ha hecho más que resolver una petición de la representación actual del patronato, respetándose en todo momento el derecho de dicha organización civil al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. En conclusión se advierte que el presente caso contiene el razonamiento suficiente de la decisión de revocatoria del poder que venían ostentado los abogados Eduardo Jair López y Aida Celeste Cerrato, como apoderados de la referida organización, cumpliendo con los requisitos, formalidades y exigencias de ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tanto, las alegaciones señaladas en el presente recurso no se configuran como violatorias de la tutela judicial efectiva o libre acceso a los tribunales, puesto que el juzgador ha plasmado su decisión de manera razonada.CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, nos encontramos frente a un conflicto relativo a la revocatoria del poder que venían ostentando los hoy recurrentes como apoderados del ya referido Patronato, revocatoria que se llevó a cabo en juicio oral y público en la causa instruida contra los señores Carlos Arnoldo Chacón Mencía, Tulio Enrique Laínez Gonzales, Julio Cesar Leiva Guzmán, Claudio Ramírez Espinoza y Elena Gaitán, por suponerlos responsables de los delitos de Usurpación, Coacción y Manifestación Ilícita, en perjuicio del Estado de Honduras y El Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad de San Rafael del Municipio de Arizona, Departamento de Atlántida. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por los impetrantes, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el acceso a la justicia al Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad de San Rafael, puesto que en todo momento se le ha brindado a dicha organización civil la tutela judicial efectiva y que el hecho de no estar los recurrentes conformes con lo resuelto, no menos cierto es que la decisión adoptada cumple con las formalidades que fija la ley; quedando abiertos los canales correspondientes para que quienes se vieren afectados con dicha decisión puedan acudir a las instancias pertinentes a denunciar tales actos.CONSIDERANDO (9): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por los impetrantes; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (11): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LOCONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha veintiuno (21) de Septiembre de dos mil veintitrés(2023) que DENEGÓ el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, a favor del PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ARIZONA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, contra la resolución dictada en fecha trece (13)de febrero del dos mil veintitrés (2023) por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en relación a la causa instruida contra los señores CARLOS ARNOLDO CHACON MENCIA, TULIO ENRIQUE LAINEZ GONZALES, JULIO CESAR LEIVA GUZMAN,CLAUDIO RAMIREZ ESPINOZA, Y ELENA GAITAN, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN, COACCIÓN Y MANIFESTACIÓN ILICITA, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS y EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ARIZONA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha once (11) de abril del dos mil veintitrés(2023), los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, comparecieron CORTE PRIMERA DE APELACIONES LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ARIZONA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA contra la resolución de fecha trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO ATLANTIDA, por estimar los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 126 al 131 de los antecedentes).2)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil veintitrés(2023) mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por los abogados, EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, actuando en representación del PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ARIZONA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, contra la resolución de fecha TRECE (13) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tela, Departamento Atlántida.- (Folios 126 al 131 de los antecedentes).3)Que en fecha nueve (09) de octubre del dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida que denegó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS ARNOLDO CHACON MENCIA, TULIO ENRIQUE LAINEZ GONZALES, JULIO CESAR LEIVA GUZMAN, CLAUDIO RAMIREZ ESPINOZA Y ELENA GAITAN por suponerlos responsables de los delitos de USURPACION, COACCION Y MANIFESTACION ILICITA en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS Y EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ARIZONA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.CONSIDERANDO (4): Que los impetrantes expusieron en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye la resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida que denegó el recurso de amparo, por considerar dichos recurrentes que tal resolución impide que la victima pueda, en condiciones de eficacia y en clara defensa de sus intereses, participar en el proceso penal, negándosele la posibilidad de intervenir, como tal, en el juicio, se le está negando acceder a la justicia penal, puesto que la resolución ha permitido la intervención de un actor que está para favorecer a los acusados y no a los ofendidos por los delitos cometidos por los acusados y todo ello producto de un manifiesto fraude de ley.CONSIDERANDO (5): Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida en su resolución establece que de la prueba aportada se aprecia que hay un conflicto interno del Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad de San Rafael y que es imposible que dicho problema lo resuelva un Tribunal de Sentencia que está conociendo de una acción penal que nada tiene que ver con un conflicto sobre legalidad o ilegalidad de la elección de la última Junta Directiva de dicha organización ya que ese no es el tema penal que se está resolviendo. CONSIDERANDO (6): Continúa manifestando la referida Corte de Apelaciones que ya existe un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; resolución que si bien no contiene una motivación extensa de la revocación del poder a los hoy recurrentes, lo cierto es que la presentación de un nuevo poder que cumple con los requisitos legales para surtir efectos frente a terceros al resultar acreditado que el poder fue otorgado por el nuevo presidente del patronato; el Tribunal de Sentencia, únicamente ha cumplido con su función, ya que no se puede tener en un proceso a dos representaciones del patronato o mantener al anterior, cuando consta en documentos el cese de la misma por la elección de una nueva junta directiva. En consecuencia, pretender que se revisen cuestiones de fondo sobre la forma de la elección de dicha junta, seria un desafuero y un exceso del órgano jurisdiccional, ya que se estaría dirimiendo un conflicto interno del patronato y correspondería a otra jurisdicción resolver sobre la impugnación de la Asamblea de la nueva junta directiva.CONSIDERANDO (7): Que, para la referida Corte Primera de Apelaciones, el órgano jurisdiccional recurrido no ha hecho más que resolver una petición de la representación actual del patronato, respetándose en todo momento el derecho de dicha organización civil al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. En conclusión se advierte que el presente caso contiene el razonamiento suficiente de la decisión de revocatoria del poder que venían ostentado los abogados Eduardo Jair López y Aida Celeste Cerrato, como apoderados de la referida organización, cumpliendo con los requisitos, formalidades y exigencias de ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tanto, las alegaciones señaladas en el presente recurso no se configuran como violatorias de la tutela judicial efectiva o libre acceso a los tribunales, puesto que el juzgador ha plasmado su decisión de manera razonada.CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, nos encontramos frente a un conflicto relativo a la revocatoria del poder que venían ostentando los hoy recurrentes como apoderados del ya referido Patronato, revocatoria que se llevó a cabo en juicio oral y público en la causa instruida contra los señores Carlos Arnoldo Chacón Mencía, Tulio Enrique Laínez Gonzales, Julio Cesar Leiva Guzmán, Claudio Ramírez Espinoza y Elena Gaitán, por suponerlos responsables de los delitos de Usurpación, Coacción y Manifestación Ilícita, en perjuicio del Estado de Honduras y El Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad de San Rafael del Municipio de Arizona, Departamento de Atlántida. En consecuencia, al no apreciarse vulneración alguna a las garantías invocadas por los impetrantes, esta Sala estima que con la resolución recurrida no se le ha limitado el acceso a la justicia al Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad de San Rafael, puesto que en todo momento se le ha brindado a dicha organización civil la tutela judicial efectiva y que el hecho de no estar los recurrentes conformes con lo resuelto, no menos cierto es que la decisión adoptada cumple con las formalidades que fija la ley; quedando abiertos los canales correspondientes para que quienes se vieren afectados con dicha decisión puedan acudir a las instancias pertinentes a denunciar tales actos.CONSIDERANDO (9): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por los impetrantes; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (11): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se denegó el recurso de amparo interpuesto por los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, a favor del PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ARIZONA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1293-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL