Sentencia AP-1292-22 — Registro 18188
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia que denegó el recurso de amparo contra actuaciones del Tribunal de sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, que denegó la admisión de un medio de prueba documental, en audiencia de proposición de pruebas, por suponerlo responsable del delito de inutilización de registros para ser utilizados ante la autoridad competente y falsificación de documentos, en perjuicio de la administración y la fe pública del estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Esta Sala, ha establecido que el Recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegitima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el Juez Constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. 2.- En el presente asunto, del Estudio y análisis de los antecedentes se desprende, que el origen de la presente acción de amparo, surge a raíz de que en audiencia de proposición de medios de prueba de fecha catorce de febrero del 2022, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, mediante resolución declaró inadmisible el medio de prueba propuesto por la defensa, consistente en documental, del expediente e informe investigativo con registro número 278-2016, elaborado por la Dirección Policial de Investigación, respecto al proceso investigativo iniciado para esclarecer el deceso violento de la señora Bertha Cáceres. Estableciendo la recurrente, que dicho informe, contiene información que le interesa, para contradecir lo dicho por el ente acusador en el requerimiento fiscal, por lo que su denegatoria violenta el derecho de defensa y debido proceso consagrado en nuestra Constitución; que por su parte la Alzada al resolver el amparo presentado en cuanto a la denegatoria de un medio de prueba propuesto por la defensa en este caso la Recurrente, estableció, que el Tribunal de sentencia ha justificado porque consideró que es impertinente, inútil y desproporcional la admisión de dicho medio de prueba, y está facultado en el límite de sus atribuciones, a la denegatoria del medio de prueba documental que alega rechazado, ya que existe otros medios de prueba que fueron admitidos y podrán desarrollarse e indagarse para las pretensiones de la utilidad probatoria indicada por la recurrente de tal forma que no observa la Corte de Apelaciones, que el rechazo de dicho medio de prueba genere indefensión, ni vulneración al debido proceso. 3.-Siendo así, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, Esta Sala, observa que las consideraciones de la misma en cuanto al fondo, del amparo se refiere, no comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales en particular los atinentes a la garantía del derecho de defensa y debido proceso, siendo una de las manifestaciones del derecho a la defensa, la libertad probatoria y aportación de parte, que consiste en que las partes procesales puedan presentar los medios de prueba que consideren para acreditar su tesis, sin embargo, la admisión de dichos medios de prueba, indudablemente debe pasar por el tamiz de reunir los criterios de admisibilidad de tal suerte, que si dichos criterios de (pertinencia, utilidad, proporcionalidad, confiabilidad y licitud)No se reúnen, entonces, la prueba puede perfectamente ser rechazada con el suficiente argumento y motivación y no por ello se conculca el derecho de defensa. 4.- Estima esta sala, que el contenido esencial del derecho a la defensa; queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos legítimos. Por ello estima que también se vulnera el derecho de defensa, cuando el juzgador deniega la prueba atendiendo razones ajenas al juicio de inadmisibilidad que establece el artículo 199 del código procesal penal, es decir alegando causas diferentes a la condición de pertinencia, Utilidad o proporcionalidad de la prueba en relación con la pretensión que se pretende probar o bien sobre su obtención. (confiabilidad y licitud) 5.- De esta manera, como se puede notar, el Tribunal de sentencia, brindó una somera explicación sobre las razones de inadmisión, pero en realidad no brindó una motivación sobre el juicio de admisibilidad de la prueba, este aspecto resulta importante destacarlo, habida cuenta de que la motivación es parte fundamental del debido proceso y el principio de Tutela Judicial efectiva, ello es así, porque una adecuada motivación impide las decisiones arbitrarias de los órganos jurisdiccionales y permite que las partes procesales tengan claras las razones por las que se toma esa decisión. 6.- Respecto a la motivación , La corte IDH en reiterada jurisprudencia ha reconocido el deber de motivación como garantía del debido proceso; y la norma procesal penal específicamente en el artículo 199, establece la libertad probatoria y señala claramente las razones por las que se puede admitir la prueba que las partes propongan, razones claramente referidas a la pertinencia, Utilidad, proporcionalidad, licitud y confiabilidad objetiva, indicando además que en lo no previsto en este código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que se asemeje. 7.-Sobre esta base, la motivación esgrimida por el Tribunal de sentencia en la resolución objeto de amparo, no se puede considerar adecuada y suficiente, ni esta acorde con el debido proceso y el derecho a Tutela Judicial efectiva. En este sentido el artículo 139 del código procesal penal impone la obligación de motivar las resoluciones , de forma suficiente, es decir, no cualquier motivación, sino una fundada en razón, entre otras, de la admisión o denegación de cualquier medio de prueba; y , por su parte, el artículo 141 del código procesal Penal, en su tercer párrafo, señala con precisión que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución, lo que implica que la motivación debe realizarse atendiendo parámetros legales; pero el caso que nos ocupa, tal exigencia fue obviada por el Tribunal de Sentencia y no observada por el Tribunal de Alzada. 8.- Así entonces se establece, que lo actuado en la audiencia de proposición de medio de Prueba, si constituye una vulneración al debido proceso que el órgano jurisdiccional decida sobre la admisión o denegatoria de los medios de prueba sin la debida motivación, en primer lugar, porque debe seguirse la reglas para su admisión o rechazo, analizando los presupuestos que la ley establece. Lo cual debe ser explicado por el Tribunal de sentencia y en segundo lugar porque para la admisión o no de un medio de prueba se requiere que este verse sobre datos que objetivamente se puedan extraer de las actuaciones procesales o que tengan relación con la teoría del caso de la parte que lo propone. Entonces el Tribunal de sentencia al no razonar adecuadamente su decisión, incumple su deber de motivación, efectuando una interpretación subjetiva, en la que no consideró, el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales y que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; por lo que esta sala coincide con la impetrante, en que no se cumplió con las garantías del debido proceso y el derecho de defensa al declarar inadmisible la prueba, basándose en una interpretación equivocada, sin motivación suficiente fue inadmitida; y, por ende, existe una vulneración al debido proceso. 9.- Dicho lo anterior, esta Sala, no aprueba la sentencia que se conoce en consulta, que deniega el Amparo, en virtud que la Alzada NO ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la Justicia Constitucional, ya que lo razonado al denegar la Acción de amparo, va a efecto de tales disposiciones legales, siendo procedente REVOCAR la Sentencia venida en Consulta y otorgar la garantía de amparo, lo cual no implica necesariamente que se deba admitir toda la prueba propuesta por la defensa, sino que el tribunal de sentencia debe proceder a realizar un juicio motivado sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de dicha prueba en función de la estrategia de la defensa y, sobre esa base, determinar si la prueba es útil, pertinente, proporcional y legal, pero sin adelantar criterios de valoración de prueba que finalmente solo podrían esgrimirse una vez que dicha prueba haya sido evacuada.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 139 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 141 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, a favor del señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que denegó la admisión de un medio de prueba documental, en audiencia de proposición de pruebas, en relación a la causa instruida contra el señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, por suponerlo responsable del delito de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS PARA SER UTILIZADOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada CARMEN LETICIA TURCIOS BARRIOS, actuando en su condición de Fiscal Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JUAN CARLOS CRUZ y MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, ambos agentes de investigación de la Dirección Policial de Investigación (DPI),por considerarlos responsables de los delitos de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS en perjuicio de la Administración pública, por hechos ocurridos en fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la fiscalía local de la Esperanza Intibucá, cuando llegaron los agentes de investigación Miguel Arcángel Rosales y Juan Carlos Cruz, y le establecieron a las fiscales que investigaban la Muerte de la Ambientalista Bertha Cáceres, que traían una declaración testifical de testigo protegido con clave TT30-2016 manuscrita y una grabación de audio en el cual se escuchaba la planeación de dar muerte a una señora para que las mismas fueran incluidas en la investigación. Resultado dicho testimonio contradictorio con lo expuesto por los agentes, igualmente se determinó que la grabación del celular fue creada, observándose así la incongruencia entre la hora de decomiso y la creación de la grabación 0035433 que se encontraba bajo la custodia de los agentes de investigación, por lo que se presentó el requerimiento fiscal, y se decretó auto de formal procesamiento por los delitos en mención. (Folios 01 al 06 del Tomo I de la pieza de primera instancia.) 2) Que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, celebró Audiencia de Proposición de Medios de Prueba, emitió resolución en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, en la cual resolvió: “PRIMERO: ADMITIR, los medios de prueba propuestos por las partes procesales en el orden siguiente: A) prueba propuesta por el Ministerio Público…. B) Prueba propuesta por la defensa técnica, representada por los Abogados Ana Luisa Alvarado Mejía y Víctor Francisco Mejía: Testifical: Declaración del Agente de Policía JOSE ANTONIO URREA PEREZ… Declaración del Comisionado de Policía JOSE ROLANDO CASCO TORRES… TESTIGO PROTEGIDO TT30-2019… TESTIGO PROTEGIDO TV 08-2016… Documental: Se instruye al señor Secretario, tal como lo pide la defensa técnica, líbrese oficio al señor Comisionado de Policía Rommel Martínez en su condición de Director de la Dirección Policial de Investigación DPI, a efecto de que informe que miembros de dicha institución fueron designados para realizar las averiguaciones respecto al deceso violento de la señora BERTHA CACERES y cuál era su función o designación de cada uno de ellos durante el proceso investigativo, por consiguiente esta diligencia no se admite como medio de prueba, por no saber hasta este momento si la misma reúne las condiciones de utilidad, pertinencia y proporcionalidad, sin embargo la defensa técnica en la etapa de incidentes podrá proponer lo que corresponda en derecho. Observaciones: no se admite la siguiente prueba documental, por no ser útil, pertinente y proporcional, respecto a los hechos que será sometidos a enjuiciamiento: 1. Expediente e informe investigativo con registro 278-2016 elaborado por la DPI respecto al proceso investigativo iniciado para esclarecer el deceso violento de la señora Bertha Cáceres, 2. Informe preliminar de análisis DIVINV 003-2016 de fecha 4 de abril de 2016, dirigido a la Fiscal Ingrid Figueroa por parte del perito Emerson Moisés Andino, consistente en el oficio que deberá liberarse al Juzgado de Garantías sobre la intervención de las comunicaciones; 4. Denuncia registrada bajo el número 1554732870-19 interpuesto por los abogados Juan Carlos Sánchez y Ritza Yolanda Mendoza; 5.copia fotostática del escrito de proposición de pruebas presentado por el Ministerio Público el cual fue elaborado por la Fiscal Ingrid Belinda Figueroa, en la causa registrada bajo el número TS-JN-3-88-2017, Sala I, en la causa instruida por el asesinato de Bertha Cáceres; 7.Dictamen de extracción y análisis de la información extraída al Teléfono celular marca LG, Color negro con gris, sin tarjeta Sim y sin memoria con IMEI 352624105252456457 con su cobertor color negro, mismo que fue decomisado por la Dirección Policial de Investigación (DPI) en las investigaciones realizadas para esclarecer la muerte violenta de la señora Bertha Isabel Cáceres. INSPECCIÓN O RECONOCIMIENTO JUDICIAL:… Pericial:… C. Prueba propuesta por la defensa técnica representada por los abogados Adán Alfredo Castellanos Alvarado y Alina Armida Aguilera: Testifical: las declaraciones de los testigos… Documental: no se admite dicha prueba por no ser pertinente para la finalidad del juicio oral y público. SEGUNDO: …” (folios 839 al 843 del Testimonio 4 de los antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJÍA, interponiendo recurso de Amparo a favor del señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, por estimar la recurrente que la misma es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 08 de la pieza de la Corte de Apelaciones) 4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó su sentencia en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual falló: “1) DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO, que se ha hecho relación…” (Folios 29 al 34 de la pieza de antecedentes) 5) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su Consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL 1.- Conforme manda la Constitución de la República la garantía de amparo tiene como finalidad que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de esta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1- Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y 2- Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. 2.- La acción de amparo se encuentra regulada en la ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1. Desarrollar las garantías Constitucionales y las defensas del orden jurídico Constitucional. Y de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 42, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos Públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución valida. 3. A esta Sala, le corresponde la jurisdicción Constitucional por mandato de ley, asimismo, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA I.- El acto reclamado por la recurrente Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA; ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, lo constituye una decisión emanada del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua de fecha 14 de febrero del 2022, a través de la cual, de declaró inadmisible el medio de prueba propuesto por la defensa denominado documental, consistente en el expediente e informe investigativo con registro número 278-2016 elaborado por la DPI, respecto al proceso investigativo iniciado para esclarecer el deceso violento de la señora Berta Cáceres. Por lo que la denegatoria de dicho medio de prueba, por el Tribunal de Sentencia constituye una vulneración a la garantía de Defensa y en consecuencia a la garantía del debido proceso, al no valorar correctamente la pretensión probatoria ya que tratándose de un hecho controvertido, este medio de prueba documental contiene puntualmente información para contradecir lo dicho por el ente acusador, limitándose el tribunal de Sentencia a declararla inadmisible por no ser útil, pertinente y proporcional respecto a los hechos sometidos a enjuiciamiento, vulnerando los Artículos 82, 90 de la Constitución de la República. II. La impetrante señala que el medio de prueba denominado Documental, propuesto y denegado reúne todos los requisitos de admisibilidad, señalados en el artículo 198 y 199 del Código Procesal Penal, y que su no admisión resulta lesiva a los derechos del acusado, pues con el mismo acreditará las circunstancias de tiempo modo y lugar de la ocurrencia de los hechos que describe la acusación de su representado, quien se encontraba ese mismo día, a esa misma hora en ese mismo lugar llevando a cabo diligencias investigativas ordenadas por el Ministerio Público y bajo la presencia física de fiscales que hoy lo señalan como supuesto participe en el hecho; Reclama la recurrente que al declarar inadmisible dicho medio de prueba el Tribunal, lo hace al considerar que no es útil, proporcional y pertinente argumentando que la defensa está proponiendo declaraciones rendidas en sede administrativa, y que ya nuestra Constitución establece que solo hará prueba las declaraciones rendidas ante juez competente, circunstancia esta que no ha sido la pretensión probatoria de la defensa, sino que tratándose de un hecho controvertido, dicho medio de prueba contiene puntualmente información para contradecir lo dicho por el ente acusador, el día la hora y la fecha y las personas que intervienen en las diligencias investigativas. Por lo que considera que con dicha resolución se vulnera el debido proceso, el estado de inocencia y consecuentemente el derecho de defensa de su representado, ya que el derecho de defensa se caracteriza en su esencia por la oportunidad que tenga el procesado de allegar prueba en el juicio, e intervenir en la evacuación de la propuesta por la parte, en un debate público y contradictorio. III.- Que señala la impetrante, que se violenta el derecho de defensa, estipulado en el artículo 14 numeral 3 del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, que establece que: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a…b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; y c) A ser Juzgado sin dilaciones indebidas; señalando que hacer lo contrario entraña indefensión y consecuente nulidad de lo actuado, conforme lo preceptúa el artículo 166 numeral 3 del código procesal penal; Igualmente Reclama, que se considera violada la garantía del debido proceso consignada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, ya que el Tribunal de Sentencia recurrido al declarar inadmisible los medios probatorios se fundó en que dicho medio de prueba es inútil, impertinente, desproporcional, sin la debida motivación de porque considera que el mismo no reúne los criterios de admisibilidad, señalados por la ley, por lo que presentó acción de amparo ante la Corte de Apelaciones de Comayagua en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, solicitando la suspensión del acto reclamado que en el caso en particular es la celebración del juicio oral y público ordenado para el tres y dieciséis de mayo de do mil veintidós. IV.- En la Sentencia objeto de consulta, la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, determinó Denegar la garantía de amparo Peticionada, al considerar entre otras en su motivación: Que los medios de prueba son pertinentes si se refieren directa o indirectamente, al objeto de la investigación, son útiles si esclarecen la verdad, proporcionados si guardan relación con los hechos investigados, que en el caso sub-judice el informe investigativo constituye la base sobre la cual se estructura la acusación y de hecho comúnmente va agregado a escrito de acusación del requerimiento fiscal, y sus diligencias preliminares de investigación son de suma utilidad en la etapa preparatoria e intermedia del proceso, pero que en el caso en particular restan importancia a esta altura de la etapa del juicio oral y público, ya que la prueba será ejecutada de forma directa ante la inmediación del tribunal y sometida al contradictorio de las partes, de acuerdo a la pretensión probatoria que ha manifestado la parte proponente, que le interesa corroborar datos de fecha y horas; extremo que puede ser corroborado por las partes procesales y el Tribunal, cuando tengan la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a testigos, peritos, indagar sobre la prueba documental periférica, que aporten las partes, tomando en cuenta que el proceso penal es predominantemente oral, y que se ha ofertado por todas las partes suficiente prueba para escrudiñar sobre toda la información que les interese indagar para averiguar la verdad; agregando, que el informe administrativo se conforma por declaraciones rendidas en sede administrativa, las que carecen de eficacia probatoria por no ser rendida bajo juramento ante juez competente, ni ante el contradictorio de partes, y que de ser admitido tendría que ser introducidas al debate mediante lectura, incurriendo en dualidad de prueba; por otra parte el Tribunal de sentencia ha justificado porque consideró que es impertinente, inútil y desproporcional la admisión de dicho medio de prueba, y esta facultado en el límite de sus atribuciones, a la denegatoria del medio de prueba documental que alega la recurrente, de tal forma que no observa la Corte de Apelaciones, que el rechazo de dicho medio de prueba genere indefensión, no vulneración al debido proceso, al contrario el tribunal ha concedido durante todo el tramite del proceso total garantías para que se haga efectivo y concreto el derecho de la defensa que le asiste al acusado y el inadmitir el referido medio probatorio, se ha realizado facultado en la discrecionalidad que la norma adjetiva le confiere, expresando los motivos de inadmisibilidad, por lo que en todo caso el motivo invocado por la recurrente es asunto de mera legalidad, así las cosas no ha existido ninguna vulneración de garantías Constitucionales, Por lo que falló: DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO. RAZONAMIENTO DE LA SALA 1. Esta Sala, ha establecido que el Recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegitima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el Juez Constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. 2.- En el presente asunto, del Estudio y análisis de los antecedentes se desprende, que el origen de la presente acción de amparo, surge a raíz de que en audiencia de proposición de medios de prueba de fecha catorce de febrero del 2022, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, mediante resolución declaró inadmisible el medio de prueba propuesto por la defensa, consistente en documental, del expediente e informe investigativo con registro número 278-2016, elaborado por la Dirección Policial de Investigación, respecto al proceso investigativo iniciado para esclarecer el deceso violento de la señora Bertha Cáceres. Estableciendo la recurrente, que dicho informe, contiene información que le interesa, para contradecir lo dicho por el ente acusador en el requerimiento fiscal, por lo que su denegatoria violenta el derecho de defensa y debido proceso consagrado en nuestra Constitución; que por su parte la Alzada al resolver el amparo presentado en cuanto a la denegatoria de un medio de prueba propuesto por la defensa en este caso la Recurrente, estableció, que el Tribunal de sentencia ha justificado porque consideró que es impertinente, inútil y desproporcional la admisión de dicho medio de prueba, y está facultado en el límite de sus atribuciones, a la denegatoria del medio de prueba documental que alega rechazado, ya que existe otros medios de prueba que fueron admitidos y podrán desarrollarse e indagarse para las pretensiones de la utilidad probatoria indicada por la recurrente de tal forma que no observa la Corte de Apelaciones, que el rechazo de dicho medio de prueba genere indefensión, ni vulneración al debido proceso. 3.-Siendo así, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, Esta Sala, observa que las consideraciones de la misma en cuanto al fondo, del amparo se refiere, no comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales en particular los atinentes a la garantía del derecho de defensa y debido proceso, siendo una de las manifestaciones del derecho a la defensa, la libertad probatoria y aportación de parte, que consiste en que las partes procesales puedan presentar los medios de prueba que consideren para acreditar su tesis, sin embargo, la admisión de dichos medios de prueba, indudablemente debe pasar por el tamiz de reunir los criterios de admisibilidad de tal suerte, que si dichos criterios de (pertinencia, utilidad, proporcionalidad, confiabilidad y licitud)No se reúnen, entonces, la prueba puede perfectamente ser rechazada con el suficiente argumento y motivación y no por ello se conculca el derecho de defensa. 4.- Estima esta sala, que el contenido esencial del derecho a la defensa; queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos legítimos. Por ello estima que también se vulnera el derecho de defensa, cuando el juzgador deniega la prueba atendiendo razones ajenas al juicio de inadmisibilidad que establece el artículo 199 del código procesal penal, es decir alegando causas diferentes a la condición de pertinencia, Utilidad o proporcionalidad de la prueba en relación con la pretensión que se pretende probar o bien sobre su obtención. (confiabilidad y licitud) 5.- De esta manera, como se puede notar, el Tribunal de sentencia, brindó una somera explicación sobre las razones de inadmisión, pero en realidad no brindó una motivación sobre el juicio de admisibilidad de la prueba, este aspecto resulta importante destacarlo, habida cuenta de que la motivación es parte fundamental del debido proceso y el principio de Tutela Judicial efectiva, ello es así, porque una adecuada motivación impide las decisiones arbitrarias de los órganos jurisdiccionales y permite que las partes procesales tengan claras las razones por las que se toma esa decisión. 6.- Respecto a la motivación , La corte IDH en reiterada jurisprudencia ha reconocido el deber de motivación como garantía del debido proceso; y la norma procesal penal específicamente en el artículo 199, establece la libertad probatoria y señala claramente las razones por las que se puede admitir la prueba que las partes propongan, razones claramente referidas a la pertinencia, Utilidad, proporcionalidad, licitud y confiabilidad objetiva, indicando además que en lo no previsto en este código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que se asemeje. 7.-Sobre esta base, la motivación esgrimida por el Tribunal de sentencia en la resolución objeto de amparo, no se puede considerar adecuada y suficiente, ni esta acorde con el debido proceso y el derecho a Tutela Judicial efectiva. En este sentido el artículo 139 del código procesal penal impone la obligación de motivar las resoluciones , de forma suficiente, es decir, no cualquier motivación, sino una fundada en razón, entre otras, de la admisión o denegación de cualquier medio de prueba; y , por su parte, el artículo 141 del código procesal Penal, en su tercer párrafo, señala con precisión que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución, lo que implica que la motivación debe realizarse atendiendo parámetros legales; pero el caso que nos ocupa, tal exigencia fue obviada por el Tribunal de Sentencia y no observada por el Tribunal de Alzada. 8.- Así entonces se establece, que lo actuado en la audiencia de proposición de medio de Prueba, si constituye una vulneración al debido proceso que el órgano jurisdiccional decida sobre la admisión o denegatoria de los medios de prueba sin la debida motivación, en primer lugar, porque debe seguirse la reglas para su admisión o rechazo, analizando los presupuestos que la ley establece. Lo cual debe ser explicado por el Tribunal de sentencia y en segundo lugar porque para la admisión o no de un medio de prueba se requiere que este verse sobre datos que objetivamente se puedan extraer de las actuaciones procesales o que tengan relación con la teoría del caso de la parte que lo propone. Entonces el Tribunal de sentencia al no razonar adecuadamente su decisión, incumple su deber de motivación, efectuando una interpretación subjetiva, en la que no consideró, el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales y que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; por lo que esta sala coincide con la impetrante, en que no se cumplió con las garantías del debido proceso y el derecho de defensa al declarar inadmisible la prueba, basándose en una interpretación equivocada, sin motivación suficiente fue inadmitida; y, por ende, existe una vulneración al debido proceso. 9.- Dicho lo anterior, esta Sala, no aprueba la sentencia que se conoce en consulta, que deniega el Amparo, en virtud que la Alzada NO ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la Justicia Constitucional, ya que lo razonado al denegar la Acción de amparo, va a efecto de tales disposiciones legales, siendo procedente REVOCAR la Sentencia venida en Consulta y otorgar la garantía de amparo, lo cual no implica necesariamente que se deba admitir toda la prueba propuesta por la defensa, sino que el tribunal de sentencia debe proceder a realizar un juicio motivado sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de dicha prueba en función de la estrategia de la defensa y, sobre esa base, determinar si la prueba es útil, pertinente, proporcional y legal, pero sin adelantar criterios de valoración de prueba que finalmente solo podrían esgrimirse una vez que dicha prueba haya sido evacuada. PARTE RESOLUTIVA, POR TANTO. LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre;1,8 y 25 de la Convección Americana de Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5 y 321 de la Constitución de la República, 1 y 78 atribución 5ª. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45,46, 48, 49, 51,58,62, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1. REVOCANDO la sentencia venida en CONSULTA, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA departamento de Comayagua, de fecha DIECISEIS de agosto del año dos mil veintidós por las razones que se dejan aquí establecidas,2.- En su defecto FALLA OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO por la vulneración del derecho contemplado en los artículo 82 y 90 de la Constitución de la república, presentando por la abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, contra la resolución emitida por el Tribunal de sentencia de Siguatepeque , departamento de Comayagua, que denegó en audiencia de proposición de prueba un medio de prueba documental, que se ha hecho relación en el expediente N.TSS(3)043-2019 contra el señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, por suponerlo responsable del delito de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS PARA SER UTILIZADOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: que se notifique la presente resolución a la recurrente y que la secretaria del despacho devuelva los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con la certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. Redactó Magistrada la DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1292-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL