Sentencia AP-122-23 — Registro 17803
Resumen
Resolución declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Asociación para Delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales; La Autoridad recurrida consideró que se cumplieron los requisitos legales para dictar auto de formal procesamiento ya que la prueba resultó vinculante para el encausado, con lo que procede confirmar el auto del A-quo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su juicio de valoración el cual es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92, dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso..."..."del análisis de las alegaciones en que basa el denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, esta Sala observa, que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirma el impugnante y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona, teniendo la plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que base sus pretensiones..."..."las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 297.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su juicio de valoración el cual es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92, dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso..."..."del análisis de las alegaciones en que basa el denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, esta Sala observa, que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirma el impugnante y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona, teniendo la plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que base sus pretensiones..."..."las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 297.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su juicio de valoración el cual es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92, dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso..."..."del análisis de las alegaciones en que basa el denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, esta Sala observa, que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirma el impugnante y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona, teniendo la plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que base sus pretensiones..."..."las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 297.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su juicio de valoración el cual es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92, dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso..."..."del análisis de las alegaciones en que basa el denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, esta Sala observa, que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirma el impugnante y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona, teniendo la plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que base sus pretensiones..."..."las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 297.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA REYES, a favor de JULIO ANTONIO ESPINOZA TORRES, en contra de la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de junio del año dos mil veintitrés, en relación a la causa instruida en contra de JULIO ANTONIO ESPINOZA TORRES, por suponerlo responsable de la comisión del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR en perjuicio de OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que la Alzada emitió una resolución contradictoria en virtud de que bajo la misma valoración de la prueba, realizó argumentos distintos, emitiendo así distintos pareces para unos imputados y otro para su representado, así mismo refiere, que no se acreditó la pertenencia o vinculación de su representado a una organización ilícita con el contenido de las comunicaciones sino únicamente un cruce de llamadas, por lo que refiere no se acreditó el indicio mínimo de participación de su representado ni la existencia del delito, esto por ser de la opinión que no fueron aportados los elementos de prueba que acrediten los delitos por los que está siendo procesado su mandante por lo que no era posible mantener el auto de formal procesamiento como acontece en el caso de autos.CONSIDERANDO: Que el recurrente señala que con el acto reclamado se han quebrantado la declaración, el derecho y garantía contenidos en los artículos 60, 80, 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que la Alzada indica que en la audiencia inicial únicamente se requiere la aportación de una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización de los hechos imputados, sobre su relevancia jurídica penal y la probabilidad de participación de la persona imputada en él, y que con las pruebas aportadas al proceso se cumplieron con los dos requisitos exigidos por la ley para que se dicte el auto de formal procesamiento por el A-quo, señalando porque la prueba resultó vinculante para el encausado, motivo este por los que se confirmó el auto del A-quo.CONSIDERANDO: Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su juicio de valoración el cual es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92, dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso.CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa el denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, esta Sala observa, que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirma el impugnante y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona, teniendo la plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que base sus pretensiones.CONSIDERANDO: Que las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA REYES, a favor de JULIO ANTONIO ESPINOZA TORRES, en contra de la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de junio del año dos mil veintitrés, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.FIRMAS MAGISTRADOS (AS). LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1222-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.