Sentencia AP-1111-22 — Registro 18180
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo que declaró con lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de Usurpación, en perjuicio de Banco de las Fuerzas Armadas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que no se han acreditado la existencia de los elementos típicos del delito de Usurpación y por lo tanto no podía dictarse un auto de procesamiento y al no aplicar los principios generales del derecho en la interpretación de las normas se violentan las formalidades, derechos y garantías de su representado, por esa razón acude presentando esta acción de amparo, para que se declare este caso, que la resolución de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, no es aplicable al señor Horacio Aguilar Alvarado, por contravenir y disminuir, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.- Señalando que no se acredito en el proceso que el acusado permanezca en la propiedad ocupándola, refiere también que el acusado siempre ha estado en posesión del inmueble por haber ostentado la propiedad desde que el Instituto Nacional Agrario (INA), es decir que no ha despojado a nadie, no desplazo a nadie, no ha ejercido ningún acción que implique violencia, simplemente valiéndose de diversos artificios se remató su propiedad a favor del Banco y el Juzgado no Ejecuto la sentencia, ya que no se tomó posesión cuando se ejecutó la referida sentencia. Por esa razón coincide con el voto disidente, en vista que no se dan los elementos del tipo penal de Usurpación establecidos en el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83). CONSIDERANDO CINCO (5): Que mediante auto de fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, esta Sala ha tenido por caducado el derecho y por perdido el termino dejado de utilizar por el recurrente para formalizar la acción de amparo, sin embargo, dado que del escrito de su interposición, se aprecia que los recurrentes desarrollan de manera puntual el concepto de la violación, considero procedente continuar con el procedimiento legal establecido, y por encontrarse en las circunstancias establecidas en los artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional, se omitió la vista de los autos al Fiscal del Despacho (Folio 19 de la pieza separada de amparo). CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de la presente causa se observa que el recurrente ha interpuesto la presente acción de amparo en contra de la Sentencia Definitiva emitida el quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, declarando con lugar el Recurso de apelación interpuesto, revocando el sobreseimiento definitivo otorgado por el Juez de Primera Instancia y ordenando se le dicte auto de formal procesamiento al señor Horacio Aguilar Alvarado.- Interpone la referida acción al señalar que se le ha violentado el debido proceso, en vista que no se ha acreditado la existencia de los elementos típicos del delito de Usurpación, por lo tanto no podía dictarse un auto de formal procesamiento.- De lo anterior y siendo que el delito por el cual se acusa al ahora recurrente es el de USURPACION, este se encuentra tipificado en el Código Penal que lo rige (Decreto 144-1983) en el artículo 227, el cual taxativamente señala que comete el delito de Usurpación: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Por lo anterior, se entiende que el principal verbo rector para que exista este tipo de delito, es que la persona este Usurpando el inmueble, término que al no contemplarse en la normativa que nos rige, es necesario apoyarnos en las fuentes del derecho, en tal efecto, el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, Tomo I, determina que USURPAR, es apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Con lo sucedido en la presente causa y de las escrituras acompañadas, se observa que el Banco de las Fuerzas Armadas, posteriormente Inversiones Corporativas y luego BANFAA, ha acreditado ser el dueño del terreno objeto de la presente controversia y que se encuentra ubicado en San Juan, Puerto Caballos, denominado Chameleconsito, Municipio de Puerto Cortes, Departamento de Cortes (folio del 19 al 27 de la primera pieza de autos), el cual está siendo habitado por el señor Horacio Aguilar Alvarado, quien aduce ser el dueño por el simple hecho de haber estado siempre en posesión del mismo de manera pacífica, no siendo ese aspecto suficiente, ya que el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83), señala que incurre en el delito de Usurpación quien usurpe un bien inmueble, entendiéndose que no lo será quien acredite mediante documento legal alguno ser el propietario, en este caso quien lo realizo como se dijo anteriormente fue el Banco de las Fuerzas Armadas a través de escritura pública, no así el señor Horacio Aguilar Alvarado que no tiene acreditada esa cicruncuanta, por esa razón esta Sala es del Criterio que no existe violación del debido proceso y de las demás vulneraciones referidas por el recurrente señor Horacio Aguilar Alvarado, debiéndose denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados René Altamirano Interiano y Farabundo Murillo Godoy, a favor del señor Horacio Aguilar Alvarado, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento Cortés, en fecha quince de junio de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno de febrero de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Horacio Aguilar Alvarado, por suponerlo responsable del delito de Usurpación, en perjuicio de Banco de las Fuerzas Armadas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1). - Que en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Agente Fiscal, Abogado Fernando Josué Bonilla, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Horacio Aguilar Alvarado, por suponerlo responsable del delito de Usurpación, en perjuicio de Banco de las Fuerzas Armadas (BANFAA). (Folios 1-5 del antecedente). 2).- El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la celebración de la audiencia inicial, iniciada en fecha veintidós de enero y finalizada en fecha uno de febrero de dos mil veinte, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: Que en fecha seis de Diciembre del año dos mil diecinueve, el Ministerio Publico, presento requerimiento fiscal en contra del señor HORACIO AGUILAR ALVARADO, por el delito de Usurpación, en perjuicio del Banco de las Fuerzas Armadas en Liquidación (BANFAA). El Ministerio Publico, en la presente audiencia ha ratificado dicha acusación, en donde ha presentado como medios de prueba documentales en donde se ha quedado plenamente acreditado que el Banco de la Fuerzas Armadas en liquidación es el legítimo dueño de dos la propiedad ubicada una en la aldea el Chiles, con tres punto cinco hectáreas y del terreno ubicado en la aldea de San Juan Puerto caballo, con doce mil setecientos ochenta y tres punto cincuenta y tres metros cuadrados, ambos ubicados en el Municipio de Puerto Cortes, Cortes, y de la cual se desprende la sinopsis de los hechos, que el señor HORACIO AGUILAR ALVARADO, realizó un crédito hipotecario dejando como garantía ambos terrenos, con el Banco del País S.A dicho crédito fue incumplido y el Banco del País, procedió a reclamar el inmueble que fue dado en garantía, en los tribunal del país por la vía civil, en donde el señor HORACIO AGUILAR ALVARADO, pierde ambos terrenos y se ordena que se adjudique en el Instituto de la Propiedad a favor del Banco del País, siendo inscrito el trece de mayo del dos mil trece.- SEGUNDO: Las partes procesales en la etapa de conclusiones ha afirmado los hechos se desprende de una acción civil hasta este momento no se ha ejecutado, tal como lo estableció el apoderado defensor, está suscrita es del criterio que debe de continuar y concluir el proceso iniciado en la vía civil, tal y como lo establece el artículo 54 del código procesal penal, en su último párrafo No obstante a lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, AL DERECHO DE PROPIEDAD EN EL CASO DE USURPACIÓN y las relaciones con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles". siendo en este caso existe una resolución por parte de los tribunales en materia civil, lo más idóneo es que se proceda a ejecutar el desalojo forzoso, ordenando en la sentencia respectiva.- TERCERO: FUNDAMENTACION JURIDCA: como lo establece el artículo 54 del código procesal penal, mediante una acción de DERECHO DE PROPIEDAD, que el Banco de las Fuerza Armadas en liquidación, debe de reclamar en las instancias civiles, debe de agotarlo de la manera legal, en relación al artículo 89 de la Constitución de la República establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, asimismo en la misma carta magna se señala bajo el artículo 92 que No podrá decretarse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor-2.- Que el artículo 296 numeral 2 del Código Procesal Penal, establece los presupuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento Definitivo.- en consecuencia, y en vista de haberse declarado con lugar la excepción por falta de acción.- Decreta un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO favor de HORACIO AGUILAR ALVARADO a por el delito de USURPACIÓN en perjuicio de BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS (BANFAA).- Por lo tanto se decreta el cese de las medidas cautelares al señor HORACIO AGUILAR ALVARADO, que le fueran impuestas en audiencia de declaración de imputado - SE LE CEDE LA PALABRA A LA FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO: Entendido - SE LE CEDE LA PALABRA A LA DEFENSA PUBLICA Entendida - La Juez declaró cerrada la audiencia firmando el acta con las partes y la persona imputada ante la Secretaria adjunta que da fe.-.” (Folio 104-109 del antecedente). 3).- Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Allan Reyes Portillo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la celebración de la audiencia Ad-Hoc, vía plataforma virtual, iniciada en fecha dieciséis de marzo y finalizada en fecha quince de junio de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: “…DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el acusador privado, apoderado legal del Banco de las Fuerzas Armadas S.A. (BANFAA) "Sociedad en Liquidación", según poder general aportado (f.75-76), contra la resolución de fecha uno (01) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés, en la presente causa. SEGUNDO: REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor del señor HORACIO AGUILAR ALVARADO, por el delito de USURPACIÓN, en perjuicio BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A. (BANFAA) "SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN". TERCERO: SE DICTE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de HORACIO AGUILAR ALVARADO, por el delito de USURPACIÓN, en perjuicio BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A. (BANFAA) "SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN". Y MANDA: Que se notifique la presente resolución a las partes y una vez firme sin interponer recurso alguno, con certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al juzgado de su procedencia para los efectos legales pertinentes. En éste estado se da por terminada la presente acta, siendo ésta misma fecha quince (15) de junio del año en curso (2022), firmando la presente los suscritos Magistrados y la Secretaria del Despacho que da fe de todo lo actuado. - Redactó Magistrada Norma Iris Coto Santos. NOTIFIQUESE. -…” (Folios 10-18 del antecedente). 4).- Que los recurrentes, los Abogados René Altamirano Interiano y Farabundo Murillo Godoy, comparecieron ante este Tribunal, en fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor Horacio Aguilar Alvarado, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. 5).- Que en fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, ésta Revisadas que han sido las actuaciones contenidas en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados Rene Altamirano Interiano Y Farabundo Murillo Godoy, a favor del señor Horacio Aguilar Alvarado, desprendiéndose del mismo que el término de cuarenta y ocho horas concedido para formalizar su acción, venció el día nueve de junio de dos mil veintitrés, siendo las diez de la mañana con quince minutos, se declara caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar; asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que los recurrentes desarrollaron de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual es procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, omitiendo la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho para que emita su dictamen, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 19 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados René Altamirano Interiano y Farabundo Murillo Godoy, a favor del señor Horacio Aguilar Alvarado, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento Cortés, en fecha quince de junio de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno de febrero de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Horacio Aguilar Alvarado, por suponerlo responsable del delito de Usurpación, en perjuicio de Banco de las Fuerzas Armadas. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que no se han acreditado la existencia de los elementos típicos del delito de Usurpación y por lo tanto no podía dictarse un auto de procesamiento y al no aplicar los principios generales del derecho en la interpretación de las normas se violentan las formalidades, derechos y garantías de su representado, por esa razón acude presentando esta acción de amparo, para que se declare este caso, que la resolución de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, no es aplicable al señor Horacio Aguilar Alvarado, por contravenir y disminuir, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.- Señalando que no se acredito en el proceso que el acusado permanezca en la propiedad ocupándola, refiere también que el acusado siempre ha estado en posesión del inmueble por haber ostentado la propiedad desde que el Instituto Nacional Agrario (INA), es decir que no ha despojado a nadie, no desplazo a nadie, no ha ejercido ningún acción que implique violencia, simplemente valiéndose de diversos artificios se remató su propiedad a favor del Banco y el Juzgado no Ejecuto la sentencia, ya que no se tomó posesión cuando se ejecutó la referida sentencia. Por esa razón coincide con el voto disidente, en vista que no se dan los elementos del tipo penal de Usurpación establecidos en el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83). CONSIDERANDO CINCO (5): Que mediante auto de fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, esta Sala ha tenido por caducado el derecho y por perdido el termino dejado de utilizar por el recurrente para formalizar la acción de amparo, sin embargo, dado que del escrito de su interposición, se aprecia que los recurrentes desarrollan de manera puntual el concepto de la violación, considero procedente continuar con el procedimiento legal establecido, y por encontrarse en las circunstancias establecidas en los artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional, se omitió la vista de los autos al Fiscal del Despacho (Folio 19 de la pieza separada de amparo). CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de la presente causa se observa que el recurrente ha interpuesto la presente acción de amparo en contra de la Sentencia Definitiva emitida el quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, declarando con lugar el Recurso de apelación interpuesto, revocando el sobreseimiento definitivo otorgado por el Juez de Primera Instancia y ordenando se le dicte auto de formal procesamiento al señor Horacio Aguilar Alvarado.- Interpone la referida acción al señalar que se le ha violentado el debido proceso, en vista que no se ha acreditado la existencia de los elementos típicos del delito de Usurpación, por lo tanto no podía dictarse un auto de formal procesamiento.- De lo anterior y siendo que el delito por el cual se acusa al ahora recurrente es el de USURPACION, este se encuentra tipificado en el Código Penal que lo rige (Decreto 144-1983) en el artículo 227, el cual taxativamente señala que comete el delito de Usurpación: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Por lo anterior, se entiende que el principal verbo rector para que exista este tipo de delito, es que la persona este Usurpando el inmueble, término que al no contemplarse en la normativa que nos rige, es necesario apoyarnos en las fuentes del derecho, en tal efecto, el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, Tomo I, determina que USURPAR, es apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Con lo sucedido en la presente causa y de las escrituras acompañadas, se observa que el Banco de las Fuerzas Armadas, posteriormente Inversiones Corporativas y luego BANFAA, ha acreditado ser el dueño del terreno objeto de la presente controversia y que se encuentra ubicado en San Juan, Puerto Caballos, denominado Chameleconsito, Municipio de Puerto Cortes, Departamento de Cortes (folio del 19 al 27 de la primera pieza de autos), el cual está siendo habitado por el señor Horacio Aguilar Alvarado, quien aduce ser el dueño por el simple hecho de haber estado siempre en posesión del mismo de manera pacífica, no siendo ese aspecto suficiente, ya que el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83), señala que incurre en el delito de Usurpación quien usurpe un bien inmueble, entendiéndose que no lo será quien acredite mediante documento legal alguno ser el propietario, en este caso quien lo realizo como se dijo anteriormente fue el Banco de las Fuerzas Armadas a través de escritura pública, no así el señor Horacio Aguilar Alvarado que no tiene acreditada esa circunstancia, por esa razón esta Sala es del Criterio que no existe violación del debido proceso y de las demás vulneraciones referidas por el recurrente señor Horacio Aguilar Alvarado, debiéndose denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 227 del Código Penal (Decreto 144-1983); FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1111-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL