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Sentencia AP-11-23 — Registro 17746

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra auto de formal procesamiento argumentando impetrante basado en un indicio racional contaminado (allanamiento ilegal);con relación a la causa instruida contra recurrente, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADO DE HONDURAS

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(7): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de formal procesamiento contra el imputado o imputados (as); tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO (8): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República. El recurrente promueve amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, quien confirma el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo; argumentando el impetrante que se vulnera el debido proceso al dictar un auto de formal procesamiento basado en un indicio racional contaminado (allanamiento ilegal); por ello, es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales. CONSIDERANDO (9): Que según lo preceptuado en el Artículo 294 del Código Procesal Penal, en la Audiencia Inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore, dictando bien sea un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo o decretando el auto de formal procesamiento o declaratoria de reo; asimismo el último párrafo del artículo citado, establece que: En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado Arecio Alberto Gutiérrez Barahona, por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. El Tribunal de Segunda Instancia por unanimidad de votos ha ratificado el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Arecio Alberto Gutiérrez Barahona, argumentando este órgano jurisdiccional que se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que el acusado ha participado en el delito atribuido. CONSIDERANDO (10): Que como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a desestimar el recurso de Apelación interpuesto por los Abogados Blanca Argentina Gómez y Danilo Armando Pineda Maradiaga y confirma la resolución impugnada. CONSIDERANDO (11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al desestimar el Recurso de apelación interpuesto por los Abogados Blanca Argentina Gómez y Danilo Armando Pineda Maradiaga, y a su vez confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo, no ha vulnerado en perjuicio del encausado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para decretar Auto de Formal Procesamiento por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO y por ello ha confirmado el auto de formal procesamiento en contra del encausado ARECIO ALBERTO GUTIERREZ BARAHONA. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del encausado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento recurrido, no se exige un estado de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquél ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Siguatepeque, Municipio de Comayagua, a los treinta días del mes de enero del dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada BLANCA ARGENTINA GÓMEZ, a favor del señor ARECIO ALBERTO GUTIÉRREZ BARAHONA, contra la sentencia dictada por la Corte de Choluteca y Valle, en fecha treinta de septiembre del dos mil veintidós, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor ARECIO ALBERTO GUTIÉRREZ BARAHONA, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 61, 62, 64, 82, 90, 92, 94, 99, 183, 321, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, la Agente Fiscal, Abogada KENIA LAGOS MALDONADO, presentando requerimiento fiscal en contra del señor ARECIO ALBERTO GUTIÉRREZ BARAHONA, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-2 del expediente del A-quo) 2) En fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) DECRETAR EL CORRESPONDIENTE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del señor ARECIO ALBERTO GUTIERREZ BARAHONA, Nació el 10 de junio del año 1961, con 49 años de edad, soltero, ganadero y agricultor, hondureño, y con domicilio en el desvió la llave, del Municipio de Nacaome, Valle a quien se le atribuye participación en el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y así mismo se le impone las medidas impuestas en audiencia de imputado las consistentes en 1) obligar al imputado a presentarse a este Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle, los días jueves de cada semana, 2) prohibirle al imputado salir del país sin previa autorización del órgano judicial, Y en este estado se da por terminada la presente audiencia firmando para constancia las partes intervinientes ante la suscrita Juez y secretaria por ley que da fe.” (Folio 33-41 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados BLANCA ARGENTINA GÓMEZ y DANILO ARMANDO PINEDA MARADIAGA, en su condición de Defensores privados del señor Arecio Alberto Gutiérrez, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por los Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ Y DANILO ARMANDO PINEDA MARADIAGA, en su condición Defensores Privados, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de Noviembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en la causa penal incoada contra el señor ARECIO ALBERTO GUTIERREZ BARAHONA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO HONDURAS. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución impugnada. Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia con la Certificación del mismo para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE.” (Folios 11-19 del expediente del Ad-quem) 4) Que la recurrente, Abogada BLANCA ARGENTINA GÓMEZ MATAMOROS, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de enero del año dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del señor ARECIO ALBERTO GUTIÉRREZ BARAHONA, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 59,60, 61, 62, 64, 82, 90, 92, 94,99, 183, 321, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha uno de agosto del año dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada BLANCA ARGENTINA GÓMEZ MATAMOROS, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en el proceso incoado en contra del señor ARECIO ALBERTO GUTIÉRREZ BARAHONA, a quien se le presentó Requerimiento Fiscal, por suponerlo responsable de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por los Abogados Blanca Argentina Gómez y Danilo Armando Pineda Maradiaga, contra la resolución de fecha veinticuatro del noviembre del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome y confirma la resolución impugnada. CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de la acción de amparo promovida, el recurrente expone todo lo que se refiere a los antecedentes del hecho, que dio lugar a la presentación del Requerimiento Fiscal ante el órgano jurisdiccional correspondiente, así como los hechos relevantes sobre las razones en que fundamenta la interposición de la presente acción constitucional, entre las que menciona que la defensa privada en el desarrollo de la audiencia inicial presentó suficientes elementos que acreditan la violación a las normas de procedimiento, al derecho de domicilio en un flagrante allanamiento ilegal, interponiendo una nulidad de actuaciones por no estar el procedimiento conforme a ley, lo que el policía pretende con su declaración es enmendar el error de haber realizado un allanamiento ilegal, pues ingreso a la vivienda sin ninguna autorización judicial, sumado a ello el Ministerio Publico no presentó convalidación judicial, argumentando el policía que la detención se deriva de una denuncia de violencia doméstica o intrafamiliar, que hubieron hasta disparos, pero dicho delito no aparece en el requerimiento fiscal; argumenta el impetrante que hubo un testigo de mucha credibilidad que rindió su declaración y la cual la Corte de Apelaciones en su resolución consideró no darle valor probatorio, por ello los actos cometidos en perjuicio de su representado por funcionarios públicos, no deben permitirse, pues los mismos se tipifican como delitos y violan lo establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República (la inviolabilidad del domicilio) dictar un auto de formal procesamiento estableciendo un indicio racional contaminado, violenta el debido proceso con un allanamiento ilegal, también violenta el principio de excepcionalidad de la nulidad, por lo tanto en base a los artículos 165, 166 numerales 3, 5, 7 del Código Procesal Penal, dichos actos son nulos, por lo cual no se pude confirmar la resolución del juez A-quo, con pleno conocimiento que dicha resolución es improcedente, pues al no cumplirse lo que la ley establece, no se dan los presupuestos legitimadores ni el mínimo indicio racional en contra de su representado. CONSIDERANDO (4): Que en relación a los derechos constitucionales que se consideran violados, el recurrente sostiene que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y valle en fecha 30 de septiembre del 2022, que declara sin lugar el recurso de apelación, violenta los derechos y garantías constitucionales contenidas en los artículos 59, 60, 61, 62, 64, 82, 90, 92, 94, 99, 183, como consecuencia de transgresión de los artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 todos de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio de las procesadas el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y el precepto 92 de la misma norma constitucional; así tenemos que en su orden establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y, “Sólo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En el segundo de los casos la disposición constitucional antes relacionada, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (6): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el debido proceso, es menester relacionar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; asimismo los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto de proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio aunque no se encuentre expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean objetivamente confiables. En ese orden de ideas el artículo 202 del Código Procesal Penal, determina: “Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.”, de la lectura de la citada norma procesal penal se desprende que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (7): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de formal procesamiento contra el imputado o imputados (as); tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO (8): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República. El recurrente promueve amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, quien confirma el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo; argumentando el impetrante que se vulnera el debido proceso al dictar un auto de formal procesamiento basado en un indicio racional contaminado (allanamiento ilegal); por ello, es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales. CONSIDERANDO (9): Que según lo preceptuado en el Artículo 294 del Código Procesal Penal, en la Audiencia Inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore, dictando bien sea un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo o decretando el auto de formal procesamiento o declaratoria de reo; asimismo el último párrafo del artículo citado, establece que: En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado Arecio Alberto Gutiérrez Barahona, por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. El Tribunal de Segunda Instancia por unanimidad de votos ha ratificado el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Arecio Alberto Gutiérrez Barahona, argumentando este órgano jurisdiccional que se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que el acusado ha participado en el delito atribuido. CONSIDERANDO (10): Que como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a desestimar el recurso de Apelación interpuesto por los Abogados Blanca Argentina Gómez y Danilo Armando Pineda Maradiaga y confirma la resolución impugnada. CONSIDERANDO (11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al desestimar el Recurso de apelación interpuesto por los Abogados Blanca Argentina Gómez y Danilo Armando Pineda Maradiaga, y a su vez confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo, no ha vulnerado en perjuicio del encausado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para decretar Auto de Formal Procesamiento por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO y por ello ha confirmado el auto de formal procesamiento en contra del encausado ARECIO ALBERTO GUTIERREZ BARAHONA. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del encausado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento recurrido, no se exige un estado de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquél ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS, a favor del señor ARECIO ALBERTO GUTIERREZ BARAHONA, contra la resolución de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0011-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL