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Sentencia AP-1081-22 — Registro 18047

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación y Revocó Resolución dictada por Tribunal de Sentencia que declaró con lugar Excepción de Falta de Acción cuando no pueda proseguirse; Decretando Sobreseimiento Provisional a favor de recurrente y Mandó a archivar la causa contra él por suponerlo responsable del delito de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida revocó el sobreseimiento provisional y ordenó continuar juicio oral y público hasta emitir fallo; el Tribunal de instancia debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, y valorada la prueba proceder a dictar sentencia y determinar si la conducta es subsumible dentro del delito imputado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

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…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

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Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

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…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

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…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO..."

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Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARCELINO VARGAS, a favor del señor LUIS ALBERTO CALDERON CUBILLO, contra la Resolución de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencias de Francisco Morazán, en la causa instruida contra el señor LUIS ALBERTO CALDERON CUBILLO, por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en el artículo 183 de de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “… PRIMERO: Declara Con Lugar la excepción de falta de acción cuando no pueda proseguirse planteada por el Abogado de la defensa del señor LUIS ALBERTO CALDERON CUBILLO.- SEGUNDO: Se decreta Sobreseimiento Provisional a favor de LUIS ALBERTO CALDERO CUBILLO, debiendo extenderse la cara de libertad provisional a su favor y como consecuencia de ello, el cese de las medidas cautelares sustitutivas impuestas.- TERCERO: Ordena que una vez firme esta Sentencia Interlocutoria mándese a archivar las presentes actuaciones.” (Folios 436 al 440 de la pieza de antecedentes).2) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada NEYDE CASTILLO, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1.- Declarar HA LUGAR el recurso interpuesto por el Ministerio Publico, Abogada Neyde Castillo y Acusador Privado, Abogado Marco Antonio Zelaya Reyes. 2.- REVOCAR la resolución emitida y se continúe con el Juicio Oral y Público hasta emitir el fallo correspondiente…” (Folios 481–486 de la pieza de antecedentes). 3)Que el Abogado JOSE MARCELINO VARGAS, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintidos (2022), interponiendo acción de amparo a favor del señor LUIS ALBERTO CALDERON CUBILLO, contra la Resolución de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en el artículo 183 de de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023) y omitiendo dar vista de las diligencias al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. I. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. 1. Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de Amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley. II. OBJETO DEL RECURSO. 1. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de Amparo lo constituye la resolución emitida en fecha diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y el acusador privado, resolución que es denunciada ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso. 2. La sentencia impugnada decidió un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Púbico y el acusador privado, contra una resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). III. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA. 1. Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada estimó declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y el acusador privado, contra la resolución emitida en fecha diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en la que dicho tribunal declara ha lugar revocando la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia, y ordenando se continúe con el juicio oral y público, hasta emitir el fallo correspondiente, alegando el recurrente (la defensa) que dicha resolución es violatoria de la garantía del debido proceso. IV. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE. 1. Para la defensa, la resolución del 10 de noviembre de 2021, en la que el tribunal de segunda instancia declara ha lugar revocando la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia y ordenando se continúe con el juicio oral y público, hasta emitir el fallo correspondiente, es violatoria de la garantía del debido proceso; ya que en el presente caso los mismos hechos se están discutiendo en una causa civil, que es la jurisdicción competente para determinar si se está o no ante una falsedad documental, y en consecuencia quien puede declarar, si fuese el caso, la nulidad del instrumento o documento cuestionado, ya que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo, por lo que la prueba en sí de la violación denunciada la constituye la propia resolución denunciada. V. RAZONAMIENTO DE LA SALA. 1. Esta Sala ha establecido que el recurso de Amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. 2. En el presente caso, el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021; ya que ordenó revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor del acusado Luis Alberto Calderón Cubillo, por un delito de falsificación de documentos públicos, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al declarar con lugar la excepción de falta de acción, previo a dictar la sentencia definitiva, y una vez que ya se había evacuado la prueba en el juicio oral y público; dichos elementos probatorios consistieron en pruebas documentales tales como el instrumento público número 114 autorizado por el Notario Ángel Gustavo Ávila Macías; constancia de asientos de inscripción; certificaciones de autenticidad, acta de decomiso actas de entregas de documentos, declaraciones testificales, y demás prueba considerada como objetivamente confiable, admitida y evacuada en el debate. 3. El Ministerio Público y la parte acusadora aseguran que con la prueba evacuada, se probará que el acusado participó en la alteración de un instrumento público, al entrelinear la comparecencia de una persona que no había comparecido ante el Notario, con el propósito de lograr una rectificación de medida de un inmueble a favor del acusado; pero al momento del fallo, el tribunal de primera instancia declaró con lugar la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no puede proseguirse, es por ello que el tribunal de alzada, conociendo en apelación, ordena revocar el sobreseimiento provisional por la falta de acción declarada y que se prosiga con la tramitación normal del juicio; argumentando la defensa que la falsedad de un documento público solo la puede declarar la jurisdicción civil en un juicio declarativo. 4. Para esta Sala, razona correctamente el tribunal de alzada, al revocar el sobreseimiento, ya que el A-quo debió conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, mediante los criterios de valoración de la sana crítica, tales como la lógica, la psicología y la experiencia, y una vez valorada la prueba, proceder a dictar el fallo que conforme a derecho corresponda, y así determinar si de la prueba evacuada, se desprende o no alguna conducta que sea subsumible dentro del delito que le fue imputado al acusado, y no esperar que sea la jurisdicción civil la que determine si el documento público cuestionado es falso o no; por lo que el tribunal penal de primera instancia como ya se dijo, aplicando los criterios de la sana crítica en la valoración de la prueba, debió dictar la sentencia que corresponda. Razón por la cual la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar la resolución apelada, y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARCELINO VARGAS, a favor del señor LUIS ALBERTO CALDERON CUBILLO, contra la resolución de fecha 10 de noviembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha seis de mayo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1081-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL