Sentencia AP-1048-23 — Registro 17736
Resumen
En consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia por el delito de Usurpación. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en artículo 82 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (4): Que el Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la sentencia consultada, no resulta vulneratoria a las garantías invocadas por la recurrente, por el contrario, la respuesta jurisprudencial brindada y que otorga el recurso de amparo interpuesto, es garante del derecho a la defensa y del debido proceso en materia probatoria, ya que con ello se pretende encontrar la verdad en el presente caso, aplicando el contenido del artículo 199 del Código Procesal Penal, el cual manda a admitir los medios de prueba pertinentes, útiles y proporcionados. En el caso de autos, el objeto de la querella que se evacúa es definir si se dan los presupuestos exigidos por el tipo penal de usurpación, y el medio de prueba inadmitido, (prueba pericial de remedidas para determinar las colindancias del terreno en cuestión), es fundamental para obtener los elementos necesarios y decidir al respecto, por lo que la decisión de la Corte de Apelaciones al determinar que la inadmisión del medio de prueba mencionado vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, es en observancia a las máximas dispuestas en el Código Procesal Penal en su artículo 199, al tratarse de un medio de prueba, pertinente, útil y proporcionado, siendo procedente confirmar la sentencia venida en consulta.”
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (4): Que el Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la sentencia consultada, no resulta vulneratoria a las garantías invocadas por la recurrente, por el contrario, la respuesta jurisprudencial brindada y que otorga el recurso de amparo interpuesto, es garante del derecho a la defensa y del debido proceso en materia probatoria, ya que con ello se pretende encontrar la verdad en el presente caso, aplicando el contenido del artículo 199 del Código Procesal Penal, el cual manda a admitir los medios de prueba pertinentes, útiles y proporcionados. En el caso de autos, el objeto de la querella que se evacúa es definir si se dan los presupuestos exigidos por el tipo penal de usurpación, y el medio de prueba inadmitido, (prueba pericial de remedidas para determinar las colindancias del terreno en cuestión), es fundamental para obtener los elementos necesarios y decidir al respecto, por lo que la decisión de la Corte de Apelaciones al determinar que la inadmisión del medio de prueba mencionado vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, es en observancia a las máximas dispuestas en el Código Procesal Penal en su artículo 199, al tratarse de un medio de prueba, pertinente, útil y proporcionado, siendo procedente confirmar la sentencia venida en consulta.”
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. – Siguatepeque, Departamento de Comayagua, treinta de enero de dos mil veinticuatro. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Leonardo Rodas Contreras, a favor de los señores Santos Eduardo Altamirano Gómez, Heidy Sorayda Cáceres Guillen, José Jovanny Altamirano Gómez, Santos Eduardo Altamirano Gómez y Teresa Gómez Tercero, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores Santos Eduardo Altamirano Gómez, Heidy Sorayda Cáceres Guillen, José Jovanny Altamirano Gómez y Teresa Gómez Tercero, por suponerlos responsables del delito de Usurpación, en perjuicio del señor Santos Olman Martínez Castillo. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, compareció ante el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada Xiomara Waleska Barahona Zuniga, presentando querella por el delito de Usurpación, en contra de los señores Santos Eduardo Altamirano Gómez, Heidy Sorayda Cáceres Guillen, José Jovanny Altamirano Gómez, Nerys Eduardo Altamirano Gómez, Francisca Gómez y Teresa Gómez Tercero, en perjuicio del señor Santos Olman Martínez Castillo. (Folios 1-4 del expediente del A-quo) 2) El Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…Admitir a la parte Querellante la PRUEBA DOCUMENTAL consistente en: 1) Copia del testimonio de la escritura pública N° 27 de compra venta otorgada por el señor Abel Moreno Aguilera a favor de su representado Santos Olman Martínez Castillo, el cual corre de folio 36 al 38 del expediente de mérito. 2-) Copia de autenticadas por la secretaria del Juzgado de Letras de las Sección Judicial de Choluteca conteniendo los autos e informes de los 2 desalojos practicados en contra del señor Santos Eduardo Altamirano Gómez. Folio 17 al 35 del expediente de mérito. 4- ) inspección al lugar del bien e inmueble ubicado el sitio en Baldaquín, jurisdicción de El corpus, usurpado por los querellados y donde se pueda constatar que efectivamente todos los querellados en mención, tienen su domicilio y habitan en el inmueble y que es propiedad de su defendido. -INADMITIENDO EL MEDIO DE PRUEBA 3-) Denuncia número 2021-2017, presentada ante el departamento de denuncias de la UDEP N° 6 de Choluteca, sin embargo, el original se encuentra en las oficinas de la DPI. Folio 39 del expediente de mérito, todo en virtud como expreso la parte querellada de que se está ante una querella, por lo tanto es de orden privado y esta denuncia no abona en nada, ya que si fuera de orden público, se comenzaría por la denuncia en si.- EN CUANTO A LA PARTE QUERELLADA SE LE ADMITIÓ DE MANERA EN COMÚN CON LA PARTE QUERELLANTE 1- ) La copia del testimonio de la escritura pública N° 27 de compra venta otorgada por el señor Abel Moreno Aguilera a favor de su representado Santos Olman Martínez Castillo, el cual corre de folio 36 al 38 del expediente de mérito. Ahora bien, en cuanto al segundo medio de prueba consistente en 2-) Dictamen pericial, el cual consistente en designar un perito debidamente calificado de cualquier institución pública de Choluteca, con el objeto de acudir al lote de terreno y determine límites y colindancias y la extensión superficial del área de las 9 manzanas, la Juez unipersonal consideró que eso debió de haber sido promovido por la vía civil, porque se está ante un delito de usurpación, hay una escritura pública que fue presentado como medio de prueba, ahí están las colindancias y en la vía penal no les interesa más allá de lo que es el delito de usurpación, por lo tanto, INADMITIÓ ESTE MEDIO PROBATORIO.” (Folios 138-141 del expediente del A-quo) 3) En fecha siete de junio de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el Abogado Leonardo Rodas Contreras, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Santos Eduardo Altamirano Gómez, Heidy Sorayda Cáceres Guillen, José Jovanny Altamirano Gómez, Santos Eduardo Altamirano Gómez y Teresa Gómez Tercero, contra la resolución referida en el numeral que antecede, estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-7 del antecedente) 4) La referida Corte, en fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: OTORGAR el RECURSO O ACCIÓN DE AMPARO, presentada por el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS, actuando en su condición de representante Procesal de los señores SANTOS EDUARDO ALTAMIRANO GOMEZ, HEYDI SORAYDA CACERES GUILLEN, JOSE JOVANNY ALTAMIRANO GOMEZ, SANTOS EDUARDO ALTAMIRANO GOMEZ, y TERESA GOMEZ TERCERO contra actuaciones dictadas por el Juez del Tribunal de Sentencia de Choluteca en la RESOLUCIÓN de fecha ONCE (11) de MAYO DE DOS MIL VEINTITRES (2023), en donde inadmite el MEDIO DE PRUEBA PERICIAL PROPUESTO POR EL QUERELLADO AMPARISTA -SEGUNDO: SE ORDENA al tribunal de Sentencia de Choluteca, que proceda admitir a la parte querellada, el medio de prueba dictamen pericial consistente en designar un perito debidamente calificado con el objeto de acudir al lote de terreno para que determine límites, colindancias y extensión superficial del área de las 9 manzanas, sobre las cuales está debidamente inscrita y registrada la escritura del querellante. Y MANDA: Que una vez notificadas a las partes de la presente sentencia se remita la misma con sus antecedentes en calidad de CONSULTA a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE. -…” (Folios 56-64 del antecedente) 5) Que en fecha once de agosto de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el caso que se conoce en consulta es la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Leonardo Rodas Contreras, a favor de los señores Santos Eduardo Altamirano Gómez, Heidy Sorayda Cáceres Guillen, José Jovanny Altamirano Gómez, Santos Eduardo Altamirano Gómez y Teresa Gómez Tercero, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores Santos Eduardo Altamirano Gómez, Heidy Sorayda Cáceres Guillen, José Jovanny Altamirano Gómez y Teresa Gómez Tercero, por suponerlos responsables del delito de Usurpación, en perjuicio del señor Santos Olman Martínez Castillo. CONSIDERANDO (3): Que entre los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo, se encuentra en los considerandos 9 y 10 de la sentencia venida en consulta, los que literalmente dicen: (SIC)“…CONSIDERANDO (9) : Que el conflicto jurídico ha venido vía recurso de amparo, en virtud que el amparista expresa que la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia en fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, le causa agravios porque inadmite un medio de prueba consistente en un dictamen pericial con el cual pretende probar que sus representados no se encuentran dentro del área de propiedad del querellante, el señor SANTOS OLMAN MARTINEZ CASTILLO, considerando el amparista que se le violenta el derecho de defensa, igualdad de parte, contradicción y debido proceso al no admitirse el dictamen pericial a través de un perito con capacidad técnica en topográfica para emitir dictamen sobre límites, colindancias, extensión superficial, que constan en la escritura pública, y que el querellante presentó como medio de prueba. CONSIDERANDO (10): Que esta Corte de Apelaciones estima que la resolución de fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, violenta al querellando amparista el derecho de defensa y debido proceso, en virtud, que el medio de prueba que le fue inadmitido es útil y pertinente para sostener la tesis de defensa del querellado, de conformidad a lo señalado en el artículo 199 del Código Procesal Penal el cual señala que : “Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Tomando en cuenta que el derecho de defensa es una garantía constitucional, que permiten a una persona defenderse en un tribunal de justicia de los cargos que se le imputan con plena garantía de igualdad de armas, y que se violenta ese derecho cuando en un juicio, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios para defender sus derechos, es por lo anterior que esta Corte de Apelaciones ha estimado que inadmitir el medio de prueba pericial, tal y como lo plantea el amparista, cuando resulta pertinente y útil para la averiguación de los hechos, violenta el derecho de defensa y debido proceso.” CONSIDERANDO (4): Que el Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la sentencia consultada, no resulta vulneratoria a las garantías invocadas por la recurrente, por el contrario, la respuesta jurisprudencial brindada y que otorga el recurso de amparo interpuesto, es garante del derecho a la defensa y del debido proceso en materia probatoria, ya que con ello se pretende encontrar la verdad en el presente caso, aplicando el contenido del artículo 199 del Código Procesal Penal, el cual manda a admitir los medios de prueba pertinentes, útiles y proporcionados. En el caso de autos, el objeto de la querella que se evacúa es definir si se dan los presupuestos exigidos por el tipo penal de usurpación, y el medio de prueba inadmitido, (prueba pericial de remedidas para determinar las colindancias del terreno en cuestión), es fundamental para obtener los elementos necesarios y decidir al respecto, por lo que la decisión de la Corte de Apelaciones al determinar que la inadmisión del medio de prueba mencionado vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, es en observancia a las máximas dispuestas en el Código Procesal Penal en su artículo 199, al tratarse de un medio de prueba, pertinente, útil y proporcionado, siendo procedente confirmar la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 199 del Código Procesal Penal.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Leonardo Rodas Contreras, a favor de los señores Santos Eduardo Altamirano Gómez, Heidy Sorayda Cáceres Guillen, José Jovanny Altamirano Gómez, Santos Eduardo Altamirano Gómez y Teresa Gómez Tercero, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra los señores Santos Eduardo Altamirano Gómez, Heidy Sorayda Cáceres Guillen, José Jovanny Altamirano Gómez y Teresa Gómez Tercero, por suponerlos responsables del delito de Usurpación, en perjuicio del señor Santos Olman Martínez Castillo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. REDACTO Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- NOTIFIQUESE. Sello y Firmas. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL. »Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1048-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.