Sentencia AP-101-24 — Registro 18924
Resumen
La Corte de Apelaciones otorgó acción de amparo a favor de recurrente por considerar que el auto de instancia que declaró sin lugar la petición de desalojo preventivo interpuesto por recurrente; Dicha Corte considera que la resolución presenta falta de congruencia por omisión en su motivación al no pronunciarse sobre la pretensión planteada; por lo que se considera vulnerado el debido proceso y la tutela judicial efectiva; por lo que se ordenó restablecer los derechos vulnerados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"en el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada concluye en su sentencia que el A-quo ha vulnerado la Garantía del Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva, la cual fue causada por una falta de motivación, conclusión a la que esta Sala se adhiere al constatar que el acto que se recurre, carece de la motivación que obligatoriamente debe hacer el Juez expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas..."..."esta Sala concuerda con el pronunciamiento y análisis realizado por el Tribunal de Alzada que estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Civil, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre del dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Mauricio Javier López Oseguera, a favor del señor Mauro Gerardo Fajardo Cañas, contra la resolución de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, que declara Sin Lugar la solicitud de Desalojo, relacionada a la causa instruida contra los señores Manuel de Jesús Guevara Aguilar y Otros, por suponerlos responsables a título de autores del delito de Usurpación en perjuicio del señor Mauro Gerardo Fajardo Cañas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 106 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado Mauricio Javier López Oseguera, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Mauro Gerardo Fajardo Cañas, contra la resolución de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra los señores Manuel de Jesús Guevara Aguilar y Otros, por suponerlos responsables a título de autores del delito de Usurpación en perjuicio del señor Mauro Gerardo Fajardo Cañas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 106 párrafo primero de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del antecedente)2)Siguiendo con el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado MAURICIO JAVIER LÓPEZ OSEGUERA, a favor del señor MAURO GERARDO FAJARDO CAÑAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, Atlántida en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintitrés (2023).-SEGUNDO: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el referido Órgano Jurisdiccional, respecto a la inobservancia del debido proceso…” (Folios 79-81 vuelto del antecedente)3)Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENDOS JURIDICOS CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.CONSIDERANDO (3): Sobre el Acto objeto del Recurso de Amparo. La Resolución recurrida en amparo, fue dictada en el auto donde se declara sin lugar a solicitud de desalojo preventivo, donde se invocaron los decretos 93-2021 y Acuerdo No. CNDS002-2023 y que fue declarada sin lugar sin sustento legal, practicando la inobservancia de ley. CONSIDERANDO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar los derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la Garantía de Amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar los derechos fundamentales, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Penal de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), en relación a la causa instruida en contra del señor MANUEL DE JESUS GUEVARA AGUILAR Y OTROS por suponerlos responsables a título de AUTORES del delito de Usurpación. mediante la cual FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado MAURICIO JAVIER LOPEZ OSEGUERA a favor del señor MAURO GERARDO FAJARDO CAÑAS. SEGUNDO: Reestablecer los derechos fundamentales vulnerados por el referido Órgano Jurisdiccional, respecto a la inobservancia del debido proceso. CONSIDERANDO (6): Resumen de los Alegatos presentados por el recurrente. “Por inobservancia de Ley del Decreto 93-2021 y acuerdo CNDS-002-2023, se lesiona el derecho constitucional del artículo 106 párrafo primero: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés publico calificado por la Ley o por resolución fundada en la Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada” precepto que regula el derecho a la propiedad privada, el Señor Juez de letras seccional, por la INOBSEERVANCIA DE LEY en el decreto 93-2021 y Acuerdo CNDS 002-2022, esta violentando un derecho constitucional a la propiedad privada. Esta parte recurrente, precisa mencionar que el señor juez esta en pleno conocimiento que a propiedad de mi representado el señor MAURO GERARD FAJARDO CAÑAS, se encuentra usurpado por un grupo de campesinos desde el día 30 de abril del año 2022… 2) La petición de desalojo preventivo, fue solicitado en distintas ocasiones y no solamente en mi condición e acusador privado, sino también por medio del Ministerio Publico por su agente fiscal la Abogada Genesis Padilla, quien en su Audiencia inicial, donde se decretó un sobreseimiento provisional en contra de los encausados, el gobierno de turno, dirigido por la Presidente Xiomara Castro Sarmiento, para efectos de aliviar la problemática del sector agrario, impulso mediante acuerdo No. CNDS-002-2023 instrucciones precisas, para de manera organizada ir cumpliendo con los desalojos provocados por el campesinado no organizado, mismo acuerdo que en diferentes juzgados o tribunales ya fueron aplicados, pero en el caso que nos ocupa, por un motivo infundado el Juez de letras, aplicando la inobservancia de ley que se le invoco se ha limitado únicamente a declarar las solicitudes sin lugar”.CONSIDERANDO (7): Resumen de la Opinión del Ministerio Publico. “SEGUNDO: El Ministerio Púbico es del criterio que SI se ha violentado derechos y demás garantías en virtud que debe prevalecer el derecho a la propiedad que al parecer el juzgador ha olvidado, ya que al momento de acreditar el ofendido la legitima propiedad del bien mueble invadido, el juzgado debe ordenar ipso facto el desalojo de las personas que de manera irregular se encuentran invadiendo una propiedad de ajena pertenencia, con ello violentan garantías Constitucionales como ser el derecho a la Propiedad, Defensa y Debido Proceso”.CONSIDERANDO (8): Que el análisis jurídico que desarrolla el Tribunal de Alzada en la motivación de su resolución, contiene lo siguiente: “…posteriormente se ha interpuesto la acción de Amparo, ante esta Corte de Apelaciones; Alega el impetrante que por un motivo infundado el juez de letras aplicando inobservancia a la ley que se le invoco se ha limitado únicamente sin motivación a declarar las solicitudes sin lugar; de acuerdo a lo anterior conforme lo dispuesto por el artículo 141 de Código Procesal Penal bajo el epígrafe “Motivación de las resoluciones judiciales” se demanda en su párrafo segundo que:” Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas contendrán bajo pena de nulidad una clara y precisa motivación”, por cuanto entonces se evidencia en la resolución dictada por el Juez de Letras la falta de congruencia por omisión en su motivación al no pronunciarse sobre la pretensión planteada, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidad la garantía del debido proceso; la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así la congruencia supone abstenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el Juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido, por cuanto entonces sobre las peticiones planteadas se debe recibir una resolución motivada y fundada en derecho independientemente si es favorable o adversa. SEXTO: Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Corte ha encontrado razones de mérito para decidir el otorgamiento de la garantía de amparo, al advertirse vulneración de la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual fue causada por una falta de motivación, situación que debe ser corregida por el A-quo, la que en restitución del derecho vulnerado, deberá proceder a dictar una nueva resolución mediante la que se subsane el error de motivación que ha sido advertido por esta Corte.” ANALÍSIS JURÍDICO CONSIDERADO (9): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que; “La sentencia de amparo dictada por los jueces de letras Departamentales o Seccionales irá en trámite de consulta obligatoria ante la Corte de Apelaciones que corresponda. Sobre la sentencia que se pronuncie en este procedimiento, a solicitud de parte la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en virtud del artículo 10 de la presente Ley, irá en trámite de consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional. En los supuestos de los párrafos primero y segundo de este artículo las sentencias que se emitan en su orden la Corte de Apelaciones o la Sala de lo Constitucional, no serán objeto de recurso alguno. ”CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (12): Que, esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.CONSIDERANDO (13): Que en el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada concluye en su sentencia que el A-quo ha vulnerado la Garantía del Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva, la cual fue causada por una falta de motivación, conclusión a la que esta Sala se adhiere al constatar que el acto que se recurre, carece de la motivación que obligatoriamente debe hacer el Juez expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas. CONSIDERANDO (14): Que, podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley, en el caso del Poder Judicial, como encargado de cumplir y de hacer cumplir tanto el ordenamiento supremo del Estado como las leyes que lo conforman, la aplicación del principio de legalidad debe ser absoluta e irrestricta, vinculándose tanto con las normas sustantivas como con las adjetivas. La vigencia del principio de legalidad en la esfera de atribuciones y deberes de nuestros jueces conlleva a que todas sus actuaciones deben estar sustentadas y previstas en ley, debiendo existir además conformidad del resultado de esas actuaciones con la ley y con el ordenamiento supremo, garantizando con esto, que la ciudadanía obtenga una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, características de las cuales carece la resolución recurrida en Amparo.CONSIDERANDO (15): En consecuencia, esta Sala concuerda con el pronunciamiento y análisis realizado por el Tribunal de Alzada que estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente. POR TANTO. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la Republica e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero 303,304,313 No.5, 316 No 1,321,323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 1 Y 78 No.5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 17 del Código Civil; 45 y demás aplicables del Código Procesal Penal; 1, 2,3, numeral 1, 2), 7,8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45,48,63 último párrafo y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida en fecha siete de diciembre del dos mil veintitrés que OTORGA el RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado MAURICIO JAVIER LÓPEZ OSEGUERA, a favor del señor MAURO GERARDO FAJARDO CAÑAS, contra la resolución de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, que declara sin lugar la petición de desalojo interpuesta por el recurrente con relación a la causa instruida contra los señores MANUEL DE JESÚS GUEVARA AGUILAR Y OTROS, por suponerlos responsables a título de autores del delito de USURPACIÓN en perjuicio del señor MAURO GERARDO FAJARDO CAÑAS. Por lo que el referido Juzgado de Letras, en tutela del Debido Proceso y el principio de legalidad, deberá dictar nueva resolución, emitiendo pronunciamiento conforme a Ley, respetando las formalidades, derechos y garantías que de conformidad correspondan. Y MANDA que con certificación de esta sentencia y devuelven los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Isbela Bustillo Hernández. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0101-2024
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL