Sentencia AP-1001-23 — Registro 19183
Resumen
Confirmatoria de sobreseimiento de acción de amparo en relación a resolución que declarara inadmisibles nuevos medios de prueba propuestos en la etapa intermedia, con relación a la causa instruida contra impetrantes por suponerlos responsables de los delitos de Usurpación de un Derecho Real en Concurso Ideal con el delito de Desobediencia, en perjuicio del Medio Ambiente del Río Tatumbla y la Administración Pública del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
3): Que, de la lectura detenida de la sentencia de amparo, se colige la razonabilidad de lo juzgado por el Tribunal garante, al reconocer que la atribución para declarar inadmisibles nuevos medios de prueba propuestos en la etapa intermedia, concerniría a la propia instancia donde se ventila la causa, como un asunto de mera legalidad, apto para conocerse y resolverse en la propia instancia ordinaria; adquiriendo la suficiente relevancia constitucional, sólo cuando se produjere real y efectiva indefensión. Procedería, en tal sentido, confirmar el sobreseimiento de la garantía de amparo incoada, al tenor del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en vistas a la impartición de justicia penal pronta y cumplida; finalidad del proceso establecida en los artículos 303 y 304 la Constitución de la República, con relación a lo prescrito en el artículo 8 del Código Procesal Penal vigente, que se ve cumplida razonable y suficientemente en el presente caso.CONSIDERANDO (5): Que la resolución venida en consulta atiende debidamente la exigencia de procurar la integridad de los principios procesales constitucionales; verificándose que los criterios sostenidos discrepantes, sostenidos en garantía constitucional de amparo, no trascienden al núcleo esencial del derecho de defensa y del debido proceso; por lo cual procede el dictado de su confirmatoria.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 .1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
3): Que, de la lectura detenida de la sentencia de amparo, se colige la razonabilidad de lo juzgado por el Tribunal garante, al reconocer que la atribución para declarar inadmisibles nuevos medios de prueba propuestos en la etapa intermedia, concerniría a la propia instancia donde se ventila la causa, como un asunto de mera legalidad, apto para conocerse y resolverse en la propia instancia ordinaria; adquiriendo la suficiente relevancia constitucional, sólo cuando se produjere real y efectiva indefensión. Procedería, en tal sentido, confirmar el sobreseimiento de la garantía de amparo incoada, al tenor del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en vistas a la impartición de justicia penal pronta y cumplida; finalidad del proceso establecida en los artículos 303 y 304 la Constitución de la República, con relación a lo prescrito en el artículo 8 del Código Procesal Penal vigente, que se ve cumplida razonable y suficientemente en el presente caso.CONSIDERANDO (5): Que la resolución venida en consulta atiende debidamente la exigencia de procurar la integridad de los principios procesales constitucionales; verificándose que los criterios sostenidos discrepantes, sostenidos en garantía constitucional de amparo, no trascienden al núcleo esencial del derecho de defensa y del debido proceso; por lo cual procede el dictado de su confirmatoria.
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró inadmisible el recurso de amparo promovido por el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, a favor de los señores Héctor Josué Sánchez García y Marco Antonio Ortiz Reyes, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de enero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Héctor Josué Sánchez García y Marco Antonio Ortiz Reyes, por suponerlos responsables de los delitos de Usurpación de un Derecho Real en Concurso Ideal con el delito de Desobediencia, en perjuicio del Medio Ambiente el Río Tatumbla y la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en su perjuicio, el derecho consagrado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Mercedes Ruiz Flores, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Héctor Josué Sánchez García y Marcio Antonio Ortíz Reyes, por suponerlos responsables de los delitos de Usurpación de un Derecho Real y Desobediencia en Concurso Ideal, en perjuicio del Medio Ambiente, el Río Tatumbla y la Administración Pública del Estado de Honduras, respectivamente. (Folios 2-6 vuelto del expediente del A-quo)2) En fecha siete de enero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1).- DECRETAR EL AUTO DE APERTURA A JUICIO, en la causa que se instruye contra HECTOR JOSUE SANCHEZ GARCIA Y MARCIO ANTONIO ORTIZ REYEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACION DE UN DERECHO REAL EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE DESOBEDIENCIA, en perjuicio de MEDIO AMBIENTE DEL RIO TATUMBLA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- II).- Emplazar a las partes para que en el término de cinco días comunes, contados a Partir de la última notificación, se personen al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, donde deberán señalar la dirección exacta en que se les puede hacer las notificaciones. III).- Que una vez notificado el presente auto, se ordena que el Secretario del Despacho, remita al Tribunal de Sentencia las presentes actuaciones en un término de cuarenta y ocho horas, poniendo a su disposición a los imputados HECTOR JOSUE SANCHEZ GARCIA Y MARCIO ANTONIO ORTIZ REYEZ, quienes se encuentran sometidos a la imposición de las medidas cautelares consignadas en el artículo 173 numerales 5, 6 y 7 del Código Procesal Penal.-NOTIFIQUESE A LAS PARTES EL PRESENTE AUTO, Redactó ABOG. GLADIS ALEJANDRA OCHOA SIERRA Juez…” (Folios 287-290 del expediente del A-quo)3) En fecha diez de mayo de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, interpuso recurso de amparo a favor de los señores Héctor Josué Sánchez García y Marcio Antonio Ortíz Reyes, contra la resolución referida en el numeral que antecede, estimando que, con la misma, se le vulnera el derecho consagrado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-6 del expediente del Ad-Quem)4) En fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Corte de Apelaciones de lo del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…Rechazar de plano la acción que nos ocupa y en consecuencia DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO o ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el abogado Juan Carlos Berganza Godoy a favor de los señores Héctor Josué Sánchez García y Marco Antonio Ortiz Reyes y que fuere interpuesta contra la resolución emitida en fecha 7 de enero del año 2022 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán…”; lo cual tuvo fundamentación y motivación jurídica en la inadmisibilidad, por falta de relevancia constitucional, del alegato formulado de amparo en el sentido que la jurisdicción ordinaria no valoró los elementos de prueba incorporados al proceso y los incorporados en la etapa intermedia, de acuerdo al artículo 4 del Código Procesal Penal; en lo cual juzga el garantista, una lesión al principio de legalidad penal, en vista a haberse quebrantado la prohibición de uso de la analogía. (Folios 7-8 vuelto del expediente del Ad-Quem)5) Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta, es la dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, a los diecinueve días de mayo del año dos mil veintitrés, misma que declaró inadmisible el recurso de amparo promovido por el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, a favor de los señores Héctor Josué Sánchez García y Marco Antonio Ortiz Reyes, fundamentándose en las consideraciones referidas en el Antecedente numeral 4) de la presente sentencia.CONSIDERANDO (3): Que, de la lectura detenida de la sentencia de amparo, se colige la razonabilidad de lo juzgado por el Tribunal garante, al reconocer que la atribución para declarar inadmisibles nuevos medios de prueba propuestos en la etapa intermedia, concerniría a la propia instancia donde se ventila la causa, como un asunto de mera legalidad, apto para conocerse y resolverse en la propia instancia ordinaria; adquiriendo la suficiente relevancia constitucional, sólo cuando se produjere real y efectiva indefensión. Procedería, en tal sentido, confirmar el sobreseimiento de la garantía de amparo incoada, al tenor del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en vistas a la impartición de justicia penal pronta y cumplida; finalidad del proceso establecida en los artículos 303 y 304 la Constitución de la República, con relación a lo prescrito en el artículo 8 del Código Procesal Penal vigente, que se ve cumplida razonable y suficientemente en el presente caso.CONSIDERANDO (5): Que la resolución venida en consulta atiende debidamente la exigencia de procurar la integridad de los principios procesales constitucionales; verificándose que los criterios sostenidos discrepantes, sostenidos en garantía constitucional de amparo, no trascienden al núcleo esencial del derecho de defensa y del debido proceso; por lo cual procede el dictado de su confirmatoria.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No.1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 51, 63, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, a los diecinueve días de mayo del año dos mil veintitrés que declaró inadmisible el recurso de amparo promovido por el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, a favor de los señores Héctor Josué Sánchez García y Marco Antonio Ortiz Reyes. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1001-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL