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Sentencia AP-095-22 — Registro 18868

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró con lugar el recurso de apelación por el delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (18): Que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que las prueba serán valoradas con arreglo la sana critica; el órgano jurisdiccional tomará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, en el caso de marras la Alzada ha revocado la resolución apelada a favor del ente acusador por el presunto delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras causa que se sigue contra el señor Carlos José Madrid Hernández, y siendo que la prueba científica aportada revela por un lado la forma y detalles de cómo y el lugar de aprehensión del imputado, y por otro, se le encuentra con cierta cantidad de droga, como lo revela el dictamen toxicológico y señala que en casos de extrema adicción podría llegar hasta 5,0 gr por día, sin embargo, la suma total decomisada es de 101.4 gr de marihuana lo que NO ES compatible con la dosis considerada como CONSUMO PERSONAL INMEDIATO; de ahí que en juicio oral y público será el momento procesal oportuno para que las partes en igualdad de condiciones y mediante el contradictorio, el Juzgador que conoce la causa, con la debida precisión en base a las pretensiones de las partes y a las pruebas admitidas y evacuadas determine la existencia no del presunto delito por el cual se sigue causa al imputado Carlos José Madrid Hernández; entre tanto, en base al estudio y análisis del caso, esta Sala es del parecer que el fallo emitido por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, en fecha cinco de mayo del dos mi veintidós, que declara con lugar el recurso de apelación y revoca la resolución recurrida ordenando en la misma lo que en derecho procede, se encuentra suficientemente motivado, no encontrando que con el acto resolutivo emitido se hayan quebrantado las garantías invocadas por el quejoso; en consecuencia, resulta procedente de conformidad a derecho Denegar la presente garantía de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Oscar Alexander Lina Zuniga, a favor del señor Carlos José Madrid Hernández, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor Carlos José Madrid Hernández, por suponerlo responsable del delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, la Agente Fiscal, Abogada Sindy Johanna Fernández Pineda, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Carlos José Madrid Hernández, por suponerlo responsable del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas (marihuana), en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios 1-2 del expediente del A-quo)2) En fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…SOBRESEIMENTO PROVISIONAL a favor del ciudadano CARLOS JOSE MADRID HERNANDEZ a quien se le supone responsable a título de autor del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILIICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTDO DE HONDURAS, todo en base a lo que dispone el artículo 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal, en el que literalmente se establece que la parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con aquellos que se incorporen, ya que la declaración del agente de la F.N.A.P. se le resta credibilidad ya que han venido testigos a decir de cómo verdaderamente ocurrieron los hechos, como es posible que los agentes irrumpan el domicilio de alguien sin una autorización tal como lo expresa nuestro código que solo podrán introducirse mediante una autorización judicial, a lo que estos agentes han faltado, han venido a decir que detiene a esta persona en otro lugar cuando es conocido por muchas personas que al señor Carlos José Madrid lo detienen en su casa de habitación, que credibilidad podemos tener a este Agente que ha sido juramentado en legal y debida forma y ha prometido ante este estrado Judicial decir la verdad, y ha faltado a la verdad Considerando que la constitución de la república acoge la presunción de inocencia como uno de sus principios que se materializa en un estado de conformidad al artículo 89 que establece que nadie se considerado responsable por consiguiente inocente penalmente por la comisión de un delito o falta mientras no se prueba lo contrario, precepto que se encuentra intimado a lo que establece el artículo 92 de La Constitución de la República el que literalmente dice que: solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice preceptos que tienen concordancia con la garantía del debido proceso que recoge el artículo 90 que determina que nadie podrá ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que al ley establece entendiéndose por ley incluso los tratados y convenios de los que Honduras forma parte de conformidad al artículo 15 constitucional donde Honduras hace propios los principios y prácticas del derecho internacional que propenden la solidaridad Humana, y 294 numeral 1 del Código Procesal Penal, en que se establece que, El Juez dictará sobreseimiento provisional si, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, el Artículo 202 del Código Procesal Penal el juzgador deberá formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba y con arreglo a las reglas de la sana critica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal, recordando que este sistema de valoración que implementa el código procesal penal, le permite al juez cierta libertad en su estimación sobre las pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia resolviendo conforme al referido artículo, 294 sea que dicte un Auto de formal procesamiento o por el contrario un sobreseimiento provisional o definitivos en consonancia con los preceptos jurídicos subsiguientes, por tanto el juzgador deberá examinar que los medios de prueba de las partes procesales según su pretensión tengan congruencia con las exigencias de los artículos 202, 198, 199 y 317 del CPP los cuales deben proceder de actividades OBJETIVAS y confiables en su caso el Ministerio Publico que deriven de instituciones legitimadas para investigar bajo la acepción de licitud traduciéndose la ausencia de indicio o evidencia que demuestre efectivamente que los elementos probatorios provengan de actos contrarios al ordenamiento jurídico, si bien es cierto la policía nacional u otros cuerpos de investigación del estado tienen la obligación de investigar procurando en todo momento la prevención de los delitos, sus efectos perniciosos e impunidad de los mismos, también representa que estos tienen la ineludible obligación de respetar las disposiciones jurídicas conducentes a garantizar no solo la eficaz prosecución del delito, sino asegurar total respeto a la persona sometida a investigación o proceso judicial evitando trasgredir los derechos y garantías que puedan conducir los proceso a su ineficacia jurídica constituyéndose en medios espurios y lo anteriormente expuesto ordenándose a la secretaria del despacho extender la carta de Libertad provisional a favor del encausado, y librar los oficios correspondientes, quedando notificados en estrados en la presente resolución.-…” (Folio 61-74 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Genesis Samaria Padilla Hernández, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada GENESIS SAMARIA PADILLA HERNANDEZ, en su condición de Agente fiscal del Ministerio Publico y apelante.- SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- TERCERO: Se instruye a la juez A-quo, para que en audiencia Ah-doc., se haga del conocimiento al imputado de la resolución revocada por esta Corte, por lo cual se debe dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor CARLOS JOSE MADRID HERNANDEZ, por suponerlo responsables del delito de FACILITACIÓN INTENCIONAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Notificar la presente resolución de oficio personalmente, a los intervinientes, a más tardar el día hábil siguiente al de su fecha, de no ser esto posible, las notificaciones se harán por medio de Cedula o Edictos.- Con Certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales.- NOTIFIQUESE.” (Folios 6-16 del expediente del Ad-quem) 4) Que el recurrente, Abogado Oscar Alexander Luna Zuniga, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de junio de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor Carlos José Madrid Hernández, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, visto el escrito de proposición de pruebas presentado en fecha diecinueve de junio del presente año, por el Abogado Oscar Alexander Luna Zuniga, en cuanto a su petición, SE DISPONE: 1.- Tener por propuesto y evacuado los medios de prueba ofrecidos, denominados: 1) Escrito de solicitud para extracción de muestras corporales.... 2) Notificación del Ministerio Público.... 3) Notificación de practica de prueba pericial.... 4) Acta de Extracción de Muestras Corporales.... 5) Oficio dirigido a la Dra. Martha Noelia Pinel Perito Toxicológico..., 6) Solicitud de practica de pericia.... 7) Solicitud judicial para requerir a perito.... 8) Solicitud de dictamen toxicológico.... 9) Resolución del Ministerio Público.... 19) Dictamen toxicológico # 2019-0101-0506-1242.... los cuales han sido relacionados en el escrito que se resuelve y se acompañan al escrito de interposición del recurso de amparo; y. II.- Habiendo vencido en fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, al cumplirse las doce de la media noche, el periodo probatorio y al no haber que evacuar medios de prueba fuera de la sede del órgano jurisdiccional, en consecuencia, se decreta el cierre del mismo, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del despacho para que emita su dictamen en el presente asunto, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 70 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313, numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha cinco de mayo del año dos mil veintidós que resuelve mediante auto el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Púbico y que declara con lugar el recurso de apelación y revoca la resolución de fecha once de noviembre del año dos mi diecinueve e instruye para que el Juez A-Quo proceda en audiencia Ah-Hoc hacer de conocimiento al imputado de la resolución revocada por la Corte, por lo cual se debe dictar auto de formal procesamiento en contra del Señor Carlos José Madrid Hernández por suponerlo responsable del delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (4): Que el abogado Oscar Alexander Luna Zuniga Defensor privado del señor Carlos José Madrid Hernández interpone acción de amparo a favor del encausado, y estima que la resolución dictada por el Ad-Quem quebranta las garantías contenidas en los artículos 82,89, 90 y 92 de la Constitución de la República relativas a la defensa, presunción de inocencia, debido proceso y demás relativas al auto de prisión dictado en contra de su representado. CONSIDERANDO (5): Que el Amparista expone que presentado el respectivo requerimiento fiscal por parte del Ministerio Publico a su representado por el delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, decretándole detención judicial. En audiencia inicial el 11 de noviembre del 2019, de conformidad al artículo 294 del Código Procesal Penal evacuados los elementos de prueba presentados por el Ministerio Publico, testifical, documental, exceptuándose los resultados del laboratorio ceñidos a las muestras de sangre y orina que le fueron extraídas al imputado las cuales se gestionaron oportunamente para que fuesen incorporados en la audiencia inicial, aportación que no efectuó el Ministerio Público arguyendo que no poseía los resultados, cuando las mismas fueron obtenidas en fecha 5 de noviembre del 2019, lo que causa perjuicio a mi representado y en contravención a lo establecido en el artículo 93 párrafo segundo y 101 y 11 del Código Procesal Penal valorando que es el mismo laboratorio que desarrolla el análisis de la evidencia (hierba seca) también el que realiza estas actividades periciales de determinación de droga en las muestras corporales del imputado, sin embargo el Ministerio Publico dotado de los recursos humanos, logísticos y técnicos no presentó el dictamen de importancia para la teoría del caso y corroborar puntualmente de forma científica que el señor Carlos José Madrid Hernández es consumidor de droga (marihuana) como se esgrimió desde su detención, constituyendo un peligroso escollo que menoscaba el derecho de defensa y principio de objetividad del Ministerio Público, prueba de especial interés para desvirtuar la tesis acusatoria. CONSIDRANDO (6):Que el impetrante expresa, que el agente de investigación de la FNAMP en su declaración testifical refirió que el 4/11/2019 como a las 4:20 se transportaba en un vehículo asignado a esa unidad por la colonia Sitramacsa observaron que iba caminando un sujeto a quien vieron sospechoso, razón por la cual se bajaron del auto y solicitaron un registro, encontrándole en la mano derecha una bolsa color blanco y en su interior otras bolsas más pequeñas conteniendo hierba seca (supuesta marihuana), teléfono celular, la cantidad de L.600.00 en efectivo, procedió a darle detención y traslado a las oficinas del Ministerio Público y posteriormente presentado a los juzgados. Preguntado por el Ministerio Publico respondió que fue detenido a las 4:50 p.m. que al momento de la detención había una muchacha presente, a la pregunta del suscrito defensor respondió que estos no andaban realizando diligencias de investigación en contra del imputado que el vehículo en que se transportaba “todo mundo lo conoce” y que esa es la razón por la cual a veces “huyen” que es vehículo civil, sin placas no está identificado; que equipo portaba respondió chalecos, fusiles, pistolas y pasamontañas, sobre identificación solo contestó que ellos dijeron que eran policías pero que no tenían placas de identificación policial y que solo tiene carnet y que a veces no lo portan. Se pregunta si investigan al señor Carlos Madrid si poseía antecedentes policiales, dijeron que no, preguntado si había sido objeto de vigilancia por alguna instigación en curso, respondiendo que no. Se le puso a la vista documentos admitidos como prueba documental al MP consistentes en acta de ubicación, imágenes del sitio donde fue detenido el imputado a) denuncia de oficio, b) acta de detención, c) acta de registro personal d) acta de decomiso secuestro de objetos, e) acta de lectura de derechos, reconociendo absolutamente todas las actas y concluyendo con preguntas de la A-Quo quien interrogo Si el imputado consumía drogas, respondiendo que el imputado le dijo que si, y que también los amigos. CONSIDERANDO (7): Que el testimonio del agente como se le expuso al Ad-Quem al contestar agravios del MP correlacionándolo con la declaración del imputado Carlos José Madrid Hernández es que “ese día 4/11/2019 se encontraba en el exterior de su apartamento en compañía de otros amigos y quienes se encontraban consumiendo marihuana observaron que transitaba un vehículo en forma sospechosa tipo pick up polarizado, sin placas y que es llamo la atención, pero continuaron en ese sitio, pero suspicazmente volvieron a observarlo transitar nuevamente lo cual no fue de su agrado, lo amigos del imputado decidieron marcharse, estimando que todo viven en la misma colonia sitramacsa, sin embargo Carlos José Madrid Hernández se quedó en la afueras del departamento donde residía de dos plantas, comprobado con la prueba acta de ubicación (folio 30)y acta de inspección No.416-2019 (folio 31-38) bien inmueble donde fue detenido y no en la calle como argumenta el testigo, agente de la FNAMP y más aún ingresaron a la morada del imputado sin autorización judicial. Que al quedar solo y pasar el vehículo por tercera se bajaron varios individuos con chalecos antibalas, pasamontañas fusiles no identificándose como policías lo vez, le tiraron al suelo, lo golpearon y le preguntaban por una persona que dijo desconocer, preguntándole donde vivía indicándole que en el apartamento de la planta baja, tenía la puerta abierta lugar donde lo detuvieron aprovechando entrar al apartamento, solo escucho ruidos “como que desordenaban las cosas” y que uno de los agentes de la FNAMP que ingreso al apartamento exclamo acá solo hay un poco de moña (marihuana) remitámoslo”. Habiendo declarado qua a él no le decomisan nada y que portaba L.2,600.00 y su teléfono móvil y que al detenerlo les expresó que era un consumidor nada más…”; que los documentos (actas) se trata del mismo sitio y no como lo plasmaron en el requerimiento fiscal, y que el A-Quo se hizo reseña donde se apreciaba las inconsistencias trascendentales que ponían en alto riesgo la credibilidad del testigo de cargo faltando a la verdad, y los testigos Juan Francisco Carranza y Deylin Yadira Casco Portillo quienes presenciaron los hechos como se le dijo al Ad-Quem, concluyendo que es irrefutable la falta de claridad necesaria en las actas, lo que no atendió el Ad-Quem. Y finaliza sin motivación suficiente como lo indica el artículo 141 del CPP y basado únicamente en el Dictamen Toxicológico No. 1229-0101-0506 indicios periciados descrito como materia “2.1.2-arrojó un peso total de determinado de 101.4 gramos de hierba seca, positivo con tetrahidracannabinol (marihuana) y que la misma No es Compatible con las Cantidades establecidas para consumo personal inmediato”, sin embargo la referida prueba pericial no constituye un elemento probatorio absoluto, dejando de valorar que en el dictamen se manifiesta lo siguiente “esta consideración toxicológica en base a la dosis no afirma, ni excluye, la posibilidad del uso de la droga para el tráfico u otras actividades y que se trata de prueba complementaria” y ordena al A-Quo proceda a dictar auto de formal procesamiento en concordancia a como lo ordena el artículo 92 constitucional y 297 de Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (8): Que se observa de la foliada, que celebrada la audiencia inicial en fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), estando presente tanto el ente acusador como la defensa privada del imputado; en donde la Fiscal del Ministerio Público ratifica el requerimiento presentado con el señor Carlos José Madrid Hernández por suponerle responsable del delito de Facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras, propuestos los medios de prueba testifical y documental; que explicado que quiere probarse con cada uno, las actas levantadas sobre los hechos ocurridos, lo que se le encontró al detenido, acta de registro personal en el expediente judicial, el dinero encontrado, un teléfono color negro, acta de decomiso o secuestro sobre el decomiso, dictamen toxicológico no.2019-0101-0506-1229 para acreditar que la 32 bolsitas transporte, las mismas tiene un peso de 101.4 gramos que no es compatible para consumo persona inmediato, acta para acredita lugar exacto de detención y solicita que se admitan en base a los dispuesto en los artículos 198 y 199 del CPP. CONSIDERANDO (9): Que la defensa por su parte expresa que está en desacuerdo con lo expresado por el Fiscal y que todo lo manifestado no deviene de una investigación profesional efectiva por parte de los agentes de FNAM, el MP tiene la carga probatoria ya que son delitos de orden público artículos 24 y 25 CPP, la defensa no se opone a los medios de prueba y propone los medios documental para efectos de comprobar arraigo del imputado, constancia de estudios, de trabajo, de vecindad, antecedentes penales; solicitud de dictamen de toxicología al MP; como prueba testifical propone a Juan Carranza y Deylin Yadira Casco Portillo, quienes depondrán como se suscitaron los hechos que dieron lugar a la detención de mi representado. La fiscalía expuso sobre los medios de prueba presentados por la defensa, manifestando que en este tipo de delitos no se aceptan medidas de libertad para que se acredite el arraigo, artículo 184 CPP por lo que es inútil; en cuanto a los testigos, la considera excesiva para declarar sobre lo mismos acontecimientos. CONSIDERANDO (10):Que la Juez de instancia que conoce de la causa resuelve admitir los medios de prueba en su totalidad ofertados por el Ministerio Público, documental y testifical señalando cada uno y lo que se pretende probar, entre estos la denuncia de oficio donde relata los hechos el día de la detención, el dictamen toxicológico 2019-0101-0506-1229 cuya pretensión acreditar que de las 32 bolsitas transporte las mismas tiene un peso de 101.4 gramos no es compatible para consumo personal inmediato, a su vez se trata de marihuana, un acta cuya pretensión es acreditar lugar exacto donde se le dio detención al imputado. La defensa está en desacuerdo en que la denuncia no proviene de una investigación, no se opone a los medios presentados por el Ministerio Público. Esta presenta varios medios de prueba documentales, solicita se quiera al señor Edin Diaz para que presente acta de inspección ordenada por el Ministerio Púbico, a la Dra. Martha Pineal para que dentro del término de dos horas presenten examen toxicológico realizado al imputado y perito para que presente acta de inspección, prueba testifical, para que declare el imputado Carlos José Madrid Hernández, Juan Carlos Carranza y Daylin Yadira Portillo. Que evacuada toda la prueba propuesta y admitida se procedió a que las partes formulen los argumentos finales. CONSIDERNADO (11): Que la fiscalía argumenta con las pruebas evacuadas se logró acreditar que en la colonia Sitramacsa se encontró al señor Carlos José Madrid Hernández portando con la declaración del agente Isaí Aguilar en sus manos una bolsa con 32 bolsitas de marihuana y la cantidad e L.600.00 un celular, se señalan las características del vehículo a las preguntas del defensor, y que en cuanto a las testigos de la defensa no tienen credibilidad, que son amigos del imputado tienen interés para que el mismo salga en libertad, que en cuanto a que la droga no era de ellos y que la pusieron los agentes y que se meten a la vivienda de los imputados y que fue golpeado, son las mismas, al momento de ser detenido no presenta golpes, que el agente que declaró fue concreto, dio a conocer detalles de la detención y no presenta golpes el detenido, que el dictamen toxicológico muestra que es marihuana, a la inspección solicitada por la defensa, con la autorización por parte de la encargada de la vivienda se realiza un día después pudo ser modificada la cena pero de acuerdo al 294 del CPP se debe efectuar una mínima actividad probatoria para un auto de formal procesamiento al imputado por suponerlo responsable de delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de droga en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, sin embargo, el 184 del mismo cuerpo legal no admite medida de libertad que no sea la prisión preventiva. CONSIDERANDO (12): Que el argumento final de la defensa, estriba en que le artículo 22 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas, misma que se denomina facilitamiento intencional de los medios de transporte para transporte ilícito de drogas, cabe destacar la palabra intencional es un sinónimo de dolo y el dolo está compuesto por el conocimiento y la voluntad, o elementos cognitivos o evolutivos, en ese sentido el Ministerio Púbico no ha probado los elementos objetivo penal en este caso, que el imputado haya facilitado medios de transporte y que lo haya hecho de una forma dolosa tal y como lo requiere el artículo 43 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas sustancias psicotrópicas, relacionado con el artículo 13 del código Penal, se entiende la intención del Ministerio Público en el momento que formula el requerimiento fiscal, buscar la prosecución del delito, pero el principio de objetividad no es utilizado como corresponde según artículo 293, no quiere decir que este sea el caso, si es de alto conocimiento del mal proceder de los agentes de policía, es importante para la defensa técnica del imputado se propuso testimonio del señor Isaí Aguilar, no fue concreto, concluyendo que el día 4 de noviembre del 2019 junto con otro compañero dispusieron realizar un patrullaje de rutina, cuyo propósito definido es el combate puntualmente a las maras y pandillas y lo referente a delito de extorsión en esa circunstancia no concurren en el presente caso podemos intuir que este caballero anda en busca de una persona Neoyorquino, como lo refirió mi representado en su declaración, los testigos son contestes en sus declaraciones, sobre el lugar donde estaban, lo que hacían, horas, y que estaban reunidos consumiendo marihuana, que vieron un vehículo sospechoso, sin embargo la declaración del agente es claro que mi representado no tiene antecedentes, no tiene proceso, no hay ningún tipo de denuncia en su contra, su patrullaje era de rutina, no concuerdan las actas en las horas con los hechos, preguntado si reconocía la documentación expuesta dijo que si, quedando al descubierto el mal proceder de los agentes, lo que demuestra que están faltando a la verdad, el ministerio público no ha logrado probar nada, al contrario esta defensa ha demostrado el mal proceder de los agentes para tratar de documentar un caso que a todas luces deja en evidencia el actuar de inicuo de estos funcionarios, no se ha logrado probar ese elemento subjetivo el dolo de parte del requerimiento fiscal que establece el artículo 22 de la ley sobre uso y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, se ha transgredido el artículo 99 constitucional, 177 y 212 del CPP la prueba ilícita carece de valor y eficacia probatoria. CONSIDERANDO (13): Que el juez de instancia establece que la audiencia inicial tiene como finalidad acreditar la plena prueba del delio denunciado y el indicio racional de participación en el ilícito denunciado y luego de haber escuchado a las partes y conforme al estudio y análisis de los elementos de prueba, documentales incorporados de conformidad a las reglas de la sana critica, la lógica, la sociología, experiencia a los principios y garantías establecidos en el código procesal penal, la constitución y convenios internacionales de los que Honduras forma parte, haciéndose valer el ministerio público de medios de prueba documentales, testificales y con la declaración del encausado Carlos José Madrid Hernández y demás testigos de la defensa; que credibilidad podemos tener a este agente que ha sido juramentado en legal y debida forma y ha prometido ante este estrado judicial decir la verdad y ha faltado a la verdad, concluyendo las incuestionables contradicciones que pone al descubierto la exclusión entre sí de los elementos de prueba, en vista que no puede ser materialmente posible lo de las actas, los documentos que registra la requisa como el decomiso de la evidencia supuestamente encontrada al imputado se hayan realizado antes de su detención, además de que no cuentan con la firma de las persona a la cuales se le efectuó esta diligencias y aunque se consignó que no quiso firmar no logro el ente acusador probar los motivos por los cuales no firmo o la incorporación de otros medios de prueba corroborativos que demuestren esta situación como las adyacentes, se acompañó prueba pericial consistente en dictamen toxicológico de medicina forense en que se determina hierba seca supuestamente decomisada es marihuana y que su cantidad sobrepasa la establecida como dosis para consumo, y que la suscrita considera que lo procedente es dictar lo que en derecho corresponda y en consecuencia de ello la suscrita juez decreta Sobreseimiento Provisional a favor del ciudadano Carlos José Madrid Hernández a quien se le supone responsable a título de autor del delito de Facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras todo según artículo 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal, que literalmente establece que la parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el juez resolverá únicamente con aquellos que se incorporen, ya que la declaración del agente de FNAP se le resta credibilidad ya que han venido testigos a decir de como verdaderamente ocurrieron los hechos, como es posible que los agentes irrumpan el domicilio de alguien sin una autorización tal como expresa nuestro código que solo podrán mediate una autorización judicial, a lo que estos agentes faltando, han venido a decir que detuvieron a la persona en otro lugar cuando es conocido por muchas personas que al señor Carlos José Madrid lo detienen en su casa de habitación, que credibilidad podemos tener a este agente, la constitución de la república acoge la presunción de inocencia como uno de sus principios que se materializa en un estado de conformidad al artículo 89 establece que nadie es considerado responsable por la comisión de un delito si no es declarado por autoridad competente caso contrario es considerada inocente, precepto que se encuentra intimado con el artículo 92 de la Constitución el que literalmente dice que solo podrá dictarse auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice preceptos que tiene concordancia con la garantía del debido proceso que recoge el artículo 90 de la constitución que nadie podrá ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades y derechos y garantías que le ley establece, 15 y 294 numeral 1 del CPP, el juez dictara sobreseimiento provisional si, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además la posibilidad que el en el futuro se incorporen nuevos elemento de prueba, de conformidad al artículo 202 del CPP el juzgador formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba y con arreglo a las reglas de la sana critica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal, lo que le permite al juez cierta liberad en su estimación sobre las pruebas que derivan su convencimiento, respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia resolviendo conforme al referido artículo 294, relacionado con el 202, 198, 199 y 317 del CPP los que deben proceder de actividades objetivas y confiables en su caso el Ministerio Publico que derivan de instituciones legitimas para investigar bajo la acepción de licitud traduciéndose la ausencia de indicio o evidencia que demuestre efectivamente que los elementos probatorios provengan de a actos contrarios al ordenamiento jurídico…” ordena a la secretaria del despacho extender la carta de libertad provisional a favor del encausado. Inconforme el Ministerio Público interpone contra el auto recurso de reposición el cual fue denegado. CONSIDERANDO (14): Que la sentencia recurrida en amparo y pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba Atlántida que resuelve el Recurso de Apelación contra la resolución de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) dictado por el juzgado de Letras Penal de la misma Sección Judicial de La ceiba y que dictó sobreseimiento provisional a favor del imputado como se señala en los considerandos que anteceden; que oídos los agravios, la Alzada de manera factico-Jurica expone en el fallo que la audiencia inicial según el artículo 294 del CPP forma parte de la etapa preparatoria del juicio oral y público, y en la misma el juez resuelve sobre las pruebas que se incorporen y determina la procedencia de las mismas a fin de dictar auto de formal prisión o bien para sobreseer la causa. En el caso sub judice el A-quo llegó al convencimiento en la audiencia inicial celebrada, que no fue acreditado por el ente acusador que el imputado Carlos José Madrid Hernández haya cometido el delito de facilitación intencional de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, por lo que el Ministerio Público apela la decisión, señalando como agravios que el A-Quo no tomo en cuenta la prueba aportada por el ente acusador como ser el acta de registro practicada por el agente de policía a Carlos José Madrid Hernández donde consta que fue en la vía pública y no en la vivienda del imputado, por lo que no existió allanamiento de morada ilegal y tampoco se practicó el registro personal del imputado en zonas intimas. L8 Corte coincide que la audiencia inicial constituye una fase judicial con varios objetivos, entre ellos para que el juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si son penalmente relevantes y de existir méritos suficientes, decretar auto de formal prisión o la declaratoria de reo en su caso, de no haber existido el hecho o de no existir merito suficiente dictar sobreseimiento provisional o definitivo según sea el caso. CONSIDERANDO (15):Que se estableció en la audiencia inicial con las pruebas evacuadas, que el imputado fue detenido en la parte de afuera de su vivienda donde fumaba marihuana y que al practicarle el registro personal le encontraron 32 envoltorios en la bolsa delantera conteniendo hierba seca marihuana, se comprobó con el dictamen toxicológico 2019-0101-0506-1229 acompañado como medio de prueba y un peso de 101.4 gramos, por lo que se comparten los agravios del Ministerio Público, ya que fueron acreditados los indicios de participación del imputado en la comisión del delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, lo cual constituye el componente esencial del verbo rector de facilitar, en este caso una sustancia prohibida por el artículo 22 de la Ley Sobre el Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual establece que “se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras(L.50,00000) a cien mil (L.100,000.00) lempiras a quien intencionalmente facilitare el local o los medios aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias, estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas” en el entendido que el ciudadano estaba en posesión dolosa de la droga decomisada sin autorización legal, para este Ad-Quem, el juez realizo una infracción de ley de la aplicación incorrecta de un precepto normativo antes descrito, al no haberle dado el valor probatorio a la prueba científica aportada por el ente acusador como ser el acta de registro practicada por el agente de policía a Carlos José Madrid Hernández donde consta que fue en la vía pública su aprehensión y no en la vivienda del imputado, por lo que no existió allanamiento de morada ilegal y tampoco se practicó el registro personal del imputado en zonas intimas. Igualmente al dictamen forense donde se establece que la droga decomisada supera el patrón establecido en la ley, y que la intención con que actuó el imputado responde a una mera intención de transporte, por lo que ante la convicción de la comisión plena de un delito y el esclarecimiento del indicio racional de participación del imputado procede decretar auto de formal procesamiento en relación con la conducta del imputado la cual se encasilla en la tipificación del artículo 22 de la Ley de Uso y Tráfico Ilícito de Drogas que lo sindica como responsable de la comisión del delito de facilitación intencional de los medios de transporte para el tráfico de drogas, puesto que no se logró desvirtuar que la prueba aportada por el MP sea de naturaleza ilícita y en esta etapa del proceso se valora el indicio racional de participación, por lo que la prueba del descargo no es suficiente para determinar la ilicitud de la prueba y la suplantación de evidencia como lo manifiesta la A-Quo. CONSIDERANDO (16): Que el recurso de apelación es un medio de impugnación que pueden utilizar las partes de un proceso cuando no están de acuerdo con una resolución judicial. De esta forma, se recurre al órgano jurisdiccional superior para que revise la sentencia como ha sucedido en el caso en comento. Que la Alzada una vez oídos los agravios de las partes y estudiado los antecedentes del caso concluye declarar con lugar el recurso interpuesto por el ente acusador y revoca la resolución recurrida motivando que el A-Quo le ha restado valor probatorio a la prueba científica evacuada; como lo es acta de registro practicada por el agente de policía donde detalla el lugar de aprehensión del imputado en vía publica y el dictamen toxicológico de la droga decomisada al imputado, que supera el patrón establecido en la ley, tal y como lo establece en el Item 7. Conclusiones. 7.1. … de los análisis realizados se concluye que la hierba decomisada del indicio 2.1.2 es marihuana. 7.2 El patrón de consumo personal inmediato de marihuana es de 0,5 g a 1,0 g (cero comas cinco a uno coma cero gramos) por día y en casos de extrema adicción podría llegar hasta 5.0 g por día. Desde un punto de vista toxicológico la suma total decomisada es de 101,4 (ciento unos coma cuatro) gramos de marihuana NO ES compatible con la dosis considerada como CONSUMO PERSONAL INMEDIATO. Por otra parte, la conducta del imputado evidencia una mera intención de trasporte, cuyo verbo rector es el de facilitar el medio, esto implica la convicción plena del delito según lo establece el artículo 22 de la Ley de Uso y Tráfico Ilícito de Drogas que lo sindica como responsable de la comisión del delito de facilitación intencional de los medios de transporte para el tráfico de drogas, lo que resulta en el indicio racional de su participación, tal como lo dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal relacionado con el 92 de la constitución de la República, el juez estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, pues no se logró desvirtuar que las pruebas aportadas por el ente acusador son de naturaleza ilícita y mucho menos acreditar pruebas de descargo contra las mismas, estima este Alto Tribunal de Justicia que la valoración del Ad-Quem se centra en los preceptos normativos aplicables al caso y las pruebas evacuadas, en así, que la Alzada considera que el A-Quo ha incurrido en una infracción de ley en la aplicación incorrecta de un precepto normativo como es lo que respecta al contenido del artículo 22 de la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, dejando de apreciar que el imputado se encontraba en posesión dolosa de la droga decomisada (36 bolsitas de marihuana, 101,4 gramos) sin contar con autorización legal; lo que indica un indicio racional de participación del imputado y que es precisamente lo que se valora en esta etapa del proceso como ha quedado establecido en el procedimiento penal para decretar el auto de formal procesamiento en este tipo de actividades complejas y difíciles y que solamente mediante el sometimiento de los hechos en la etapa de juicio oral y público las partes en igualdad de condiciones tendrán la oportunidad de controvertir para que mediante sentencia, el órgano jurisdiccional competente en base a las pruebas aportadas y practicadas determine mediante sentencia en aplicación de la ley sustantiva y la congruencia de la persecución penal, si el tipo penal, tal y como lo pretende la parte recurrente es un delito de posesión de marihuana para consumo personal o la posibilidad del uso de la droga para tráfico u otras actividades. CONSIDERNADO (17): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio adoptado por la Alzada en el fallo proferido, en tanto que el legislador ha concebido que a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas, se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, no menos cierto es, que estos hechos tendrán que ser probados en el momento procesal oportuno, por ahora basta con el indicio racional de participación del imputado, valoración que el A-Quo debió meditar en base a la prueba científica aportada y dictar el auto de formal procesamiento, en atención a las reglas de la Sana Crítica, de ahí que esta Sala encuentra oportunas las motivaciones del Ad-Quem en el fallo pronunciado, resolución que esta dictada conforme a derecho y que no vulnera garantías al impetrante, la resolución venida en amparo reúne todo los requisitos formales y esenciales, cuya motivación factico jurídica se ajusta a derecho, se ha respetado al debido proceso lo que redunda en el respeto pleno de la tutela judicial efectiva, a la que devienen obligados observar los órganos jurisdiccionales competentes, por tanto, esta Sala es del parecer que se deniegue la acción de amparo solicitada. CONSIDERANDO (18): Que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que las prueba serán valoradas con arreglo la sana critica; el órgano jurisdiccional tomará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, en el caso de marras la Alzada ha revocado la resolución apelada a favor del ente acusador por el presunto delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras causa que se sigue contra el señor Carlos José Madrid Hernández, y siendo que la prueba científica aportada revela por un lado la forma y detalles de cómo y el lugar de aprehensión del imputado, y por otro, se le encuentra con cierta cantidad de droga, como lo revela el dictamen toxicológico y señala que en casos de extrema adicción podría llegar hasta 5,0 gr por día, sin embargo, la suma total decomisada es de 101.4 gr de marihuana lo que NO ES compatible con la dosis considerada como CONSUMO PERSONAL INMEDIATO; de ahí que en juicio oral y público será el momento procesal oportuno para que las partes en igualdad de condiciones y mediante el contradictorio, el Juzgador que conoce la causa, con la debida precisión en base a las pretensiones de las partes y a las pruebas admitidas y evacuadas determine la existencia no del presunto delito por el cual se sigue causa al imputado Carlos José Madrid Hernández; entre tanto, en base al estudio y análisis del caso, esta Sala es del parecer que el fallo emitido por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, en fecha cinco de mayo del dos mi veintidós, que declara con lugar el recurso de apelación y revoca la resolución recurrida ordenando en la misma lo que en derecho procede, se encuentra suficientemente motivado, no encontrando que con el acto resolutivo emitido se hayan quebrantado las garantías invocadas por el quejoso; en consecuencia, resulta procedente de conformidad a derecho Denegar la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 202 y 297 del Código Procesal Penal; 22 de la Ley del Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Estupefacientes.- FALLA: Denegando la Garantía Constitucional de Amparo solicitada por el abogado Oscar Alexander Luna Zuniga en su condición de Defensor Privado del señor Carlos José Madrid Hernández, contra la Sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida en fecha cinco de mayo del dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha siete de mayo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0905-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL