Sentencia AP-0823-22 — Registro 17762
Resumen
Resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación los delitos de asociación para delinquir y lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en el artículo 183 de de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “En el presente caso, el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), ya que ordenó confirmar la resolución apelada en la que el tribunal de primera instancia declara sin lugar el incidente de falta de acción promovido por la defensa. Para esta Sala, el Tribunal Ad-quem razona correctamente su resolución, porque si bien el delito de lavado de activos sufrió algunas reformas en los elementos objetivos del tipo, y que están plasmados en la normativa penal; eso no significa que las conductas que sanciona dicho delito han sido despenalizadas por completo, por lo que no han desaparecido las imputaciones que puedan provenir del lavado de activos y serán los Jueces del Tribunal quienes determinaran después de una valoración exhaustiva de la prueba y basada en los criterios de la sana crítica, si procede o no subsumir la conducta de los acusados dentro de los delitos imputados, teniendo el Ministerio Público la plena facultad de proseguir con sus pretensiones, hasta entre tanto los juzgadores conozcan del fondo del asunto una vez evacuada la prueba objetivamente admitida y confiable. También es de recordar que el artículo 321 del código procesal penal, establece la posibilidad para el fiscal de ampliar o modificar la acusación, siguiendo los criterios de novedad en las circunstancias o hechos, pudiendo incuso suspenderse el juicio a instancia de parte. Es por ello, que este alto tribunal considera que es acertada la decisión de la Corte de Apelaciones en cuanto a declarar no ha lugar el incidente de falta de acción, porque como ya se dijo, el tipo penal de lavado de activos no ha sido despenalizado, como para apreciar aplicar retroactividad de la ley penal más favorable y si bien se modificaron alguno elementos objetivos del delito, eso no es óbice para que le órgano acusador pueda proseguir con la acción y que sean los juzgadores los que decidan al conocer sobre el fondo acerca de la condena o absolución de los acusados. Razón por la cual, la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar confirmar la resolución apelada y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado, este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 3. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado ORINSON LOBO GALO, a favor de los señores Darwin Orlando Ramos Díaz y Hudaldina Guerra Bueso, contra la Resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la causa instruida contra los señores DARWIN ORLANDO RAMOS DÍAZ Y HUDALDINA GUERRA BUESO, por suponerlos responsables de los delitos de ASOCIACION PARA DELINQUIR y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en el artículo 183 de de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…Rechazar los medios de pruebas por considerarlos inútiles con base a estos mismos argumentos, ya que no es posible en este instante para este Tribunal establecer un criterio respecto tanto a la excepción por falta de acción relativo al delito de lavado de activos, como a la aplicación de la retroactividad de la Ley en cuanto al delito de asociación ilícita para lavar activos, y por unanimidad de votos se declara sin lugar la excepción por falta de acción interpuesta por parte de la Defensa en esta Audiencia, viendo el escrito se ha mencionado algo sobre incompetencia del Tribunal, para lo cual la Defensa tampoco hizo referencia al respecto, por lo tanto no nos vamos a referir sobre ese asunto, esa es la resolución de este Tribunal se notifican,…” (Folios 36-42 del recurso de mérito). 2) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Orison Lobo Galo, en su condición de Defensor Privado; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada. 2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 24-27 del recurso de mérito). 3) Que el recurrente, Abogado Orison Lobo Galo, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, interponiendo acción de Amparo a favor de los señores Darwin Orlando Ramos Díaz y Hudaldina Guerra Bueso, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, les violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por el Abogado Orison Lobo Galo, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. I. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. 1. Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de Amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley. II. OBJETO DEL RECURSO. 1. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de Amparo, lo constituye la resolución emitida en fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, resolución que es denunciada ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso. 2. La sentencia impugnada decidió un recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra una resolución dictada de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintiunos (2021), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. III. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA. 1. Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada estimó declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la resolución emitida en fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en la que dicho tribunal declara no ha lugar y confirmando la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia, alegando el recurrente (la defensa) que dicha resolución es violatoria de la garantía del debido proceso. IV. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE. 1. Para la defensa, la resolución del dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en la que el tribunal de segunda instancia declara no ha lugar el recurso de apelación y confirma la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia y ordenando se continúe con el juicio oral y público, es violatoria de la garantía del debido proceso; ya que según la defensa el verbo rector en el delito de Lavado de Activos, de la no justificación económica o ilícita procedencia, fue extraído o suprimido mediante decreto 93-2021, por lo que se interpuso la excepción de falta de acción por inexistencia del delito, atendiendo el principio de legalidad y la retroactividad de la ley penal más favorable y en consonancia, con el sistema penal acusatorio, el juzgador no debe convertirse en inquisidor, por lo que se promueve el incidente mismo que no ataca el fondo del asunto, sino que se ataca la forma de no poder proseguirse en virtud de la despenalización de la no justificación u origen de los bienes; en todo caso, el ente acusador debe justificar su pretensión acusatoria, por lo que se han quebrantado las reglas del debido proceso y tutela judicial efectiva. V. RAZONAMIENTO DE LA SALA. 1. Esta Sala ha establecido, que el recurso de Amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. 2. En el presente caso, el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), ya que ordenó confirmar la resolución apelada en la que el tribunal de primera instancia declara sin lugar el incidente de falta de acción promovido por la defensa. Para esta Sala, el Tribunal Ad-quem razona correctamente su resolución, porque si bien el delito de lavado de activos sufrió algunas reformas en los elementos objetivos del tipo, y que están plasmados en la normativa penal; eso no significa que las conductas que sanciona dicho delito han sido despenalizadas por completo, por lo que no han desaparecido las imputaciones que puedan provenir del lavado de activos y serán los Jueces del Tribunal quienes determinaran después de una valoración exhaustiva de la prueba y basada en los criterios de la sana crítica, si procede o no subsumir la conducta de los acusados dentro de los delitos imputados, teniendo el Ministerio Público la plena facultad de proseguir con sus pretensiones, hasta entre tanto los juzgadores conozcan del fondo del asunto una vez evacuada la prueba objetivamente admitida y confiable. También es de recordar que el artículo 321 del código procesal penal, establece la posibilidad para el fiscal de ampliar o modificar la acusación, siguiendo los criterios de novedad en las circunstancias o hechos, pudiendo incuso suspenderse el juicio a instancia de parte. Es por ello, que este alto tribunal considera que es acertada la decisión de la Corte de Apelaciones en cuanto a declarar no ha lugar el incidente de falta de acción, porque como ya se dijo, el tipo penal de lavado de activos no ha sido despenalizado, como para apreciar aplicar retroactividad de la ley penal más favorable y si bien se modificaron alguno elementos objetivos del delito, eso no es óbice para que le órgano acusador pueda proseguir con la acción y que sean los juzgadores los que decidan al conocer sobre el fondo acerca de la condena o absolución de los acusados. Razón por la cual, la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar confirmar la resolución apelada y se continúe con el juicio oral y público hasta emitir el falo correspondiente; y como lo ha expresado, este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 3. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ORINSON LOBO GALO, a favor de los señores DARWIN ORLANDO RAMOS DÍAZ y HUDALDINA GUERRA BUESO, contra la resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. – PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. -FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0823-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.