Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-933-16 — Registro 10484

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar recurso de apelación con relación a incidente de declinatoria por razón de la materia interpuesto por impetrante en demanda laboral promovida contra el mismo, estimando éste que dicho proceso no debe ser conocido por la jurisdicción del trabajo, sino que controversia debe dirimirse en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, estimando que relación laboral entre demandante e impetrantes está basada en un contrato de servicios profesionales y técnicos, regulados por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado AUGUSTO MANUEL UCLES PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de agosto del año dos mil dieciséis, que confirmo el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, con relación a un incidente de declinatoria por razón de la materia alegada en la demanda laboral promovida por la señora LETICIA MONCADA GOMEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución del auto interlocutorio de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; estimando el recurrente que su representada al suscribir con el demandante, contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, no está sometida al régimen laboral ni protegida por el Código del Trabajo, por tal razón la causa no debe ser conocida por los Juzgados de Letras del Trabajo, sino que la controversia debe dirimirse en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la relación laboral entre los demandantes y el Estado está basada en un contrato de servicios profesionales y técnicos, regulados por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante que la Corte de Apelaciones del Trabajo, haya considerado que el Juzgado de Letras del Trabajo, es competente para conocer de la demanda de merito, constando que en los archivos de dicha Corte de Apelaciones, existen archivos de expedientes contentivos de fallos que bajo las mismas condiciones se pronunció declarando que no es competente el Juzgado de Letras del Trabajo, de conocer de las demandas incoadas en contra del Estado de Hondura, a través de la suscripción de contratos de servicios profesionales y técnicos, con el Estado de Honduras que demandan prestaciones y pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios.- CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como violentado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en el fallo de fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha seis de junio de dos mil dieciséis; en aplicación a lo preceptuado en el articulo 47 del Código del Trabajo, concediéndole todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, en virtud de despido, directo, ilegal e injustificado pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir y costas del juicio.- CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de la incompetencia del Tribunal, misma que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el incidente planteado por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado AUGUSTO MANUEL UCLES PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de agosto del año dos mil dieciséis; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0933-2016

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado AUGUSTO MANUEL UCLES PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de agosto del año dos mil dieciséis, que confirmo el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, con relación a un incidente de declinatoria por razón de la materia alegada en la demanda laboral promovida por la señora LETICIA MONCADA GOMEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución del auto interlocutorio de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; estimando el recurrente que su representada al suscribir con el demandante, contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, no está sometida al régimen laboral ni protegida por el Código del Trabajo, por tal razón la causa no debe ser conocida por los Juzgados de Letras del Trabajo, sino que la controversia debe dirimirse en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la relación laboral entre los demandantes y el Estado está basada en un contrato de servicios profesionales y técnicos, regulados por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante que la Corte de Apelaciones del Trabajo, haya considerado que el Juzgado de Letras del Trabajo, es competente para conocer de la demanda de merito, constando que en los archivos de dicha Corte de Apelaciones, existen archivos de expedientes contentivos de fallos que bajo las mismas condiciones se pronunció declarando que no es competente el Juzgado de Letras del Trabajo, de conocer de las demandas incoadas en contra del Estado de Hondura, a través de la suscripción de contratos de servicios profesionales y técnicos, con el Estado de Honduras que demandan prestaciones y pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios.- CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como violentado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en el fallo de fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha seis de junio de dos mil dieciséis; en aplicación a lo preceptuado en el articulo 47 del Código del Trabajo, concediéndole todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, en virtud de despido, directo, ilegal e injustificado pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir y costas del juicio.- CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de la incompetencia del Tribunal, misma que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el incidente planteado por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado AUGUSTO MANUEL UCLES PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de agosto del año dos mil dieciséis; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0933-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional