Sentencia AL-829-22 — Registro 18609
Resumen
En la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales segunda instancia declara sin lugar el recurso confirmando el auto interlocutorio de primera instancia inadmitiendo medio de prueba, esta sala otorga el amparo afirmando que la sentencia violenta, derechos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´): Que de la revisión del expediente observamos que lo que se discute en el presente caso es la procedencia de esta acción de amparo, básicamente porque el recurrente alega como derecho constitucional violado el derecho a la defensa y al debido proceso. En resumen argumenta que estos derechos Constitucionales han sido vulnerados al no admitir el Juzgado de Primera Instancia un medio de prueba documental que ha sido presentado. De la revisión del expediente se desprende que el medio de prueba documental que presento la parte ahora recurrente en amparo, se trata de un medio de prueba documental público, consistente en sentencias emitidas por los órganos de lo laboral, que ha intentado incorporar como prueba y que tanto el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán como la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa ha rechazado por considerarlos que son inútiles e impertinentes. En ese sentido el artículo 729 del Código del Trabajo es claro al señalar que son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la Ley, por lo tanto como el propio Código del Trabajo no regula de manera específica cuales son estos medios de prueba, lo pertinente entonces es remitirnos al Código Procesal Civil en cuyo artículo 251 nos ofrece el catálogo de los medios de prueba que se pueden utilizar en este tipo de juicios. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por esa razón el numeral 1 del artículo 251 referido Código Procesal Civil, claramente establece como medios de prueba que se pueden utilizar, los DOCUMENTOS PUBLICOS, posteriormente siempre el Código Procesal Civil define que son los documentos públicos en el artículo 271, en ese sentido en su numeral 1, se señala que son documentos públicos a efectos de prueba en un proceso judicial las ejecutorias entendiéndose por estas, todas aquellas sentencias con carácter de firme y actuaciones judiciales de toda especie, es decir incluyendo todas aquellas resoluciones que no se encuentren firmes y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios. A la vista de este argumento queda acreditado en autos que precisamente el medio de prueba que fue rechazado por los órganos inferiores de lo laboral, se trata de un medio de prueba como tal público, consistente en sentencia, es decir que bien puede calzar dentro de la definición de documento público cuando se trata de ejecutorias y estas son firmes o sino lo son, como actuaciones judiciales de toda especie, ya sea lo uno o lo otro, lo cierto es que el medio de prueba debió de ser admitido, en vista que es estrategia de cada una de las partes ofertar los medios de prueba que considere convenientes para su causa, en ese sentido la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa ha referido que dicho medio de prueba es inútil, por lo tanto tendríamos que remitirnos siempre al Código Procesal Civil, para determinar cuándo un medio de prueba es inútil, así las cosas el artículo 236 en su numeral 3 define claramente cuales son aquellas pruebas inútiles, siendo estas que razonablemente no contribuirán a esclarecer los hechos controvertidos; y siendo que este en la presente causa lo constituye el pago de prestaciones o indemnizaciones laborales a un trabajador, es evidente que de una simple revisión de los medios de prueba rechazados en primera instancia que son documentales públicos, guardan cierta relación con el objeto del presente proceso porque se trata también de otro pronunciamiento judicial sobre el derecho o no a prestaciones de personas, que esto esté vinculado directamente al juicio que se está ventilando en primera instancia, es un tema que solamente puede ser resuelto en la sentencia correspondiente, pero por lo pronto, si se dan los elementos para que el medio de prueba documental público que ha presentado la parte demandada haya sido admitido al juicio y será en la sentencia que emita el juez la que definirá el alcance y contenido del medio de prueba al objeto del proceso, por lo tanto, esta Sala es del criterio que se otorgue el amparo interpuesto...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico...´´
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 251 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico...´´
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 251 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Francisco Rafael Fu Quezada, a favor de la sociedad mercantil Banco Azteca de Honduras S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero de dos mil veinte, con relación a la demanda laboral promovida por el señor Helmer Hovedt Alvarado Medina, contra la sociedad mercantil Banco Azteca de Honduras S.A. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 1, 64, 80, 82, 90, 320 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1).-Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor Helmer Hovedt Alvarado Medina, interponiendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTO…” en contra de la sociedad mercantil Banco Azteca de Honduras S.A., a través de su Representante la señora Maribel Ernestina Flores Murillo. (Folios 1-4 del expediente del A-quo). 2).- En fecha veinte de febrero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia primera de trámite, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…Tener por, propuestos los anteriores medios de pruebas por parte del representante procesal de la parte demandada, admitirlos así: admitir el medio DOCUMENTAL PRIVADO el cual se presenta en este acto, tenerlo por practicado y evacuado, mandándolo agregar a los autos, admitir el medio asimismo se admite el medio de prueba TESTIFICAL el cual se evacuará en su momento procesal oportuno, asimismo se inadmite el medio de PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICO y DOCUMENTAL MEDIANTE OFICIO por ser improcedente, y tener por manifestado a la representante procesal de la parte demandante en cuanto a la objeción de los medios de prueba presentados por la parte demandada. CEDIDA LA PALABRA AL REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA DICE: en este acto y por no estar de acuerdo con la resolución proferida en la cual se resolvió inadmitir-los medios de prueba Documental Publico y Documental mediante oficio consistentes en el legado de sentencia Presentadas se interpone recurso de reposición subsidiariamente apelación para ante la Corte de Alzada del Trabajo…” (Folios 61-66 del expediente del A-quo).3).- Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Francisco Rafael Fu Quezada, como parte demandada, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha veinte de febrero del año dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán y recaído en la inadmisión de medios de prueba, presentado por la representante procesal demandado; en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, VACACIONES ADEUDADAS, VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, PAGO DE SALARIO ADEUDADO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, COSTAS, promovida por el señor HELMER HOVEDT ALVARADO MEDINA contra la sociedad BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. representada por la señora MARIBEL ERNESTINA FLORES MURILLO en su condición de representante legal.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.-” (Folios 56-59 del expediente del A-quem). 4).- Que, en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, compareció el Abogado Francisco Rafael Fu Quezada, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil Banco Azteca de Honduras S.A., afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 1, 64, 80, 82, 90, 320 y 321 de la Constitución de la República. 5).- Que esta Sala, en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Francisco Rafael Fu Quezada, en consecuencia, dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 62 del recurso).6).- En fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…Sobre el particular, esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, en tanto que la Alzada en su motivación explica que de la revisión del auto interlocutorio llego a la conclusión que los medios de prueba ya referidos son inútiles e impertinentes, ya que recaen sobre hechos que no tienen conexión directa o indirecta con lo que es objeto del debate. De la resolución traída a estudio, el Ministerio Público comparte el criterio esgrimido por el Tribunal de Alzada, en tanto considera que los medios de prueba son inútiles e impertinentes, ya que no se pueden acreditar elementos de fondo del presente juicio basado en sentencias que son objeto de otros procesos distintos y personalísimos, que no se vinculan ni tiene conexión directa o indirecta con lo que es objeto de este proceso. Además, el A-quo tiene el poder discrecional de valorar aquellos medios de prueba propuestos por las partes que reúnan los requisitos de utilidad, proporcionalidad y pertinencia, y en el caso de autos la prueba propuesta por parte del recurrente no es proporcional, útil, ni pertinente. En base a ello es que se estime que la resolución venida en amparo, no vulnera los preceptos Constitucionales invocados por el recurrente, en tanto que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud que NO se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos constitucionales invocados por el impetrante.” (Folios 65-68 del recurso de mérito).CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, con relación a la demanda laboral promovida por el señor Helmer Hovedt Alvarado Medina, contra la sociedad mercantil Banco Azteca de Honduras S.A. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en el recurso de amparo, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, el principio constitucional del debido proceso, en vista que en el presente caso los medios de prueba ofrecidos DOCUMENTAL PUBLICO Y DOCUMENTO POR OFICIO, como los instrumentos legales utilizados y necesarios de mi representada para demostrar al Juez la verdad o existencia real de los hechos y objeto de procesos generadores del derecho de defensa, que propuso dicha prueba, por tener relación con el presente proceso en su contra, prueba que considera es necesaria y además precisa y por eso ofrecida para que se procediera y realizara a fin de que la autoridad pudiera calificarla conjuntamente con el resto del material probatorio, no siendo solo mera ilustraciones como lo motivo el Tribunal de Alzada, por lo que siendo objeto de prueba como lo establece la norma procesal son procedentes y se convierten en elementos de prueba del fondo del juicio, esa prueba documental (sentencias inadmitidas) se encuentran firmes y se refieren a hechos similares objeto de este proceso, por lo que son aceptables para acreditar los hechos del presente proceso, ya que tanto el demandante y su ex compañero José Cesar García, andaban juntos y ambos se presentaron en estado de ebriedad al trabajo, además porque dicha prueba ofrecida y propuesta reúne todos los requisitos de legalidad, pertinencia y utilidad para acreditar la defensa de la demanda, no cabe duda que esa limitación al derecho de prueba y defensa, está impidiendo y limitando ese derecho, creando una situación de indefensión a una de las partes. Asimismo alega que se violentó del DERECHO DE DEFENSA, en vista que la prueba inadmitida, reúne los siguientes caracteres: 1).- Es prueba que guarda relación con la tutela judicial que pretende obtener; 2).- No es prueba prohibida, es decir que no vulnera las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República; 3).- Son pertinentes porque guardan relación con el objeto del proceso; 4).- Son útiles porque esclarecen los hechos controvertidos. También señala que se le violente el DERECHO DE PETICION, al referir que la autoridad resolvió el recurso de apelación no conforme al peticionario, sino conforme a un criterio que es contrario a derecho. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diez de mayo de dos mil veintitrés, siendo del parecer que no se otorgue la presente acción de amparo, en vista que no se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos Constitucionales invocados por el impetrante. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que de la revisión del expediente observamos que lo que se discute en el presente caso es la procedencia de esta acción de amparo, básicamente porque el recurrente alega como derecho constitucional violado el derecho a la defensa y al debido proceso. En resumen argumenta que estos derechos Constitucionales han sido vulnerados al no admitir el Juzgado de Primera Instancia un medio de prueba documental que ha sido presentado. De la revisión del expediente se desprende que el medio de prueba documental que presento la parte ahora recurrente en amparo, se trata de un medio de prueba documental público, consistente en sentencias emitidas por los órganos de lo laboral, que ha intentado incorporar como prueba y que tanto el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán como la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa ha rechazado por considerarlos que son inútiles e impertinentes. En ese sentido el artículo 729 del Código del Trabajo es claro al señalar que son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la Ley, por lo tanto como el propio Código del Trabajo no regula de manera específica cuales son estos medios de prueba, lo pertinente entonces es remitirnos al Código Procesal Civil en cuyo artículo 251 nos ofrece el catálogo de los medios de prueba que se pueden utilizar en este tipo de juicios. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por esa razón el numeral 1 del artículo 251 referido Código Procesal Civil, claramente establece como medios de prueba que se pueden utilizar, los DOCUMENTOS PUBLICOS, posteriormente siempre el Código Procesal Civil define que son los documentos públicos en el artículo 271, en ese sentido en su numeral 1, se señala que son documentos públicos a efectos de prueba en un proceso judicial las ejecutorias entendiéndose por estas, todas aquellas sentencias con carácter de firme y actuaciones judiciales de toda especie, es decir incluyendo todas aquellas resoluciones que no se encuentren firmes y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios. A la vista de este argumento queda acreditado en autos que precisamente el medio de prueba que fue rechazado por los órganos inferiores de lo laboral, se trata de un medio de prueba como tal público, consistente en sentencia, es decir que bien puede calzar dentro de la definición de documento público cuando se trata de ejecutorias y estas son firmes o sino lo son, como actuaciones judiciales de toda especie, ya sea lo uno o lo otro, lo cierto es que el medio de prueba debió de ser admitido, en vista que es estrategia de cada una de las partes ofertar los medios de prueba que considere convenientes para su causa, en ese sentido la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa ha referido que dicho medio de prueba es inútil, por lo tanto tendríamos que remitirnos siempre al Código Procesal Civil, para determinar cuándo un medio de prueba es inútil, así las cosas el artículo 236 en su numeral 3 define claramente cuales son aquellas pruebas inútiles, siendo estas que razonablemente no contribuirán a esclarecer los hechos controvertidos; y siendo que este en la presente causa lo constituye el pago de prestaciones o indemnizaciones laborales a un trabajador, es evidente que de una simple revisión de los medios de prueba rechazados en primera instancia que son documentales públicos, guardan cierta relación con el objeto del presente proceso porque se trata también de otro pronunciamiento judicial sobre el derecho o no a prestaciones de personas, que esto esté vinculado directamente al juicio que se está ventilando en primera instancia, es un tema que solamente puede ser resuelto en la sentencia correspondiente, pero por lo pronto, si se dan los elementos para que el medio de prueba documental público que ha presentado la parte demandada haya sido admitido al juicio y será en la sentencia que emita el juez la que definirá el alcance y contenido del medio de prueba al objeto del proceso, por lo tanto, esta Sala es del criterio que se otorgue el amparo interpuesto. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 729 del Código del Trabajo; 1, 234, 236.3, 251 y 271.1 del Código Procesal Civil; FALLA: PRIMERO: OTORGAR el Amparo interpuesto por el Abogado Francisco Rafael Fu Quezada, a favor de la Sociedad Mercantil Banco AZTECA de Honduras S.A., contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0829-2022.Firma y Sello.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL