Sentencia AL-634-17 — Registro 9835
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución incidental que desestimó oposición de Demandada y tuvo por enmendado el libelo de la demanda respecto al despido alegado como despido directo verbal sujeto a prueba, en Demanda Ordinaria Laboral promovida por Demandante contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró que la autorización de la enmienda de la demanda es procedente dentro de la primera audiencia por lo que no hay indefensión a la demandada, ya que el actor debe demostrar con pruebas su pretensión
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"como bien ha sido advertido por los órganos jurisdiccionales que han resuelto el presente asunto, el artículo 706 del Código del Trabajo contempla el control del juez sobre la forma de la demanda, permitiendo su saneamiento inclusive de oficio por parte del juzgador antes de ordenar el traslado de la demanda para su contestación. A su vez, la ley admite al actor la posibilidad de enmendar, corregir o aclarar su demanda al momento de la primera audiencia de trámite, con lo que las alegaciones del quejoso en cuanto a la existencia de una transgresión de la norma procesal por parte del A-Quo y del Ad-Quem resultan ser infundadas, como también lo son las alegaciones de una supuesta indefensión, toda vez que sabiamente el legislador, atendiendo al derecho de la parte demandada para poder oponerse y contestar lo pertinente en el caso que la demanda sea aclarada, corregida o enmendada en la audiencia primera de trámite, ha previsto la posibilidad que el demandado pueda contestar en el acto o solicitar una nueva audiencia para preparar su defensa, como lo ha contemplado el párrafo final del precitado artículo 706..."..."esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."del examen de los antecedentes no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso por parte de la autoridad denunciada, por cuanto no solamente la instrucción del juicio se ha realizado por el órgano jurisdiccional del Estado competente por cuestión de materia y territorio, con las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; sino que la decisión de la Alzada se ha enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, observándose que la resolución de mérito contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, el derecho de defensa y el debido proceso, con lo cual, a contrariu sensu de lo afirmado por el recurrente, se han respetado y se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable..."..."el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos no corresponden ser conocidos por la justicia constitucional, estando su conocimiento y resolución destinados a la justicia ordinaria, como ya lo ha sostenido en forma reiterada esta Sala. La intervención de los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuna cuando en el procedimiento para su decisión se hayan conculcado los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales..."..."esta Sala no advierte, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de julio del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, con relación al incidente alegado en la demanda laboral promovida por el señor JOSUÉ PORFIRIO ROMERO CONTRERAS, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco de enero de dos mil diecisiete, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el señor JOSUÉ PORFIRIO ROMERO CONTRERAS, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). (Folio 01 al 06 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en audiencia primera de tramite celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, el Abogado ÁNGEL VÁSQUEZ GÓMEZ en su condición de representante del señor JOSUÉ PORFIRIO ROMERO CONTRERAS, enmendó su demanda en el sentido de consignar que la forma de despido fue en forma directa verbal, enmienda que fue refutada por la parte demandada, resolviendo el Juzgado de Letras desestimar la oposición, teniendo por enmendado el libelo de la demanda, en el sentido de establecer el despido alegado como despido verbal por quedar sujeto a prueba.(Folios 67 al 68 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO contra la mencionada decisión, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia en fecha veintisiete de julio del año dos mil diecisiete, en la que falló: “..1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO. 2.- CONFIRMAR el auto interlocutorio de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 32 al 36 de la segunda pieza de antecedentes). 4) EL recurrente Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de agosto del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), por considerar que la decisión del Ad-quem, violentó en perjuicio de su representada, los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo formalizado en tiempo y forma en fecha diez de enero de dos mil dieciocho. 5) Que con fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de julio del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, con relación al incidente alegado en la demanda laboral promovida por el señor JOSUÉ PORFIRIO ROMERO CONTRERAS, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que las alegaciones del quejoso se centran esencialmente en que la decisión de los órganos jurisdiccionales que han conocido del presente asunto, ha causado la indefensión de su representada, toda vez que se ha autorizado una enmienda de la demanda que dio inicio a la contienda, con la cual, según ha venido sosteniendo el impetrante, varió la pretensión original del libelo, que en principio se había sancionado como una demanda por despido indirecto, para luego ser enmendada en la audiencia primera de trámite a una demanda por despido directo verbal, lo cual provoca perjuicio a su representada quien ya contestó la demanda y su defensa fue basada en los argumentos de fondo que fueron manifestados originalmente en la demanda de mérito. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal de Apelación fue del parecer que procedía confirmar la decisión de la juez de instancia de autorizar la enmienda de la demanda, toda vez que el artículo 706 del Código del Trabajo admite al demandante la posibilidad de aclarar, corregir o enmendar su demanda dentro de la primera audiencia de trámite. Para la Alzada no se ha provocado indefensión alguna a la parte demandada, porque el actor está sujeto a demostrar la validez de su pretensión mediante acervo probatorio suficiente, siendo además que, según lo plasma en su fallo, los razonamientos de la demanda dan cabida para considerar que la pretensión originaria del demandante es la afirmación que ha existido en su contra un despido directo, y el empleo del término incorrecto de despido indirecto es atribuible al representante procesal del demandado. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (8): Que como bien ha sido advertido por los órganos jurisdiccionales que han resuelto el presente asunto, el artículo 706 del Código del Trabajo contempla el control del juez sobre la forma de la demanda, permitiendo su saneamiento inclusive de oficio por parte del juzgador antes de ordenar el traslado de la demanda para su contestación. A su vez, la ley admite al actor la posibilidad de enmendar, corregir o aclarar su demanda al momento de la primera audiencia de trámite, con lo que las alegaciones del quejoso en cuanto a la existencia de una transgresión de la norma procesal por parte del A-Quo y del Ad-Quem resultan ser infundadas, como también lo son las alegaciones de una supuesta indefensión, toda vez que sabiamente el legislador, atendiendo al derecho de la parte demandada para poder oponerse y contestar lo pertinente en el caso que la demanda sea aclarada, corregida o enmendada en la audiencia primera de trámite, ha previsto la posibilidad que el demandado pueda contestar en el acto o solicitar una nueva audiencia para preparar su defensa, como lo ha contemplado el párrafo final del precitado artículo 706. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[1], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO (11): Que del examen de los antecedentes no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso por parte de la autoridad denunciada, por cuanto no solamente la instrucción del juicio se ha realizado por el órgano jurisdiccional del Estado competente por cuestión de materia y territorio, con las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; sino que la decisión de la Alzada se ha enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, observándose que la resolución de mérito contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, el derecho de defensa y el debido proceso, con lo cual, a contrariu sensu de lo afirmado por el recurrente, se han respetado y se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (12): Que el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos no corresponden ser conocidos por la justicia constitucional, estando su conocimiento y resolución destinados a la justicia ordinaria, como ya lo ha sostenido en forma reiterada esta Sala. La intervención de los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuna cuando en el procedimiento para su decisión se hayan conculcado los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala no advierte, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 706 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesta por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de julio del año dos mil diecisiete; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0634-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[2] A. DIEGO DE DÍEZ. El derecho a la tutela judicial efectiva, OIM, 2014, pág. 35