Sentencia AL-521-16 — Registro 9470
Resumen
Sentencia Interlocutoria declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo interlocutorio que declaró Falta de Jurisdicción por los tribunales nacionales, en Demanda Laboral promovida por recurrente contra el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo 8JTF-B) Base Aérea Soto Cano Honduras, Army support activity MWR; La Autoridad recurrida concluyó que el Estado requerido no se ha personado en el proceso, por lo que no aplican disposiciones de sumisión a la jurisdicción, al considerarse que se debe otorgar todas las prerrogativas e inmunidades que se le dispensa a la Misión Diplomática de los Estados Unidos en base a la Convención de Viena de 1961 y otros instrumentos internacionales relacionados y ratificados por Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que ciertamente corre agregado en autos a Folios 88 al 109 inclusive, de la primera pieza, el Contrato número W912QM-07-P0018, con fecha efectiva de adjudicación el 30 de Noviembre del 2006, en el apartado de Términos y condiciones del contrato –Elementos Comerciales (Feb- 2002literal d) Deferencias Relativas, deja establecido que el Contrato está sujeto a la Ley de Conflictos del Contrato de 1978 según enmienda (41USC 601-613; por ende debe remitirse a esa jurisdicción, agotando las disposiciones de la Ley de Conflictos del Contrato de 1978. Además se aprecian las actuaciones realizadas mediante la comunicación oficial entre la Embajada de los Estados Unidos de Norte América acreditada en Honduras y la Secretaría de Relaciones exteriores y Cooperación Internacional, Oficio No. 158-SG-15 de fecha 20 de enero del año 2015, dirigido a la Abogada LUCILA MENENDEZ en su condición de Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, en su segundo párrafo haciendo referencia a la comunicación diplomática existente, y al Registro con el que cuenta la Dirección General del Ceremonial Diplomático de esa Secretaria de Estado, manifiesta: “El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo- Base Aérea Soto, se desempeña bajo la dirección y jurisdicción de la Embajada de los Estados Unidos de América, otorgándose todas las prerrogativas e inmunidades que se le dispensa a la Misión Diplomática de los Estados Unidos de conformidad a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y demás instrumentos internacionales relacionados” (Folio 179 primera pieza de autos). En consecuencia cualquier actuación que se realice por cause distinto al antes señalado resultará infructuoso, en virtud de que la demandada se desempeña bajo la dirección y jurisdicción de la Embajada de los Estados Unidos de América, resultando de los antecedentes que no ha realizado actuaciones procesales en la referida demanda, más que las diligencias propias para acreditar la falta de jurisdicción de los órganos jurisdiccionales nacionales, como consecuencia del contrato de Trabajo antes referido..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, de acuerdo al estudio realizado a la acción de amparo interpuesta, en conjunto con las actuaciones procesales y antecedentes de la demanda laboral, esta Sala aprecia que el fallo proferido por el Ad quem se ha enmarcado dentro de las normas de Derecho aplicables al caso concreto, así como respetando los derechos y garantías de las partes, por lo que no existe vulneración a la norma constitucional invocada por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 61 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 716 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de junio del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HECTOR JAVIER RUIZ, a favor del señor ARMANDO ALVARADO ARCHILA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha uno de abril del año dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha ocho de octubre del año dos mil quince, con relación a la demanda laboral promovida por el señor ARMANDO ALVARADO ARCHILA, contra el COMANDO DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO (JTF-B) BASE AEREA SOTO CANO HONDURAS, ARMY SUPPORT ACTIVITY MWR. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 60, 63, 64, 82, 90 y 128 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha uno de noviembre de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado ARMANDO ALVARADO ARCHILA, en su condición personal, interponiendo demanda laboral contra el COMANDO DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO (JTF-B) BASE AEREA SOTO CANO HONDURAS, ARMY SUPPORT ACTIVITY MWR, por medio de su Gerente de Mercadeo la señora LOURDES XIOMARA PADILLA, para que en sentencia definitiva la parte demandada sea condenada a pagarle la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L. 5,633,040.91), en concepto de pago de auxilio de cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y los salarios caídos. (Folio 01 al 03 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, el Abogado HECTOR JAVIER RUIZ, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ARMANDO ALVARADO ARCHILA, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, solicitando que se señalara una nueva audiencia para determinar la competencia y jurisdicción de dicho Órgano Jurisdiccional. En consecuencia, el referido Juzgado, en fecha ocho de octubre de dos mil quince: “Falla: Que este órgano jurisdiccional no tiene jurisdicción sobre la resolución de este proceso por estar atribuido a la Jurisdicción de otro Estado.” (Folios 202 al 203 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado HECTOR JAVIER RUIZ, en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha uno de abril del año dos mil dieciséis, en la cual: (sic) “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO POR EL ABOGADO HECTOR JAVIER RUIZ, en su condición de representante procesal del señor ARMANDO ALVARADO ARCHILA, contra la sentencia interlocutoria del A-quo ha sido recurrida en apelación ante esta instancia por la parte demandante, contra el auto interlocutorio en fecha ocho de octubre del año dos mil quince emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, el que por Ministerio de la Ley hace las veces de Juzgado de Letras del Trabajo, la cual declara FALTA DE JURSDICCION PARA CONOCER EL ASUNTO, YA QUE EL CONOCIMIENTO DEL MISMO ESTA ATRIBUIDO A LA JURISDICCION DE OTRO ESTADO.- SEGUNDO: Se confirma la resolución recurrida.…” (Folios 03 al 08 de la segunda pieza de antecedentes).-4) Que el recurrente Abogado HECTOR JAVIER RUIZ, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del señor ARMANDO ALVARADO ARCHILA, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha uno de abril del año dos mil dieciséis, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 60, 63, 64, 82, 90 y 128 de la Constitución de la Republica. Teniendo formalizado en tiempo y forma la presente acción en fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis.-5) Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en los artículos 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Comayagua fecha uno de abril del año dos mil dieciséis, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la misma Sección judicial, en la demanda Laboral promovida por el señor ARMANDO ALVARADO ARCHILA contra el COMANDO DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO (JTF-b) BASE AEREA SOTO CANO HONDURAS, ARMY SUPPORT ACTIVITY MWR.- CONSIDERANDO (4): Que el impetrante, al formalizar la acción de amparo expone que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Comayagua, que confirma la resolución del Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Comayagua, violenta las garantías constitucionales del Debido Proceso y del Derecho de defensa del trabajador ARMANDO ALVARADO ARCHILA, contenidos en los artículos 64, 82, y 92 constitucionales. Manifiesta que entabló demanda contra el COMANDO DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO (JTF-b) BASE AEREA SOTO CANO HONDURAS, ARMY SUPPORT ACTIVITY MWR., la que fue admitida, y mediante auto de fecha seis (06) de noviembre del dos mil trece (2013) la A quo decretó la contumacia por lo que continuo con el procedimiento correspondiente, auto que fue repuesto por la a quo en fecha trece (13) de octubre del año dos mil catorce (2014), ordenando que se citara a la demandada por medio de los canales diplomáticos correspondientes a través de la Corte Suprema de Justicia, librando exhorto, solicitó que se citara por la vía diplomática a la señora LOURDES XIOMARA PADILLA en su condición de gerente de Mercadeo de la demandada COMANDO DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO (JTF-b) BASE AEREA SOTO CANO HONDURAS, ARMY SUPPORT ACTIVITY MWR.,la que ya había sido citada por decreto de la misma Juez, lo cual no fue congruente con lo que decretó con lo insertado en dicho exhorto. Sigue manifestando que en vista de la actuación de la Juez que se menciona en el hecho anterior, en fecha cinco de diciembre del año dos mil catorce, mediante oficio número 1966-SCSJ-2014, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, devolvió el exhorto librado, sin cumplimentar porque la señora LOURDES XIOMARA PADILLA, no ostenta la categoría de diplomática y le hace la observación de que dicha señora ya había sido citada y le ordena a la juez que el juzgado competente para realizar dicha actuación es el mismo Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua. Por tal motivo la señora LOURDES XIOMARA PADILLA, fue citada en legal y debida forma, en fecha cinco de enero del año dos mil quince. Sigue manifestando que en fecha diez de febrero del año dos mil quince, se celebró la primera audiencia de trámite, con la sola comparecencia de su representado, en la que propuso los medios documentales necesarios para acreditar el derecho que le asiste, medios de prueba que fueron admitidos por el Juez teniéndolo por evacuados los documentales, además dice haber propuesto prueba testifical la que se ordena sea evacuada en fecha once de marzo del mismo año pero hasta la fecha no se ha evacuado. Expone que en fecha once (11) de febrero del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua recibió de la Corte Suprema de Justicia, oficio número 235-SCSJ-2015 el que con instrucciones de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, trascribe el auto en el que se tiene por recibido el oficio número 158-SG-15 con procedencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y sobre lo solicitado en el mismo solo ordeno, que se librara la documentación recibida al juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua. Recibida la documentación la A quo dictó resolución ordenando se (nos) citara al procurador General del Trabajo y a fin de escuchar nuestros pronunciamientos sobre la incompetencia de dicho juzgado, celebrando la audiencia ocho meses después de recibido el referido oficio, en la que la Juez increíblemente le solicitó se pronunciara sobre la no comparecencia a la audiencia del Procurador General de Trabajo, situación que no era de su incumbencia, manifiesta que en dicha audiencia expuso todo lo concerniente a la inmunidad absoluta que según el criterio de ella gozan las representaciones diplomáticas o sus dependencias. Expresa que en fecha ocho (08) de octubre del año dos mil quince (2015) la A quo fallo declarando que dicho órgano jurisdiccional no tiene jurisdicción, sobre la resolución de este proceso “POR ESTAR ATRIBUIDO A LA JURISDICCIÓN DE OTRO ESTADO”. Por lo expuesto el impetrante considera que se ha quebrantado la garantía constitucional contenida en el artículo 82 que garantiza que el derecho de defensa es inviolable, el artículo 90 del debido proceso, artículo 64 en relación 2,3,8,12, 18,20,52, 664, 666, 667, 690, 708, 714, 718, 726, y 727 del código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem, expone que se recurre la sentencia incidental que deniega la pretensión del conocimiento del proceso laboral interesado por el demandante, señalando que el A-Quo manifiesta falta de jurisdicción por los tribunales nacionales. El Ad-Quem invoca los tratados que el Estado de Honduras a suscrito con los Estados Unidos de América. Señala el artículo 16 del Código de Bustamante que dispone: “La nacionalidad de las corporaciones y de las fundaciones se determinará por la Ley del Estado que las autorice o apruebe”; así que en referencia a los Estados establece el Código de Bustamante, “cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras limitaciones que las establecidas en el derecho local”; lo que implica que si resulta correcta la información brindada en oficio número 158-SG-15; de la Secretaría General de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el Comando Fuerza de Tarea Conjunta Bravo Base Aérea Soto, se desempeña bajo la jurisdicción de la embajada de los Estados Unidos de Norte América; con las mismas prerrogativas de la Convención de Viena de 1961, sin que se le exima de la jurisdicción del Estado Acreditante (los Estados Unidos de Norte América), representado por la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo y una persona natural nacional hondureño, el señor Armando Alvarado Archiva por lo que en razón de la competencia, se aplican las disposiciones del artículo 318 del Convenio de Derecho Internacional Privado de 1928, que establece:“Será Juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos sea por lo menos nacional del Estado contratante a que el Juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario; señala que “del análisis de los antecedentes se extrae según contrato número W912QM-07-P0018, con fecha efectiva de adjudicación el 30 de Noviembre del 2006, en el apartado de Términos y condiciones del contrato –Elementos Comerciales (Feb- 2002literal d) Deferencias Relativas . Este Contrato está sujeto a la Ley de Conflictos del contrato de 1978 según enmienda (41USC 601-613; por ende, debe remitirse a esa jurisdicción, agostando las disposiciones de la Ley de Conflictos del Contrato de 1978. En cuanto a la sumisión tácita señala el Ad quem que ha quedado acreditado según el tráfico de oficios girados entre la Embajada de los Estados Unidos de Norte América acreditada en Honduras y la Secretaría de Relaciones exteriores; el Estado requerido no se ha personado en el proceso, por ende, no aplican las disposiciones de sumisión a la jurisdicción, per-se contenido en el contrato.-CONSIDERANDO (6): Que el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 constitucional y de la actitud respetuosa que asume el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional; así mismo se reconoce que la inmunidad jurisdiccional es un instituto jurídico delimitado y regulado en el ordenamiento jurídico nacional, lo cual inclusive se admite en la formalización del recurso, en la cual protesta el acatamiento de la entidad demandada a lo establecido en las leyes internas del país.-CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que ciertamente corre agregado en autos a Folios 88 al 109 inclusive, de la primera pieza, el Contrato número W912QM-07-P0018, con fecha efectiva de adjudicación el 30 de Noviembre del 2006, en el apartado de Términos y condiciones del contrato –Elementos Comerciales (Feb- 2002literal d) Deferencias Relativas, deja establecido que el Contrato está sujeto a la Ley de Conflictos del Contrato de 1978 según enmienda (41USC 601-613; por ende debe remitirse a esa jurisdicción, agotando las disposiciones de la Ley de Conflictos del Contrato de 1978. Además se aprecian las actuaciones realizadas mediante la comunicación oficial entre la Embajada de los Estados Unidos de Norte América acreditada en Honduras y la Secretaría de Relaciones exteriores y Cooperación Internacional, Oficio No. 158-SG-15 de fecha 20 de enero del año 2015, dirigido a la Abogada LUCILA MENENDEZ en su condición de Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, en su segundo párrafo haciendo referencia a la comunicación diplomática existente, y al Registro con el que cuenta la Dirección General del Ceremonial Diplomático de esa Secretaria de Estado, manifiesta: “El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo- Base Aérea Soto, se desempeña bajo la dirección y jurisdicción de la Embajada de los Estados Unidos de América, otorgándose todas las prerrogativas e inmunidades que se le dispensa a la Misión Diplomática de los Estados Unidos de conformidad a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y demás instrumentos internacionales relacionados” (Folio 179 primera pieza de autos). En consecuencia cualquier actuación que se realice por cause distinto al antes señalado resultará infructuoso, en virtud de que la demandada se desempeña bajo la dirección y jurisdicción de la Embajada de los Estados Unidos de América, resultando de los antecedentes que no ha realizado actuaciones procesales en la referida demanda, más que las diligencias propias para acreditar la falta de jurisdicción de los órganos jurisdiccionales nacionales, como consecuencia del contrato de Trabajo antes referido.-CONSIDERANDO (8): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, de acuerdo al estudio realizado a la acción de amparo interpuesta, en conjunto con las actuaciones procesales y antecedentes de la demanda laboral, esta Sala aprecia que el fallo proferido por el Ad quem se ha enmarcado dentro de las normas de Derecho aplicables al caso concreto, así como respetando los derechos y garantías de las partes, por lo que no existe vulneración a la norma constitucional invocada por el recurrente.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 61, 64, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132, 143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;7 15 y 716 del Código del Trabajo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO El Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HECTOR JAVIER RUIZ, a favor del señor ARMANDO ALVARADO ARCHILA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua de fecha uno de abril del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0521-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL