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Sentencia AL-517-22 — Registro 17654

Resumen

La Sala Constitucional desestimatoria de la presente acción de Amparo considera no acreditada la denegación de acceso a la justicia, o indefensión de parte, que postula la parte recurrente, sin haber seguido ajustadamente los cauces del procedimiento; al no haber hecho uso del recurso de apelación, en el tiempo y forma que le franquean las leyes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que, sin embargo, el régimen de las impugnaciones debe regirse por la legalidad constitucional en un Estado de Derecho, en proscripción de la arbitrariedad judicial. De tal manera que no resulta excusable la extemporaneidad de presentación, en los supuestos de errores materiales, o técnicos del Secretario (a); lo cual podría redundar en admisibilidades recursivas irritas a derecho, con base a supuestos no fundados jurídicamente, sino que en consideraciones de justicia subjetiva. CONSIDERANDO (10): Que, por todo lo anteriormente motivado, se considera no acreditada la denegación de acceso a la justicia, o indefensión de parte, que postula la parte recurrente, sin haber seguido ajustadamente los cauces del procedimiento; al no haber hecho uso del recurso de apelación, en el tiempo y forma que le franquean las leyes, contra la resolución dictada por el Juzgado A Quo en fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020), notificada esa misma fecha por vía del correo electrónico por la Secretaria Adjunta del Despacho; de lo cual se colige la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y la consiguiente desestimatoria de la presente acción de Amparo"..

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 3 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ochos días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR a favor de la señora YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ, contra la resolución por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda laboral promovida por la señora YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ, actuando en su condición personal, interponiendo demanda laboral contra el INSTITUTO DE PREVISION DE MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Representante Legal ERNESTO EMILIO CARIAS, en su condición de Presidente del Directorio de Especialistas de dicha entidad; demanda que interpuso para el PAGO DE DERECHOS CAUSADOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO, CONSISTENTES EN PREAVISO, CESANTIA CAUSADA Y PROPORCIONAL, PAGO DE AGUINALDOS Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONALES, VACACIONES PENDIENTES, PAGO DE REAJUSTE DE BONIFICACIONES, MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.2) Que el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia de Juzgamiento, en fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictando sentencia en la cual falló: “1) Declarar CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN planteada por la parte demandada en relación a la pretensión de pago prestaciones e indemnizaciones laborales. 2) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través de su representante legal el señor ERNESTO EMILIO CARIAS, en cuanto: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes; reajuste de bonificación, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que quede firme la sentencia de mérito en concepto de daños y perjuicios; en consecuencia; 3) ABSUELVE AL DEMANDADO, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través de su representante legal el señor ERNESTO EMILIO CARIAS, a pagar en concepto de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes; reajuste de bonificación, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que quede firme la sentencia de mérito en concepto de daños y perjuicios a la señora YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ; 4) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través de su representante legal el señor ERNESTO EMILIO CARIAS, en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes de gozar y bonificaciones proporcionales; 5) CONDENA AL DEMANDADO, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su representante legal el señor ERNESTO EMILIO CARIAS, a pagar la cantidad de NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.91,578.79) en concepto de vacaciones proporcionales: L.10,833.81, aguinaldo proporcional: L.15,570.31, décimo cuarto mes proporcional: L.5,804.96, vacaciones pendientes de gozar: L.49,369.27, bonificaciones proporcionales: L. 10,000.44;…”; 6) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN planteada por la parte demandada en relación a los derechos causados o adquiridos; 7) Declarar SIN COSTAS en esta Instancia. Y MANDA, (…)”. (Folios 80 al 87 de la primera pieza)3) Que, vía correo electrónico recibido en el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de septiembre de dos mil veinte, el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDÍVAR, actuando en su condición de representante procesal de la señora YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, por no estar conforme parcialmente con dicha sentencia. En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el citado Juzgado resolvió: “…En consecuencia, SE RECHAZA el mismo, por considerarse extemporáneo…”. (Folios 89 al 91 de la primera pieza)4) Que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDÍVAR, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de apelación de hecho o de queja contra la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte y la resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, de las que se ha hecho relación previamente. (Folio 1 de la segunda pieza de antecedentes)5) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual resolvió: “ESTE TRIBUNAL DECLARA INFUNDADO el Recurso de Hecho interpuesto por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR.” (Folio 20 de la segunda pieza de antecedentes)6) Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, actuando en su condición de Apoderado procesal de la señora YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo contra la resolución de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés. (Folios 01 al 05 del recurso de amparo)7) Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen, a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, quien fue de la opinión porque: “SE DENIEGUE la presente acción de amparo por no existir vulneración de las garantías Constitucionales invocadas por el amparista”; pues se aprecia del examen de autos que el auto recurrido mediante la Apelación de Hecho es el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el cual declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil veinte (2020), el cual fue notificado en esa misma fecha. Asimismo, que toma en cuenta la eficacia de la constancia emitida por la Secretaria Adjunta del Juzgado A Quo, investida como Ministra de Fe Pública, para tal menester; quien da fe que el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Legal demandante fue presentado en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), siendo las doce con veintiséis minutos del día, a través del correo institucional respectivo; sin constar, a juicio de la Fiscal Dictaminadora, que el amparista hubiere acreditado fehacientemente lo afirmado, en sustanciación de su argumento recursivo. De allí que la inadmisión del recurso de apelación, se fundamenta en la preclusión del término dejado de utilizar, pues ya había transcurrido el término que establece la ley para tal efecto. Por ende, considera la representación fiscal, que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, que declara infundado el recurso de apelación de hecho, se encuentra ajustada a derecho. (Folios 31 al 35 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional (Decreto Legislativo No. 244-2003).CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que, en formalización de su recurso, ha manifestado el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR que sufrió su representada Indefensión al interponer su recurso de apelación a través de medios electrónicos, dándole estricto cumplimiento al artículo 744 del Código de Trabajo. Y, que, si se cometió un error, fue debido a la experimentación de la implementación digital en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, a raíz de la Pandemia SARS-COV2-2019 y la poca habilidad con que se manejaba en ese momento, dada la falta de práctica y experiencia en dicho mecanismo digital. Esto se ha querido justificar por la jurisdicción, no obstante habérsele acreditado la evidencia, o prueba, de haberse interpuesto el recurso de apelación en tiempo y forma por medio de correo electrónico. Y, que, si la Juez A Quo y el Ad Quem han dudado de la veracidad de la prueba aportada, estarían en la obligación de probar tal duda, mediante la acreditación de prueba científica y no con una opinión verbal subjetiva. Considera que tiene la confiabilidad de un medio de prueba una captura de pantalla presentada en físico a la Jurisdicción, donde se comprobaría que el Recurso de Apelación fue elaborado y enviado el día 09 de septiembre de 2020, a las 12:25 con 05 segundos, que es el dato que refleja el dispositivo; si bien, llegando 24 horas más tarde, de lo que puede deducirse que el error acaece en el sistema digital del Poder Judicial, no por la voluntad del representante procesal de la parte demandante. Tal decisión lacera la garantía constitucional de su representada y violenta el principio de “Primacía de la Realidad” del derecho laboral, conforme al cual, deben prevalecer los aspectos fácticos – sustanciales por sobre los jurídico – formales; actuaciones que deben ser estudiadas con apego a la legalidad y a la aplicación correcta de las normas procesales. CONSIDERANDO (4): Que, asimismo, plantea el amparista, haberse suscitado una Infracción plural al debido proceso, en sus diversos componentes, concernientes al derecho de petición, a la defensa, a la imparcialidad del juez, igualdad de armas, etc., ínsitos en la línea jurisprudencial que ha mantenido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al haberse privilegiado aspectos meramente formales por sobre disposiciones sustantivas, que redundan en la nulidad de lo actuado por la Judicatura. Por todo lo cual, solicita se otorgue amparo por las infracciones constitucionales aquí denunciadas, ordenándose la devolución del expediente a la Corte de Apelaciones de su procedencia; a efecto se garantice a su representada en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado anterior en que se encontraba cuando se produjo la violación. CONSIDERANDO (5): Que vistos los antecedentes, encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización de amparo, abunda en consideraciones de instancia para buscar acreditar el supuesto de la indefensión e infracción plural al debido proceso; desprendiéndose del estudio de la foliada, que las alegaciones de la parte garantista, serían conducentes al reconocimiento de la existencia de un error procedimental, lo cual no tendría trascendencia a derechos constitucionales, pues se le concedió el derecho para la interposición del recurso legalmente correspondiente, dentro de los plazos legalmente previstos; observándose, que la parte demandante, gozó del derecho de interponer el recurso de apelación contra la resolución denegatoria de su pretensión laboral, dentro de los plazos y términos legalmente establecidos; si bien tal derecho no fue ejercitado por su representación procesal, en el tiempo y forma que señalan las leyes; según ha establecido la fedataria pública. CONSIDERANDO (6): De tal manera que, los argumentos aquí expuestos por la parte garantista, procuran demostrar que la resolución adoptada en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), por la respectiva Corte de Apelaciones del Trabajo, le ha causado indefensión y agravios al debido proceso que amparan a la parte demandante, aquí representada por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, de generales conocidas, en su calidad de recurrente. Sin embargo, nada en el curso de las susodichas argumentaciones parece indicar que se infringiera con dicho fallo, efectivamente, la posibilidad real y efectiva de efectuar su defensa mediante la presentación del recurso ordinario de apelación, en la forma y tiempo que dispone la ley; el cual, según la Corte de Apelaciones recurrida, con base al examen exhaustivo del expediente, correspondía declarar infundado, al no presentarse conforme a lo que disponen los artículos 740 y subsiguientes del Código de Trabajo, en lo relativo al régimen de recursos. CONSIDERANDO (7): Que, para esta Sala de lo Constitucional, a la luz de los argumentos dirimidos en la presente sentencia de amparo, la interpretación y aplicación judicial del derecho cuestionada, en sede de justicia constitucional, no colisiona prima facie con los artículos 64, 82 y 90 de de la República, invocados por el recurrente; si bien, la aplicación del dispositivo legal que subsume el caso, resulta en discrepancia con el amparista; al declarársele infundado al recurso de hecho interpuesto, en la actuación ordinaria subjudice. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de la foliada, se desprende que el recurrente ha obviado la interposición de recursos, en el tiempo y forma que la ley del trabajo le franquea; si bien alega, en favor de su acción de amparo, diversas argumentaciones que le excusarían de su cumplimiento, dada la transición a las comunicaciones digitales, que se intensificó a raíz del régimen excepcional suscitado en la Pandemia de COVID - 19; según normativizado en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, por el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional; disposición refrendada en subsiguientes Decretos Ejecutivos, de índole preventiva de la salud pública y del adecuado funcionamiento administrativo del Estado, inter alia. CONSIDERANDO (9): Que, sin embargo, el régimen de las impugnaciones debe regirse por la legalidad constitucional en un Estado de Derecho, en proscripción de la arbitrariedad judicial. De tal manera que no resulta excusable la extemporaneidad de presentación, en los supuestos de errores materiales, o técnicos del Secretario (a); lo cual podría redundar en admisibilidades recursivas irritas a derecho, con base a supuestos no fundados jurídicamente, sino que en consideraciones de justicia subjetiva. CONSIDERANDO (10): Que, por todo lo anteriormente motivado, se considera no acreditada la denegación de acceso a la justicia, o indefensión de parte, que postula la parte recurrente, sin haber seguido ajustadamente los cauces del procedimiento; al no haber hecho uso del recurso de apelación, en el tiempo y forma que le franquean las leyes, contra la resolución dictada por el Juzgado A Quo en fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020), notificada esa misma fecha por vía del correo electrónico por la Secretaria Adjunta del Despacho; de lo cual se colige la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y la consiguiente desestimatoria de la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de febrero de dos mil veintitticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO- 0517-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.